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IMAGEN
DE ARCHIVO. |
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Una nueva connotación
tendrá para Chile, de ahora en adelante, la llegada del 26
de junio. En esta fecha, por decreto de la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet, se conmemorará el Día
Nacional Contra la Tortura, con el propósito de generar
"una oportunidad para que los chilenos aúnen voluntades y
expresen año a año su condena contra esta práctica
inaceptable", según explicó la vocera de gobierno,
Carolina Tohá, al dar a conocer el inicio de este hito,
con el ministro secretario general de la Presidencia, José
Antonio Viera-Gallo.
Según adelantó el
titular de la Segpres, en la actualidad el delito
tipificado en el Artículo 150, letra A del Código Penal,
especifica que para que existan hechos de tortura "debe
haber una persona privada de libertad", aspecto que no
contempla el Tratado Internacional contra la Tortura y que
el gobierno se dispone eliminar de la legislación
nacional. Asimismo, la iniciativa legal establece mayor
precisión a agravantes como que el delito se ejecute para
obtener información y para inducir la acción de un
tercero, entre otros.
Las modificaciones planteadas, explicó Tohá, buscan "dar
un paso más en que Chile se incorpore a los estándares
internacionales en un tema (derechos humanos) que es tan
sentido para nuestro país". De hecho, las acciones
anunciadas se suman a otros eventos y actos relevantes
para el Ejecutivo, como la actual construcción del Museo
de la Memoria y los Derechos Humanos y la reciente
rectificación del Congreso al Estatuto de Roma que creó el
Tribunal Penal Internacional (TPI).
Deudas pendientes
Sin embargo y si bien
saludan la iniciativa del gobierno, diversos organismos de
derechos humanos plantearon hoy una serie de temas
pendientes para el Estado chileno donde la tortura, los
apremios ilegítimos y el abuso policial siguen en absoluta
impunidad. Es el caso de
Amnistia
Internacional, que en su Informe Anual 2009, publicado
el pasado 28 de mayo, constató cómo los casos de tortura y
malos tratos durante el año 2008 y los primeros meses de
2009 se siguieron produciendo en Chile, principalmente a
manos de las fuerzas policíales al interior de Wallmapu,
el País Mapuche
“Alrededor del mundo y con demasiada frecuencia, las
víctimas siguen indefensas porque sufren sistemas de
justicia que no exige rendición de cuentas a los
responsables y no cuentan con acceso inmediato a
representación legal. En muchas ocasiones, los fiscales no
investigan, las víctimas tienen miedo a ser objeto de
represalias si denuncian y las penas que se imponen a los
culpables son muy leves. El resultado es que, en muchos
lugares, la tortura ha perpetuado una cultura de
impunidad”, señaló Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de
Amnistía Internacional - Chile.
En la misma linea, la
Comisión Ética contra la Tortura (CECT) entregó hoy
viernes en La Moneda su
Segundo Informe
de Derechos Humanos dirigido a la Presidenta Bachelet,
con la profunda convicción de que la tortura es la
antítesis de la civilización y que la dignidad de la
persona humana debe respetarse como un fin en sí misma. El
Informe contiene las deudas pendientes del Estado Chileno
sobre la tortura ejercida durante la dictadura; deudas
relacionadas con las medidas de no repetición, la
educación en derechos humanos; la denegación de Justicia;
las deudas relacionadas con la reparación integral para
los sobrevivientes de tortura; y además un capítulo
centrado en la situación mapuche.
“El volumen de la
información recabada nos hace consagrar un espacio
especial a la represión que aqueja a nuestros hermanos del
pueblo mapuche, los montajes judiciales y actos de tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
que aún practica la policía chilena en contra de ellos,
dejando traslucir la existencia de un sistema de justicia
arbitrario y altamente discriminatorio hacia esta etnia y
por la que claman diversas instancias internacionales,
incluido el Comité Contra la Tortura de la ONU que,
recientemente, evacuó su informe”, señaló la entidad.
Especial atención
presta el Comité Etico contra la Tortura a la situación
que atraviesan los presos políticos mapuches, quienes
han denunciado ser
víctimas de abusos policiales y torturas. Subraya el
Informe que a la fecha, en Wallmapu, existen 59 presos
políticos y/o procesados (6 mujeres, 3 en prisión y 3 con
medidas cautelares), de los cuales 36 cumplen prisión
efectiva. Subraya la entidad que en 28 casos se ha
aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura
militar de Pinochet, en 23 casos los condenados y/o
procesados se encuentran con diversas medidas cautelares.
Casos emblemáticos
En diversos casos denunciados por organismos de derechos
humanos se advierte como la tolerancia de las autoridades
y un discurso centrado en el “control público”, legitiman
un accionar violento de la policía uniformada. El 23 de
junio de 2008 Jorge Mariman Loncomilla (18 años) quien
recibió un impacto de bala en un pie y al menor de edad
Luis Marileo Saravia, (16 años), quien presentaba una
fractura de mandíbula en su cara producto de un culatazo
que, según su testimonio, fue propinado con una escopeta
antimotines. Ambos jóvenes habían sido detenidos por
Carabineros e interrogados sobre el robo de un caballo.
El 7 de mayo de 2008 la documentalista Elena Varela fue
detenida. Su familia denunció actos de tortura y apremios
ilegítimos ante los tribunales de justicia ya que fue
obligada a permanecer de pie, por más de cuatro horas, en
contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Incomunicada durante 24 horas no le permitieron comer ni
beber, mientras recibía amenazas en contra de su
integridad y la de su hija América. También fue
interrogada por funcionarios que no se identificaron.
El 5 de marzo de 2008 cuando José Moil Paredes (29 años)
trabajador del Sindicato Aguas Claras, de Calbuco, en la
Región de los Lagos fue detenido en medio de una
manifestación, donde por una huelga legal habían ocupado
las instalaciones de la planta y se enfrentaron a un
operativo de mas 200 policías que procedió al desalojo. En
medio de este operativo José Moil es detenido y golpeado
con pies y palos entre 6 o 7 policías. Fue llevado al
interior de un recinto y arrojado a un pozo de cemento
donde revisan vehículos, lo hicieron ponerse en cuclillas
con las manos arriba mientras un oficial ordenó tirarle
piedras, las que lo golpearon en diversas partes del
cuerpo. También lo amenazaron con dispararle. Luego de
varias horas y sangrando lo llevan a un baño donde lo
desnudan y lo bañan tirado en el suelo.
El 18 de junio de 2007 un grupo de Carabineros
interrogaron a niños mapuche al interior de la escuela de
Villa Chiguaigue, comuna de Collipulli. Les preguntaban
por la existencia de armas en sus comunidades e
información sobre quienes estaban “peleando tierras”,
motivando la delación en medio de amenazas de que
allanarían la comunidad y de que sus padres no serían
detenidos si ellos hablaban. Esta misma situación ya había
ocurrido en la comunidad de Ranquilco, en la Escuela
Particular Nº 23 “El Progreso”, de la misma comuna de
Collipulli.
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POR ASESINATO DE MATIAS CATRILEO