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FOTO DE AGENCIAS |
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Tras meses de intensa
búsqueda, finalmente los equipos especiales de la Policía
de Investigaciones (PDI) dieron con el paradero del
dirigente mapuche Héctor Llaitul Carillanca (41 años).
Llaitul, principal líder de la Coordinadora Arauco-Malleco
(CAM), estaba prófugo y en la clandestinidad desde abril
pasado, eludiendo diversas órdenes de detención del
Tribunal de Garantía de Cañete y de la Fiscalía Militar de
Concepción, que lo sindican como el autor intelectual de
un atentado contra el fiscal Mario Elgueta, hecho sucedido
el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque,
próximo a Tirúa, en la Región del Biobío.
Llaitul fue detenido la
tarde del pasado 15 de julio en casa de su madre, Florinda
Carillanca, ello en el sector de Rahue Bajo de Osorno.
Hasta allí había arribado el dirigente para reunirse con
su esposa y tres de sus hijos, a quienes no veía hace
meses. Según relató Pamela Pessoa, su marido fue reducido
en el patio trasero de la vivienda por unos diez efectivos
armados de la PDI. Tanto la vivienda como el barrio habían
sido copados desde tempranas horas, aguardando la llegada
del dirigente. “Yo estaba a su lado en ese momento. Aun
así no lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó
hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y
sobrino, en su mayoria niños, además de su madre, hermano
y cuñada. A su hermano y sobrino también los tiraron al
suelo”, relató Pessoa.
En horas posteriores,
Llaitul sería trasladado a Temuco y luego en helicóptero
hasta la ciudad de Cañete – ciudad ubicada a unos 500 km
de Santiago -, todo ello bajo un impresionante despliegue
policial. “Soy un preso político mapuche a contar de hoy
día nuevamente. ¡Esta es la política del Estado que
persigue a los mapuches, los reprime, tortura, encarcela y
asesina. Esta es la política del Gobierno de la
Concertación!”, fueron sus declaraciones ante el asedio de
los medios de comunicación en el aeródromo Las Misiones de
Cañete. Horas más tarde, el dirigente sería formalizado
por la fiscal regional, Ximena Hassi, y los fiscales
adjuntos Andrés Cruz y Paulo Pucheu, por cuatro delitos:
robo con intimidación, atentado contra la autoridad,
homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista.
Sobre la principal acusación que pesa sobre su persona,
ser el responsable de “planificar, coordinar y ejecutar”
el ataque armado contra el fiscal Mario Elgueta y donde
resultaron heridos además del fiscal otros cinco policias,
Llaitul negó que se tratase de una “emboscada”. “No fue
una emboscada, fue un enfrentamiento (entre comuneros y
policías) al interior de la comunidad”, aclaró. Según el
Ministerio Público, incriminarían al dirigente el
testimonio de ocho testigos protegidos, tres colaboradores
y escuchas telefónicas, que lo ubican en el sector donde
se produjo el atentado. En la formalización, el fiscal
Cruz aseguró que tienen antecedentes para probar que
Llaitul es el líder de este grupo y que entregó a cada uno
instrucciones de “matar a Elgueta y a los policías”.
Debido a la gravedad de las acusaciones, el Ministerio
Público solicitó la prisión preventiva para Llaitul,
medida a la que se opuso el defensor público Egon Matus de
la Parra, argumentando que el secreto decretado en la
investigación y la existencia de testigos protegidos le
impedía realizar una defensa de calidad.
“La defensa no tiene acceso y no ha tenido acceso a las
declaraciones ni a las pruebas que supuestamente inculpan
al imputado. Por lo tanto, se está estudiando con la vista
vendada frente a un Ministerio Público que tiene todas las
herramientas”, señaló el abogado. “No sabemos quiénes son,
ni qué motivaciones tienen para acusar a mi defendido.
Esta es una defensa a ciegas”, denunció molesto. Sin
embargo, el juez de Garantia acogió la petición de la
fiscalía y envió a Llaitul a la cárcel El Manzano de
Concepción por un plazo de nueve meses, convirtiéndolo en
el detenido número 14 de dicha investigación.
