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FOTO DE ARNALDO PEREZ GUERRA. |
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El pueblo de Guallatire, comuna de
Putre, en el norte de Chile, nació hace más de 270 años. En sus
cercanías hay 28 caseríos de familias aymaras. Al poblado se accede por
la ruta internacional Arica-La Paz, a la altura de Chucuyo. En el
kilómetro 160 se inicia el camino a Guallatire. La mayoría de sus
habitantes crían llamas y alpacas y comercializan subproductos como
carne, lana, etc. Aunque la comercialización de la carne de alpaca,
actividad ancestral, hoy les está prohibida por las autoridades, el
problema más grave es otro. “Nuestra comunidad está amenazada por la
familia Sánchez Medina, que se ha apoderado de Guallatire. Pretenden
desterrarnos del pueblo de nuestros ancestros. Los Sánchez arrendaron y
luego adquirieron la propiedad Sorasorani en 1984… y se han ido adueñado
de todo”, dice Clara Blanco Mamani, presidenta del Comité Pro Defensa
del Pueblo de Guallatire.
A 235 kilómetros de Arica y 4.260 metros sobre el nivel del mar,
Guallatire tiene apenas 50 casas. Se ubica en la Reserva Nacional Las
Vicuñas, al sureste de Putre y al noreste del Salar de Surire. Hoy lo
ocupa la familia Sánchez Medina y el comunero Raimundo Jiménez. En los
caseríos cercanos viven unos treinta vecinos, la mayoría ancianos. La
iglesia -construida de piedra y barro, con atrio y torre-, data del
siglo XVII y se orienta hacia el volcán Guallatiri (“lugar de
guayatas”). Allí se celebraba a San Juan, San Santiago y la Inmaculada
Concepción. Hoy presenta un evidente abandono. La última vez que se
restauró fue en 1940. Guallatire es un asentamiento prehispánico y sus
viviendas se ordenan en apretadas callejuelas. Lentamente, desaparecen
los pastores que sobrevivían en caseríos en torno a bofedales y que
acudían al poblado para el carnaval, fiestas religiosas o funerales. Por
sus callejuelas ya no pueden caminar sus habitantes.
“La familia Sánchez dice tener
títulos de propiedad sobre la comunidad, pero se niegan a mostrarlos. A
partir de los 80 que se vienen apropiando de terrenos”, dice Rosa
Jiménez Mamani. “Indican en las oficinas de Arica e Iquique que, como
propietarios no admitirán ninguna acción que involucre al pueblo sin su
previo consentimiento”, agrega Luciano Bráñez. “Ha habido agresiones
morales y torturas sicológicas permanentes y en forma pública”, dice
Celinda Jiménez. “Nuestros padres y abuelos nacieron aquí. No nos pueden
expulsar, es nuestro pueblo”, agrega Susana Mollo.
Sólo un albergue turístico, a cargo los Sánchez -y que en rigor
pertenece a la junta de vecinos-, ofrece alojamientos. “A Paulina
Sánchez se le arrendó hace años y ya venció el plazo, pero no lo
entrega”, dice Clara Blanco. Los escasos pobladores sobreviven a duras
penas. “Del turismo -agrega- poco o nada. Cerca hay caseríos como
Chirigualla, Japu, Ancuta, Lliza, Vizcachani, Pisarata, Misitune,
Ungallire, Viluvio y Chivatambo, entre otros. A causa de la migración
forzada por las constantes amenazas de los Sánchez el despoblamiento es
evidente”.
Edalia Lázaro recuerda: “Niños y niñas hacíamos competencias para traer
agua desde el estanque y hasta trabajamos para construir la escuela con
nuestras manos”. El anciano Faustino Mamani agrega: “Si hemos puesto
nuestros hombros para construir Guallatire, no podemos entregar así
tanto sacrificio”. Todas las organizaciones vivas de Guallatire, la
comunidad indígena, junta de vecinos, club de ancianos, grupo cultural y
grupo de artesanas, apoyan la demanda y acción del Comité. Los
dirigentes señalan que la gobernación, el municipio, la Comisión
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Dirección General de Aguas
(DGA), entre otros, “están al tanto de las irregularidades cometidas en
el pueblo”.
