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FOTO DE
PABLO DÍAZ. |
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Los cuatro años de gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet se terminan con el Wallmapu en una espiral
de violencia colonial que golpea de lleno a nuestro pueblo. La muerte de
nuestros jóvenes, cobardemente asesinados por Carabineros de Chile; los
traumatismos de nuestros niños, algunos de ellos incluso tiroteados con
perdigones; las brutalidades contra nuestros ancianos, nuestros longko y
machi, golpeados y humillados en los continuos allanamientos de nuestras
comunidades por parte de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales
Especiales (GOPE), son la respuesta del Gobierno a las históricas
reivindicaciones de nuestro pueblo.
Frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras que
legítimamente son nuestras, el Estado chileno ha optado por la
represión, militarizando una vasta zona del País Mapuche. La estrategia
es la intimidación, doblegar la voluntad, paralizar por miedo. La
táctica son los allanamientos violentos contra las comunidades y hogares
estudiantiles: se trata, en estos cuatro años, de cientos de
allanamientos; algunas comunidades, como Temukuykuy, victimas de un
estado de sitio permanente. El método es el ataque con tropas de choque,
que equipadas con armas de guerra irrumpen brutalmente y en medio de
insultos racistas golpean a las personas y destruyen sus casas. El costo
humano para nuestro pueblo son cientos de heridos, muchos a bala o
perdigón, algunos con secuelas físicas graves de por vida, y cientos de
detenidos entre hombres, mujeres, niños y ancianos, todos maltratados y
fichados como delincuentes.
Estamos aquí ante operaciones punitivas colectivas –pues la acción
represiva no está dirigida contra una persona en particular sino contra
la población de la reducción o los estudiantes del hogar en su conjunto–
que se inscriben en una estrategia de intimidación dirigida contra todo
el pueblo mapuche. Operaciones de este tipo fueron practicadas por la
Dictadura, cuando tropas del Ejército tomaban por asalto poblaciones
enteras como fue el caso de La Pincoya o La Victoria. El método de la
punición colectiva es empleado hoy por el régimen chino contra tibetanos
y uigures, por Turquía contra los kurdos o por Israel contra los
palestinos; en el pasado lo usó la Francia colonial en Argelia e
Inglaterra en Irlanda, también el Estado español contra los vascos y,
desde luego, Chile y Argentina durante la «Pacificación de la Araucanía»
y la «Campaña del Desierto», respectivamente. A lo largo de la historia
ha sido siempre parte del arsenal represivo de los regímenes coloniales
o de opresión nacional.
Carabineros es en Wallmapu una fuerza de ocupación y se comporta como
tal; a ninguna categoría de la población chilena da el Estado el trato
reservado a los mapuche. Las imágenes filmadas por Canal 13 el pasado 16
de octubre, que muestran cómo elementos del GOPE agreden salvajemente en
la comisaría de Ercilla a nuestro peñi Carlos Kurinaw, hijo del longko
de la comunidad Wañako Millaw, permiten hacerse una idea del
comportamiento de esta tropa cuando opera al interior de las
comunidades, lejos además de las cámaras de la televisión y los
profesionales de la prensa. La violencia es también el hostigamiento
policial, que en un contexto colonial es siempre racista. Una
ilustración es la detención abusiva, el 3 de abril de 2008, de nuestro
peñi Waykilaf Kadin cuando salía de la Intendencia Regional, filmada por
un equipo de Canal 2 de Temuko presente en el lugar. La prepotencia
policial fue tal que provocó la indignación del público presente, así
como los comentarios escandalizados de un periodista del canal que
cubría el hecho. Aquí la derecha no habla de vejámenes ni abusos
policiales, por el contrario, guarda hipócrita silencio.
De la misma impunidad benefician los jefes policiales responsables del
montaje destinado a encubrir el asesinato del peñi Jaime Mendoza Kollio.
