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FOTO DE AGENCIAS. |
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El 12 de octubre de 2009, en una
disputa por tierras en el noroeste de Argentina, las balas terminaron
con la vida del indígena Javier Chocobar, de 69 años. Ayer, unos 400
manifestantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita marcharon
hasta la plaza de la Independencia, la principal de la ciudad de
Tucumán, para protestar contra la liberación, hace un mes, de dos de los
tres imputados por el homicidio agravado de Chocobar: el terrateniente
Darío Amín y el policía retirado Luis Humberto Gómez.
El asesinato de Chocobar supuso el hecho más grave de los recientes
conflictos territoriales en Argentina entre los pueblos originarios de
estas latitudes, que suman unas 600.000 personas de más de 20 etnias
diferentes (el 1,6% de la población total) y se amparan en la
Constitución de 1994 para reclamar tierras "ancestrales", y los blancos
y mestizos que cuentan con títulos de propiedad nuevos o de hace unas
décadas sobre esos mismos suelos.
"El 12 de octubre [de 2009] fue un día triste", recuerda Delfín Chocobar,
hermano del asesinado y secretario de la Comunidad Indígena de
Chuschagasta, que integran unas 86 familias que viven al norte de
Tucumán. "500 años después, otra vez vinieron como colonizadores y han
asesinado a sangre fría a mi hermano", recuerda Delfín. "Éramos 15 o 16
personas, incluidas mujeres y menores de edad. Nosotros queríamos evitar
que el terrateniente entrara a la cantera de laja que nos pertenece por
ley. A eso de las 18.30 llegaron en un 4x4 y, sin entablar diálogo,
bajaron los tres [también está imputado otro policía retirado, Eduardo
Valdivieso, que nunca fue encarcelado] y dispararon a quemarropa. Mi
hermano ha muerto por defender nuestros derechos", rompe en llanto
Delfín. "Y los asesinos están libres", lamenta, entre petardos de los
manifestantes.
El abogado de Gómez, Enrique Andrada Barone, alega que "ha habido una
legítima defensa" porque, según él, los tres acusados fueron atacados
por unos 50 indígenas entre puñetazos y piedras. Barone cuenta que el
abuelo de Amín había comprado las tierras en una subasta en los
cincuenta y había permitido que los indígenas pastorearan en ellas.
Darío Amín quiso explotar la cantera que había en ese lote, pero los
diaguitas recurrieron a un juzgado federal y consiguieron una medida
cautelar que frenó la explotación minera. La Constitución argentina de
1994 ordena al Congreso "reconocer" a los pueblos indígenas "la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".
Pero la Cámara Federal revocó aquella medida y entonces Amín fue, con la
resolución en la mano, a desahuciar a los indígenas.
Después del tiroteo, la fiscalía pidió la prisión preventiva de los tres
acusados y el juez admitió dos de ellas. Pero el 18 de febrero una
Cámara de Apelaciones anuló el arresto, por lo que todos los imputados
podrán esperar hasta el juicio en libertad. La abogada de la comunidad
de Chuschagasta, Margarita Moreno de Apud, prometió recurrir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como hicieron los
mapuches de la provincia de Neuquén (sur de Argentina) ante un violento
desalojo de diciembre pasado. Un reciente informe de la Cátedra Unesco
de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña se refiere a
los conflictos por tierras en Argentina, que aparecen subyacentes a las
peleas entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los grandes
y medianos agricultores por los impuestos a la exportación:
"El 82% de los productores [agrarios
y ganaderos] del país son familias campesinas, comunidades indígenas y
trabajadores rurales, que ocupan sólo el 13% de la tierra. En cambio, el
4% de las llamadas explotaciones agropecuarias se ha adueñado de casi el
65% de la tierra utilizada para la producción. Las estimaciones sobre la
expulsión de familias campesinas hablan de más de 200.000 familias
expulsadas a causa de la fiebre neoliberal de los noventa que las
desplazó a los barrios marginales de las grandes ciudades". En la
primera década de 2000 continuó aquella fiebre, porque los mejores
precios de los granos y los desarrollos de semillas transgénicas
extendieron los cultivos de soja, el principal cultivo argentino, a
tierras fuera de la Pampa húmeda que rodea a Buenos Aires.
"Argentina tiene un amplio marco jurídico que reconoce los derechos de
los pueblos indígenas", destaca el informe, que también prepararon las
organizaciones Educación para la Acción Crítica, el Grupo de Cooperación
del Campus de Terrassa y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y
Sostenibilidad. "Pese a ello, la situación es grave, la población
indígena sufre permanentes desalojos y usurpación de tierras y recursos.
El hambre y la desnutrición son comunes en muchas comunidades, debido al
despojo de tierras y recursos, acompañadas a menudo de violencia y
represión", agrega el estudio. También Unicef inició el año pasado una
campaña para la reivindicación de los derechos de los niños indígenas en
Argentina.
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