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FOTO DE
ARNALDO PÉREZ GUERRA |
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“Deja de meterte con Barrancones o tu
vida corre peligro; no es una amenaza, es una promesa. Corta el hueveo o
tus días están contados”. Esta fue una de las amenazas enviadas como
mensaje de texto a los celulares de los líderes del Movimiento de
Defensa del Medio Ambiente (Modema) -Rosa Rojas, Gabriel Molina y Jan
Van Dijk; a Carlos Vergara, presidente del Sindicato de Pescadores de
Caleta Hornos; a Clara Pérez, presidenta del movimiento Línea Verde y a
Óscar Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Punta
de Choros y concejal demócratacristiano. Ellos luchan contra la
instalación, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, de
centrales termoeléctricas de la trasnacional franco-belga Suez Energy y
de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).
Marcelo Díaz, diputado socialista, se reunió con el subsecretario del
Interior, Patricio Rosende, para entregar antecedentes sobre las
amenazas, que ya están siendo investigadas por la Policía de
Investigaciones (PDI). Los proyectos Barrancones (Suez Energy) y Cruz
Grande (CMP), están en la etapa de evaluación de impacto ambiental por
la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), que deberá decidir
entre el lobby termoeléctrico o la preservación de importantes reservas
naturales.
“Nos han enviado varios mensajes de texto con amenazas de muerte. Ya se
habría comprobado de dónde vienen, aunque aún no han detenido a nadie.
Los mensajes, del tenor de ‘los andamos siguiendo’, y ‘muerte a todos
los que están en contra de las termoeléctricas’, se repitieron por
varios días, inclusive después de la denuncia en el Ministerio Público”,
dice Jan Van Dijk. Según los dirigentes del Modema, Suez Energy está
“negociado” con algunos pescadores, “ofreciéndole dinero y proyectos,
individualmente y por grupos, generando una división social que hemos
venido denunciando”, dice Rosa Rojas, presidenta del Modema. “Están
manipulando a la gente. Lo que ha hecho Suez es una acción disociadora
de la comunidad de La Higuera, que puede crear muchos conflictos”,
agrega.
“No nos van a amedrentar, por eso, presentamos la denuncia en la
Fiscalía de La Serena. Estos hechos son muy graves y ponen en riesgo no
sólo nuestra integridad, sino también hacen que todo nuestro movimiento
corra potencial peligro. No sabemos de lo que esa gente pueda ser
capaz”, dice Rosa Rojas. “Interpusimos una querella porque están en
peligro nuestras vidas. Hacemos responsable a Suez Energy de cualquier
cosa que nos pase”, agrega. Clara Pérez, señala: “Creo que lo que
pretenden es asustarnos, que dejemos de lado nuestra lucha, pero no lo
van a lograr”.
Quiénes ganan, quiénes pierden
El lobby termoeléctrico posee poder y una amplia red de influencias.
Desde estudios jurídicos, como el de Bofill Mir & Álvarez, Hinzpeter,
Jana -uno de cuyos socios, Rodrigo Hinzpeter, es coordinador del comando
presidencial de Sebastián Piñera-, hasta personeros de la Concertación
como Enrique Correa -presidente de la consultora Imaginacción-; el ex
ministro de Energía, Economía y Minería de Ricardo Lagos, Jorge
Rodríguez Grossi -quien antes de ser ministro fue gerente de la
termoeléctrica Guacolda-; la directora de Conaf, Catalina Bau -ex esposa
de Enrique Correa-; y los hermanos Ernesto y Eugenio Tironi, lobbystas
profesionales que manejan la publicación de noticias en la mayoría de
los medios. A la lista se agrega el actual ministro de Interior, Edmundo
Pérez Yoma (DC), que ha hecho público lobby por AES Gener. También
entran al juego Paul Fontaine y Rodrigo Danús -del comando presidencial
de Marco Enríquez-Ominami-, dueños de la Consultora South World Business,
implicada en la instalación de termoeléctricas en varias regiones del
país, y dueños, además, de yacimientos carboníferos -en Curanilahue y
Puerto Natales-, y de una empresa comercializadora de carbón. Otros
interesados son los holdings Angelini y Von Appen, con su sociedad
Copec-Ultramar, que controla un proyecto en Isla Riesco, Punta Arenas,
que suministrará gran parte del carbón que consumirá el mercado
eléctrico nacional en 2013.
