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Días de violencia se viven en
Wallmapu, el “País de los Mapuche”, allí donde el Estado chileno se
apresta a celebrar 200 años que no son tales. Y es que poco más de un
siglo han transcurrido desde que en una guerra no declarada, Chile se
apropió del territorio de una nación libre y soberana en el Cono Sur del
continente. Libre y soberana desde mucho antes que Chile existiera como
República, mucho antes incluso de la Declaración de Independencia de los
EE.UU y que las primeras proclamas de emancipación colonial fueran
garabateadas en estas latitudes.
Historiadores y cronistas datan en
1641 el año en que los Mapuches obtienen de parte de la Corona Española
el reconocimiento de su libertad como pueblo. Ocurrió en el Parlamento
de Quilin, a orillas del río del mismo nombre, a pocos kilómetros al
norte de Temuco. No se trató de una concesión. Los españoles, derrotados
en cruenta guerra, firmaron en Quilin los términos de una capitulación
imperial. Así lo asumió el propio monarca Felipe IV, quien ratificó con
su firma el Parlamento un 29 de abril de 1643.
Parte de esta historia fue la que recuperaron el pasado 14 de Octubre
los mapuches de la Comunidad Tripaiñan, del sector Malpichawe de la
comuna de Lautaro. Son quienes habitan en nuestros días los llanos del
río Quillén o “Quilin” en la versión de los cronistas españoles.
Decididos a refrescar la memoria de muchos, cientos de comuneros
arribaron a tempranas horas hasta el sitio del histórico Parlamento.
Allí, donde hace casi cuatro siglos se reunieron los abuelos de sus
abuelos, quisieron rendir un homenaje a la historia. Y una bofetada de
dignidad a quienes, desde una visión estrecha e interesada de
interpretar el actual escenario de conflicto, se niegan a reconocer los
derechos históricos del Pueblo Mapuche.
Allí, entre allanamientos policiales,
detenciones nocturnas, apaleos a comuneros y baleo indiscriminado a
niños y niñas mapuches por parte de las policías, los mapuches de
Malpichawe emplazaron un monumento conmemorativo y reafirmaron ante el
mundo lo que fueron y lo que son: hijos de una misma nación. No será el
único hito conmemorativo. En otras latitudes, comunidades mapuches han
anunciado ya la recuperación de otros sitios históricos. Uno de ellos es
Kuralaba, en Lumaco. Otro, Koz Koz, en las cercanías de Panguipulli.
Lo que representan estos sitios históricos no son solo victorias bélicas
y epopeyas militares. Sobre todo, representan el triunfo del diálogo, el
poder de la diplomacia en la resolución de los conflictos. Así lo
destacaron los oradores mapuches presentes en la ribera del río Quillén.
Todos destacaron que lo acontecido en dicho lugar en 1641, no era más
que un ejemplo de que los mapuche siempre han considerado el diálogo
como la principal opción para resolver los conflictos. “Nuestra historia
señala que el pueblo mapuche siempre ha privilegiado el diálogo. Esto
queda demostrado en los 30 parlamentos realizados en los últimos 500
años con los españoles primero y el Estado chileno después”, señaló
Claudia Novoa Cayupan.
Y es que lo acordado en Quilín no fue
cualquier tratado. Lejos de los “acuerdos” firmados de tanto en tanto
entre el gobierno y algunas comunidades, firmados con la mano y borrados
con el codo, Quilín representó un verdadero Tratado Internacional. “En
este Parlamento no solo se reconoció la independencia mapuche. También
se incorporó la defensa mutua en caso de agresión por un tercer país o
potencia extranjera. Algo que en la actualidad vemos en el MERCOSUR, los
mapuche ya lo habían acordado con los españoles hace más de 300 años”,
subrayó Juan Ñanculef Huaiquinao, otro de los oradores en el emotivo
acto. Reconocimiento de independencia y soberanía territorial,
asistencia reciproca en caso de agresión exterior, establecimiento de
tasas para el intercambio comercial, fijación de normas fronterizas y
migratorias… tan lejos, tan cerca.
Una guerra no declarada
Mucho a cambiado la realidad mapuche en 300 años. Y lo decíamos al
comienzo, la violencia es el escenario que prima hoy en el País Mapuche.
