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Verdes, prolijos y en
línea. Son como un ejército en formación. El norte de
Misiones está invadido por árboles que parecen clonados,
miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la
provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y
aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector
empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno
en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas:
pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de
campesinos e indígenas.
“Es un avance como el
de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la
vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime
territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las
forestales no siembran bosques, siembran monocultivo
industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI),
una de las organizaciones que se han declarado en alerta
por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos
crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la
forestación intensiva duplicó su producción y la
superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley
–aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que
otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y
exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En
definitiva, una industria de bajo perfil y alta
rentabilidad.
Industria poderosa
Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación
muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley
forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas
de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último
registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón.
Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el
59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11
por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento.
Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en
ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En
2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al
pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un
crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil
toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000
toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos
productivos del país”, explican desde la Asociación
Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes
y medianas empresas del sector.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi
en su totalidad, las fábricas de celulosa y los
aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de
dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y
explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de
monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada
en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo,
a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas,
150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada
forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay
campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero
no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos?
Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción”. Según
la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220
mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos
originarios.
Provincia modelo
Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos
originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre
el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del
monocultivo de soja, y alertaban también sobre las
consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron
sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto
por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el
avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la
actualidad, alertan sobre el avance forestal. La comunidad
guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada
en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de
Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007
a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró,
contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la
comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar
el bosque nativo y luego sembrar pinos.
Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria
familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes
plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también
subsistía el pequeño colono que comercializaba su
producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres
décadas por la desregulación en la producción (las grandes
empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no
podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los
cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el
perfil productivo, impulsó el turismo, la energía
hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los
negocios forestales.
Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná,
Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones
de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción,
participan contratistas que suelen hacer punta en el
avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es
la concentración de tierras por parte de privados.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la
provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo
161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44
por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas).
En la última década y en la zona de las pasteras
(noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de
pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos
pone frente a un modelo de monocultivo y concentración.
Con su lógica de maximización del beneficio en el menor
plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de
preservación, produce despoblación de las zonas y
exterminio de gran parte de los recursos naturales”,
afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la
Red de Agricultura Orgánica (RAOM). Ilustrativo de la
concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto
Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo
provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal
La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación
Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con
participación mayoritaria de los gobiernos provinciales,
son las que encabezan el corrimiento de la frontera
forestal patagónica.
“Las forestaciones con pinos no son bosques, son
plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la
comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros
de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que
la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la
Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio
ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos
en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de
reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta.
La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre
reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último,
cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se
reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su
propia tierra.
“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la
comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa
la empresa forestal”, explicó la organización en un
comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus
animales y comenzaron la construcción de una vivienda en
el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad
exige que la empresa estatal se retire definitivamente de
sus hectáreas. El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde
participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto.
“Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de
estos lugares, está fomentada por el Estado y los
organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios
y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando
engranajes de especulación y extracción de beneficios
económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro
territorio sea parte de ese control y saqueo.”
Convenios internacionales de rango constitucional (el 169
de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones
provinciales son muy claras. Toda actividad que se
desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto
bueno de las comunidades afectadas. La empresa Emforsa no
respondió las preguntas de este diario. Derivó las
consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió
los llamados. En Neuquén, la compañía Corfone planifica
sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta
–para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas
anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de
este diario, pero en declaraciones a medios provinciales
el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo
Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que
apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la
provincia.
La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada.
“La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la
actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son
tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.
Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran
tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños
campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se
practica la ganadería trashumante, que consiste en el
desplazamiento de animales según la estación del año.
Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en
las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los
animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los
pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El
arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos
de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen
producirse en las zonas de veranada y en los caminos de
arreo.
“Es parte de una política para el despojo del territorio
indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche
de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía:
“Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de
la campaña del actual gobernador, que proponía
quintuplicar la superficie forestada. En términos de
espacio es una avanzada directa con los campos de veranada
de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana,
integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone
ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”,
entrega materiales para el cierre de campos (postes,
alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una
porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no
la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se
repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen
los conflictos donde la empresa quiere echar las
familias”.
Las grandes empresas
del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a
la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector
privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en
octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal
Mundial, el evento internacional más importante del
sector, organizado cada seis años y clave para negocios a
gran escala. A pesar de las críticas que recaen sobre la
industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–,
el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de
Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento
internacional son Carlos Cheppi, secretario de
Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente
de Nación.
