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FOTO DE PABLO DÍAZ. |
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"Las
intensas precipitaciones ocurridas en los últimos días obligaron a la
compañía a tomar la decisión de cerrar en forma definitiva el ducto
inferior de la presa”. Con estas palabras Endesa-Chile, filial de la
transnacional Endesa-España, comunicaba a mediados de abril de 2004 su
decisión de comenzar el llenado del lago artificial de la Represa Ralco,
en el Alto Bio-Bio. En pocas semanas, inundados quedaron no solo decenas
de acuerdos incumplidos con las comunidades y sendas recomendaciones de
organismos internacionales, sino además un cementerio tradicional
indígena, lugar sagrado para los pewenche y declarado “bajo protección”
por el Consejo de Monumentos Nacionales. En el marco de las
“negociaciones” de Endesa con las familias de la zona, la transnacional
se había comprometido a trasladar dichas tumbas antes de inundar los
terrenos. Nada de ello ocurrió y hoy, a cinco años de aquel “imprevisto”
y pese a los reclamos de sus deudos, los restos de un centenar de
pewenches continúan bajo las aguas del lago. A 80 metros de profundidad,
para ser más exactos. Un verdadero monumento submarino a la
(I)responsabilidad Social Empresarial. También al racismo.
Lo acontecido en Ralco no podría ocurrir hoy, señala el Comisionado
Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña. No al menos a partir
de septiembre, cuando comience a operar el denominado “Código de
Conducta Responsable para Inversiones Públicas y Privadas”, iniciativa
gubernamental que buscaría regular todos aquellos proyectos a ejecutar
en territorios donde habitan pueblos indígenas. Hace un par de semanas,
un borrador del Código de 154 páginas fue presentado por Egaña a más de
40 ejecutivos de grandes compañías como SOQUIMICH, BHP Billiton, Endesa
España, Colbún, Forestal Arauco y Forestal Mininco, entre otras. En
todas ellas cundió el pánico. “La propuesta actual genera incertidumbre
para las inversiones”, advirtió Patricio de Solminihac, subgerente de
SQM. “Esto implica una compleja discriminación negativa respecto de los
chilenos no indígenas”, subrayó el presidente de la Sociedad Nacional de
Mineria, Alfredo Ovalle, defensor del principio de igualdad ante la ley.
“Solo agregará más riesgo a los proyectos de inversión”, disparó por su
parte Aníbal Bascuñán, Gerente de Proyectos de Endesa. Preocupación
total en el gran empresariado. Buenas noticias... en apariencia.
Pero estamos en Chile y no en la democrática Finlandia. Y por más que la
propia presidenta Bachelet argumente que el Código busca dar
cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, uno de los instrumentos más
avanzados en materia de reconocimiento de derechos indígenas, lo cierto
es que el entusiasmo de Egaña y la alarma de los empresarios no pasan de
ser un espejismo. Si lo planteado por la presidenta fuera efectivo, el
Código debería considerar algunos de los derechos reconocidos a los
Pueblos Indígenas en el citado 169. A saber; la consulta previa, libre e
informada; la participación en los beneficios; la generación de empleo;
y la compensación por daños provocados. Pero antes de ello, el derecho
de los afectados a establecer sus propias prioridades en materia de
desarrollo. De los primeros, confusa y vagamente, algo trata el borrador
del Código. De las prioridades indígenas en materia de desarrollo, nada
en absoluto. Silencio de grillos. Y es que tanto para el gobierno como
para los empresarios, mejor no hablar de ciertas cosas. Puesto así el
debate, que a usted le inunden con una represa la tumba de sus padres no
sería reprochable. Si lo sería y materia de escándalo que no le pagen lo
justo por ello. O que no lo contraten de obrero en las faenas. O que no
le consulten a cuantos metros bajo al agua los prefiere. Caraduras
totales.
* Publicado originalmente en
www.theclinic.cl
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