Violencia que no es mapuche, sino propiciada por un Estado, por un
gobierno, por una elite política y económica que se niega a reconocer la
legitimidad de un reclamo histórico. Violencia que el pasado 26 de
octubre, terminó con seis mapuches violentamente detenidos en el sector
Yeupeco de Padre Las Casas. Hasta allí arribaron decenas de efectivos
policiales, armados con escopetas, subametralladoras, carros de combate
y helicópteros, para apresar a los dirigentes Sergio Catrilaf, Ignacio y
José Tralcal, Sergio Huinca y Pedro Cheuque, todos ellos miembros de
comunidades mapuches del sector. La justicia los sindica como
responsables del ataque a un bus de pasajeros en la Ruta 5, hecho
sucedido el pasado 28 de Julio en las cercanías de Temuco y reivindicado
por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Todos ellos niegan los cargos.
Claman justicia. Denuncian montajes en su contra. No hay caso. Todos y
cada uno serán días más tarde formalizados por Ley Antiterrorista. Y
recluidos en diversas mazmorras penales del sur.
 Igual
suerte correrá el joven universitario mapuche Claudio Sánchez Blanco,
arrestado el mismo día en las cercanías de un albergue estudiantil de
Temuco. A dicho recinto llegarían cerca de 40 efectivos policiales,
quienes sin exhibir orden de allanamiento irrumpieron en el
establecimiento, incautando computadores, notebooks y celulares de
todos. Sánchez, alumno de último año de la carrera de Pedagogía
Intercultural en la Universidad Católica, no se encontraba entonces en
el recinto. Fue detenido posteriormente cuando se dirigía a su trabajo,
reducido en la vía pública como si se tratara de un peligroso
terrorista. El Ministerio Público atribuye al ex dirigente estudiantil
vinculación con el atentado al bus de pasajeros. Entre sus pertenencias
–señala el fiscal Sergio Moya- se habría encontrado un “original” del
comunicado de la CAM atribuyéndose la acción. De la presunción de
inocencia ni hablar. Surrealismo puro.
Erica Catrilaf, hermana de uno de los cinco detenidos en Yeupeco,
denunciará más tarde que fueron más de 30 funcionarios policiales los
que ingresaron violentamente a los hogares de su comunidad, golpeando y
disparando contra lo que se moviera. De ello daría testimonio Juan
Catrilaf Nahuelpán, ingresado horas más tarde de urgencia del Hospital
Regional bajo el diagnóstico de “herida de bala múltiple en su pierna
derecha” y “fractura de peroné”. Otras nueve personas también acudirían
al centro asistencial por presentar heridas de mediana gravedad causadas
por perdigones policiales. Nadie investigará, probablemente, tales
abusos. De ser denunciados, los mapuches saben recaerían en la Justicia
Militar, que en Chile –al igual que en Birmania, Sri Lanka y otros
regímenes dictatoriales del tercer y cuatro mundo- hace las veces de
juez y parte. De acusador y acusado.
Es tanta la desconfianza en la
justicia que, muchos comuneros, prefieren arriesgar la vida y ni
siquiera acercarse a un recinto asistencial tras ser apaleados. O
baleados. Tal es el caso del menor de edad Leonardo Quijón Pereira, de
17 años, baleado por una patrulla de Carabineros en las cercanías de
Ercilla cuando cazaba conejos junto a un grupo de amigos, ello en el
sector de Lolenco la madrugada del 20 de octubre. Temeroso de ser
detenido en el hospital y vinculado por los fiscales con atentados
incendiarios ocurridos en la zona, hasta el cierre de esta edición,
Leonardo se debate entre la vida y la muerte baleado en una pierna.
Nadie sabe donde está. Ni menos cuál es hoy su estado de salud. Rumores
respecto de su muerte inundaron la semana pasada los foros de Internet.
Incluso, llevaron a la CAM a renunciar a la nacionalidad chilena y
declarar una “guerra” al Estado chileno. Lo cierto es que no estaba
muerto. Nadie sabía a ciencia cierta de quién se trataba. Fue su
acongojada madre quien lo identificó, tras no regresar a casa de su
jornada de cacería, escuchar la noticia de un joven baleado por la radio
y exigirles a sus amigos las debidas explicaciones.
