TEMUKO / La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) deberá anular el pago de unos $3 mil millones en subsidios individuales y colectivos asignados fuera de concurso a mapuches para la adquisición y ampliación de tierras, conocidos como "casos especiales". Ello, luego que la Contraloría Regional por medio de su dictamen 4.400 declarara ilegal el procedimiento y ordenara instruir un sumario para establecer responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales.

Son entre 75 y 115 subsidios individuales hasta por $20 millones cada uno y 5 a 7 colectivos hasta por $200 millones, correspondientes al XI Concurso de Subsidios para Ampliación de Tierras 2008, circunscrito a las regiones del Biobío, Araucanía, los Ríos y los Lagos, convocado en febrero último, asignados en junio y cuyos resultados fueron publicados en julio pasado.

Las irregularidades fueron establecidas por el organismo contralor después de investigar una denuncia interpuesta por el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, Manuel Namuncura (DC). La denuncia atribuye responsabilidades a los consejeros nacionales Hilario Huirilef (PPD) y José Santos Millao (PS), integrantes del comité seleccionador de subsidios, quienes habrían favorecido fuera de concurso a familias y comunidades de los distritos electorales 51 y 52, con el propósito de satisfacer a su "clientela política" en el marco de las futuras elecciones parlamentarias.

El director de la Conadi, Álvaro Marifil (DC), confirmó la resolución de ilegalidad y precisó que el Ministerio de Planificación designó un fiscal para instruir un sumario con el fin de establecer las responsabilidades y, eventualmente, poner los antecedentes en conocimiento de los tribunales si hay delitos. "No creo que sea un escándalo", expresó Marifil al explicar que la Contraloría objeta o encuentra ilegal, contrario a la Ley Indígena, la incorporación del artículo 7 ("casos especiales") de esa norma a las bases del reglamento del concurso, porque se establecen excepcionalidades que estima ilegales.

"Esto significa que las familias beneficiadas, que son setenta y tantas, no podrán recibir esos subsidios y los 3 mil millones deberán ser reasignados al Fondo de Tierras y Aguas", afirmó el directivo de la Conadi. Paralelamente, el fiscal del Ministerio Público Cristián Crisosto investiga la posible comisión de delitos en estos hechos. Trascendió que Ministerio Público dio protección policial a funcionarios de la Conadi que denunciaron el caso, luego que estos últimos denunciaran amenazas en su contra.

Consejeros en la mira

La Ley Indígena señala que el fondo de tierras provee subsidios para la compra de predios por parte de personas o comunidades que postulan con un puntaje que está dado por ahorro previo, situación socioeconómica y grupo familiar. Y en el caso de las postulaciones de comunidades, se agrega la antigüedad y el número de asociados. Sin embargo en una reunión que se realizó el 18 de julio en Santiago, se les asignó el subsidio a 74 casos especiales, al margen del proceso de subsidio.

El número de beneficiados excepcionales ascendió a 115 en el listado oficial con los resultados del "11° Concurso Subsidio Adquisición de Tierras para Indígenas Año 2008". Es decir, casi la mitad del fondo de tierras en la región (2 mil 370 millones de 5 mil 280 millones de pesos) se asignó fuera de concurso. Esta situación irregular trascendió por un funcionario de Conadi, que se negó a firmar la adjudicación, considerándola irregular. La denuncia fue ratificada ante el Ministerio Público por la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi, pero el concurso se adjudicó igual.

Mientras la reunión en cuestión se realizaba en Santiago, un grupo de diversas comunidades se tomaba las dependencias de la dirección nacional y entre ellos había letreros de varias organizaciones indígenas, sobre todo de AD-Mapu, de la cual es dirigente uno de los consejeros nacionales, José Santos Millao (PS). Los manifestantes apelaban a promesas hechas por algunos de los consejeros para ser electos.

Más de 60 de los subsidios sin puntaje benefician a indígenas de algunas de las comunas del distrito 51, donde Hilario Huirilef sería próximo candidato a diputado por el PPD. Huirilef es conocido en la IX Región como secretario del diputado PPD, Eugenio Tuma, y es uno de los 4 mapuches del Consejo Nacional (el quinto es un consejero urbano de Santiago) que designa el Presidente a propuesta de las comunidades o asociaciones indígenas. Su hermano Luis Huirilef es, a su vez, el alcalde PPD de Chol Chol, comuna que también pertenece al distrito 51, por donde piensa competir el actual consejero nacional.

El otro consejero que estuvo en el comité de preselección del subsidio que sesionó a puertas cerradas fue José Santos Millao, concejal por Purén. A la anterior comuna pertenecen 20 de los mapuches seleccionados fuera de concurso, a los cuales se les asignaron $20 millones per cápita por un total de 400 millones de pesos. Hay otros 11 beneficiados fuera de concurso de Cañete (con 12 millones cada uno), comuna a la cual pertenece otro de los consejeros nacionales en representación de los mapuches, Miguel Liguempi.

Huirilef protesta

Molesto se mostró el consejero ante Conadi, Hilario Huirilef tras conocer el informe emanado por Contraloría. El dirigente, quien es sindicado públicamente como uno de los principales responsables de las irregularidades, hizo un llamado a la calma y convocó al Director de la Conadi a "dialogar" respecto a la decisión que adoptará la Corporación. El consejero, quien realizó hoy martes una manifestación fuera de la Intendencia de la Novena Región para criticar la medida de Contraloría Regional, señaló que la responsabilidad es de la propia Conadi, y pidió a la entidad que se reconsidere la medida, "porque los recursos ya fueron entregados".

Precisó además que "el Comité de Preselección integrado, entre otros por Daniel Neculpán, Richard Mansilla, Hilario Huirilef y Santos Millao, trabajamos en estricto apego a las Bases que reglamentan el actuar de dicho Comité y cuya única facultad es proponer al Director la asignación de los subsidios, quien es finalmente el que ratifica o rechaza dicha propuesta". Huirilef lamentó que la Asociación de Funcionarios haya realizado la denuncia solo motivados por lo que denominó "un factor político". "Los funcionarios sabían de esta anomalía en el mes de enero y nunca dijeron nada para corregir dejando consumar esta compleja situación", sentenció / AZ

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