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FOTO DE WLADIMIR PAINEMAL. |
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Referentes de Chile y Argentina
hicieron entrega hoy viernes en Temuko de una
Carta
al Presidente de Chile, Sebastian Piñera. En ella se pronuncian
sobre la situación del Comunicador Mapuche y Prisionero Político,
Pascual Pichún Collonao, así como respecto de diversos hechos que han
venido atentando contra la libertad de expresión y los derechos humanos
en el País Mapuche. Las organizaciones, que acudieron hasta el edificio
gubernamental de calle Prat, realizaron un urgente llamado al Gobierno a
velar y garantizar los derechos humanos y trabajar activamente para
terminar con la persecución judicial a los mapuches.
“Creemos firmemente que la
militarización, la criminalización, la judicialización y prisión, la
persecución y hostigamiento de personas y organizaciones vistas como
'enemigos internos', no son caminos viables para enfrentar temas de
fondo y que a toda luz son absolutamente legítimos en cuanto a su
reclamación”, señalaron en la misiva la Comisión Pascual Pichún Libre
(Argentina); Representaciones de los Pueblos Originarios en el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual (Argentina); la Red de Comunicadores
Mapuche, el Colectivo Mapuexpress, el Periódico Mapuche Azkintuwe y el
Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos, entre otros.
“Conminamos a su gobierno para
afrontar debidamente las obligaciones estatales que deben asumir en
materia de derechos indígenas y cumplir con las diversas medidas que las
normas y el sistema internacional de derechos humanos requiere”,
plantearon, demandando la utilización de “mecanismos pacíficos de
resolución de conflictos que establecen las normas internacionales,
principalmente frente a los hechos que son de carácter político e
histórico como los conflictos por tierras ancestrales y de proyectos de
inversión”, subrayaron. “Anhelamos por el bien de Chile y sus pueblos,
que existan las aperturas necesarias para que abran nuevos procesos
donde se avance a una mayor y mejor democracia, participación,
inclusión, respeto y tolerancia”, concluyeron.
Comunicador encarcelado
Pascual Pichún Collonao, comunicador de 27 años, es alumno de la
Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata (UNLP), Argentina y
se encontraba en dicho País desde el año 2005, tras haber solicitado
refugio político y serle concedida por las autoridades argentinas la
residencia transitoria. Es alumno de cuarto año, colaborador ad-honorem
en la Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad académica e integra
distintos proyectos de extensión de la UNLP. Como comunicador ha
participado de varios espacios de comunicación en defensa de los
derechos de los pueblos indígenas.
Fue detenido el 26 febrero del año en curso por efectivos policiales en
Temuko. Desde entonces se encuentra recluido en la cárcel de Traiguén.
Pascual era considerado prófugo de la justicia desde el año 2003, cuando
fue condenado a cinco años de cárcel además del pago de $6.000.000 con
costas por concepto indemnización de perjuicios. Fue procesado en un
juicio calificado por su comunidad como irregular, como autor de un
atentado incendiario cometido contra un camión maderero en el año 2002
en las cercanías de la localidad donde vive junto a su familia.
Paralelamente, su padre el lonko de Temulemu, fue condenado por la Ley
Antiterrorista que impone penas tres veces superiores para delitos
comunes, resolución dictaminada por la Corte Suprema a pesar de haber
sido absuelto en instancias anteriores, demostrando la persecución
política - judicial que ha atravesado toda la familia. Desde la
detención de Pascual, diversas manifestaciones y expresiones se han
realizado en Argentina, involucrando la solidaridad de diversos
personeros académicos, sociales, de derechos humanos y políticos ante
las representaciones diplomáticas chilenas en el país trasandino.
Para las organizaciones, la situación de Pascual Pichún Collonao no es
un hecho aislado, “forma parte de lo que ha tenido que sufrir en el
devenir histórico el Pueblo Mapuche de una enorme violencia estructural,
las que, a juicio de estas, se siguen proyectando hasta el presente,
particularmente como reacción ante legítimas reivindicaciones por
tierras ancestrales, como lo ocurrido a esta familia; O como medio para
enfrentar la protesta social frente a nefastos proyectos de industrias
extractivas y energéticas y actuar a favor de grupos económicos en
desmedro de grandes mayorías”.
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