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FOTO DE
AGENCIAS. |
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"Fiscal: Violentistas mapuches tienen
entrenamiento FARC". Tal fue, el pasado 30 de Junio, el titular de
portada del vespertino chileno La Segunda, propiedad de la cadena El
Mercurio. Una impactante fotografía de pingüinos masacrados y
depositados en estricto orden sobre una lona, coronaba la portada. Para
cualquier observador, de buenas a primeras era imposible no ver allí -en
vez de pingüinos- una fila de cadáveres humanos. Para enterarse de que
la imagen remitía a una matanza de aves acontecida en la localidad
costera de Pichilemu, había que acercarse lo suficiente. Sabido es en
prensa que un titular y una imagen, en conjunto, pueden convertirse en
un mecanismo muy poderoso de interpretación de la realidad. Peor aun, de
“construcción” de la realidad, al provocar en el lector asociaciones más
o menos inconscientes, ello aunque se trate de noticias que no guardan
mayor relación entre si.
¿Mezcla engañosa de encabezamientos,
artículos y fotografías? ¿Manipulación de miedos subconscientes?
¿Técnicas de insinuación e implicación? ¿Qué se trae entre manos La
Segunda? Pareciera ser que la aplicación al pie de la letra del “Manual
de Campo para Operaciones Psicológicas” (Field Manual of Psychological
Operations, FM-33-5) del Ejército de los Estados Unidos, libro de
cabecera de los más siniestros regímenes políticos y agencias de
inteligencia del orbe. “Donde se carezcan de circunstancias o pruebas
necesarias para apoyar una determinada política, estas deben ser creadas
o inventadas”. Tal es la máxima del citado Manual. Tal pareciera ser la
orden del día en la sala de redacción del vespertino de la familia
Edwards.
Pero La Segunda no es el único medio implicado en esta verdadera “guerra
psicológica” contra los mapuches. Una semana antes que el citado titular
de prensa, un reportaje del equipo periodístico del Programa "Contacto"
de Canal 13 daba cuenta ¡en exclusiva! del viaje de dos fiscales a
Colombia, enviados por el Ministerio Público a recabar antecedentes que
vincularían a comuneros mapuches con la guerrilla colombiana de las
FARC. Huelga señalar que tras ambos medios de comunicación, una fuente
única y privilegiada: el fiscal jefe de la IX Región, Francisco Ljubetic.
“Comuneros mapuches investigados por atentados en la VIII y IX Región
habrían tenido instrucción paramilitar en Colombia, específicamente en
campamentos selváticos de las FARC”. Tal es el nudo argumental del
reportaje de “Contacto” y de la entrevista al propio Ljubetic publicada
por la Segunda días más tarde. Una verdadera campaña mediática, basada
en una cuestionada hipótesis investigativa plagada de presunciones y
donde, a juicio de la defensa de los comuneros mapuches, el Ministerio
Público solo estaría “jugando” con los temores colectivos de la
población.
Tal es la conclusión a la que arriba la ONG de derechos humanos,
Liberar, responsable de la defensa judicial de numerosos líderes y
miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), investigados por
acciones de resistencia en la zona sur del país. El principal de todos,
el presunto “ataque” al fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial
acontecida el 16 de octubre de 2008 en Puerto Choque, cerca de Tirúa en
la VIII Región. En dicho lugar, un grupo de comuneros ofreció
resistencia a las constantes incursiones de fuerzas especiales de
Carabineros en la zona. Estas eran encabezadas, casi a diario, por el
propio fiscal Elgueta. Según declaran los mapuches, no se trató de una
“emboscada” ni de una acción de “aniquilamiento”, como la denominó
recientemente el fiscal Ljubetic. Una veintena de mapuches han sido
detenidos desde entonces por tal atrevimiento. En su mayoría, se trata
de jóvenes campesinos, padres de familia y a quienes sin embargo la
fiscalía gusta sindicar como los representantes locales de Osama Bin
Laden. Todos serán llevados a juicio oral en los próximos meses. Todos
por infracción a la Ley Antiterrorista 18.314, heredada de Pinochet.
“En el programa existen muchas interrogantes que no se plantearon para
que el público pudiera afectivamente darse una idea más amplia del
conflicto y no sólo desde una mirada”, señala la entidad de derechos
humanos respecto del programa “Contacto” de la estación católica. Y
agregan que “los periodistas del programa no plantean dudas básicas como
¿qué intereses económicos existen en la zona? o ¿Si esta zona fuese
pobre en recursos naturales, existiría este conflicto?”. Si bien Liberar
reconoce el derecho editorial de cada medio de optar por un punto de
vista determinado, “lo que no puede dejar de hacer es mostrar la versión
de todas las partes involucradas. De no hacerlo, resultará un programa
parcial y tendencioso”. “¿Por qué no se consultó a los abogados de la
defensa?”, se pregunta legítimamente el organismo. “Las fuentes
consultadas fueron los fiscales del Ministerio Público. No hubo
declaraciones de los abogados defensores, tampoco de profesionales que
han estudiado durante años la situación en la Araucanía... No explican
que al aplicar la Ley Antiterrorista a los comuneros, aunque finalmente
sean inocentes, son castigados igualmente con largos períodos de
encarcelamiento por el tiempo que se da la fiscalía para investigar. De
cualquier manera el mapuche paga con cárcel, sea inocente o culpable”,
subraya.
