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FOTO DE AGENCIAS. |
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A cerca de 50 subió ayer la cifra de
víctimas fatales luego de la violenta represión policial contra un
piquete de indígenas amazónicos acontecida la semana pasada en Perú. Estos
bloqueaban una carretera de la selva en protesta contra una serie de
leyes dadas para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos y que afectan a sus comunidades, así como sus derechos
sobre el territorio y sus recursos naturales, en teoría resguardados por
el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú.
El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los
indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la
zona de la masacre, más de treinta, aunque el gobierno sólo ha
admitido la existencia de nueve víctimas civiles. Ayer se conoció que
nueve policías murieron durante la toma, el viernes, por un grupo de
indígenas de una estación de la empresa petrolera estatal Petro Perú,
ubicada selva adentro. Otros 22 policías retenidos fueron liberados ayer
y siete permanecían desaparecidos.
Los heridos son más de 150 y los
detenidos bordean el centenar. El líder de los indígenas, Alberto
Pizango, pasó ayer a la clandestinidad luego que se emitiera una orden
de captura en su contra. Se especuló que éste había viajado a Bolivia,
pero dirigentes de la organización indígena aseguraron que Pizango,
quien está acusado de rebelión y de incitar a la violencia, permanecía
en Lima. En Bagua, lugar de la matanza, se impuso un toque de queda
entre las tres de tarde y las seis de la mañana. Las comunidades
indígenas denunciarán al gobierno de Alan García ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Los indígenas denunciaron que la
policía los atacó a balazos y con gases lacrimógenos desde helicópteros
y desde tierra. El gobierno, por su parte, asegura que fueron los
nativos quienes dispararon primero contra la policía. “El gobierno
miente. Nosotros no hemos matado a los policías. No tenemos armas de
fuego, solamente tenemos lanzas y flechas. Nos están metiendo bala como
si fuéramos delincuentes o animales. Culpamos a Alan García de este
genocidio”, denunció Pizango, en una conferencia con la prensa
extranjera, en el mismo momento que se producía el ataque policial
contra los indígenas. Pizango señaló que denunciarán al gobierno de
García por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
otros organismos internacionales. “Nosotros estamos luchando por
defender nuestras tierras, nuestra vida, nuestros derechos. Nos quieren
tapar la boca matándonos. Nuestros hermanos están muriendo por defender
la Amazonia, que es el pulmón del mundo”, dijo Pizango en la
conferencia.
Pese a ello, Alan García respaldó la
acción policial y culpó a los indígenas de lo ocurrido, a quienes acusó
de estar “manipulados”, según él por enemigos políticos del gobierno y
por “intereses extranjeros” que buscan que el Perú no explote sus
recursos naturales (de la Amazonia). Pizango, sin embargo, acusó al
presidente García de “ordenar un genocidio” y pidió la intervención de
organismos internacionales para “detener esta matanza”. El opositor
Partido Nacionalista, del ex candidato presidencial Ollanta Humala,
anunció que pedirá en el Congreso la censura del gabinete ministerial.
El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) también criticó duramente
al gobierno.
Por su parte, el primer ministro,
Yehude Simon, acusó a Pizango y a la dirigencia indígena de “complotar
contra la democracia”. “Las víctimas son los policías, no los indígenas.
Nosotros hemos defendido la democracia”, dijo Simon, tratando de
justificar la represión policial. La ministra del Interior, Mercedes
Cabanillas, que calificó la represión policial como “serena y prudente”,
pidió la captura del líder indígena Alberto Pizango, a quien llamó
“delincuente”. La bancada parlamentaria oficialista salió a defender al
gobierno y acusó a Humala, a dirigentes políticos de izquierda, a los
líderes indígenas y a medios de comunicación de la Amazonia, de “haber
azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía” y
amenazó con demandarlos por el delito de terrorismo.
Contra el TLC
Los indígenas amazónicos, que suman unos 350 mil, se levantaron contra
el gobierno hace dos meses exigiendo la derogación de nueve leyes
dictadas por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con
Estados Unidos. Estas leyes facilitan el ingreso a la Amazonia de las
transnacionales petroleras y mineras y la venta de amplias extensiones
de bosques a compañías madereras y empresas dedicadas a la producción de
biocombustibles. Las comunidades nativas reaccionaron en contra de este
paquete legal por considerar que afectan los derechos sobre sus tierras
y amenazan el ecosistema de la Amazonia, donde viven.
Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin
consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las
comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal
que las afecta. Esta omisión convierte estas leyes en
inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en
mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso
y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado por su
inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogatoria de
estas normas legales pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha
decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a
derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indígenas, y el
conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre,
luego de que el gobierno ordenara a la policía reprimir a los nativos.
“Si estas leyes se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas
pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua,
madereras, productoras de biocombustibles, y en el mediano horizonte la
Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en
proletarios. La lucha contra estas leyes es una lucha por la
supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura”, le señaló
a Página/12 Róger Rumrrill, uno de los más importantes investigadores
sobre la Amazonia peruana.
Página/12 conversó telefónicamente con Incam Santiac, líder indígena de
la etnia Awarun, ubicada en la zona fronteriza con Ecuador, quien estuvo
presente durante la violenta represión contra los indígenas en la Curva
del Diablo.
“Nosotros estábamos durmiendo en la
pista cuando la policía nos atacó. Eran las cinco y media de la mañana.
Primero lo hizo con gases lacrimógenos y cuando vieron que no nos podían
sacar de ahí, comenzaron a disparar. Disparaban al cuerpo, a matar. Nos
disparaban desde un helicóptero y desde los cerros. Un hermano cayó
muerto a mi lado. Muchos cayeron por las balas. El ataque duró hasta las
dos de la tarde, cuando logramos replegarnos a Bagua. El gobierno miente
cuando nos acusa de haber disparado a la policía. Nosotros sólo teníamos
lanzas y flechas. Los policías deben haber muerto por el fuego cruzado
de ellos mismos. Hasta ahora no nos dejan recoger a nuestros hermanos
muertos, que siguen botados en la pista. Hay más de cien desaparecidos”,
relató Santiac desde Bagua. El líder indígena anuncia que se replegarán,
pero que seguirán en su lucha contra el gobierno y las transnacionales
que invaden sus tierras.
* Gentileza
www.pagina12.com.ar
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