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FOTO DE AGENCIAS. |
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“El informe da cuenta de un caso de
un niño detenido desaparecido en democracia. José Huenante, un niño que
en 2005 fue visto ser arrestado por una patrulla policial en Puerto
Montt y desde entonces su paradero se desconoce. En marzo de 2009, casi
cuatro años y medios después de la desaparición de José Huenante,
entonces de 16 años, se formalizan a tres carabineros y son dados de
baja por secuestro y sustracción de menores”, detalló el director del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge
Contesse.
“Una persona que es vista por última vez siendo detenido por una
patrulla de Carabineros y después de eso no hay registro de su paradero
es una persona que fue detenida y que hoy está desaparecida”, agregó.
Este caso es uno de los antecedentes que contiene el documento y que
concluye además que existen “problemas estructurales” en las políticas
de defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Ante esta denuncia el ministro Secretario General de la Presidencia,
José Antonio Viera Gallo, indicó que “llamar desaparición forzosa de
persona al caso que se refiere el informe de la universidad no puede
sino confundir a la opinión pública y es algo que esta universidad
debiera aclarar tajantemente”. En la misma línea, el ministro del
Interior, Edmundo Pérez Yoma señaló que esta es una “información audaz
que no corresponde a la realidad. Este es un gobierno sumamente
transparente, que no oculta información”. Sostuvo que “toda esta
argumentación y todos estos informes que han estado saliendo son
absolutamente fuera de lugar y me parece que no se puede seguir porque
se desprestigia todo lo que se ha hecho en la defensa de los derechos
humanos y durante estos años en el país, creo que son acusaciones
irresponsables”.
Sin embargo, en las últimas horas, el
abogado de la familia del menor, Luís Correa Bluas, aseguró que el
fiscal que lleva el caso, Sergio Coronado, actúa presionado para
traspasar el caso a la justicia militar, situación que de producirse,
restaría transparencia al proceso seguido hoy contra tres funcionarios
policiales. “El fiscal instructor de la causa presenta la petición a la
justicia militar presionado. Obro por ordenes superiores, ha dicho, a
menos que esté faltando a la verdad", manifestó a El Diario de
Cooperativa. Según el legista, tanto el fiscal como el Ministerio
Público de la Región de los Lagos han presentado una manifiesta
intención de enviar el caso a la justicia militar.
“Ha existido una intención manifiesta de parte del Ministerio Público de
transferir este caso a la justicia militar, la cual ha sido cuestionada
por los órganos internacionales de Naciones Unidas, en cuanto a su
aplicación en materia de delitos comunes como este”, sostuvo el
profesional. Con esto se estaría contraviniendo una decisión de la Corte
de Apelaciones de Puerto Montt a mediados de año que legitimó la
competencia de la justicia ordinaria en este caso, por cual el abogado
solicitará la inhabilitación del fiscal en el caso. “Estamos pidiendo al
Ministerio Público que se inhabilite al fiscal y también al Ministerio
Público de la Región de los Lagos. No es una petición alucinada, porque
Justicia Militar es sinónimo de impunidad”, agregó.
Respecto a la acusación al Gobierno realizada en el VII informe de
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sobre que el joven
Huenante es el primer "desaparecido" en democracia, Correa Bluas sostuvo
que a su parecer, es así. “Nunca se ha imputado que el Ejecutivo tenga
responsabilidad, pero en el derecho internacional, las infracciones que
se cometen por órganos o agentes del Estado importan responsabilidad
internacional para el Estado de Chile. No significa que el Ejecutivo
haya dado una orden”, afirmó. Además el jurista señaló que de no ser por
la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, no existirían las pruebas para
llevar adelante un juicio oral contra los Carabineros sindicados como
eventuales participantes en la desaparición del joven, Juan Altamirano,
Patricio Mena y César Vidal.
Problemas diversos
El estudio, que se viene realizando desde el 2003, concluye que se
mantienen las deficiencias varias materias vinculadas a los derechos
humanos, mientras que en otros puntos se percibe que empeoran. A nivel
interno, el informe reconocen a los grupos más vulnerables en sus
derechos humanos, entre los que se encuentran mujeres, niños, pueblos
indígenas, migrantes y refugiados, personas con discapacidad y quienes
son víctimas de discriminación por su orientación sexual.
Pero en relación a la comunidad internacional, Contesse recordó que
Chile tuvo que rendir cuentas en tres instancias relacionadas a los
derechos humanos durante este año y manifestó que en esos informes
oficiales el gobierno “omitió” información crítica relevante para estas
evaluaciones”. “Esto da cuenta de la actitud ambivalente del Estado
chileno, cuando está fuera, delante de delegados de los otros países,
ante las recomendaciones, promete que va a invitar a participar a la
sociedad civil. De regreso en el país, no contestan los llamados,
simplemente”, señaló.
Otro de los temas que trató esta investigación es el medio ambiental.
Tomando cinco casos representativos de conflictos ecológicos: Pascua
Lama, Celco-Mehuín, planta de Metrogas en Peñalolén, termoeléctrica Los
Robles e HidroAysén, determinaron que la forma en que se han
desarrollado “ponen de manifiesto la práctica del uso de incentivos que
terminan por fraccionar a las comunidades afectadas”. En este sentido,
relevaron que la participación ciudadana en temas medio ambientales “se
encuentra muy por debajo de los estándares internacionales”.
“El proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental más ambicioso
desde 1994 podría revertir esta situación, pero todo parece indicar que,
más allá del ajuste y corrección de algunos aspectos, la participación
ciudadana en materia ambiental tendrá que seguir esperando”, concluye.
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ALEJANDRO HERRERA, UFRO