SANTIAGO / Un nuevo round protagonizan la Dirección General de Aguas (DGA) y la generadora eléctrica Endesa. Esta vez, la filial de Enersis saca ronchas al organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a raíz de una demanda al fisco que realizó en noviembre del año pasado en el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que apunta a que en el caso de las empresas generadoras de electricidad, la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) debe primar por sobre el Código de Aguas.

De esta forma no tendrían que ser parte de las juntas de vigilancia, comunidades de usuarios regulados por el código en cuestión. De hecho el gigante eléctrico, dueño del 80 por ciento de los derechos de aguas no cosuntivos del país -que usa el líquido y luego lo restituye a su fuente- no pertenece a ninguna. Pero sí debe acatar las regulaciones que las rigen. El argumento esgrimido es que al tener como objetivo generar energía, incorporarse a las juntas de vigilancia, cuyos usuarios apuntan principalmente al regadío, implicaría una "inevitable coalisión de derechos e intereses, lo que podría en último término afectar el proceso de generación energética".

Dicho de esta forma, suena de lo más coherente. Pero en palabras del director de la DGA, Rodrigo Weisner, lo que Endesa persigue realmente es que al primar la ley eléctrica sobre el Código de Aguas, la regulación del uso del vital elemento "tenga aplicación para todo el mundo menos para ellos. Por ejemplo, las normativas de extracciones ilegales de agua no regirían, no tendrían control. La DGA, que es el organismo en Chile que controla las extracciones ilegales no tendría facultades sobre ella.".

Según Weisner, que está bastante molesto con las pretensiones del gigante español, en el caso de que ganaran la demanda "sería el peor escenario posible en la administración de los recursos hídricos: en todas partes del mundo un elemento base para una buena gestión de aguas es que haya para todos los usuarios y que Endesa quede excluida de normas de agua sería a lo menos un problema gigantesco. Y marcaría privilegios sin precedentes a favor de una empresa en particular".

Además, la suerte de "libre albedrío" que aspira obtener beneficiaría sólo a la transnacional, ya que a pesar de que en el documento se menciona a las hidroeléctricas en general, "la sentencia tiene efecto relativo, es decir sólo para las partes sobre las que se pronuncia el fallo: ellos. Salvo que llegue a la Corte Suprema y genere jurisprudencia", explica el abogado.

Oportunismo inoportuno

El Gobierno se enteró de la "sorpresita" a fines de 2007. Y no cayó para nada bien. "Nos llamó la atención por la falta absoluta de fundamentos del recurso y también porque se presentó en medio de la crisis energética. O sea una demanda que trata de sumar aguas al molino en medio de este esquema es, a lo menos, inoportuna", reclama Weisner. Para graficarlo, el Código de Aguas establece normas especiales para momentos de sequía como el actual. Por ejemplo, si el río trae 500 m3/s y debido a la falta de agua tiene sólo la mitad, todos los derechos de los titulares deben reducirse proporcionalmente. La jugada de Endesa, en cuyo directorio se encuentran, entre otros, Leonidas Vial, dueño de la corredora LarrainVial y el ex ministro de Obras Públicas y miembro del laguismo, Jaime Estévez (PS), le permitiría ser el único que no tendría que reducir absolutamente nada.

Pero no es la primera vez que la española se enfrenta con el Estado en torno a los derechos de agua. La DGA puso el grito en el cielo en torno al proyecto Hidroaysén, aún no aprobado, ya que junto a su socio Colbún solicitaba derechos de agua que se sumarían a los más de 7 mil m3/seg que ya poseía. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), al aprobar la alianza entre ambas empresas en octubre de 2007, estableció que debía renunciar a las solicitudes pendientes en las cuencas de los ríos de la zona, acogiendo en parte la propuesta presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNA) y la DGA.

Otro impasse con la generadora se produjo cuando intentó paralizar el remate de los derechos de agua del río Manso a través de un recurso de reclamación. En ese caso, Endesa y AES Gener eran solicitantes, por lo que estaban obligadas a competir a través de esa vía. Pero decidieron aliarse y optaron por desistir de la petición de derechos de agua en el río Manso y Bueno para adjudicarse directamente los respectivos derechos de agua. Finalmente no pudieron pasarle gato por liebre a la DGA, ya que el tribunal consideró que el remate era legal y debía realizarse.

En esta nueva disputa, el rechazo a la apuesta de Endesa es bastante transversal. Al menos así quedó patente luego de que el martes 6 de mayo, durante una sesión de la comisión de Obras Públicas del Senado se abordara el tema. En el encuentro participó el titular de la cartera, Sergio Bitar, el director de la Dirección de Obras Hidráulicas, Tomás Roger, el fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Eduardo Riesco, el presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza y el director de la DGA.

La conclusión fue que habría consecuencias a lo menos "desastrosas" si el fallo es favorable a la empresa, por lo que los senadores Mariano Ruiz Esquide (DC) y Víctor Pérez (UDI), decidieron dirigirse hoy al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que, según explica el aliancista, en su rol de defensor de los intereses estatales "actúe con el mayor rigor y cuidado posible" a la hora de presentar sus argumentos. El Mostrador intentó infructuosamente obtener la versión de Endesa sobre el particular, pero no fue posible / AZ

* Gentileza www.elmostrador.cl

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