Quedó demostrado que las fuerzas represivas fabricaron pruebas y
mintieron; más allá de un discreto y expedito traslado –en la misma
función– a Magallanes del entonces Jefe de la IX Zona de Carabineros,
Cristian Llévenes, ¿cuáles son las sanciones que el Gobierno prevé
aplicar ante hechos de tal gravedad, comunes durante la pasada dictadura
pero inaceptables en una democracia? ¿Qué garantía puede haber así de
que se haga justicia y se castigue a los responsables de los asesinatos
de Alex Lemun y Matías Katrileo, cuando sus casos radican en la justicia
militar? En un verdadero Estado de derecho democrático los crímenes de
militares contra civiles son competencia de la justicia penal ordinaria.
No es el caso en un país como Chile, con una Constitución heredada de la
dictadura y con poderes fácticos que han secuestrado por décadas la
soberanía popular.
La represión policial va acompañada, lógicamente, de la represión
judicial. E incluso del ensañamiento judicial, cuando se trata de dar
satisfacción a los poderosos: la condena el 2003 a cinco años de cárcel
por «amenaza terrorista» de los longko Pascual Pichun y Aniceto Norin,
ilustra bien la parcialidad de la justicia. Reclamada por Agustín
Figueroa, latifundista en Wallmapu, miembro de la Corte Suprema y ex
ministro del Presidente Patricio Aylwin, la condena la consigió en un
segundo juicio, luego que un primer juicio absolviera a los longko. Se
trata de juicios políticos, dirigidos contra militantes a quienes se les
aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista.
El uso de una legislación de excepción por parte del Estado es criticado
no sólo en Chile sino también por importantes organismos internacionales
de Derechos Humanos. Ya en 2003 el informe elaborado por el Relator
Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, instaba al Gobierno a renunciar a
su utilización por ser desproporcionada. En 2009, el nuevo Relator
Especial James Anaya, en un segundo informe sobre la situación vuelve a
insistir en el mismo sentido.
El responsable político de la represión contra nuestro pueblo es
naturalmente el Gobierno de Chile, que no ha estado a la altura del
conflicto en Wallmapu. Más aun, que no quiere ver su naturaleza política
ni sus raíces históricas, criminalizando las movilizaciones y
encarcelando nuestros hermanos. En vez de examinar el problema en toda
su magnitud y complejidad y abordar las causas de fondo y buscarle
solución, el Gobierno se ha comportado como simple sirviente de la
CORMA, la SOFO y los latifundistas. Ha invertido cientos de miles de
dólares para la protección de latifundistas y plantaciones forestales;
otros cientos de miles son invertidos para el equipamiento de las
fuerzas represivas utilizadas contra los mapuche. Todo un despliegue de
medios y recursos por parte del Estado para resguardar los privilegios
de los poderosos y reprimir a nuestra gente de las reducciones.
Una historia de violencia colonial
La violencia en Wallmapu no la instaló el pueblo mapuche sino el Estado
chileno, y se inició con la invasión chilena a nuestro territorio
independiente en la segunda mitad del siglo XIX. Como toda guerra de
ocupación, la conquista chilena fue cruenta. A medida que avanzaba la
ocupación desde el norte, la limpieza étnica mediante masacres de
poblaciones indefensas, el saqueo del ganado (o la matanza del que no se
podían llevar los soldados chilenos y sus auxiliares), sin olvidar el
robo de miles de joyas de plata, el incendio de las casas y la
destrucción de los sembrados, empujaba a la población sobreviviente
hacia el sur. Miles de guerreros muertos defendiendo el País Mapuche y
la independencia, niños, mujeres y ancianos indefensos masacrados, la
«Pacificación de la Araucanía» significó una enorme sangría demográfica
para nuestro pueblo. La derrota militar en ambos lados de la Cordillera
de los Andes tuvo como consecuencia la división de nuestra nación por
dos Estados, la expoliación territorial, la destrucción de la base
económica ganadera y comercial y el debilitamiento de la estructura
social. Pasamos de ser un pueblo soberano en nuestro propio país a la
condición de pueblo subordinado y colonizado. ¡Ello si que fue
violencia!