Una ley ventajosa
A lo largo de la Cordillera se multiplican las asambleas
ciudadanas que enfrentan el desarrollo minero a gran
escala, con denuncias de contaminación. Luego de cinco
años de movilización comenzaron a ganar espacio en la
agenda porteña y pusieron en evidencia una infraestructura
jurídica (Ley 24.196), aprobada durante el gobierno de
Carlos Menem, con enormes ventajas impositivas. De
idéntica manera, pero silenciada, las empresas forestales
también contaron con la bendición menemista: la Ley
25.080, de Inversiones para bosques cultivados.
La ley beneficia tanto a personas físicas como jurídicas,
y subsidia todos los pasos productivos: implantación,
mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto
inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del
pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA
y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. El
artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria.
Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá
incrementar la carga tributaria”, explicita la ley. El
artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio.
Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable”
para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones
de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de
implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas
se cubrirá el 20 por ciento.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la
década del ’90, en la redacción de la norma. “Tomamos como
referencia la ley minera”, admite Jorge Barros, vocero de
la entidad, aunque al instante toma distancia: “Nuestro
sector no tiene beneficios exagerados.” Dependiendo del
producto, las exportaciones forestales tienen retenciones
de entre el cinco y diez por ciento. Aunque desde AFOA
solicitan su reducción a la mitad.
Raúl Gorriti milita junto a familias campesinas, integra
la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) y desde
hace una década estudia y denuncia el accionar forestal.
En cuanto a la ley 25.080, no tiene dudas. “Es un negocio
redondo. Esta expoliación de la naturaleza y los fondos
públicos es la misma política que favorece a las
petroleras y las mineras”, denuncia.
Eduardo Stirneman, del Colegio de Ingenieros Forestales de
Misiones (Coiform), impulsa la actividad y conoce la ley a
la perfección. “El pequeño y mediano productor no tiene
grandes probabilidades de ser beneficiados con la ley,
sobre todo por la demora estatal en pagar los subsidios.
Al pequeño no le sirve”, afirma. Y señala quiénes son los
ganadores: “Los grandes productores”. La ley 25.080 vencía
en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en
noviembre pasado.
No son bosques
“Las plantaciones de
árboles a gran escala se extienden en prácticamente todos
los países de la región. Ya sean para celulosa, madera o
combustible están implicando una serie de graves impactos
que afectan a las comunidades locales, tanto sociales y
ambientales, con uso de agrotóxicos y degradación
ambiental de suelo, agua, flora y fauna”, denuncia el
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). En la
misma línea, en septiembre pasado, profesionales y
estudiantes forestales de 29 países lanzaron una alerta
mundial sobre el cultivo industrial. “Los monocultivos de
árboles no son bosques”, advierte desde su título el
llamado a tomar conciencia y advierte sobre la pérdida de
biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico (tanto
agotamiento de fuentes de agua como inundaciones y
deslizamientos) y degradación de suelos.
Desde una definición técnica, un bosque es un lugar
diverso que presenta tres estratos vegetales: uno en el
que predominan los pastos, otro de arbustos y un tercero
con especies arbóreas. En el bosque habitan muchas
especies animales y de allí los hombres generan soberanía
alimentaria, abrigo, calefacción y medicinas. “Eso no se
encuentra en un monocultivo de pinos”, explican desde la
Mesa Campesina del Norte Neuquino.
“Comienzan sembrando pinos en tierras muy degradadas, pero
luego van avanzando sobre otras, destinadas a la cría de
animales o agricultura familiar”, explica Diego Solana, de
la Mesa Campesina, y se suma al debate ambiental. “Hay
arraigado un discurso que dice que ‘el verde es vida’, y
no es así. El monocultivo forestal desaloja, empobrece la
biodiversidad y no es complementario con otras
actividades, como la cría de ganado, característica de la
región. En resumen: es como el monocultivo de soja.”
La Patagonia es el segundo polo forestal del país, pero
aún no está claro el destino final de su producción
futura. Las organizaciones sociales advierten dos posibles
usos: futuras (y cuestionadas) plantas de celulosa en la
región y el negocio de los “bonos verdes”, una suerte de
“acciones ambientales de bolsa” surgidas del Protocolo de
Kyoto.
Jorge Barros, de AFOA, explica que aún no existe
desarrollo forestal en pos de los bonos verdes, pero
advierte que “puede haberlo”. “Es factible, pero los
actores protagónicos serían las grandes empresas, con no
menos de 5000 hectáreas comienza a ser rentable”, señala.
El Grupo Benetton sembró 6700 hectáreas en Chubut, en sólo
cinco años. Las petroleras hacen punta en Neuquén. Chevron
lleva sembradas 5.000 hectáreas. Repsol-YPF ya alcanzó las
10.000 y avanzará con otras 5000 hectáreas antes del 2011.
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