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FOTO DE JORGE ZUÑIGA. |
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El año 2009 puede pasar a la historia
como el de la mayor ofensiva de un gobierno progresista contra un pueblo
originario. El gobierno de Michelle Bachelet intenta frenar la
recuperación de tierras del pueblo mapuche amedrentando a comunidades
enteras con un estilo represivo que recuerda el terrorismo de Estado. En
esta ofensiva, los niños mapuche son una de las principales víctimas de
Carabineros y del Grupo de Operaciones Especiales que han militarizado
Wallmapu.
Para quienes crean que mentar el terrorismo de Estado suena a
exageración, vale la descripción de algunas operaciones represivas
registradas por el Observatorio Ciudadano, ONG humanitaria situada en
Temuko, en su trabajo "Hechos de violencia imputables a Carabineros que
han afectado a niños mapuche en la región de la Araucanía" (2007-2009),
que puede encontrarse en
www.observatorio.cl
El informe relata 14 casos de violencia policial, varios colectivos,
contra niños en comunidades mapuche. Llama la atención que la represión
se dirige contra comunidades enteras, en supuesta respuesta a tomas de
tierras, quemas de camiones y barricadas. El 5 de octubre, un niño de 14
años de la comunidad de Rofué fue herido con disparos de balines cuando
Carabineros lo confundió con los comuneros que ocupaban el fundo Santa
Lucía.
“El niño intentó huir del lugar,
siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra por los efectivos
policiales, que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de
la comunidad llamada Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma
por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue
sumergido en un canal, quedando completamente mojado (...) Una vez en
vuelo fue botado al piso con la cabeza hacia el exterior y con las
puertas del helicóptero abiertas, los carabineros lo amenazaron con
lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora
participaban de la acción en el fundo Santa Lucía”.
El informe cita otro caso, sucedido el 16 de octubre contra la escuela
de la emblemática comunidad de Temucuicui, mientras se realizaba una
reunión de 80 comuneros con funcionarios estatales. “Sin aviso, y sin
mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales que se
movilizaban en una bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas,
procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia la escuela
desde una distancia de 200 metros. El operativo policial, que tuvo una
duración de 30 a 40 minutos, dejó alrededor de 12 heridos con balines de
perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría niños”.
El 26 de octubre Gary Stahl, representante de Unicef en Chile, se
refirió a estas violaciones con una frase que parece sacada de los
peores tiempos de la dictadura de Pinochet: “Para que no haya otra
generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué
ha pasado, y buscar una solución para que no vuelva a pasar en el
futuro”. Y agregó, respecto a la pasividad del gobierno, que “hasta el
momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha
pasado”. Unicef exigió al gobierno que tome medidas para proteger a los
niños mapuche.
Sin embargo, el Ministerio del Interior, usando un argumento que también
recuerda tiempos pasados, culpó a las víctimas al asegurar que los
padres utilizan a los niños como “escudos” durante las tomas de tierras
y otras acciones. La simpatía con los mapuche crece de sur a norte, y
gana espacios como mostró la enorme manifestación del 12 de octubre en
Santiago: 10 mil personas de varias etnias, incluyendo muchos no
indígenas como la Garra Blanca, la popular hinchada del club de fútbol
Colo Colo, participaron en una actividad de neto apoyo a la resistencia
mapuche.
Esta nueva oleada de luchas está anclada en tres elementos. El primero
es la cada vez más estrecha alianza entre el Estado chileno,
independientemente de qué partido lo administre, con los empresarios
forestales, salmoneros y mineros. Los primeros son capitales chilenos,
en tanto los otros dos son trasnacionales, y son los más directamente
implicados en el conflicto en el País Mapuche, ya que los monocultivos
de pino sepultan a las comunidades en un mar verde que las asfixia.
Arauco, principal forestal chilena, se expande con plantaciones en el
norte de Argentina y en Uruguay: en Misiones ya posee 10 por ciento de
la superficie de la provincia y en Uruguay se ha convertido en el primer
latifundista con 250 mil hectáreas, buscando zafar de un conflicto que
le dificulta su reproducción.
En segundo lugar, la actual oleada de ocupaciones de tierras muestra
cambios internos en el mundo mapuche. Está tallando una nueva generación
de jóvenes universitarios que viven en albergues urbanos, aparece una
amplia gama de medios de comunicación electrónicos de mapuche de las
ciudades y del exterior, y se ha creado una organización: Alianza
Territorial Mapuche, que agrupa de 60 a 120 comunidades.
Por último, los mecanismos estatales de contención están siendo
desbordados. Cada vez que arrecian las tomas, el gobierno incrementa los
fondos para tierras que se entregan a ciertas comunidades, no a todas
las que necesitan, generando división y debilitando las luchas. La
represión masiva parece una señal de desesperación de los mandos de
Carabineros, mientras la aplicación de la legislación antiterrorista a
las luchas sociales tiene cada vez mayor costo político para el Estado.
La amplia solidaridad de sectores populares y de izquierda urbanos con
la lucha mapuche es uno de los datos más auspiciosos, toda vez que la
criminalización de ese pueblo sólo es posible si se le consigue mantener
aislado. El nuevo gobierno chileno que surja de las elecciones de
diciembre encontrará un pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando por
la autodeterminación, rodeado de creciente solidaridad.
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ALEJANDRO HERRERA, UFRO