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“Un histórico encuentro sostuvieron
ayer en La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet y lonkos de la Alianza
Territorial Mapuche, entidad que ha liderado las últimas tomas de
predios en la Araucanía. En la inédita reunión, también participaron los
gremios empresariales que han sido objetivo de ataques, como los
agricultores y camioneros. Los mapuches realizaron una rogativa en el
Salón O’Higgins para bendecir el encuentro. Luego, la Mandataria
agradeció su presencia y destacó la importancia de lograr acuerdos a
través del diálogo”.
Lo anterior, publicado por La Nación
el pasado viernes 6 de noviembre y reproducido por la cadena de
periódicos de El Mercurio, pretendía ser una bomba noticiosa. Tras meses
de conflicto declarado, con comunidades movilizadas en diversos puntos
de la zona sur, decenas de fundos ocupados, cientos de familias mapuches
violentadas por Carabineros, un joven comunero asesinado por la espalda
y observadores internacionales arribando al país para constatar dicho
escenario de conflicto, el gobierno se anotaba un triunfo político de
proporciones.
No solo lograba que la Alianza
Territorial Mapuche, entidad duramente reprimida por su liderazgo en las
movilizaciones, aceptara deponer su actitud “beligerante”. También que
sus dirigentes se sentarán en una misma mesa con empresarios
representantes de diversos gremios del sur, ambos sectores -en teoría-
enemigos acérrimos. Y todo ello posible gracias al liderazgo de la
Presidenta Michelle Bachelet, paladín del “diálogo” en la resolución de
un conflicto histórico para el país y que anteriores administraciones
jamás lograron siquiera comprender. Simplemente grandioso.
¿Qué diferencia el gobierno de Bachelet de la administración Aylwin,
Frei o Lagos? Su departamento de relaciones públicas, a todas luces. Y
es que la denominada “cumbre” entre mapuches y empresarios publicitada
por La Nación no pasó de ser una estudiada operación comunicacional. Una
operación de desinformación pública, de manipulación, de
contrainteligencia a fin de cuentas, que solo buscaba desviar la
atención de la ciudadanía de lo central: un escenario de conflicto que
lejos de aminorar se agrava aun más día tras día en el sur de Chile.
Sino, ¿cómo entender que se publicite, con bombos y platillos, una
reunión donde uno de los actores principales no estuvo presente?
En los hechos, ningún dirigente de la
Alianza Territorial Mapuche asistió a la reunión. Más grave aún, los dos
“lonkos” invitados a La Moneda y señalados por La Nación como “voceros”
de la entidad mapuche jamás fueron tales. Arnoldo Ñanculef, uno de
ellos, resultó ser un ex operador político del departamento indígena del
Partido Socialista, hoy presidente de una Asociación Indígena dedicada a
la gestión empresarial y con nexos que van desde CorpAraucania –gremial
empresarial de Temuco- hasta Forestal Bosques Cautín. Hugo Alcaman, el
otro “lonko” citado por La Nación, resultó ser por su parte un
suboficial retirado de la FACH y actual empresario del rubro turístico
en Temuco. Es, además, uno de los más entusiastas promotores del
megaproyecto “Aeropuerto Internacional de La Araucanía”, impulsado por
el MOP en la comuna de Freire y al cual se oponen diversas comunidades
mapuches de la zona.
Imposible de sofocar con violenta represión, el objetivo del gobierno
pareciera enfocarse en las últimas semanas en su contención en los
medios. En plena recta final de una campaña presidencial que se observa
compleja, cuando no adversa en el horizonte, la orden del día en La
Moneda pareciera ser “mentir, mentir, que algo queda”. “¿Conflicto en la
zona mapuche?, en absoluto, las partes dialogaron en La Moneda y todo
resuelto”, “¿Niños heridos por el actuar indiscriminado de Carabineros
en comunidades?, nada más alejado de la realidad. La culpa es de los
mapuches, que los usan como escudos humanos”. Esto último lo señaló y
con todas sus letras el subsecretario del Interior, Patricio Rosende,
tras ser duramente cuestionado el gobierno por organismos
internacionales.
