TEMUKO / El ex juez Juan Guzmán Tapia inició ayer lunes la defensa del dirigente de la Coordinadora-Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carillanca, a quien se atribuye participación en un atentado armado e incendiario en las cercanías de Chol Chol, todo ello en el marco del conflicto mapuche-chileno. Durante el alegato de apertura del juicio oral en el tribunal de Temuko, Guzmán indicó que su defensa se sustenta en la creencia de que Llaitul es acusado pese a ser inocente y aseguró que la noche del 25 de diciembre de 2006, en que se perpetró un atentado contra forestal Mininco, éste se encontraba junto a su familia.

En tanto, el imputado reconoció que es un militante activo del movimiento mapuche y sostuvo que es víctima de una persecución política por parte del Ministerio Público y del Ministerio del Interior en el marco de lo que denominó la "criminalización de la causa mapuche". La Fiscalía, por su parte, sostiene que Llaitul dirigió a siete mapuches armados que la citada noche de diciembre ingresaron al predio "Las Praderas" de Chol chol para quemar un camión y dos máquinas forestales allí estacionadas.

Uno de los supuestos integrantes del grupo, quien también es juzgado en el juicio oral, Roberto Painemil, fue detenido en esa oportunidad luego de que un grupo de campesinos mapuches sospechara de su presencia a bordo de una camioneta estacionada en el sector. De acuerdo a la versión de la Fiscalía del Ministerio Público, los campesinos agrupados en una Junta de Vigilancia Rural contra el robo de ganado dieron aviso a Carabineros, que detuvo a Painemil e incautó dos armas de fuego escondidas al interior de la camioneta.

Distinta es la versión de Painemil. En una declaración difundida en octubre pasado por el Comité de apoyo a los Presos Políticos Leftraru, el comunero denunciaba que su detención fue practicada por un grupo paramilitar y que su confesión, donde inculpa a Llaitul, había sido obtenida bajo tortura. Denunció Painemil que se le obligó a firmar documentos redactados por los interrogadores, los cuales fueron entregados a la fiscal Vania Arancibia. Fue así como se autoinculpó del atentado incendiario, incriminando también bajo amenazas y golpes, a Héctor Llaitul Carrillanca, a quien no conocía.

Si bien con fecha 4 de marzo, los abogados de ambos mapuches pidieron el cierre de la investigación y la libertad de sus defendidos, la magistrado de Nueva Imperial sólo aceptó lo primero, de manera que la Fiscalía presentó el 14 de marzo la acusación contra ambos, por los delitos de incendio, porte y tenencia ilegal de armas. Héctor Llaitul, de profesión asistente social (Universidad de Concepción), quien se encontraba en la clandestinidad por la persecución judicial contra la CAM, fue capturado en Concepción el 22 de febrero de 2007 y formalizado sobre la base de los dichos iniciales de Painemil.

Guzmán Tapia

Hoy, el ex magistrado debe probar la inocencia de Héctor Llaitul y derribar cada una de las pruebas de la Fiscalía. Durante el proceso deben declarar al menos 44 testigos y ocho peritos sólo por parte del Ministerio Público. Varios de los testigos prestarán declaración bajo de figura eufemística de "protegidos" (testigos sin rostro), lo que ha sido una constante en los juicios contra dirigentes y comuneros mapuches llevados a cabo en Wallmapu en los últimos años. Pese a ello, Guzman adelantó a los medios de prensa sentirse confiado en un fallo absolutorio a favor de Llaitul, toda vez que -aseguró- la acusación en su contra "es un claro montaje"

Guzmán Tapia se ha transformado en un ferreo defensor de los derechos humanos y del Pueblo Mapuche en particular. Lo precede una impecable trayectoria como magistrado. El año 1998 formó parte activa de la detención del dictador Augusto Pinochet a través de la investigación de varias querellas por homicidio dentro de la operación conocida como ‘Caravana de la Muerte'. Guzmán continuó su labor de condena a las infracciones contra los derechos humanos cometidas en el periodo de 1999 a 2004 mediante exhumaciones de restos de los detenidos, posibilitando que el dictador y otros altos mandos de su regimen fueran llevados a tribunales.

En 2000 el juez logró imputar a Pinochet 19 delitos de secuestro permanente, a los que después se añadieron cargos por 57 casos de homicidio que lograron que fuera procesado, hasta que la Corte Suprema ordenó sobreseer la causa por motivos de salud del acusado. Guzmán se retiró de la actividad judicial el año 2005, iniciando a partir de entonces una cercana relación con diversas organizaciones y comunidades mapuches, a objeto de posicionar a nivel internacional los atropellos de que eran víctimas por parte de empresas transnacionales y agentes del estado. De esta forma, el ex magistrado ha apoyado decididamente a comunidades de Mehuin y Ercilla, entre otras / AZ

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© Periódico Mapuche Azkintuwe