Con el objeto de liberar tierras para la colonización, el gobierno
chileno promulga en 1866 la llamada Ley de Radicación. Esta ley, que
preveía la concentración de la población mapuche en reducciones, no pudo
ser aplicada hasta el término de la guerra de ocupación, en 1883. A
partir de esa fecha y hasta 1929 el Estado creó unas 3.000 reducciones,
otorgando Títulos de Merced sobre 500.000 hectáreas de tierras
solamente. Esta superficie es claramente insuficiente; hay que
considerar que corresponden sólo al diez por ciento del territorio
mapuche independiente anterior de la invasión chilena. Por sí solas,
estas cifras ilustran la magnitud del despojo, que no hubiera sido
posible sin el sometimiento por la fuerza de nuestro pueblo. No somos un
pueblo pobre sino empobrecido. La pobreza mapuche actual se explica por
ese acto de despojo por parte del Estado chileno. Esta se agravó con la
usurpación por colonos y latifundistas de parte importante de las
tierras que el Estado había dejado, de acuerdo a su propia legalidad,
como propiedad de las reducciones mapuche. Víctima de la usurpación, de
la discriminación y violencia, nuestro pueblo no encontró tampoco amparo
en la policía ni en la Justicia, corrompidas y coludidas con los
asesinos y usurpadores.
El movimiento mapuche nació en un clima de violencia colonial en el País
Mapuche igual o peor al que se vive hoy. Las dos principales
organizaciones de los orígenes del movimiento, la Sociedad Caupolican
Defensora de la Araucanía, fundada en 1910, y la Sociedad Mapuche de
Protección Mutua fundada en 1916 ( transformada a partir de 1921 en
Federación Araucana) son creadas cuando colonos y latifundistas marcaban
al hierro candente a nuestros abuelos, les quemaban sus casas y los
asesinaban para apropiarse de sus tierras, cuando la policía al servicio
de los poderosos los perseguían y mataban pretextando combatir el
cuatrerismo y la delincuencia. Tal como en la actualidad, la violencia
colonial se legitimaba criminalizando al colonizado. Pese a ello,
durante las siguientes décadas nuestras organizaciones bregaron por
recuperar las tierras usurpadas y elaboraron distintas demandas que a la
base exigían dignidad y respeto, tan elemental como eso. Lo hicieron en
la calle y en los campos, en las urnas y en el Parlamento.
A fines de los años 60’ y principios de los 70’ gran cantidad de
comunidades se lanzaron a recuperar sus tierras en masivas
movilizaciones. Pese al clima de la época ningún latifundista fue muerto
por manos mapuche, pero si hermanos nuestros por latifundistas; es el
caso del peñi Moisés Wentelaf, asesinado en 1971 en el Fundo Cheske,
cuando contaba con sólo 24 años. Con el golpe de Estado militar de 1973
nuestro pueblo sufrió cientos de detenidos, muertos y desaparecidos. En
1984, en plena dictadura militar, muere el peñi Manuel Melin, egresado
de Pedagógia Básica y militante de Ad Mapu, también de 24 años. El
certificado de defunción consignó «fallecimiento por inmersión». Sin
embargo, días después la ACHA (Acción Chilena Anticomunista) depositó
una corona y una tarjeta en la entrada del local de Ad Mapu en Temuko.
La tarjeta decía: «Amigo de Ad Mapu, la muerte de Manuel te enseña».
Pese a estos golpes, las torturas y los asesinatos, nuestro pueblo no ha
renunciado ni renunciará jamás a su derechos. Cien años como movimiento
dan cuenta de ello, de una lucha justa, de un pueblo digno y orgulloso.
La injusticia y la violencia
Se pretende responsabilizar a nuestro pueblo de la violencia actual. Es
más, se intenta mostrarnos como un pueblo violento y belicoso. Pero hoy
como ayer son nuestros los muertos, los encarcelados y los heridos.