El parcial abordaje del equipo de “Contacto” a un conflicto de profundas
implicancias culturales, históricas y sobre todo, económicas y
políticas, intentó ser compensado con testimonios de familias mapuches
víctimas de la represión. Vano intento de objetividad, a juicio de
Liberar. “Los tiempos ocupados para hablar de las muertes de los
comuneros en manos de Carabineros fueron mínimos. No hacen una
comparación de las sanciones a Carabineros por los crímenes cometidos,
en relación a las sanciones impuestas a mapuches. Todos esos
antecedentes fueron omitidos, dejando clara su parcialidad en el
tratamiento de un tema tan delicado, donde los implicados arriesgan
condenas de más de 80 años de cárcel”, apunta la ONG. Y si bien se
mostraron algunos casos de atropellos que afectan a niños y niñas, “no
se dice quienes son los responsables, no dice quién da las órdenes de
los allanamientos, no se le pregunta a Carabineros o a la PDI sobre su
responsabilidad en el maltrato a las familias mapuches. No se dice que
en un recurso de protección interpuesto por los abogados de Liberar
prohibió a la PDI acercarse a los niños para interrogarlos”. “A través
de imágenes y relatos, el programa jugó y manipuló al espectador”,
concluye la entidad.
Operación Bio Bio
Para el fiscal Francisco Ljubetic, en las regiones del sur se estaría ad
portas de un alzamiento guerrillero mapuche. Y es que según su
particular apreciación, las características del enfrentamiento donde
resultó herido el fiscal Mario Elgueta el año 2008, habría dejado al
descubierto una “preparación paramilitar” de los comuneros. “Ese ataque
tiene las características de una emboscada de acuerdo a una cartilla o
manual que circula al interior de los miembros de la FARC, lo cual
coincide de manera muy directa con la forma en que ocurrió dicho
atentado”, expresó Ljubetic en entrevista con La Segunda. No está solo
el fiscal en su delirio. Su hipótesis fue rápidamente acogida por su par
en la octava región, la fiscal jefe Ximena Hassi y el fiscal especial
para causas mapuche, Andrés Cruz. Ambos, el pasado mes de abril,
decidieron formalizar cargos contra 19 comuneros mapuches detenidos por
los sucesos de Puerto Choque. Entre ellos figura el asistente social y
dirigente de la CAM, Héctor Llaitul Carillanca. A juicio del fiscal
Cruz, Llaitul habría sido el autor intelectual del “ataque al fiscal”,
solicitando contra el dirigente 103 años de cárcel al sumar 10 delitos
diferentes, medida cuestionada incluso por la Defensoría Penal Pública,
que calificó como “exagerada” la petición de los fiscales. Para
demostrar la culpabilidad de Llaitul y el resto de los imputados, Cruz
presentará 36 testigos sin rostro y 200 testigos presenciales, la mitad
de ellos funcionarios policiales, un centenar de informes periciales y
cientos de horas en escuchas telefónicas.
Fernando Lira, dirigente del Partido Humanista y presidente de Liberar,
desmenuza la estrategia de la fiscalía. “Sucede que algo no está bien.
Sucede que ante la falta de evidencias y bajos estándares de prueba, el
Ministerio Público busca impresionar al Tribunal de Cañete con un
desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes y con más kilos
de expedientes que evidencias condenatorias, a la vez que intentará
justificar los dos años de investigación y los millonarios recursos
gastados en la denominada Operación Bío Bío. Demuestra también la
ansiedad de la fiscalía por obtener condenas ejemplificadoras que
desincentiven la movilización que por años lleva adelante el pueblo
mapuche tras sus demandas territoriales, ansiedad provocada por la
presión que se ejerce desde el poder económico de la región con el
respaldo del poder político central”, subraya. Lira no tiene dudas al
respecto: en el caso de Puerto Choque se estará en presencia de un
juicio político.
“Este se inserta en un marco de criminalización, parte de la estrategia
de pacificación judicial y represiva que se ha venido instalando desde
los gobiernos de la Concertación y que en los últimos años, ha dejado
como resultado víctimas fatales y un gran número de heridos, algunos con
secuelas de por vida, más de 50 presos políticos mapuche, muchos de
ellos con prisión preventiva de más de dos años, infinidad de comuneros
con penas remitidas, el ataque y persecución a niños y el daño
psicosocial instalado en la comunidad mapuche”, indica. “Esta estrategia
se amplía y extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra
mapuches en la Araucanía. La figura de asociación ilícita terrorista
permite mantener en secreto la investigación, mantener en prisión
preventiva a un acusado hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y
una serie de excesos que restringen los derechos del imputado y afectan
su legítima defensa”, concluye Lira.
Sergio Grez, destacado académico e historiador, no ha dudado en
calificar como “macarthista” el actuar de los fiscales, en especial lo
que denominó la “cruzada” de Francisco Ljubetic en contra de comuneros
vinculados a la CAM. “Estos fiscales, que actúan como McCarthy montando
acusaciones desprovistas de fundamentos sólidos, hacen gala de un
paranoico celo persecutorio. Entre estos sujetos destaca el fiscal
regional de la Araucanía. Este funcionario viene anunciando por la
prensa que militantes de la CAM habrían recibido instrucción militar en
el extranjero. Todo en condicional. ¿Cuáles son sus pruebas? el fiscal
nunca ha podido probar algo que sea efectivamente constitutivo de
delito”, señala. A juicio de Grez, las afirmaciones recientes del fiscal
Ljubetic pueden ser “la punta del iceberg de una ofensiva más vasta, un
sondeo para testear las reacciones de la población”. “Aunque no sabemos
si sus palabras son solo el fruto de su irresistible afán de figuración
mediática o si responden a los requerimientos de terceros que le indican
cómo proceder, lo cierto es que no deberían dejar indiferentes a las
personas que valoran los derechos democráticos y las libertades civiles.
Es imprescindible una enérgica reacción ciudadana contra estas prácticas
inquisitoriales y las concepciones antidemocráticas que las inspiran.
Todos estamos afectados, todos podemos ser víctimas potenciales de la
paranoia”, concluye.
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