No vinculado a ninguna organización o
comunidad movilizada por tierras, Leonardo simplemente cazaba. No por
deporte, claro está. Hijo de una humilde familia campesina, en no pocas
oportunidades de su puntería y la efectividad de una vieja escopeta
dependía el almuerzo o la cena familiar. En eso estaba cuando –según
testimonio de su madre- él y su grupo de amigos se cruzó con una
camioneta repleta de civiles que circulaba por un camino vecinal. Sin
identificarse como funcionarios policiales, los sujetos los atacaron a
balazos. Los jóvenes intentaron repeler el ataque con sus viejas
escopetas y huyeron. En lo alto de una colina, en una de sus piernas,
Leonardo recibió el balazo. Allí, junto a la sangre que perdió, quedaría
tirada su vieja escopeta, su morral y parte de los ropajes con los
cuales alguien improvisó un torniquete. Todo ello sería presentado más
tarde como “evidencia” por parte del Ministerio Público. Evidencia de un
“terrorista”, según la justicia. Evidencia de un nuevo atropello, según
el sentido común.
Niños en la mira policial
 ¿Puede
ser catalogado como democrático un Estado donde ciudadanos indígenas se
querellan contra la policía por violencia innecesaria, torturas y
vejación injusta? ¿Y todo ello contra un menor de edad? Es la pregunta
que se hace don José Painevilo, esforzado campesino mapuche quien,
acompañado por el abogado Cristóbal Carmona, del Observatorio Ciudadano,
acudió el pasado 22 de octubre hasta el Juzgado de Garantía de Temuco a
interponer dicha acción judicial. Lo hizo por su hijo. Y porque, no
pierde la esperanza, de que alguien pueda sentir como propio el dolor de
ser violentado como padre. Los hechos sucedieron el pasado 5 de octubre,
relata. Ese día su hijo F.P.M. (14 años) salió temprano de casa, ubicada
en la Comunidad José Jineo Ñanco, del sector Rofúe, en dirección a la
casa del Machi del lugar, Fidel Tranamil.
Ambos se dirigieron entonces a un
pitrantu (humedal) ubicado en el sector limítrofe entre la Comunidad
José Jineo Ñanco y el Fundo Santa Lucía, a recolectar hierbas
medicinales necesarias para realizar un tratamiento tradicional. En eso
estaban cuando vieron a funcionarios de Carabineros acercarse,
efectuando disparos de escopeta mientras perseguían a un grupo de
jóvenes de las comunidades Francisco Millanao, José Jineo Ñanco e
Ignacio Filumil, los que participaban de la ocupación del fundo vecino.
Intentaron esconderse, sin embargo, el menor fue visto por los efectivos
del GOPE, que arremetieron contra el disparando a quemarropa sus
escopetas antimotines. A tres kilómetros de distancia, cerca de la
Comunidad María Catrilao, en el sector denominado Pichiloncoche, el
menor fue capturado.
“Ya no podía más y me escondí dentro del Pitrantu, y un carabineros del
GOPE me apuntó con su escopeta y de nuevo me insultó: “¡quédate ahí
indio culiao!, ¡quédate ahí o te mato!”. Yo no podía hacer nada y me
entregué no más. Me dobló mi brazo me tiró al suelo y me pegó varias
patadas, me pegó en la cabeza igual. Había un canal y me metieron dentro
del canal y me dijeron “¡ya hueón aquí te vai a mojar todo para que te
enfermís!”, puras cuestiones así me decían y me tiraron, me tuvieron
harto rato bajo el agua, hasta tragué agua, estaba toda cochina, la
cabeza igual todo mojado”, relataría el menor. Tras minutos de terror,
fue llevado hacia el helicóptero policial que lo perseguía desde el aire
y se habia posado en un potrero cercano. Allí le amarraron las manos, lo
golpearon y lo obligaron a subir a la aeronave. Una vez en vuelo, botado
en el piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del
helicóptero abiertas, los policías amenazaron con lanzarlo a tierra sino
entregaba nombres. “Me iban preguntando, me iban interrogando, que tenía
que dar nombres sino me iban a tirar para abajo. Y yo le decía que: “no,
que no le podía dar nada, porque no sabía nada” y más me pegaban… Me
dijeron: “indio culiao dime todos los nombres de las personas que
andaban ahí, o si no te querís morir, ¡te vamos a tirar para abajo!”, me
dijeron”, relató el menor.