Ningún usurpador ha muerto o ha pagado con cárcel por sus robos; ninguna
autoridad política o policial ha sido juzgada por los crímenes y la
represión contra nuestro pueblo. La primera violencia, la verdadera
violencia, es la dominación colonial. Se pretende que soportemos con
infinita paciencia los golpes, las humillaciones y los asesinatos, que
nos conformemos con asistencialismo y programas de superación de la
pobreza. Pero, ¿se puede ser paciente cuando se sobrevive en reducciones
que son verdaderas villas miserias rurales, mientras al lado hay fundos
que prosperan en tierras que nos han sido usurpadas? ¿No es acaso una
violencia, una injusticia insoportable que unas cuantas empresas
forestales instaladas en gran parte del Wallmapu posean entre ellas más
de un millón y medio de hectáreas, más que todos los mapuche juntos?
¿Debemos aceptar, además, que estas forestales prosigan su expansión a
costa nuestra, acosando y ahogando a nuestras comunidades? ¿Qué mayor
humillación –por último– que la de tener que soportar la presencia en
nuestro propio suelo, controlando las vías de acceso a nuestras
comunidades, de los guardias de seguridad de estas mismas forestales,
milicias de matones que provocan y acosan a nuestra gente?
Los latifundios y las empresas forestales son las dos principales
fuentes de conflicto en Wallmapu, y no las comunidades. Hay conflicto
porque hay tierras expoliadas, y no somos nosotros los mapuche quienes
corrimos por la fuerza a los wingka, asesinando y robando para quedarnos
con sus tierras. Las recuperaciones de nuestras tierras son por lo tanto
actos legítimos: una cosa es la legalidad en la que se amparan los
usurpadores y las autoridades políticas, y otra la legitimidad que
tenemos como pueblo para recuperar lo que nos fue expoliado por la
fuerza y la violencia. El modelo económico neoliberal que el Estado
chileno impone al Wallmapu nos arrincona como pueblo, deforma nuestro
territorio y provoca graves problemas medioambientales. Es injusto que
sea nuestro territorio el que se vea expuestos a políticas energéticas,
como la construcción de represas, que benefician principalmente al
desarrollo de Santiago y en particular las actividades productivas de
los grandes empresarios. ¿No constituye acaso una situación violenta que
el Wallmapu posea los más altos índices de pobreza?
La agudización de la violencia
Frente a las provocaciones de la derecha y a la violencia del Estado, el
movimiento mapuche debe responder políticamente. En nuestra condición
actual de nación oprimida y colonizada, los mapuche carecemos del poder
económico y la fuerza militar que si poseen quienes nos oprimen y
explotan. Pero sí podemos, en el terreno político, crear correlaciones
de fuerza favorables a nuestros objetivos nacionales; la gran simpatía
que tiene nuestra lucha en amplios sectores deberá cristalizar
políticamente. Sabemos que se trata de una lucha de largo aliento, de un
proceso prolongado y difícil de acumulación de fuerza política propia en
función de un proyecto nacional incluyente y liberador. Pero es la única
vía posible: la liberación nacional mapuche, la construcción de un
Wallmapu autónomo y democrático serán la obra del pueblo mapuche en su
conjunto y no de una «vanguardia necesaria» autoproclamada. En política,
los caminos que parecen más cortos y directos suelen ser a menudo
callejones sin salida. La nuestra es una lucha social, política, de
masas o simplemente no lo es.
Para un movimiento nacional que debe desarrollarse en condiciones
difíciles, para un pueblo que la colonización ha minorizado en su propio
territorio y empobrecido materialmente, que la dominación chilena ha
fragilizado como nacionalidad, con la marginalización del mapuzugun y la
folklorización de nuestra cultura, la agudización de la violencia
tendría graves consecuencias. La estrategia consistente en «agudizar las
contradicciones» en un contexto de debilidad estructural puede llevar al
bloqueo definitivo de un proyecto nacional. Para el movimiento mapuche
no tiene ningún sentido agudizar la violencia en un conflicto que sólo
puede tener soluciones políticas, y cuando además el costo humano lo
paga nuestro pueblo. Las proclamaciones exaltadas, la virulencia verbal,
los discursos y la fraseología seudo revolucionaria y militarista sólo
sirven para ocultar la ausencia de un proyecto político y nacional
coherente. ¿Es un camino enviar «al frente», contra fuerzas equipadas
con armas de guerra y absoluta impunidad en su actuar, a comuneros
mapuches desarmados? Bajo ningún punto de vista. ¿Qué cultura política
es aquella que legitima con el culto cristiano a los «mártires» el
crimen de jóvenes apenas salidos de la adolescencia? Claramente no
aquella que hemos heredado de nuestros ancestros.
