Para el 5 de junio fue postergada en Rancagua, en audiencia realizada el pasado 29 de abril, la preparación del juicio oral contra la documentalista Elena Varela López –para quien la Fiscalía ha pedido 15 años y un día de prisión- y otros dos co- imputados, Kenny Sánchez Contreras y Sergio Reyes Matus, que enfrentan posibles condenas a 20 años.

Ellos formaban parte de un grupo de 6 personas detenidas en un violento operativo conjunto de policía e inteligencia el 7 de mayo de 2008 en localidades de la región mapuche del sur de Chile, y condenados anticipadamente como terroristas/asaltantes de bancos escarnecidos por los medios de comunicación y la policía. Es la segunda postergación, solicitada en esta oportunidad por la defensa de Sergio Reyes, quien hasta ahora sólo había tenido defensor público y ha permanecido por más de seis meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

Concluida la audiencia, en conversación con los medios independientes presentes, el ex juez Juan Guzmán, que encabeza el equipo jurídico defensor de la realizadora chilena (directora de“Newen Mapu”, “Sueños del Comandante”, premiados por Fondart y Corfo respectivametne) expresó:

“Nosotros vamos a probar la inocencia de la señora Elena. Creo que esto es un montaje, armado desde el sur. Yo lamento mucho que existan montajes, e hipocresía por parte del Estado. Cuando se trata de averiguar quiénes son las personas que están causando daño al país o a las propiedades públicas o privadas, les importa siempre tener una cabeza emblemática. Generalmente actúan contra los lonkos, los dirigentes indígenas y en este caso, detienen a una persona honesta que probadamente se conoce cuál es su función, probadamente se conoce que es una artista, una intelectual, una concertista y que está realizando documentales con el objeto que el mundo entero sepa la discriminación absoluta en la cual están viviendo los mapuche. Estoy absolutamente en contra de este tipo de montaje y por lo mismo estoy defendiendo con prioridad este tipo de causas que quizás son fundamentales para poder avanzar hacia una verdadera reconciliación.”

Ante las cámaras de la Señal 3 de La Victoria, Guzmán sostuvo: “El Estado, como en todas las cosas, es una medalla que tiene dos caras. Por un lado dice que hay que respetar los derechos humanos, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a ser informado y a la información. Pero por otra parte, usted va a ver que fuera de su Canal, no habrá una sola palabra de este caso en diarios como el Mercurio, La Tercera… en La Cuarta, posiblemente salga una broma . En los medios de poca circulación, algo se va a decir. Pero a los diarios que mueven la economía y movidos por ella, no les interesa saber la verdad. Todo lo contrario, les interesa mostrar que los derechos humanos de todos los ámbitos son defendidos, y que el país es muy bueno para hacer inversiones y para instalarse en lugares donde se puede victimizar, criminalizar, y arruinar el medio ambiente de las personas necesitadas, de la gente que está en estado extremo de pobreza. Eso no le importa al Estado.”

Amplia solidaridad

Interrogamos a Elena Varela para saber su opinión sobre el aplazamiento del juicio. Sonriendo, respondió: “Vamos ganando cancha, porque la defensa jurídica está fortalecida y también lo está el movimiento de apoyo a la causa de la libertad de expresión y a los presos políticos mapuche.” Aludía con ello al colorido festival artístico realizado el pasado domingo en las avenidas Figueroa Alcorta y Tagle, frente a la embajada chilena en Buenos Aires, Argentina, por miembros de DOCA, la organización que nuclea a los documentalistas argentinos (www.docacine.com.ar). La consigna fue “Si tocan a uno tocan a todos”, y entre los centenares de firmas y personalidades que apoyan está Fernando Birri. La detención de la documentalista y el requisamiento de su material fílmico, no recuperado hasta ahora, concita amplia solidaridad nacional e internacional entre intelectuales y trabajadores de la cultura, con comités de apoyo que se extienden también a Europa.

El 28 de abril, a horas de su encuentro con el juez de garantía, Elena Varela se había reunido con Danielle Miterrand, que visita Chile para apoyar las luchas por el derecho al agua, y la lucha indígena por la tierra. En Rancagua también estuvo el realizador venezolano Angel Palacios, para solidarizar con Elena. Al concluir en la noche del 29 de abril la proyección de su documental “Puente Llaguno” en el auditorium Jorge Müller de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Palacios dedicó su visita a la lucha de Elena Varela – presente en su encuentro con los estudiantes –y le entregó su apoyo y solidaridad bolivariana y revolucionaria.

En representación del Colegio de Periodistas estuvo el dirigente nacional Ernesto Carmona. También había profesionales del periodismo de investigación como Chérie Zalaquett, y del Departamento de derechos humanos de la orden. La Asamblea por los Derechos Humanos estuvo representada por Eduardo Sánchez, en tanto que miembros de ADOC hicieron llegar previamente su respaldo a la documentalista Elena Varela. La directora del programa radial Weftunpüllumapuche de San Fernando, simbólicamente representó el apoyo de ese pueblo a la realizadora.  Todos ellos fueron fotografiados por agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia y/o Policía de Investigaciones apostados esa mañana en las afueras del tribunal.

