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FOTO DE AGENCIAS. |
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La
violencia irracional, esa que mata y lesiona por intereses espurios,
vuelve a cernir su manto de espanto sobre uno de nuestros pueblos: los
Awajun Wampuis que habitan ancestralmente la espesura verde de Bagua, en
la Amazonía peruana. La masacre comenzó el pasado 5 de junio, cuando con
la venia del gobierno de Alan García y premunidos de armamento de
guerra, un desproporcionado contingente militar y de policías de la zona
de la Curva del Diablo arremetió sin clemencia contra población
indefensa, principalmente indígena, movilizada en resguardo de su
territorio y la riqueza patrimonial de sus recursos naturales. Hoy
asolados por empresas petroleras y mineras que operan con total
impunidad en la zona.
Desde entonces, mi correo electrónico se ha visto atiborrado de las
cruentas imágenes de esta una nueva barbarie humana. Donde si bien no
existen cifras oficiales o paralelas que permitan dimensionar la
magnitud de la masacre, las fotografías son elocuentes. Hablamos de una
cincuentena de cuerpos que parecen calcinados o reventados desde
adentro, además de 120 heridos y 150 detenidos, que dan cuenta de la
ferocidad policial y bélica aplicada en su contra.
Hoy el temor está instalado. Nadie sabe cuándo, pero intuyen que volverá
a alzarse la mano asesina de los agentes del estado que de manera
impropia y cobarde, aniquilaron la vida de tantos inocentes. Por lo
pronto, informaciones recientes afirman que continúan apareciendo
cuerpos en los ríos, lo que aumenta la incertidumbre sobre el número
real de muertos. Sumado al hecho de que tras los ataques, buscando
protección, fueron muchos los indígenas regresaron a sus comunidades en
la intrincada selva, sin que se tenga noción de las pérdidas humanas.
A la bella Bagua se le ha impuesto además estado de sitio; cuya
finalidad, lejos de ser de carácter preventivo, tiene como propósito
mantener por la vía de la ocupación el control de la ciudad. En
paralelo, con burdos pretextos, hay que recalcarlo, el estado comienza
también a silenciar a los medios que denuncian estos hechos genocidas.
Es el caso de radio La Voz de Utcubamba, cuya licencia de 2007 fue
revocada hace un par de días por el Ministerio de Transportes y
Comunicación y cesadas sus transmisiones. Según dice la autoridad, por
falta de documentación. Es decir, todo un montaje para justificar la
clausura de una radio cuyos trabajadores, desde hace ya tiempo, venían
denunciando seguimientos y amenazas por ser voz de los sin voz. La de
los indígenas y campesinos de la selva peruana afectados por la
imposición de decretos –a todas luces inconstitucionales- que permiten
el advenimiento de estos capitales trasnacionales, y que cansados de la
indiferencia del gobierno frente a sus demandas, habían reactivado hace
un par de meses sus movilizaciones.
En efecto, ya en agosto de 2008 las poblaciones amazónicas habían
logrado derogar los Decretos Legislativos 1015 y 1073. Incluso la
Defensoría del Pueblo y una comisión del congreso denunciaron la
inconstitucionalidad de varios de ellos, por considerar que se “afectaba
los derechos de las comunidades nativas y campesinas a la identidad
cultural”, así como a ser consultadas y a participar en las decisiones
estatales que las afecten, como lo establece el Convenio 169 de la OIT
ratificado por el estado peruano en 1993. Es más, el año pasado fue la
propia Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
del organismo la que, luego de conocer en detalle la situación en el
Perú, exhortó al gobierno a avanzar en el diseño de mecanismos
apropiados de participación y a consultar a los pueblos indígenas antes
de la adopción de medidas que puedan afectar sus derechos.
Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Muy por el contrario, la
respuesta del gobierno a estas justas reivindicaciones ha sido el
exterminio del “problema”. Ese que obstaculiza lo que intenta
disfrazarse de “desarrollo”, y que en realidad esconde al alicaído
neoliberalismo intentando dar sus últimos zarpazos, comprando para ello
los bolsillos de los mismos de siempre. Es importante entonces hacer un
llamado no solo a la solidaridad, sino también a impugnar estos procesos
y a no perder la capacidad de indignarse frente a crímenes como los
acaecidos en Perú. Pues guardando las proporciones, en consideración al
número de víctimas, el relato de lo que acontece hoy en la doliente
Bagua dista poco de lo que ocurre con los motilón bari, en Colombia; los
wichí, en el Gran Chaco; los guaraní, en Argentina y Paraguay; o los
mapuche, en la Araucanía. Por eso defender Bagua, es defender la Bagua
de todos. De todos los pueblos oprimidos de nuestra América / AZ
* Periodista, Colaboradora de
Azkintuwe.
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