Hasta hoy Guallatire no cuenta con agua potable, a pesar que en octubre
de 2004 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un proyecto de
construcción de agua potable rural. La inversión fue de 128.279 dólares
para “regularizar el servicio de agua potable, proveer de un sistema de
captación, regulación y distribución bajo condiciones sanitarias para
uso doméstico y de bebida”. Otro objetivo era la organización de los
usuarios en un comité de agua potable rural. Se proyectó utilizar aguas
captadas mediante una noria en el lecho del río Guallatire, próximo a la
estación de aforo de la DGA. El diseño consideró la entrega de 100
litros de agua por habitante al día. “Construyeron e instalaron
cañerías, medidores y llaves… Nos humillaron y nos siguen humillando.
Nada de lo que colocaron funciona. Ahí se pueden ver los medidores
inútiles, las cañerías rotas, los paneles solares inservibles. Alguien
es responsable, nos gustaría saber quién”, dice Rosa Jiménez. Según el
MOP el diseño consideraba un período de previsión de 20 años que cumple
el 2024. Incluso se dijo a los vecinos que el proyecto cubriría el
primer año las 47 viviendas.
 Clara
Blanco agrega: “Desde hace más de 25 años que hemos soportado esta
vergüenza. Nos han quitado nuestro pueblo Guallatire. El drama más
grande fue enterarnos que la propiedad supuestamente es ‘privada’. Desde
entonces, la autoridad no ha hecho nada por nosotros. La familia Sánchez
Medina aparece como ‘dueña’ y prepotentemente ocupa el pueblo. Nosotros,
los indígenas, no validamos documento alguno que le arrebate el pueblo a
sus legítimos dueños, que somos nosotros”.
Vecinos señalan que en los años 80 hubo un compromiso con Nicolás
Sánchez, patriarca de esa familia. “El señor Sánchez compró algunas
tierras; él nos dijo que el pueblo de Guallatire estaba en ‘su
propiedad’, pero que cedería todo el espacio necesario a la comunidad…
Nunca se cumplió ese compromiso y hoy sus herederos se arrogan ser los
dueños del pueblo”, añade Luciano Bráñez. “Todos los poblados andinos
existen desde antes de la llegada de los españoles. No nos explicamos
cómo es posible que algunos aparezcan hoy como ‘dueños’ de un pueblo.
Sabemos que hubo manejos oscuros de autoridades en los ‘80, de los
actuales gobiernos, de quien supuestamente vendió tierras y de parte de
Nicolás Sánchez… Después que falleció, sus herederos dijeron ‘que
respetarían la voluntad del padre’, ‘que no nos preocupáramos’, ‘que
estaban regularizando legalmente los terrenos’… Todas mentiras. Hace
pocos años enteramos que nos estaban utilizando ante autoridades y
organismos estatales”, agrega Clara Blanco.
“No tienen la intención de devolvernos nuestro pueblo. Ni siquiera
quieren entregar un espacio si es que fuera real que el pueblo es su
propiedad… La comunidad se esperanzó por mucho tiempo en que respetarían
la palabra, que para los aymaras es ley. Pero han venido con prepotencia
a decirnos que ellos son los dueños, que dejan entrar a quien quieren,
que se hace su voluntad. Toda la comunidad, sobre todo los más ancianos,
son insultados y amenazados”, dice Rosa Jiménez. “Muchos ancianos y
pobladores sufren constantes torturas sicológicas. Amenazan que los
sacarán a la fuerza. Dicen ‘que no los van a dejar entrar’, que ‘quieren
que se vayan’”, agrega Clara Blanco. Cuando Clara Blanco ejerció la
presidencia de la junta de vecinos emplazó a la familia Sánchez a
otorgar un espacio físico a los habitantes del poblado: “Tras alguna
mediación, nos dijeron que hiciéramos un planteamiento como comunidad.