Actualmente hay quince termoeléctricas en espera de ser aprobadas en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En Isla Riesco, para
la explotación a tajo abierto del carbón, deberán talarse unas 4.000
hectáreas de bosque nativo. De esta forma, la sociedad de Angelini y Von
Appen pretende abastecer un 25 por ciento de los diez millones de
toneladas de carbón que se calcula consumirá en breve plazo el mercado
eléctrico nacional. Y es posible que hasta exporten carbón. Hace pocos
años, la mayoría de las minas fueron cerradas por inviables, pero han
sido adquiridas por grandes empresarios y especuladores. Diez millones
de toneladas de carbón, representan más del doble de lo que hoy requiere
el mercado interno. Será un buen negocio que, de paso, aumentará unas
cuatro veces la emisión de CO2. Aunque en la Región de Coquimbo se han
emplazado parques eólicos para producir energía sustentable, las
corporaciones y mineras necesitan cada vez más energía.
Más termoeléctricas no cuadra con la supuesta política energética
gubernamental, que pretende bajar emisiones de CO2 y contener el
calentamiento global, pues significarán aumentar las emisiones de CO2,
como lo reconoce el gobierno. Las termoeléctricas proyectadas para la
Región de Coquimbo se emplazarán en el borde costero, a menos de diez
kilómetros una de otra.
“Los ministros Pérez Yoma y Marcelo Tokman han presionado a la Corema
para que apruebe las termoeléctricas. Se supone que los proyectos deben
decidirse acá, en la Corema, no en el escritorio del ministro del
Interior o de Energía. Deberían ser rechazadas porque implicarán el uso
indefinido del borde costero y estarán a veinte kilómetros de una
reserva nacional, de la reserva marina y en las cercanías de áreas de
manejo y poblaciones. Al elegir a Chungungo, Cruz Grande y Los Choros
cometieron un gran error. Pero aún más grande es la institucionalidad
ambiental que lo admite”, dice Jan Van Dijk. “A fines de marzo, el mismo
día que Modema marchaba por La Serena, Suez Energy ofrecía a los
pescadores de Caleta Hornos una reunión para ver ‘compensaciones’. Así
funciona Suez. Tienen tanta plata e influencias que pueden hacer lo que
quieran. Es insólito”, agrega.
Codelco, antes de retirar su proyecto termoeléctrico Farellones, se
había comprometido a indemnizar y compensar a buzos y pescadores de
caleta Totoralillo Norte. “Codelco intentó granjearse el apoyo de los
pescadores, ofreciendo entre 7 y 8 millones por socio del sindicato,
quienes debían renunciar a su área de manejo. Algunos pensaban que
podrían vivir con ese dinero cuando ya no hubiera pesca”, dice Van Dijk.
En total, Codelco estaba dispuesta a desembolsar 3.000 millones de
pesos, más un seguro ambiental -por 30 años-, lo que se suponía durarían
las operaciones. Pero Farellones no pasó la evaluación del comité
técnico y de los organismos asesores de Corema. Se presentaron más de
240 observaciones por la nula información sobre los impactos que su
construcción provocaría en la zona. Codelco debió retirarse. Esos
pescadores, que no vieron concretarse el “acuerdo” con la minera
estatal, han sido cooptados por Suez Energy junto a los de Caleta
Hornos, a quienes la franco-belga les pagó la patente, un cobro anual
del fisco por el área de manejo, y el estudio de seguimiento. En total:
cuatro millones de pesos, relatan los pescadores que se oponen a los
proyectos termoeléctricos.
Para los pescadores de Los Choros y Punta de Choros, Suez Energy y sus
ejecutivos -Pascal Brancart y Pablo Villarino-, no se han hecho cargo de
las externalidades del proyecto ni se han responsabilizado por los daños
al medioambiente o la salud que acarreará la termoeléctrica a carbón.
Barrancones se ubicará a cinco kilómetros al norte de caleta Chungungo
(Producirá 600 MW a carbón, que será descargado en un puerto que
construirá Suez Energy), donde buzos y pescadores poseen áreas de
manejo. Las reservas marinas de Isla Choros e Isla Damas y la reserva
nacional del pingüino de Humboldt están a poco más de veinte kilómetros.
En marzo de 2008 las autoridades declararon el proyecto “admisible”.
Crianceros, agricultores, pescadores, buzos y operadores turísticos
piensan que la reserva marina de Isla Choros e Isla Damas, que abarca
las inmediaciones en torno a las islas, y la reserva nacional del
pingüino de Humboldt, que comprende la parte terrestre de éstas,
incluida Isla de Chañaral, son un diamante en bruto, que podría
sustentar el desarrollo de toda la región mediante el turismo, sin
necesidad de termoeléctricas.
 La
Universidad Católica del Norte advirtió en un estudio que las áreas
protegidas y reservas de la comuna serán afectadas por la instalación y
operación de las termoeléctricas. “El Intendente expresó su intención de
convertir la comuna y la región en una ‘plataforma de generación de
energía’, por medio de termoeléctricas. Es un sueño con pies de barro.