El escenario de violencia desatada sólo sirve a los fines de aquellos
que no quieren una solución política realmente nacional en Wallmapu, de
quienes quieren resolver el conflicto político por medio del
sometimiento violento: por un lado los latifundistas y empresarios que
fundan sus riqueza y privilegios en el saqueo de nuestro pueblo, por
otro los sectores duros del Estado, partidarios de mayor represión. Es
en este contexto que hay que situar las denuncias de personeros de
derecha, tendientes a vincular la lucha de nuestro pueblo con grupos
como las FARC y la ETA. Y es también en este contexto que debemos situar
un supuesto comunicado mapuche, donde los firmantes declaran la «guerra
al Estado» y hacen un llamado a las comunidades «a seguir la misma
senda». Que se trate del delirio irresponsable de un grupo desconectado
de la realidad o de la manipulación de los servicios de inteligencia
chilenos, esta «declaración de guerra» en nada contribuye a la lucha
histórica de nuestro pueblo.
La escalada verbal que acompaña la escalada de la violencia policial
permite a los sectores más violentistas del Estado justificar la
represión y a la derecha desviar la atención de los verdaderos grupos
armados y terroristas que existen en Wallmapu: Por un lado el Comando
Trizano, banda paramilitar de latifundistas que ha anunciado
públicamente sus intenciones criminales y donde hasta la fecha ninguno
de sus miembros ha sido detenido ni ha debido responder ante la
justicia; y por otro, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE),
fuerza de elite de Carabineros de Chile, responsable del asesinato de
Jaime Mendoza Collio y del baleo indiscriminado de niños y niñas
mapuches al interior de las reducciones. En este último caso, por
tratarse de una institución armada cuyo mandato es gubernamental,
podemos hablar de la existencia en Wallmapu de un verdadero escenario de
terrorismo de Estado.
Nuestro pueblo tiene derecho a defenderse y a rebelarse. Pero debe usar
esa energía para la construcción política nacional. Nuestra lucha de
liberación tiene legitimidad histórica y moral; las concepciones
modernas del derecho no pueden más que reafirmar nuestro carácter de
pueblo con derecho a la autodeterminación. Son hoy otros factores, sobre
todo políticos y económicos, que impiden su real ejercicio en Wallmapu.
Depende de nosotros, de todo el pueblo mapuche, que ello algún día sea
políticamente posible.
Próximo gobierno: soluciones políticas o violencia
El Gobierno que asumirá en marzo, cualquiera que sea, debe tener claro
que sin la voluntad del Estado de devolver las tierras reclamadas por
las comunidades y avanzar en un mayor estándar de reconocimiento de
nuestros derechos nacionales, las movilizaciones de nuestro pueblo
continuarán. Si el próximo Gobierno decide proseguir la política
represiva de sus predecesores, lo único que provocará con ello es una
agudización del conflicto. Si esa fuera su voluntad, debe saber que la
violencia no intimidará a nuestro pueblo. No lo hizo en el pasado ni lo
hará en el futuro. Trataron de aniquilarnos y somos un pueblo más vivo
que nunca. Han tratado de humillarnos y hoy somos más orgullosos de
nuestro origen. Lo demuestran a diario las nuevas generaciones. Lo
grafican a diario cientos, miles de mapuches que en diversos espacios,
en diversas trincheras del quehacer político, social, económico y
cultural de nuestro pueblo, se organizan y toman conciencia de su negada
identidad nacional.