Lo hicimos en una carta donde pedíamos un espacio para las actividades
vecinales. Reconocíamos muy entre líneas que quizás podrían ser
‘propietarios’. Solicitamos varias hectáreas y cinco pasos de
servidumbre para lugares sagrados, altares y algunas construcciones como
el cementerio y las obras del agua, para evitar problemas a futuro. Pero
respondieron que sólo ‘podían entregar algunas hectáreas en comodato’…
sin especificaron por cuántos años… De esta irregularidad está en
conocimiento la Conadi, pero no ha hecho absolutamente nada”, agrega
Clara Blanco.
“Vivimos esclavos de esta situación… Siempre hubo rencillas entre los
Sánchez y las demás familias. Pero ahora hay una persecución constante.
En Guallatire ya no quedan muchas familias. Se comenzaron a ir entre
1987 y 1989. Lo pocos vecinos que quedan son ancianos en su mayoría”,
dice Luciano Bráñez. “Quisiéramos saber cómo Bienes Nacionales pudo
‘regularizar’ la propiedad a un particular sabiendo que en esos terrenos
hay un pueblo, una comunidad indígena y una reserva natural. Hemos
conversado con funcionarios de Bienes Nacionales y están en
conocimiento, pero no hay solución. ¿Será que aún no reclamamos por
escrito?”, dice Celinda Jiménez. “Oficialmente -añade- se informó a la
Conadi, al alcalde saliente y a la nueva gobernadora, la que ha ofrecido
‘mediar’. En una reunión extraoficial, algunas autoridades plantearon la
posibilidad de expropiar los terrenos. Pero la comunidad de Guallatire
nunca ha reconocido a los Sánchez como legítimos dueños”.
“Mientras fui presidenta de la junta de vecinos exploré la posibilidad
de la expropiación. Les pregunté qué ocurriría si buscábamos recursos y
nos vendían los terrenos. ‘Tendríamos que ver para qué quieren el
pueblo’, respondieron… Después de eso ya hubo más conversaciones.
Nicolás Sánchez era lugareño del caserío de Japu. Sus hijos no pueden
adueñarse de nuestro pueblo. Se lo preguntamos a Conadi y aún no
responden cómo es posible que haya ocurrido esto”, dice Clara Blanco.
Recurso internacional
Aunque ningún medio de comunicación lo ha informado, el caso de
Guallatire es tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Diego Carrasco, abogado y director ejecutivo del
Observatorio de Control Americano de los Derechos de los Migrantes
(OCIM) -red internacional que agrupa a 142 organizaciones en 25 países
de América-, patrocina a los aymaras de Guallatire. “Es imposible -dice-
que una familia se apropie de un pueblo. Guallatire y los caseríos que
la rodean tienen una antigüedad de más de 270 años; por lo tanto, son un
‘sitio indígena de ocupación ancestral’. Sus habitantes han construido
con sus manos la iglesia, el colegio y prácticamente todas las obras de
allí. El Estado también ha invertido en infraestructura: retén de
Carabineros, sede de Conaf, cancha de fútbol, baños públicos y ‘obras de
agua potable’. Hace poco el Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobó
75 millones de pesos para el agua potable, que, por decirlo de alguna
forma, aún no ha llegado a Guallatire. Además, el pueblo está en la
reserva natural del Parque Las Vicuñas, por lo que debiera ser área
protegida. Por lo anterior, no puede ser objeto de una apropiación
particular. La pretendida demanda de una familia que se ha arrogado
derechos dueña y señora del pueblo, no debiera ser permitida por las
autoridades.
 Según
consta en relatos y testimonios que presentamos ante la Comisión
Interamericana -agrega el abogado- ha habido situaciones de amenaza
contra dirigentes indígenas que han sido ‘impedidos’ de circular al
interior de la comunidad y del pueblo. Se les ha impedido ingresar a la
iglesia, porque la ‘familia propietaria’ tiene las llaves… El cementerio
está cerrado y no se les permite visitar las tumbas de sus antepasados,
etc. No entendemos por qué el Estado permite esto. Es absurdo que digan
que ‘el pueblo es de ellos’ y que el cementerio y la iglesia sean
cerrados… Ni siquiera pueden reparar sus casas, que se están cayendo,
porque no se los permiten… Es una situación conocida por las
autoridades, por lo que creemos que hay responsabilidad del Estado en la
violación de los derechos humanos de los indígenas de Guallatire y de
los caseríos circundantes”.
