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FOTO DE AGENCIAS. |
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La
tarde del día seis de mayo el Ministro de Defensa, Antero Flores-Araoz,
y la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, han celebrado una
conferencia de prensa en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas ofreciendo nuevas muestras, por decir poco, de la inconsciencia
y el empecinamiento del Gobierno peruano. Dieron estas cifras de
víctimas mortales de la masacre de Bagua: 31 personas, de las cuales 22
policías y nueve indígenas. Son las cifras que alega el Presidente del
Gobierno, Yehude Simón, para hacer una desafiante pregunta: “¿Quién
comete el genocidio?”. Es para él una pregunta retórica pues da por
hecho que los genocidas, por nueve contra veintidós, son los indígenas.
He ahí el interrogante que en este momento efectivamente procede.
Genocidio se ha cometido o, mejor dicho, se está cometiendo. La cuestión
es esa otra de quiénes lo cometen.
Primero, los datos. Es una irresponsabilidad absoluta darlos por sabidos
antes de que una comisión de investigación, preferiblemente
internacional, los averigüe sobre el terreno. En segundo y principal
lugar, según todas las evidencias, el propio Gobierno ha dado órdenes de
que las víctimas indígenas se oculten al tiempo que rinde honores a las
que se han producido de policías. Testimonios indígenas no sólo hablan
de más muertes entre los suyos, sino también de que hay cadáveres
retirados e incinerados por la policía. Hay testigos claves huidos y
ocultos. Con todo esto, debe ante todo recabarse y contrastarse
informaciones, lo cual, dadas las circunstancias, no puede en absoluto
confiarse al Gobierno del Perú. Estamos ante un caso de manual de
necesidad perentoria de una comisión imparcial de investigación.
Dato relevante también es el de la forma de producirse la masacre.
Indígenas estaban bloqueando comunicaciones para impedir el desarrollo
de actividades extractivas en sus territorios, actividades cuyo régimen
de concesión por el Gobierno ha sido considerado inconstitucional por la
Defensoría del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria creada al efecto
en el Congreso, además de ser cuestionado por el Comité de Expertos en
la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo. Todo esto se conoce y se alega de parte
indígena para recurrir a las medidas extraordinarias de bloqueo en
defensa de sus derechos frente al empecinamiento del Gobierno en
sostenerla y no enmendarla. Sin salida jurídica ni nacional ni
internacional, no hay que descartar la fundada sospecha de que se ha
buscado el derramamiento de sangre por el propio Gobierno para provocar
un cierre de filas contra indígenas que le ayude a capear el temporal y
salir del atolladero.
Las declaraciones gubernamentales se sitúan en esta línea. Mientras que
se derramaba la sangre, el Presidente de la República, Alan García,
hacía unas encendidas declaraciones en las que, entre otras hirientes
ocurrencias, contraponía los derechos ciudadanos de millones de peruanos
con los intereses egoístas de cientos de miles de indígenas, como si
éstos fueran alienígenas en su propia tierra, como si el Estado peruano
no tuviera la responsabilidad internacional de defender sus derechos
humanos, los de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.
Se trata en efecto de intereses contra derechos. Intereses frente a
derechos son los de las empresas concesionarias impulsadas y amparadas
por el Gobierno. Derechos frente a intereses son los reconocidos a los
pueblos indígenas por el derecho internacional de los derechos humanos
que vinculan desde luego al Perú.
La responsabilidad por la decisión de provocar las hostilidades
utilizándose los medios más letales es dato también esencial. Según
noticias de testigos presenciales, el ataque lo inician las fuerzas
armadas, más en concreto la policía con el reforzamiento del ejército.
Se ha bombardeado desde el aire y se ha disparado con metralletas
empleándose así material y personal militar. Repárese en que a la
conferencia de prensa concurre el Ministro de Defensa y que la misma se
celebra en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La
militarización de la Amazonía peruana es anterior a los acontecimientos
y se ha incrementado severamente desde las vísperas de la declaración
del estado de emergencia que se produjo el 8 de mayo. Al estado de
excepción por la zona amazónica, se añade ahora en Bagua el toque de
queda desde las tres de la tarde a las seis de la mañana. Y la parte que
así actúa es la que se viene negando a atenerse a términos de derecho,
el Gobierno del Perú.
Según los propios términos de la Convención de Naciones Unidas sobre la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. 2.c “Se entiende por
genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: Sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o parcial), el Gobierno del Perú viene
cometiendo este delito de lesa humanidad desde antes de recurrir al
derramamiento de sangre, a este serio agravamiento de la propia conducta
delictiva. La pregunta del Presidente del Gobierno resulta realmente
retórica. La respuesta está dada de antemano. Basta con que se mire al
espejo para que vea ante sí una pieza de evidencia de la responsabilidad
y del negacionsimo.
No es nueva esa sangrienta ocurrencia de imputar el genocidio a las
víctimas. Existe en Estados Unidos algún exponente académico que
sesudamente defiende al colonialismo europeo de la acusación de
genocidio imputándoselo a los indígenas. Serían éstos quienes, soñando
por ejemplo con la reconstitución del Tawantinsuyu, habrían abrigado el
designio de eliminar de raíz la presencia en el caso española, mientras
que ésta última, si ciertamente produjo mortandad indígena, habría sido
sin intención ninguna, sin responsabilidad genocida alguna. Ya se ve que
la estupidez interesada puede suceder al crimen flagrante. Ésta es la
retorsión a la que acude ahora el Gobierno peruano. ¿De verdad piensa
que los policías muertos son víctimas de genocidio?
Bien mirado, lo son. No confrontemos cifras de muertos entre indígenas y
policías. No distingamos. No hay nueve contra veintidós ni veintidós
contra nueve. Hay más y todos víctimas del genocidio gubernamental. Como
un episodio entre tantos del genocidio en curso, el Gobierno del Perú ha
enviado a la muerte a personal propio. Honremos a todos los muertos,
indígenas y no indígenas. Exijamos justicia en nombre de todos ellos.
Los policías y los soldados de a pie, bastantes de ellos y ellas además
indígenas, no son responsables de la política genocida del Gobierno
peruano / AZ
* Experto en derecho
internacional. Miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indigenas de
la ONU.
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