No fue casual la denuncia de Rosende. Su aparición en los medios, La
Nación y El Mercurio paradójicamente unidos como buques insignias en
esta campaña, coincidió con el arribo a Chile de una misión oficial de
la UNICEF, encabezada por su representante Gary Stahl, quien sostendría
reuniones con diversas autoridades de gobierno tanto en Santiago como en
Temuco. Pero lo de Rosende no solo quedó en declaraciones. Un video
filmado por Carabineros en Temucuicui y editado a conveniencia en sus
cuarteles, era a ojos del personero de Estado la prueba fehaciente del
último salvajismo acreditado de los mapuches. Allí se observaban dos
niños junto a un comunero a rostro cubierto que interpelaba al
Carabinero que los grababa. Quedaba claro que los menores, más que
“escudar” al comunero, se protegían tras su figura. Pero la duda en los
enviados especiales de UNICEF ya había sido instalada por Rosende.
Pese a ello, al acudir el lunes 2 de
noviembre a La Moneda, Gary Sthal demandó del gobierno la “protección de
los niños durante los allanamientos policiales a comunidades”. “No es
para nosotros (el que) haya o no allanamientos, pero que en su actuar
protejan a los niños. Hay diferentes maneras de actuar si hay niños
presentes o no”, enfatizó Sthal. “(Hasta el momento), no hemos visto
ninguna investigación imparcial para saber exactamente qué ha pasado.
Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia,
tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una solución para que esto no
vuelva a pasar en el futuro”, interpeló el personero de UNICEF, en
directa alusión al violento actuar de Carabineros en el sur del país,
actuar acreditado y documentado hasta el hartazgo por las propias
organizaciones mapuches, organismos de derechos humanos y las propias
instituciones públicas encargadas de la asistencia a los menores de
edad.
La suerte que corren los niños mapuches en medio de la violencia
policial viene siendo un tema conocido desde hace tiempo. En septiembre
recién pasado, según reporte del El Diario Austral de Temuco, circulaba
ya en la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la IX Región (Junji)
un informe elaborado por un profesional de la entidad estatal, Juan
Carlos Catrío Huentecol. Este documento detallaba el daño psicológico
observado en los niños producto de la constante irrupción policial en
las comunidades. “Trastornos del sueño, angustia ante el ruido de
helicópteros, miedo a la presencia policial y juegos donde simulan
enfrentamientos entre Carabineros y comuneros, son las acciones más
comunes apreciadas por Catrío”, decía la nota. Pero no se mencionaba
nada de “escudos humanos”. No lo entiende así El Mercurio. Menos aun su
brazo armado, La Segunda, que llegó a editorializar con la historia de
los niños como “escudos humanos” inventada por Patricio Rosende. La
editorial de La Segunda no solo se basaba en hechos inexistentes.
También y sobretodo, era malintencionada.
Tan malintencionada como la actitud del General de Carabineros y Jefe de
la Novena Zona Policial, Hero Negrón, quien tras recibir denuncias de
niños afectados por la acción policial de parte del abogado del
Observatorio Ciudadano, José Aylwin, tergiversó todo el trasfondo de la
reunión, anunciando en El Mercurio que su institución investigaría a
fondo la “utilización de niños” en las acciones de protesta mapuche. La
nota de El Mercurio, titulada “Carabineros investigará presunta
participación de niños en protestas mapuches”, versaba sobre la supuesta
preocupación de la ONG encabezada por Aylwin, debido a que “algunos
comuneros usan a menores dentro de las acciones violentistas”. Aylwin
calificó la nota como una manipulación y “tergiversación absurda”.
“La denuncia de El Mercurio y el
subsecretario Rosende no corresponde a la realidad. El trabajo de
documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los
últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en
la Araucanía, que involucran a comunidades mapuche y efectivos
policiales, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan
sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos
humanos”, señalaría en un comunicado posterior. A juicio del destacado
abogado, “tanto el Subsecretario como el general Negrón no pueden alegar
desconocimiento de esta realidad, puesto a que diversas entidades
nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les
hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos
casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción”.
“¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces?”, se preguntó Aylwin. “Lo
que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la
responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de
Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se
pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las
autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de
Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes
dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios
policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos
administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda,
además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los
mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar
delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones
armadas, como lo son carabineros”, subrayó.
* Publicado originalmente en
www.puntofinal.cl
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