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FOTO DE AGENCIAS. |
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E
l viernes 5 de junio tuvo lugar uno de los hechos de violencia más
graves de los últimos años en contra de pueblos indigenas del
continente. Las fuerzas represivas del Perú, haciendo uso de armamento
de guerra, carros blindados y helicópteros, arremetieron en contra de
manifestantes de la Amazonia, quienes luchan por defender sus derechos
colectivos y su territorio. El saldo fue de decenas de muertos,
desaparecidos, heridos y detenidos.
Los pueblos del continente estamos sometidos a una de las presiones más
grandes de nuestra historia. Desde hace décadas nuestros territorios son
objeto ya del despojo o del continuo acoso de grandes proyectos de
inversión públicos y privados, estatonacionales y transnacionales. Todo
de la mano de un capitalismo cada vez más voraz y agresivo, amparado por
gobiernos que no promueven la participación ni el diálogo sino que
imponen unilateralmente sus políticas. En el caso peruano, los hechos
tuvieron como causa de fondo la imposición de decretos leyes (DL 1090 y
1064) que permitian la operatividad de los tratados comerciales
convenidos por el gobierno peruano, para hacer uso y explotación de
importantes recursos, como el petroleo y la madera.
La presión por nuestros territorios continuará e incluso puede aumentar.
En 2000 fue firmada por todos los gobiernos sudamericanos la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA),
plan geoeconómico para construir de modo conjunto infraestructuras en
América del Sur. En este marco se construyen rutas, ferrocarriles,
hidrovías, puertos, gasoductos, oleoductos, acueductos, además de un
importante desarrollo de las telecomunicaciones, todo ello en beneficio
del capital privado y no de nuestros pueblos.
Tras las graves violaciones de derechos humanos en Bagua, el gobierno
peruano decretó el estado de excepción en la zona con el objeto de
desmovilizar a la población, vulnerando los derechos civiles de los
ciudadanos, su libertad de expresión y de reunión, entre otros. Pero
también para ocultar lo acontecido y garantizar la impunidad de los
responsables operativos y de quienes mandaron a la represión. Tal como
el gobierno chileno, el gobierno de Alan García ha desempolvado el
fantasma de las intervenciones extranjeras y la actuación de
"terroristas" en las movilizaciones de Bagua, para distraer sobre sus
propias responsabilidades.
El gobierno chileno, por su parte, ha aplicado leyes represivas
heredadas de la dictadura e insistido con los juicios por terrorismo
contra militantes mapuche, pese las críticas de organismos de derechos
humanos locales e internacionales. Los hechos de Bagua, del Wallmapu y
otros territorios, exigen que la observación internacional en pro de la
protección de los derechos humanos no cese. Se debe exigir como otros ya
lo han manifestado una investigación internacional independiente para
aclarar la matanza y que se condene a los responsables políticos y
operativos de los hechos de sangre en la Amazonia. Pero más allá aun,
debemos exigir verdaderos y serios mecanismos institucionales locales o
regionales donde nuestros derechos individuales y colectivos puedan ser
defendidos cuando son flagrantemente violados.
Bagua sin duda representa una lección para el Estado chileno y para
nuestro pueblo. Para el Estado, porque cuando los proyectos económicos
se imponen por la fuerza o la mala fe, violando derechos consagrados en
leyes locales o convenios internacionales, las consecuencias son graves
desde el punto de vista humano, del derecho y la vida política. Hoy los
Estados y gobiernos no pueden actuar como simples patrones de fundo, sin
tener que responder ante la opinión pública local e internacional. Para
nuestro pueblo, porque no debemos caer en la ilusión que los
instrumentos legales locales o internacionales garantizarán, por si
solos, el respeto de nuestros derechos colectivos e individuales. Esta
más que visto que la generalidad de los Estados y los gobiernos en la
región tiene poca o nula voluntad de aplicar y respetar el Convenio 169
de la OIT. Por ello nuestros esfuerzos también deben apuntar al cambio
del sistema político, a la democratización, que nuestro derecho al
autogobierno y a nuestros territorios queden garantizados política y
jurídicamente. En esto la movilización social es el soporte más
contundente para ganar también las luchas políticas y hacer que los
gobiernos retrocedan en sus aspiraciones neocoloniales. He ahí una gran
lección de Bagua.
Las naciones indígenas del continente hemos avanzado mucho terreno en la
lucha ideológica-cultural, hoy no se nos puede negar sin más. Poseemos
la legitimidad histórica y aportamos a la diversidad del mundo, elemento
cada vez más valorado y aceptado por gran parte de la humanidad. Pero
debemos apuntar también a cambios políticos profundos a nivel de los
Estados en la región y estar alertas, para impedir que al retroceder los
colonialistas de nuevo cuño no vuelvan a tomar impulso.
Comisión política
Wallmapuwen
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