37 prisioneros políticos
Demás está decir que el gobierno aplaudió el nuevo
“acierto policial” en la zona sur. Conocida la captura de
Llaitul, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende,
felicitó a la PDI. El dirigente, precisó, “es uno de los
prófugos más buscados de la justicia en el último tiempo,
que tiene una participación que debe ser aclarada e
investigada por la justicia en el atentado al fiscal
Elgueta”. Recordó que a la CAM el gobierno le atribuye una
serie ilícitos que están siendo investigados y respecto de
los cuales su ministerio presentó sendas querellas. En
tanto, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá,
destacó la detención del líder de la CAM, la cual servirá
-a su juicio- para esclarecer diversos ataques
incendiarios en predios del sur. “En Chile hay un Estado
de derecho nadie está por encima de la ley y nos parece
importante que en este caso, al igual que en todos los
casos, las personas que están acusadas de un crimen vayan
ante la justicia y la enfrenten”, señaló.
Llaitul, de profesión asistente social, se encontraba en
libertad desde junio de 2008, cuando fue absuelto de los
cargos de incendio, porte de armas y receptación por el
tribunal de Temuco. Había estado un año en “prisión
preventiva” por esa causa, relacionada con un atentado
registrado el 26 de diciembre de 2006 en el fundo Las
Praderas de Mininco, en la comuna de Cholchol. La defensa
del Llaitul fue encabezada entonces por el ex juez Juan
Guzmán Tapia, quien desde el comienzo del juicio alegó la
inocencia de su defendido. Guzmán denunció elocuentemente,
en el marco del juicio oral, que se tratata de un montaje
contra Llaitul, de una “maquinación de las empresas
forestales”. Si bien el gobierno, las empresas y el
Ministerio Público no lograron entonces su objetivo de
condenar a Llaitul, sus antecesores en la dirigencia de la
CAM no corrieron la misma suerte.
José Huenchunao (38 años), fundador de la organización y
su principal ideólogo, hoy distanciado de la CAM, cumple
condena por “incendio terrorista” en la cárcel de Angol;
Iván Llanquileo (36 años), lonko de la Comunidad Juana
Millahual de Lleu Lleu, acaba de ser condenado por
“tenencia ilegal de municiones” y mantiene abierta una
causa por “tenencia ilegal de arma de guerra” en la
Fiscalía Militar de Concepción; José Llanquileo (30 años),
ex vocero de la CAM, cumple condena por “incendio
terrorista” en la cárcel de Traiguén. Se suma a ellos
Miguel Tapia Huenulef (45 años), activo militante de la
causa mapuche, recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de
Valdivia y a quien el gobierno vincula con una serie de
“atentados explosivos” en el sur del país. A ellos se
suman una treintena de mapuches, tanto miembros de la CAM
como de otras organizaciones, actualmente privados de
libertad en los penales de Concepción, Lebu, Los Ángeles,
Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco y Valdivia.
Un reciente Informe elaborado por la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu, cifra
en 37 el total de presos políticos.
Según el Informe, “preso político es todo aquel ciudadano
mapuche privado de libertad y/o en proceso, producto de su
participación en acciones que apunten a la reconstrucción
del Pueblo-Nación Mapuche, entendiendo por tal los
procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control
territorial sobre predios recuperados, acciones de
resistencia ante la represión policial, así como las
movilizaciones que apunten a la reivindicación de nuestros
derechos políticos. Con los anteriores criterios,
claramente nuestros hermanos no son presos comunes o
delincuentes como el Estado los ha tratado. Por otro lado
el carácter político de los encarcelamientos, también
obedecen a las leyes que se le aplica a nuestra gente,
como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley
Antiterrorista, diseñadas en la dictadura militar y
legitimadas hoy por los mismos personajes de gobierno que
exigían en aquellos tiempos su derogación. Claramente son
leyes que buscan la protección y perpetuidad en el poder
de los grupos económicos capitalistas y de las clases
dominantes que instrumentalizan al estado para mantener
sus privilegios y dominación tanto a nuestro Pueblo-Nación
Mapuche como al Pueblo chileno”.
Tal es el caso de Mireya Figueroa Araneda (47 años),
dirigenta mapuche de Ercilla quien tras seis años en la
clandestinidad, fue detenida el pasado 1 de Julio en la
Región Metropolitana. Figueroa, condenada a 10 años de
prisión por Ley Antiterrorista, fue recluida en la cárcel
de Angol pese a su delicado estado de salud. La dirigenta,
madre de 4 hijos y activa defensora de los derechos
territoriales de la Comunidad Tricauco, es portadora de un
cáncer bastante avanzado, derivación de un cáncer mamario
por el que fue operada el año 2006 y que fue tratado con
quimioterapia. Ahora presenta metástasis ósea en la
columna vertebral a nivel dorsal y en costillas. Además de
lo anterior, sufre de diabetes, hipertensión, enfermedades
reumatológicas y traumatológicas, asi como trastorno de
estrés postraumático producto de las torturas policiales a
las que fue sometida en su primera detención, en diciembre
de 2002. “Quizás me detengan, pero lucharé para que ello
no ocurra. Me voy a presentar a la justicia. No quiero
evadirla, pero sólo lo haré cuando el Estado me dé las
garantías de un justo proceso. Cuando no haya testigos sin
rostros ni pagados”, había asegurado Mireya Figueroa en
agosto de 2004, tras declararse en la clandestinidad. Hoy
a vuelto a engrosar el número de militantes de la causa
mapuche tras las rejas.