No fue el final de su pesadilla. Una vez la aeronave policial aterrizó
dentro del fundo ocupado, le pusieron una capucha y pasaron piedras. TVN
grabó imágenes del momento, que han sido adjuntadas por su padre y el
abogado en la querella criminal. Fue subido entonces a un carro policial
y llevado a la Comisaría de Vilcún, recinto donde nuevamente sería
golpeado e insultado. Trasladado a constatar lesiones al hospital del
lugar, tanto el doctor como la enfermera de turno minimizaron sus
lesiones. Más grave aún, saludaron los apremios ilegítimos que sufrió
por parte de Carabineros. “’Está bien no más que le hagan eso, para que
andai lesiando por ahí’, me dijeron. El doctor era flaco y alto, medio
moreno, el pelo bien cortito, tenía barba pero bien cortita”, recordó el
niño, aun impactado.
Su periplo continuó en la Comisaría
de Padre Las Casa, donde señala lo tuvieron tres horas encerrado en un
calabozo, sin que avisaran a su madre Vilma Maldonado quién llegó al
recinto preguntando por él, desesperada. Al momento de su liberación,
Carabineros solicitó –sin éxito- a sus padres firmar un documento sin
fecha. Allí se señalaba que el menor estaba acusado de “usurpación de
tierras”. Horas más tarde, tanto en el Hospital de Maquehue como en el
Regional de Temuco se constataron las lesiones: impacto de perdigones en
brazos, piernas y espalda del menor. El oficial de Carabineros que
encabezó el operativo fue el Comisario Jorge Bravo, padre de varios
niños.
Huelga destacar que los casos de Leonardo y F.P.M. no constituyen hechos
aislados. Así lo denunció, en carta dirigida a la Presidenta Michelle
Bachelet, el Observatorio Ciudadano. La entidad demandó de la primer
mandataria una investigación administrativa y que el gobierno se haga
parte en las acciones judiciales que se emprendan, con el propósito de
evitar la impunidad en que han quedado abusos policiales contra menores
de edad en las comunidades. Cuatro fueron los casos documentados e
informados por el Observatorio Ciudadano a Bachelet. Ellos han afectado
a niños y han incluido detenciones ilegales, torturas, menores de edad
heridos por perdigones e intoxicados a causa de gases lacrimógenos,
entre otras joyitas de la particular democracia chilena.
“Se trata de hechos que resultan
claramente violatorios de derechos humanos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional, incluyendo la Constitución Política, y
en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile,
entre ellos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, la Convención de
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y el Convenio N° 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas, y que por lo mismo comprometen la
responsabilidad del Gobierno que Usted dirige”, le informan a la
mandataria socialista.
A los casos ya citados, suman el de F.M.M. de 10 años de edad. El
viernes 2 de octubre, al interior de la Comunidad de Temucuicui, F.M.M.
fue herido con un balín de goma en la cabeza, muy cerca del ojo, en
momentos en que se encontraba buscando sus animales. El disparo fue
efectuado por carabineros, quienes se encontraban realizando un
operativo en la al interior de la comunidad. Al pequeño se le
diagnosticó una herida en la región parietal, sin compromiso. Si bien
estaba fuera de riesgo vital, permaneció internado varios días en
Hospital de Victoria. Otro caso se registro el viernes 16 de octubre.
Alrededor de las 2 de la tarde, un fuerte contingente de carabineros y
efectivos de civil ingresaron a la Comunidad Temucuicui, en momentos en
que alrededor de 80 personas se reunían junto a funcionarios de CONAF en
la escuela del sector para suscribir acuerdos para la contratación de
comuneros en los programas de empleo.
Sin previo aviso, y sin mostrar orden
de allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en un bus,
una tanqueta y alrededor de 10 camionetas, procedieron a disparar
balines y gases lacrimógenos hacia el recinto educacional. El operativo
policial, que tuvo una duración de aproximadamente 30 a 40 minutos, dejo
alrededor de doce heridos con balines de perdigones, entre ellos varios
niños, y a cerca de 30 personas con asfixia, como fue acreditado por los
propios funcionarios del organismo estatal. Horas más tarde el
subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en declaraciones a Radio
Cooperativa negó todos los hechos. No solo eso. También acusó a los
propios mapuches de usar a los menores como “escudos humanos” frente a
las fuerzas policiales. Y todo ello sin siquiera sonrojarse.
* Gentileza
www.puntofinal.cl
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