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FOTO DE
AGENCIAS. |
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El ex juez Juan Guzmán y José Aylwin,
director del Observatorio Indígena, aseguraron a Radio Universidad de
Chile que la excesiva y violenta represión policial está generando una
cada vez más dura respuesta por parte de las comunidades. A esto se
suman denuncias de Amnistía Internacional sobre violaciones a los
derechos humanos en la Araucanía, y las amenazas de muerte del
denominado comando Hernán Trizano a dirigentes mapuches.
Ninguno de los cuatro gobiernos de la Concertación ha logrado cumplir su
compromiso con los sectores minoritarios y especialmente con el
reconocimiento que ha hecho de una deuda con el pueblo mapuche, señaló
el ex juez y hoy abogado de diferentes comuneros y dirigentes de dicho
pueblo, Juan Guzmán Tapia.
El jurista afirmó que la violencia que se registra en la zona se debe
una serie de montajes policiales, como en el caso del fiscal Mario
Elgueta, quien ingresó a una hora en que no era esperado a un predio de
una comunidad mapuche, provocando la reacción de sus integrantes, y que
permitió la detención de un grupo de dirigentes, precisó.
Mientras, la prensa y el gobierno deja en evidencia la actitud que se
califica como violenta por parte de los mapuches y, al revés, las
autoridades aparecen como tomando decisiones meditadas frente al
conflicto, lo que se suma también a la ausencia absoluta de diálogo con
las comunidades y sus representantes, expresó Guzmán. “Al no
escucharlos, se está produciendo la impotencia por parte de las
comunidades mapuches que se manifiesta con una actitud hostil, que es la
que se criminaliza y se alteran los hechos haciendo aparecer que son
ellos los que están atacando, cuando muchas veces están siendo
reprimidos”, afirmó el ex juez.
Para Guzmán, los mapuches actúan por la vía que pueden, que
lamentablemente es a través de la resistencia, con el fin que repercuta
de alguna manera en la opinión pública lo que está sucediendo, que es en
el fondo la respuesta represiva del Estado a las demandas de un grupo
importante de comunidades en el sur del país. Al respecto, el director
del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, dijo que la voz que representa
el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, es precisamente de
mayor acción policial en el territorio demandado por los mapuches, como
quedó de manifiesto una vez más el martes cuando visitó la región.
“Uno hecha de menos una voz que no venga desde el mundo policiaco, una
voz que tenga que ver con la generación de instancias de diálogo, con la
aceleración de los procesos de demarcación y de retitulación de las
tierras reivindicadas, en estos días estamos asistiendo a una suerte de
explosión porque en muchas otras comunidades también han habido
ocupaciones de predios, también gatilladas en gran medida por la
lentitud de la acción del Estado frente a demandas que llevan ya muchos
años”, manifestó Aylwin.
Violaciones a los derechos humanos
Coincidiendo con la mala evaluación de la actitud del gobierno frente a
este tema, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las
violaciones de derechos humanos reportadas en la región de la Araucanía
durante los últimos días. “Las autoridades deben asegurarse de ejercer
su derecho y deber de garantizar el orden público, asegurándose en todo
momento que cualquier uso de la fuerza sea proporcional y no excesivo,
acatando sus obligaciones en materia de derechos humanos”, señaló la
ONG.
Amnistía Internacional informó que dirigentes mapuches denunciaron que
“los agentes policiales han hecho utilización desmedida de elementos
disuasivos, tales como bombas lacrimógenas y balas antimotines,
realizando disparos desde helicópteros en movimiento, incluso con
balines de plomo, para reprimir a quienes protestaban, afectando la
integridad física y psíquica de personas en muchos casos ajenos a estos
hechos, especialmente niños, mujeres y ancianos”.
El organismo internacional repudió también los ataques a personas
desarmadas y a propiedades privadas de parte de algunos comuneros
mapuches, pero recalcó que la tensión en la zona se debe, tal como lo
han señalado con anterioridad, en gran medida a la “resolución lenta e
inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales de los pueblos
indígenas y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria
extractiva e ingeniería forestal”.
La ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) por parte de Chile, en septiembre de 2008, obliga al país
a buscar soluciones de acuerdo a las leyes a las reivindicaciones de
tierras de los pueblos indígenas y a consultarles cada vez que se tomen
medidas que los afecten directamente.
A la recuperación mapuche de seis predios el 23 de julio en las comunas
de Ercilla, Collipulli, Cunco y Teodoro Schmidt y a incidentes como el
apedreo de un bus interprovincial, ahora se suman nuevas acciones. Los
comuneros de Temucuicui decidieron comenzar este fin de semana la
construcción de sus casas en los predios ocupados, según comunicó su
werkén, Miajel Carbone. Mientras que otras ocupaciones se han registrado
en las últimas horas, entre ellas, en Los Ángeles una comunidad se tomó
predios de Forestal Mininco, el mismo donde en 2002 fue muerto de un
balazo de carabineros el estudiante Alex Lemún.
Además, en la comuna de Ercilla los alumnos de un colegio decidieron
tomarse el establecimiento en rechazo a la excesiva represión policial
en la zona, lo que derivó en que diez de ellos terminaran detenidos. Si
bien la paralización de actividades habia sido acordada con el director
del Liceo, fuerzas especiales de Carabineros reprimieron duramente a los
estudiantes, resultando numerosos menores detenidos.
Graves amenazas
Uno de los hechos más graves de las últimas horas en esta materia, fue
la amenaza que a través de una entrevista con un diario de Victoria
realizó el denominado comando Hernán Trizano. Un anónimo representante
aseguró que a partir de la próxima semana comenzarán a asesinar a
dirigentes mapuches, atando dinamita a sus cinturones, ya que consideran
que Carabineros se ha visto sobrepasado en este conflicto.
Este comando aseveró que cuenta con miembros en toda la región de La
Araucanía, dispuestos a actuar, y con una gran cantidad de armas y
explosivos. Consultado acerca de estas amenazas, el general director de
Carabineros, Eduardo Gordon, señaló dijo desconocer antecedentes
distintos a los aparecidos en la prensa, pero enfatizó en que los
policías mantienen la situación "bajo control".
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