En Temuko

Sin saber qué pasaría el 29 en la audiencia, Elena había programado estar presente el 30 de abril a través de un video en el acto cultural que se realizará en Temuco en la Universidad de La Frontera por la libertad de los presos políticos mapuche, con participación de destacados poetas como Elicura Chihuailaf, Rayen Kvyeh, Guido Eytel. Los conjuntos musicales Pirulonko, Peumayen, Ulkantunmapu y Tierra Oscura actuarán en el evento “UNE TU MANO A LA MÍA Y NOS LIBERAREMOS”. Por haber registrado con su cámara la represión contra las comunidades que recuperan tierras ancestrales, Elena Varela es asumida como presa política mapuche al denunciar la criminalización de esas luchas y el amedrentamiento a sus defensores, considerado por entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una grave violación a esos principios.

Entre los familiares de los imputados estaba en Rancagua Flor Domínguez, actriz, gestora cultural, esposa de Kenny Sánchez. Iinicialmente fue detenida y permaneció varios meses en prisión, retirando los cargos posteriormente la Fiscalía por falta de pruebas. Ella continúa ejerciendo como Consejera Regional de Cultura de la Araucanía. Respecto del montaje y las acusaciones que vinculan a su marido con un asalto ocurrido en Machalí, expresó en las afueras del tribunal de garantía:

“Estamos confiados que la verdad se impondrá. Podemos probar que el día del asalto en Machalí del que se acusa a mi esposo, estábamos todos como familia bautizando a nuestros hijos, y en otra oportunidad, Kenny viajó a Santiago para despedirse de su madre, que falleció poco después de cáncer. Tenemos testigos de todos sus pasos, y la acusación no se sostiene. Nos han hecho mucho daño, yo perdí mi trabajo como Directora de Cultura en Ercilla y se me han cerrado todas las puertas”.

Kenny Sánchez es ex preso político mirista, retornado de Suecia y miembro de una de las familias históricas de la población La Victoria, en la zona sur de Santiago y humanista a toda prueba. Desde la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, él dio a conocer una carta en la que denuncia la situación del otro imputado, Sergio Reyes Matus, concluyendo:

“Llamamos a todos quienes dicen defender los derechos humanos a interceder para suspender el régimen torturador al cual ha sido sometido Sergio Reyes Matus, recordándole al Fiscal Servando Pérez, a los jueces de garantía y Gendarmería que el trato degradante, las presiones indebidas, los chantajes y las amenazas no pueden adquirir
visos de legalidad, y mucho menos de legitimidad, a través de resquicios legales que llevan a tal deterioro en las condiciones físicas y psicológicas de un detenido, incluso si éste es culpable de los delitos por los cuales se le acusa”.

Un vuelco en el caso

Las acusaciones de la Fiscalía contra Elena Varela y Kenny Sánchez se deducen en parte de las declaraciones extrajudiciales de Sergio Reyes Matus, ex chofer de Forestal Mininco, y de Andrea Muñoz, testigo cuya identidad fue reservada en secreto los primeros meses de la investigación, viuda de un integrante del grupo que realizó el asalto en Machalí. Pero en el juicio oral los jueces deben fallar a partir de las declaraciones que se presten en ese acto. Ello ha permitido en otros juicios emblemáticos liberar a imputados precisamente por la falta de consistencia de las acusaciones obtenidas bajo tortura (caso contra Roberto Painemil y Héctor Llaitul, por ejemplo).

Si Reyes Matus cambia su declaración –redactada por la policía, sin presencia de abogado alguno, y firmada por él bajo presión en circunstancias que se detallarán en el juicio – los cargos contra Elena Varela y Kenny Sánchez tendrán aun menos asidero. La realizadora ha declarado que nunca conoció a Reyes Matus antes del proceso y jamás lo recibió en su hogar. La declaración extrajudicial de éste aseguraba que ella había prestado refugio al grupo de asaltantes del recinto de Machalí. Hasta la fecha, Sergio Reyes Matus sólo contaba con un defensor público, Cristián Godoy. El abogado Nelson Miranda del área de derechos humanos, asumió su defensa.

-¿Usted piensa que él careció de garantías hasta ahora?

“A Sergio Reyes lo enviaron a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago para quebrarlo con el objeto de que participara en la delación de hechos en que él no participa, en contra de los otros co imputados, y que no constan en ninguna parte del proceso. El defensor público no pidió su libertad condicional, casi no tuvo contacto personal con él, ni alegó en contra de las medidas excepcionales inhumanas a las que ha sido sometido, como por ejemplo pasar 22 horas de encierro al día, y solo dos de patio. Lleva más de seis meses en esas condiciones agravadas por medidas de aislamiento”.

-¿Por qué asume esta causa?

Por mi convicción profunda de que hay que respetar los derechos humanos de las personas, que en este caso han sido vulnerados de manera flagrante. Pretendemos demostrar que hay otro tipo de intereses y otro tipo de organismos del Estado que están interfiriendo en este proceso para lograr objetivos que están fijados desde antes de la detención” / AZ

* Periodista, colaboradora de Azkintuwe.

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