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FOTO DE PABLO DIAZ |
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Los territorios
ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo
contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de
megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan
la existencia de numerosas comunidades. En el norte del
país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla
y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las
aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.
Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio
de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio
Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la
"vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que
se presenta en Chile y otros países de la región andina",
se exponen los graves daños asociados a "la implementación
de un modelo sustentado en la explotación de recursos
naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y
José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la
prensa. La importancia de este informe y de las materias
que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129
periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007
en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se
refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas
fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la
extracción deliberada de recursos.
Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de
rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua,
minerales, recursos marinos y forestales-- como
commodities (mercancías sujetas a precios
internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron
iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto
Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los
gobiernos democráticos, los que han propiciado y
profundizado ajustes estructurales de la legislación, para
permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios
que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de
1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter
marcadamente privatizador, que han sido refrendados por
modificaciones legales realizadas en los últimos años que
consolidan la orientación de estas normativas que, de
paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los
pueblos indígenas.
La sequía provocada
La situación de apropiación del agua de los pueblos
indígenas es particularmente grave en el norte de Chile,
zona desértica que concentra el 38% de las reservas de
cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser
producido. Entre los casos de vulneración de los derechos
ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona
la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa
Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de
propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el
desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos
inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas
indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la
monopolización y sobre explotación de los recursos
hídricos por parte de las empresas mineras". Menciona como
las principales responsables de esta situación a la
estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a empresas del
grupo Luksic como: ESSAN S.A (sanitaria). El poblado
indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río
Loa casi ha desaparecido fruto de la abusiva explotación
del agua: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos
de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio
–sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce
y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El
pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron
realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de
coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la
Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero
fueron impedidos por las fuerzas especiales de
Carabineros.
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño
emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al
gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el
despojo de su agua". Además, sostiene que la citada
prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la
vida y a la cultura". Mención aparte merece el proyecto
minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la
empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation).
Este implica la explotación de un yacimiento de oro y
otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza,
Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del
Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder
Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de
consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó
(capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto,
el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han
corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos,
destinados a abastecer la actividad minera, complican aún
más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas
del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las
costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región
de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales
de las termoeléctricas existentes en Tocopilla y Huasco
han sido devastadores.
El sur también existe
El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro
sur de Chile, también está siendo gravemente afectado por
la imposición del actual modelo de acumulación de
riquezas. El responsable del principal daño ambiental y
social es el sector forestal, cuya producción
(aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo
exponencial en las últimas tres décadas. Mientras en 1980
este sector exportaba 254 mil dólares, en 2007 las ventas
al exterior alcanzaron los 4.952 millones de dólares,
según cifras del Banco Central de Chile.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces
mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley
701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un
75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos.
Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes
grupos económicos de viveros, plantas industriales
(celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con
plantaciones forestales.
Esto favoreció no sólo la concentración de la tierra y la
riqueza, sino también una enorme expansión de los grupos
beneficiados con estas políticas. Sólo dos familias: los
Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini
(Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres
millones de hectáreas de tierras. En contraste, los 300
mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan
poco más de 900 mil.
Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces
menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador
Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hectáreas
de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos
forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Región
del Bío Bío y de la Frontera, en el corazón del histórico
territorio mapuche. Esta expansión del monocultivo ha
derivado en una drástica disminución de las aguas
subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre,
lo que ha mermado dramáticamente la agricultura
tradicional y las actividades de recolección de frutos y
hierbas medicinales de los mapuches.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas,
fungicidas y herbicidas ha agravado el problema. Tras la
"pacificación de la Araucanía" –nombre con que la
historiografía oficial denominó al proceso de ocupación
militar del territorio mapuche (1861-1890), las
comunidades fueron confinadas en reducciones. El
territorio sobrante fue entregado a través de remates o
donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo
alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a
las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a
mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese
despojo.
El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet
anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no
precisó cifras-- que se otorgan a través del citado
Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que
lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor
dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que
esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de
monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue
rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches
que desde hace tiempo han solicitando que se supriman
estos subsidios.
Por otra parte, tres grupos económicos: las
transnacionales Endesa (española), SN Power (noruega),
además del grupo Matte, a través de Colbún S.A., planean
construir ocho nuevas centrales hidroeléctricas en
territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y
en contra de la voluntad indígena. El 28 de mayo pasado la
COREMA de la Región de los Ríos aprobó la construcción de
una Galería de Prospección, que es el primer paso para la
construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume,
impulsada por Endesa España. El pasado 22 de octubre, en
medio de una gran polémica, la misma COREMA había
autorizado a la empresa Colbún una central sobre el Río
San Pedro.