Montajes judiciales
Diversos informes de organismos internacionales dan cuenta
de lo irregular de las acusaciones penales que pesan sobre
líderes mapuches. Bien lo sabe el ex magistrado Juan
Guzmán Tapia, precisamente quien asumió la defensa de
Héctor Llaitul el año 2008, logrando su absolución.
Entrevistado por Canal 9 de Concepción, el ex magistrado
que logró procesar al dictador Augusto Pinochet, entregó
un diagnóstico preciso del trasfondo de la persecución
penal que afecta al Pueblo Mapuche. “Los juicios contra
mapuches han estado en su mayor parte cargados en contra
de los comuneros y dirigentes. Se ha partido a priori
sobre la base de acusaciones muy poco fundamentadas y en
muchos casos se ha probado que han existido montajes. En
algunas causas en las que he podido intervenir, me he dado
cuenta que ha existido falta de pruebas suficientes o
idoneas. En estos casos, lo que debieran naturalmente
hacer los fiscales es retirar dichas acusaciones, no
perseverar. Muchas veces se ven los jueces frente a la
ineptitud de las pruebas o simplemente donde las pruebas
parecieran ser a veces prefabricadas. Me han tocado causas
donde prácticamente se crea la participación de una
persona que jamás ha estado en el lugar de los hechos”,
enfatizó.
La nueva arremetida policial contra Héctor Llaitul no ha
hecho sino aumentar las sospechas contra el Ministerio
Público. Así lo denunció la propia Coordinadora
Arauco-Malleco, tras ser pública la captura de su
principal referente. “Una vez más este Estado chileno
sigue encarcelando y montando montajes en contra de
nuestros líderes. Queremos dejar en claro que esta nueva
arremetida policíaco – judicial llevada adelante por el
Ministerio Público y el actual gobierno en contra de
nuestras comunidades movilizadas y en contra de la CAM en
particular, responde a la política represiva del Estado en
contra del Pueblo Nación Mapuche. Así se entiende este
montaje en contra de uno más de nuestros weichafe, asi
como el hostigamiento y persecución policial que afecta a
nuestros peñi (hermanos) de la Red de Apoyo, que se ha
visto reflejado en una serie de detenciones,
allanamientos, seguimientos, montajes, intervenciones
telefónicas y amedrentamientos que se han sucedido en lo
que va corrido del año”, señalaron a través de una
declaración pública.
Claro está que la diligencia del gobierno para encausar y
perseguir a los líderes mapuches contrasta totalmente con
la impunidad que rodea el actuar violento de los agentes
del Estado. Tal es el caso del crimen aun impune del joven
activista Matías Catrileo, baleado en enero de 2007 por un
efectivo policial al interior de un predio agrícola de
Vilcún. La investigación judicial, que ya se extiende por
casi 19 meses, recien ha logrado confirmar las evidentes
circunstancias en que fue asesinado el weichafe (guerrero)
de la CAM. Por un lado, por fin reconocen que Matías no
disparó ningún arma de fuego contra la patrulla de
Carabineros presente en el lugar, según estableció un
peritaje dado a conocer por el abogado Nelson Caucoto,
querellante por parte de la familia de la víctima.
Por otro lado, la orden
“mándale un balazo” en voz del carabinero Walter Ramirez,
grabada por la Central de Comunicaciones de Carabineros
(CENCO), pasó a ser una de las pruebas más importantes en
el proceso, ya que el mismo uniformado responsable del
disparo reconoció la veracidad de sus palabras e
intenciones en una declaración ante el fiscal militar a
cargo, José Pinto Aparicio. Para el abogado Jaime
Madariaga, la grabación es una demostración clara del dolo
o propósito de matar que esa noche tuvieron los
carabineros y en particular el cabo Ramírez, “es una orden
clara y precisa, no da lugares a interpretaciones”,
señaló. Queda esperar si el Ministerio Público y la
Fiscalia Militar concuerdan con aquello que pareciera
evidente.
* Publicado
originalmente en Revista Punto Final /
www.puntofinal.cl
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