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FOTO DE PABLO DIAZ. |
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El Código de Conducta Responsable
Empresarial en Areas de Desarrollo Indígena aparece como un nuevo flanco
para el mayor proyecto eléctrico del país: HidroAysén. La norma, si bien
no es vinculante, establece un marco de acción para el sector privado
cuando interfiera en territorios índigenas, el cual operará en
septiembre junto con Convenio 169 de la OIT, que acogió Chile en 2008.
Los privados deberán negociar con las comunidades y compensarlas.
Además, los proyectos se revisarán cada tres años.
Si bien las cinco centrales que construirá HidroAysén -que pertenece a
Endesa y Colbún- en la XI Región no estarán en tierras indígenas,
fuentes vinculadas al proyecto reconocen que el Código puede generar
focos de conflictos con las comunidades mapuches. Esto, a raíz de que la
línea de transmisión que unirá la zona sur con Santiago pasará por la IX
Región, área donde las comunidades indígenas tienen tierras. La línea de
transmisión es clave para el proyecto, porque transportará la energía
que producirán las cinco centrales a Santiago.
Transelec es la compañía que está viendo esta parte del proyecto y
definiendo el trazado del tendido.En HidroAysén sólo señalaron que están
abocados a la tramitación del estudio ambiental de las centrales. Juan
Carlos Araneda, gerente de desarrollo de Sistema Eléctrico de Transelec,
explica que el Código Indígena "de todas maneras es una condición
especial y requiere un análisis legal completo. Es un tema que hay que
estudiar bien para ver el impacto que realmente va a tener".
Sobre el Convenio 169, Aníbal Bascuñán, gerente de proyectos de Endesa,
reconoce que "tenemos otras situaciones que están arriba de la mesa. Ese
convenio agregará más riesgo, en general, a los proyectos de inversión".
Transelec ha dado máxima importancia al tema mapuche, dice una fuente de
la firma y altos personeros de la misma agregan que han tratado de
evitar zonas potencialmente conflictivas en el trazado, el que no está
terminado y aún se analizan opciones. "El plan es evitar al máximo que
la línea pase por lugares conflictivos con las comunidades mapuches.
Pero está la convicción de que habrá zonas que inevitablemente deberán
ser intervenidas", dice un director.
Aunque en el directorio aún no se analiza el Código, probablemente en la
próxima sesión se revisen sus efectos. "El tema indígena siempre ha sido
de preocupación en el diseño de la línea, pero ahora la norma abre un
nuevo foco de conflicto que deberemos abordar", dice otro director. En
tanto, un director del grupo Enersis reconoce que "el Código agrega
complejidad al tendido y es factible que se encarezca su costo", dice.
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Vocero de gobierno
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"La voluntad del
gobierno está muy lejos de desalentar la inversión"
La propuesta gubernamental que busca
proteger a los indígenas es sólo un borrador, aclara José Antonio Viera-
Gallo, ministro secretario general de la Presidencia. Y asegura que el
"Código de Conducta Responsable para inversiones en tierras indígenas y
Áreas de desarrollo Indígena"-que obligaría a las empresas a compartir
los beneficios con las comunidades indígenas de la zona- no alejará los
proyectos. "¿No aleja más la inversión esta "guerra permanente" que hay
hoy entre el inversionista y las comunidades indígenas?", se pregunta.
- ¿A qué apunta el gobierno con esta normativa?
"Yo trataría de desdramatizar la contienda por ambos lados. El mundo
empresarial tiene que entender que un cumplimiento de buena fe del
convenio 169, lejos de desincentivar la inversión, puede ser un camino
para encontrar formas más eficaces para resolver probables conflictos. Y
mientras no haya una ley que cambie las reglas del juego en materia de
inversión, este convenio permanece en un plano programático, pero es
conveniente que haya un código de buenas prácticas que pueda hacer
consensuado entre el mundo empresarial y el mundo indígena. Eso podría
evitar conflictos judiciales, y en todo caso este borrador debiera
sufrir varios cambios".
- Algunos dicen que esto terminará alejando la inversión y afectando a
los propios indígenas...
"¿No aleja más la inversión lo que hay hoy, que es una especie de
"guerra permanente" entre el inversionista y las comunidades indígenas?
En todas partes es una guerra. Hoy no tenemos fórmulas para que eso se
resuelva adecuadamente, o las que hay no son satisfactorias. A las
empresas se les eterniza esto, y eso no es conveniente para la
inversión, y las comunidades se sienten desprotegidas. Hay que entender
que hay una nueva realidad en el mundo, y es que los pueblos indígenas
están conscientes de sus derechos. Y por tanto, si se quiere hacer
inversión, hay que cumplirla según el tratado, que dice que hay que
dialogar con las comunidades y en lo posible hacerlas partícipes de sus
beneficios".
- ¿Por qué no incluir esto en la ley de impacto ambiental?
"Es una tesis y se puede sostener. La otra tesis es que para cumplir más
cabalmente el convenio sería conveniente establecer mecanismos
especiales de participación, más eficaces que esa ley. Uno podría
imaginar que si la represa Ralco hubiera conversado mejor con la
comunidad indígena, nos habríamos evitado muchos conflictos. En todo
caso, hay que hacer muchas distinciones, porque las áreas de desarrollo
indígena comprenden tanto tierras privadas como indígenas y fiscales. La
idea es probablemente dictar un instructivo que señale un calendario,
que establezca algunas normas que sean obligatorias para las empresas
públicas, y que sean recomendaciones para las privadas. Esto es
simplemente el inicio de un camino. Y no es que los pueblos indígenas
tengan un ordenamiento jurídico entero distinto, pero sí desde muy
antiguo hay normas que sí son especiales para los indígenas".
- El líder mapuche Aucán Huilcamán dijo que ahora tendrán las
herramientas para frenar proyectos...
"Él está equivocado, y hace una interpretación del Convenio 169, que no
tiene ningún asidero jurídico. Es representante de una organización no
muy mayoritaria".
- ¿Es el mejor momento para discutir en una época de crisis?
"Sin duda que es un problema. Pero el mundo empresarial es
suficientemente sofisticado como para darse cuenta de que tiene que
actuar en un mundo que se va transformando. El debate está un poco
sesgado y todo esto es bastante artificial. Se le pide precisiones
jurídicas a un tratado internacional que no las puede tener, porque es
un convenio programático. Lo único que pido es que partamos de la base
de que el convenio 169 fue revisado dos veces por el Tribunal
Constitucional. Estos son compromisos que el Estado asume, y el consejo
de ministros le propondrá a la Presidenta un camino para llegar a
establecer una ley, que seguramente será en el próximo gobierno, que
armonice los derechos a la inversión en las áreas de desarrollo
indígena, y los derechos de los pueblos indígenas. Y la voluntad del
gobierno está muy lejos de desalentar la inversión. Lo único que hemos
dicho es empleo, empleo, empleo y más inversión".
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ENTREVISTA CON JULIETA VINAYA