El impacto ambiental será gravísimo, sobre todo el proyecto de Suez que
deja a Los Choros prácticamente en la zona de máximo impacto por
emisiones, lo que se agravará por las condiciones meteorológicas. Un
impacto irreversible. Hasta ahora, han fracasado en vender su negocio
como ‘limpio’, pero el lobby sigue…”, dice Jan Van Dijk (en la Foto).
Vivir en Los Choros
Las caletas de Chungungo, Hornos y Punta de Choros y el poblado de Los
Choros, están en el radio de polución atmosférica de las
termoeléctricas: toneladas diarias de gases y cenizas con peligrosas
concentraciones de berilio, plomo, boro, níquel, germanio, arsénico y
vanadio, entre otros. Cruz Grande y Barrancones están en la última etapa
de la calificación ambiental. La CMP solicitó una ampliación del plazo
para responder las observaciones, mientras Barrancones, de Suez Energy,
está a punto de ser aprobada. En septiembre se reunió la Comisión
Regional de Uso del Borde Costero para pronunciarse respecto del
proyecto. “Ese pronunciamiento no es vinculante para la Subsecretaría de
Marina. Casi nada es vinculante en este circo que se llama Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, ni siquiera la participación ciudadana.
Es un gran enigma cómo se acogió a trámite este proyecto. La
participación ciudadana es un show, un proceso ajeno al interés de la
comunidad. Tienen la paciencia de escucharnos y los funcionarios anotan
todo, pero a la larga no sirve. Con esta política neoliberal en que cada
vez más se favorece a las grandes empresas y al poblador se le prometen
mitigaciones y compensaciones, Chile va al matadero. No hay como
entender tanta estupidez”, dice Van Dijk.
El viento sur trasladará gran cantidad de emisiones al poblado de Los
Choros. Quedará muy cerca del acopio de cenizas. “Habrá fugas de polvo
de carbón y cenizas, más el impacto en las áreas de manejo por la
captación de millones de litros de agua marina por hora. Devuelta al mar
con una mayor temperatura, perjudicará ecosistemas marinos, con menor
producción de locos y lapas, menos pesca, menos turismo. Nadie quiere
otro Huasco, otra Tocopilla, otra Ventanas”, agrega.
En Los Choros hay poco más de ochenta huertos, algunos de tres o cuatro
hectáreas, y otros de un cuarto o media hectárea. La mitad no posee
pozos y dependen del agua de riego. En la quebrada hay dos pozos
profundos desde donde se bombea el agua a dos represas que dan agua por
turnos. Se entregan horas de riego según el tamaño del huerto. “Hay que
pagar por el agua, que es bastante cara, pero el sistema funciona bien…
Lo curioso es que los pozos se construyeron en terrenos particulares. El
último, que se hizo hace una década atrás, fue un proyecto del Programa
Prodecoop”, dice Van Dijk.
Según la Asociación de Regantes de Los Choros, tras la muerte un vecino
de apellido Barrera -dueño del terreno-, sus herederos se “adueñaron del
pozo” que se construyó con dinero fiscal para “beneficio del todo el
valle”. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) aprobó entregar
más de un millón de pesos a los regantes para comprar una bomba de agua,
pero no pueden instalarla porque no tienen el “permiso” de la familia
Barrera, que “no da el paso de servidumbre”. Solo un pozo funciona, lo
que no es suficiente pues en verano necesitan regar cada 7 ó 10 días.
“No se alcanza, no hay suficiente agua. Informamos a las autoridades. Se
lo explicamos al gobernador, y nada. La familia que se adueñó del pozo
es beneficiaria de Indap. Exigimos que no se les entreguen más
beneficios estatales y ya iniciamos pasos judiciales para recuperar el
pozo”, dicen. También están preocupados: por la contaminación de las
termoeléctricas sus productos no podrán ser exportados. “Son años de
esfuerzo a la basura si instalan termoeléctricas. Creen que en el futuro
podrán inscribir los derechos de aprovechamiento del agua del pozo y
venderla a las empresas. Las termoeléctricas están destruyendo nuestra
convivencia”, dicen. En sus huertos cultivan aceitunas, cítricos y
hortalizas.
Los buzos y pescadores de Los Choros poseen un área de manejo en el
sector El Apolillado, en el límite con la Región de Atacama. “Este
territorio no merece ser apartado de su desarrollo económico. Quieren
diseñarnos un futuro con gases tóxicos, material particulado, cenizas,
especies marinas muertas, lluvia ácida... Si instalan termoeléctricas
habrá fugas de metano que contribuirán al cambio climático. Su potencial
de calentamiento a veinte años es 56 veces mayor que el de una cantidad
igual de CO2. Lo mismo sucede con las emisiones de óxidos de nitrógeno”,
concluye Rosa Rojas.
* Gentileza
www.puntofinal.cl
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