Pero el próximo Gobierno tiene también la posibilidad de renunciar al
uso de la violencia frente a nuestras reivindicaciones y buscar, a
través de la negociación política, soluciones que hagan justicia a
nuestro pueblo. La actual política represiva arrastra al Wallmapu a un
conflicto que será tan largo como inútil, pues al final el Estado tendrá
de todas maneras que buscar soluciones políticas. El Estado puede y debe
cambiar de política, asumiendo que la única solución no sólo justa sino
además eficaz para resolver el escenario actual de conflicto es la
devolución de las tierras usurpadas y expoliadas, hoy en manos de los
latifundistas y empresas forestales. Si quienes asumirán el gobierno del
Estado dentro de cuatro meses tienen la voluntad política de resolver
los conflictos territoriales mediante la negociación, ésta deberá
centrarse necesariamente en dos temas fundamentales:
— La compra masiva por el Estado de tierras actualmente en manos de
empresas forestales y de latifundistas para su devolución a los
diferentes lof que las reclaman. El Estado dispone de los recursos
financieros para hacerlo y le corresponde hacerlo, pues cuando no fue él
quien nos expolió directamente de nuestras tierras para entregarla a
colonos y latifundistas, fue él quien avaló a través de su sistema
judicial dichas usurpaciones.
— El abandono por el Estado chileno de la política represiva en Wallmapu.
Ello implica el retiro del GOPE del País Mapuche, la desmilitarización
de las zonas en conflicto, renunciar el Gobierno a la aplicación de la
Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista, y la
liberación y amnistía de los presos políticos mapuche, recluidos hoy en
diversas cárceles chilenas.
La viabilidad de un acuerdo político de estas características no
dependerá de la buena voluntad del gobierno. Dependerá, en definitiva,
de nuestra propia capacidad para acumular fuerza política y social y
transformarnos así en actores de primer orden. Hoy, con un movimiento
mapuche dividido frente al Estado, con un movimiento nacional débil
política y orgánicamente, sin real capacidad de tomar la iniciativa
frente al Estado, es difícil que esto ocurra. Es por ello que
reafirmamos que en las actuales condiciones, tanto el diálogo político
como la negociación no son caminos transitables de buenas a primeras.
Hoy la correlación de fuerzas es absolutamente desfavorable para nuestro
pueblo y asumirlo, más que una derrota, constituye un ferviente llamado
a la acción. En la actual coyuntura que enfrentamos, es deber de cada
sector mapuche trabajar por afianzar embriones de organización y poder
político propio. Ello en cada territorio, en cada lof, en cada
población, en cada gremio profesional, en cada junta de vecinos, comité
de vivienda e inclusive club social o deportivo. Trabajar diariamente
por construir País Mapuche, allí donde estemos y bajo el soporte
organizacional que mejor nos represente.
En tiempos de violencia colonial, la respuesta de quienes componemos el
movimiento mapuche no puede ser el sectarismo o el egoísmo político.
Propiciar instancias de diálogo interno, fortalecer alianzas,
restablecer confianzas entre las organizaciones mapuche se yergue hoy
como una responsabilidad de todos y todas. No es una organización o
comunidad en particular quien sufre hoy la violencia colonial: es
nuestro Pueblo en su conjunto. Tampoco puede ser nuestra respuesta a la
coyuntura el radicalismo étnico, graficado en irresponsables llamados a
la confrontación con los «chilenos». Wallmapuwen, en tanto colectividad
nacionalista, reivindica el Wallmapu como hogar nacional de los mapuche.
Sin embargo, dicha aspiración no es excluyente de la población chilena,
que sufre como nosotros las consecuencias de un modelo excluyente y
profundamente antidemocrático. Ser capaces de hermanar nuestras justas
reclamaciones históricas con el sentir de una mayoría regional no solo
es una necesidad estratégica: constituye un mandato democrático.
He aquí la única garantía que el dolor y la rabia del presente, y que
nuestros niños baleados sienten dolorosamente en la piel, pueda aminorar
en el futuro.
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