La CIDH acogió una medida cautelar presentada por el Comité Pro Defensa
del Pueblo de Guallatire. En febrero, los indígenas adjuntaron al caso
nuevos informes y esperan tener resultados favorables en corto tiempo.
Ya iniciaron, además, acciones legales en Santiago, con las que esperan
“que Chile conozca lo que significa un pueblo de propiedad de un
particular”, dice el abogado Diego Carrasco.
“A una delegación de la Universidad de Tarapacá que intentó visitar
Guallatire, los Sánchez le impidieron el ingreso al pueblo. Dijeron que
necesitaban autorización por escrito de ellos. El problema nace de un
título de propiedad de 1984, que diría que son ‘propietarios de terrenos
en el pueblo’. Pero los Sánchez interpretaron que ese documento les
confería ‘propiedad en todo el pueblo’. El asunto es que jamás se les
debió permitir que se apropiaran de un pueblo que pertenece a la
historia de Chile, que está sindicado en planos militares y que, además,
está en territorio de frontera… lo que ha sido de conocimiento de
autoridades provinciales y comunales desde mediados de los 80. Creemos
que se han vulnerado gravemente los derechos humanos y ciudadanos de la
comunidad indígena de Guallatire. Una anciana vecina nos dijo una frase
muy fuerte: ‘Nos están torturando’. Eso se lo explicamos a la CIDH
porque es inconcebible que se les impida ir a su pueblo, iglesia y
cementerio, reparar sus casas, hacer su vida o ir a dejar a sus animales
a los corrales que construyeron sus ancestros porque una familia ‘exige
autorización’… Hasta ahora, no hay ninguna autoridad que respalde a los
vecinos y les asegure tranquilidad y que el pueblo les pertenece…
Incluso cuando visitamos Guallatire fuimos seguidos por camionetas que,
al parecer, pertenecerían a la familia Sánchez”, dice el abogado Diego
Carrasco.
“Estamos en la etapa de investigación, recuperando papeles y buscando
una explicación en las instituciones del Estado de Chile. Ya han pasado
casi tres décadas en que los indígenas de Guallatire hemos vivido en
condición de servidumbre y humillación”, dice Clara Blanco. “Los aymaras
de Chile somos muy pasivos, para nosotros la palabra es ley… Como don
Nicolás Sánchez era un comunero pensamos que en algún momento iba a
ceder. Nunca imaginamos que esto se extendería tantos años”, dice
Luciano Bráñez. “Estamos recopilando antecedentes y testimonios. Las
familias están motivadas por recuperar el pueblo… y si la ley chilena no
nos protege, tenemos la posibilidad de recurrir a cortes
internacionales”, dice Celinda Jiménez.
¿Si se permitieron inversiones y trabajos estatales en Guallatire,
algunos construidos incluso con trabajo comunitario, cómo es posible que
el Estado permitiera que les arrebataran a los indígenas su pueblo?, se
preguntan los vecinos. Según los aymaras hay antecedentes de problemas
similares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE), en el lago Chungará y en la construcción de carreteras
en General Lagos. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, en General
Lagos las tierras aymaras representan el 95 por ciento de la superficie
comunal, mientras en Putre y Camarones apenas son el 45 y 10 por ciento,
respectivamente. “Pareciera que Bienes Nacionales y el gobierno ‘se
descuidaron’. Si no hay catastros y no se notificó a los vecinos, ¿cómo
se regularizó la tierra? Lo peor es que sabemos de varios pueblos
altiplánicos con el mismo problema”, dice Clara Blanco.
* Colaborador de Azkintuwe.
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