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FOTO DE
VERA BOLKOVIC. |
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Nunca en doscientos años los pueblos
indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder
político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo
de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los
desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los
atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será
recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez
provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo.
Todos los discursos denunciaron el
rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y
petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión
permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el
Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y
prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge
Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban
“anuncios concretos a las históricas demandas”.
La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén,
la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán),
Kollamarka de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa.
También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(Mocase-Vía Campesina) y contó con el apoyo fundamental de la
organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña Milagro Sala.
“Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta este mundo de
edificios, asfalto, y venimos con respeto pero también fuerza, queremos
que les quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan
nuestras tierras y se llevan nuestra vida”, graficó al comienzo de la
marcha Félix Díaz, pilagá de la comunidad La Primavera de Formosa, uno
de los ocho mil indígenas que llegaron hasta Buenos Aires.
Las columnas de comunidades indígenas ocuparon siete cuadras de la
avenida 9 de Julio. Lo ancho de todo un carril estaba desbordado de
rostros curtidos, abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de
jóvenes. En Diagonal Norte los esperaron organizaciones sociales, Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA). Camino hacia la Plaza, desde algunos edificios tiraban papelitos,
aplaudían el paso indígena y las banderas argentinas convivían con las
wiphala, emblema multicolor de los pueblos originarios.
“Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”, fue la
consigna de la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y
Neuquén, atravesó diez provincias y contó con la presencia de los
pueblos kolla, mapuche, qom-toba, diaguita, lule, huarpe, wichí, mocoví,
guaraní, vilela, sanavirones y guaycurú. Elías Maripan, de la
Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), arengó desde el escenario. “Los
pueblos originarios están de pie, dignos y conscientes de sus derechos”,
gritó con el puño en alto. La multitud lo ovacionó.
Desde el ingreso de las columnas a la ciudad de Buenos se hizo hincapié
en el pliego consensuado antes de comenzar la marcha. Territorio,
cultura-educación, “madre naturaleza” y reparación económica. En base a
leyes ya vigentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de
tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento
sobre los hechos y acciones que los afectan, y la aplicación efectiva de
la ley 26.160, de emergencia territorial, ya vigente hace cuatro años y
muy demorada en su aplicación.
En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas
como idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear
universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de
octubre por fechas significativas de los pueblos originarios.
“Solicitamos la derogación del Código de Minería”, remarcan desde la
convocatoria –como freno a la avanzada de la minería metalífera a gran
escala– e impulsan la creación de un “tribunal de justicia climática”.
David Sarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas (Kollamarka,
de Salta), aclaró que la marcha “no es para festejar el Bicentenario,
marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos
pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos
resistiendo, eso es lo que nos llevó a todos los hermanos a estar en
esta marcha. Lo que sí festejamos es que estamos vivos”.
La Presidenta recibió a una treintena de delegados durante una hora.
“Propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo
que está de acuerdo en muchos puntos, y en otros para nada. Suponemos
que no comparte nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas
que saquean y contaminan nuestros territorios, no lo dijo pero lo dio a
entender”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, y
reconoció que esperan “anuncios concretos. Nos hubiera gustado
respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al Estado les
cuesta entender nuestra realidad, aunque tiene claro que estamos
organizados y no bajaremos las demandas”. El derecho y la protección del
territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin
distinción de etnias y regiones.
Una investigación de Página/12 reveló en 2007 que existen al menos 8,6
millones de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y
multinacionales mineras, los estados provinciales y nacional, privados
multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados–, empresarios
turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades
nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y
judicial que desobedece las leyes”.
En la misma línea, un trabajo de la
organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó seis
provincias del noreste argentino y aportó datos inéditos: cinco millones
de hectáreas en conflicto, casi 600 mil personas afectadas, y confirma
que el sector privado y estatal son los principales opositores a los
campesinos e indígenas. El informe demuestra que la mayor conflictividad
comenzó en la década del 90, de la mano del avance de la soja sobre el
norte del país. Jorge Nahuel, mapuche, aseguró que ahora los pueblos
indígenas están “movilizados, se hacen escuchar y tienen una fortaleza
mayor que hace décadas”.
Un sector organizado, pero
atomizado
En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se
reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las
organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5
millón de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En
el país no hay una organización que nuclea a todas las comunidades, ni
siquiera existe un organización que reúna a todos los indígenas de una
provincia o etnia. Al contrario, en provincias con alta población
indígena (Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones o las patagónicas)
existen decenas de organizaciones, disputas, divisiones y, en algunos
casos, alianzas con gobiernos provinciales o nacional.
Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la
conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo
reclamos, de distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes
de ruta) y en distintos lugares del país, pero nunca una movilización
tan masiva y heterogénea había llegado a Buenos Aires. La marcha no
estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas
organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en
diciembre pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del
Gobierno, que acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social y desde
Radio y Televisión Argentina (RTA). Pero una división entre
organizaciones significó el retiro del apoyo económico a la marcha.
El otro sector, llamado Encuentro
Nacional de Pueblos Originarios, reúne a una decena de organizaciones,
sí cuenta con el respaldo del INAI y también fue recibido ayer por la
Presidenta, que realizó junto a ellos un acto en el Salón de la Mujer de
Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al gobierno nacional,
enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje central de
todas las comunidades indígenas del país.
Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina
“el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos”. Participan
organizaciones sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy,
Tucumán y Formosa. También estará la Organización de Comunidades de
Pueblos Originarios (Orcopo) y la mayor parte de los reclamos pasan por
el rechazo a las industrias extractivas y el papel del Gobierno.
Leyes para incumplir
A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción
de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro
Crónicas de la resistencia Mapuche, un completo relato histórico del
investigador y periodista Adrián Moyano, da cuenta de que esos
incumplimientos son recurrentes a lo largo de la historia. Recuerda la
violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española
y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con los pueblos
indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para avanzar
sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades.
“Al internarse las tropas de Roca en
territorio indígena, varios de esos tratados estaban en vigencia. Sin
embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les importó
respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes”, denuncia.
En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el
especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi
identificó 74 tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron
incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y
desconocieron los derechos indígenas.
Un sector importante de la clase política consideró que el 1º de
noviembre de 2006 era el “día de la reparación histórica”. El Congreso
acababa de sancionar la Ley 26.160, que declaraba por cuatro años la
“emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas”. La norma suspendía los desalojos y
comprometía al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y
catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas
ancestralmente. Tan retrasada estaba la aplicación de la ley que fue
prorrogada otros tres años. El noviembre de 2009, el Congreso aprobó que
se extendiera el plazo hasta el 2013.
En la actualidad los derechos indígenas constan en el artículo 75,
incisos 17 y 22, de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango
superior a las leyes ordinarias) y una decena de constituciones
provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el
respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e
intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los
recursos naturales y reconocen la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan.
* Colaborador de Azkintuwe /
Corresponsal Pagina12.
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