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FOTO DE AGENCIAS. |
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El
21 de mayo pasado la presidenta Bachelet dio su última cuenta pública al
Congreso Nacional. En ella hizo un recuento de lo realizado durante su
gestión, refiriéndose extensamente a las políticas públicas, propuestas
legislativas, medidas económicas impulsadas durante su mandato, y en
particular en el contexto de la crisis financiera internacional, a
objeto de lograr la "protección social" que definió como el sello de su
gobierno. Se refirió a las acciones impulsadas para "apoyar a los grupos
más vulnerables, combatir las discriminaciones, crear oportunidades para
la clase media y reducir las desigualdades". Resumiendo las que
identificó como las "grandes transformaciones sociales" impulsadas por
su gobierno afirmó: "Hemos avanzado hacia un Estado que protege a las
personas. Hacia una existencia más digna para todos los chilenos. Hacia
una política cada vez más ciudadana".
A comienzos de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en
Ginebra, realizó el primer examen periódico universal de Chile. Mediante
este examen, instituido el 2006 luego de la creación de esta instancia
de la que Chile es parte, el Consejo analizó el cumplimiento de los
compromisos internacionales contraídos por nuestro país al amparo de
tratados y otros instrumentos de derechos humanos voluntariamente
aceptados. También en Ginebra este mes de mayo, el Comité Contra la
Tortura de la ONU examinó el quinto informe periódico de Chile relativo
al cumplimiento de la Convención Contra la Tortura de la que es parte.
Si bien ambas instancias valoraron algunos de los esfuerzos realizados
por el Estado chileno desde 1990 a la fecha en materia de Derechos
Humanos, la visión y conclusiones contenidos en sus respectivos informes
difieren radicalmente de aquellas que la Presidenta Bachelet presentó en
su mensaje al Congreso. En efecto, ambas instancias de la ONU, una
compuesta por Estados, y la otra por expertos independientes,
manifestaron su preocupación precisamente por la desprotección en que se
encuentran las personas y los pueblos que habitan el país en el
ejercicio de sus más elementales derechos humanos.
Así, en el plano institucional ellas constataron que Chile no ha
ratificado diversos tratados internacionales que apuntan precisamente a
reconocer y a resguardar los derechos de la población, así como tampoco
cuenta con instituciones (defensorías u otras) que permitan una efectiva
protección de las personas frente a su violación; que no cuenta con un
sistema electoral que permita a los ciudadanos el adecuado ejercicio del
derecho de participación política; y que no reconoce en su constitución
política a los pueblos originarios.
En materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de
amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes
ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una
justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios,
la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que los integrantes
de las fuerzas armadas siguen cometiendo en contra de la población
civil, en particular en contra de los defensores de derechos humanos.
La ONU constató además que en Chile persisten situaciones de
discriminación que al amparo de los compromisos internacionales
suscritos por el Estado resultan inaceptables. Entre estas
discriminaciones identificó aquella que afecta a los pueblos
originarios, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la pobreza que
afecta a sus comunidades, en el otorgamiento de concesiones de
explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de legislación anti
terrorista para enfrentar su protesta social. También identificó aquella
que afecta a la mujer, que se manifiesta en las instituciones legales
aún vigentes, como la sociedad conyugal, que lesiona sus derechos
patrimoniales; la relativa a la negación de sus derechos sexuales y
reproductivos, incluyendo el aborto terapéutico; la situación de
violencia doméstica y aquella que les afecta en el ámbito del empleo y
los ingresos.
Otras situaciones de discriminación identificadas por la ONU fueron
aquellas que afectan a los niños y niñas, así como la que afecta a los
migrantes que en número creciente llegan a Chile. Llama poderosamente la
atención la existencia de dos visiones tan contrapuestas de una misma
realidad; la de Bachelet, que da cuenta un país que avanza en la
protección e inclusión social, en el respeto de la derechos ciudadanos,
con la de la comunidad internacional, que constata la precariedad de
nuestras instituciones para reconocer y garantizar los mismos derechos,
así como la persistencia de situaciones de discriminación intolerables
en el siglo XXI.
Llama igualmente la atención la ausencia total de referencia en el
mensaje presidencial de Bachelet a las conclusiones y recomendaciones de
la ONU, más aún cuando en ella sostiene que Chile es un país respetuoso
del derecho internacional. Habría sido esperable al menos una referencia
a cómo su gobierno explica los evidentes déficits que el país tiene en
el ámbito de los derechos humanos, y a cómo piensa abordar los desafíos
planteados por la comunidad internacional en esta materia. Ello porque,
como la Presidenta no puedo ignorar, sin reconocimiento pleno de los
derechos humanos, sin mecanismos e instituciones para hacerlos
efectivos, no hay protección social posible.
* Codirector del Observatorio
Ciudadano.
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