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FOTO DE ARCHIVO. |
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Mediante un comunicado los Familiares
de los Prisioneros Políticos Mapuche dan cuenta que desde hace un tiempo
se vienen conociendo a través de distintos relatos, las formas
utilizadas por los algunos fiscales del Ministerio Publico persecutores
del Pueblo Mapuche, para reclutar a los llamados “testigos protegidos”.
Estas acciones realizadas en conjunto con carabineros y la PDI van desde
los ofrecimientos de dinero, abogados, casas o trabajo, hasta amenazas
de muerte, chantajes e inclusive torturas, señalan.
Uno de los casos que se conoció hace un tiempo atrás fue la denuncia del
comunero de Yeupeko Vilcun, Roberto Painemil, quien fue detenido por
civiles armados y luego torturado por carabineros en presencia del
propio Fiscal Moya de Temuco. En abril de este año la denuncia de
Jonathan Huillical, torturado en el cuartel de la PDI de la misma
ciudad. En este último caso la policía de Temuko eludió hablar del caso
con este periodista.
Pero estos son sólo los casos de quienes se han atrevido a denunciar, ya
que existen muchos otros en que el miedo a las represalias ha impedido
su conocimiento público, señalan las familias. Este lunes dos de
noviembre, en el Juzgado de Garantía de Cañete, durante la nueva
formalización a cinco presos políticos mapuche de Choque y Pascual Coña
de la comuna de Tirua, otro caso similar salió a la luz pública,
causando dolor e impotencia entre los familiares y comuneros que
llenaban la sala.
Cesar Parra Leiva
Después de más de un año de soportar el amedrentamiento permanente de
parte del Ministerio Publico y la policía chilena, como en los mejores
tiempos de dictadura, Cesar Parra Leiva, comunero de Choque, se atrevió
a denunciar los hechos que lo tienen privado de libertad, que en
definitiva no es otra cosa que su negativa a transformarse en un
“testigo protegido” de la Fiscalía. Debido a dicha negativa, los
familiares señalan que el Ministerio Publico cobró su venganza y lo
formalizó por el ataque al Campamento Ranquilhue de Forestal Mininco.
Ese día Parra testimonio: “Un día andaba en Cañete y fui a comprar una
botella de pisco y me detuvo un guardia del supermercado que me dijo que
yo estaba robando, y llamó a carabineros. Llegó una pareja de
carabineros y me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de donde era,
yo les respondí que de Choque. Después llegó un carabinero Sanzana y
empezaron a insultarme y cachetearme, diciéndome que yo sabía quien
había quemado la casa de González (Campamento Ranquilhue). Me dijeron
que tenía que nombrar a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo, y me
mostraron unas fotos. Estuve una noche y al otro día me llevaron a
declarar ante el fiscal Morales”.
“Tiempo después llegaron a mi casa y me dijeron que el fiscal Elgueta
quería hablar conmigo, y me llevaron nuevamente. Elgueta me dijo que
tenia que declarar lo mismo que me dijeron los carabineros y me hicieron
firmar unos papeles, o me iba a mandar a matar”. “Otro día andábamos
cazando con mi hermano y unos amigos y llegó una patrulla de carabineros
y nos detuvo y nos comenzó a golpear con las culatas de las armas en la
cabeza y nos arrastraron y patearon en el suelo, a mi hermano hasta le
quebraron un diente. Nosotros tenemos las fotos de esto. Quisimos hacer
la denuncia y fuimos a la Fiscalía de Cañete a denunciar lo que nos
había pasado pero nos dijeron que dichos papeles los iban a mandar a la
Fiscalía Militar de Concepción. Tiempo después fuimos allá pero no había
nada”.
“Después nuevamente (carabineros) llegaron hasta la comunidad, donde nos
encontrábamos trabajando en la casa de mi hermano, esta vez me
dispararon dejándome herido por lo que debí ser trasladado hasta el
hospital de Cañete”, denunció Parra Leiva. Dicho relato es acorde con el
diálogo sostenido con este periodista quien viajó en octubre pasado a
dialogar con él en la cárcel El Manzano de Concepción. En aquella
oportunidad se pidió no hacerlo público hasta que los familiares lo
decidieran.
Esta no fue la noticia más importante de la semana en los medios de
comunicación, como sí lo fue el montaje que mostraba a un supuesto padre
mapuche usando a sus hijos de escudo. A juicio de los prisioneros
políticos mapuche de Concepción, en el caso de Cesar Parra se configuran
los delitos de “delación, extorsión, chantaje, tortura, y amenaza de
muerte”. Hace algunos días se presentó un proyecto de ley que entregaría
mayores facultades al Ministerio Publico, entre ellas la intervención
telefónica, sin requerir de la autorización de algún Juez de Garantía.
Finalizan haciendo un llamado a denunciar al Ministerio Publico chileno
y a investigar su accionar "corrupto, inmoral y delictual”, señalan.
Especialmente a los fiscales Moya, Elgueta y Cruz. Llaman a no dejarse a
engañar por ellos (los fiscales), a no aceptar sus ofrecimientos y a
denunciar sus amenazas y chantajes. Solicitan proteger "al hermano Cesar
Parra Leiva y su familia ante las represalias que pudieran sufrir".
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ALEJANDRO HERRERA, UFRO