El más grande de los proyectos hidroeléctricos es la
central Maqueo, que SN Power pretende construir en el
hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa
precordillera de la Región de los Ríos. El proyecto
contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, y
considera una impresionante transformación del paisaje,
además de una apropiación de los recursos hídricos que por
centenares de años han resguardado la vida de sus
habitantes.
El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches
pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue,
Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin
de este proyecto, que está en fase de evaluación
ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a
empresas transnacionales. Manifestaciones similares han
realizado casi todas las comunidades afectadas por
proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido
escuchados. Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público
han intentado vincular a los opositores a estos proyectos
con organizaciones "terroristas".
Represión estatal
Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a
conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones
entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial
la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes
(durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria
forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones
sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen
denunciándose violaciones de derechos humanos".
En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a
Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo
que en Chile persisten situaciones de discriminación que
afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la
pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento
sin consulta previa de concesiones de explotación sobre
sus tierras, y en la aplicación de una legislación
antiterrorista para enfrentar su protesta social.
Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas
destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a
los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación
de sus territorios, e implementar medidas contra la
discriminación, en especial en favor de las mujeres y
niños indígenas. El organismo de la ONU también pidió a
Chile terminar con las prácticas de represión desmedida
que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le
pidió investigar los casos de arresto y deportación de
periodistas y documentalistas que investigan la
problemática que afecta a este pueblo.
Es necesario señalar que un porcentaje importante de las
cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en
conflicto con forestales, están vigiladas por
destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan
continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.
La complicada situación que afecta a los indígenas
chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial
de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James
Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El
objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al
llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo
con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas
(…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la
visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen,
así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".
El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La
Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en
Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal,
ley antiterrorista y fuero militar, establece una
condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso,
que afecta de manera selectiva a un grupo claramente
identificado de dirigentes mapuche", expresó.
En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico
de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando
como problemas centrales la criminalización de la
protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia
de un reconocimiento constitucional y la no ratificación
del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe
presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor
abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad
de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de
los problemas graves, ya que son el resultado de un largo
proceso de despojo de sus tierras y recursos".
Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó
agilizar la reforma constitucional que reconoce a los
pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar
atención urgente a la prevención y solución de los
conflictos basados en la tenencia y explotación de la
tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y
marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las
medidas necesarias "para evitar la criminalización de las
legítimas actividades de protesta o demandas sociales".
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional
más importante y efectivo de protección de derechos de los
pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el
derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a
ser consultados respecto de los proyectos que se quieren
realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus
organizaciones representativas sean reconocidas como
interlocutores validos, entre otros aspectos. Este
Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por
el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en
vigencia plena el próximo 15 de septiembre.
Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que
teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y
energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de
desarrollo indígena". El gobierno intentó detener el
alcance de este Convenio a través de una declaración
interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de
ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que
supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto,
en caso de situaciones de conflicto de interpretación
legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la
Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el
rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia
OIT. En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición
de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma
constitucional de "reconocimiento de los pueblos
indígenas" que es fuertemente rechazado por las
principales organizaciones de pueblos originarios. Estas
han calificado este proyecto como de "desconocimiento de
los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer
trámite constitucional, dicha reforma constitucional.
La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante
número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de
este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en
la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional
"no recoge el sentir profundo y mayoritario de las
organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la
altura del estándar internacional sobre los derechos
indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la
gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a
la que le restan validez. El propio relator Anaya
cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas
después de que el Senado haya aprobado en su primer
trámite el proyecto. También criticó el corto tiempo que
se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya
representantes indígenas en la formulación y procesamiento
de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un
documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente
dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma
constitucional.
Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero,
quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma
constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos
Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a
reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas,
intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan
derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan
importante como el de propiedad comunitaria sobre las
aguas".
En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la
situación de los pueblos indígenas (en Chile) es
particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los
derechos de las comunidades indígenas sino que, por el
contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes
de los inversores". Yáñez estima que los últimos gobiernos
en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y
por esa vía las comunidades indígenas están siendo
desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se
hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de
la sobrexplotación industrial, pero además por la
contaminación que estos proyectos generan".
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