PUERTO MONTT / La Comunidad Mapuche “Pepiukëlen” de Pargua, que mantiene una demanda contra el estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió la semana recién pasada a través de la misma Comisión la respuesta que el Estado chileno había enviado el día 27 de septiembre en respuesta a la petición de informar que le hiciera el organismo internacional en agosto pasado, y que aduciendo que se trataba de materia “reservada” no le fue entregado a las familias mapuches.

La carta de la CIDH dirigida a la comunidad, fechada el 5 de octubre en Washington, solicita a los comuneros “presentar las observaciones que estime pertinentes dentro del plazo de 30 días”, lo que para Francisco Vera Millaquén “es un voto de confianza para nuestra comunidad y además queda claro que para la CIDH el informe de Chile no es muy creíble, de lo contrario habría rechazado derechamente las solicitud de medidas cautelares planteada por nuestra parte”.

El abogado Diego Carrasco, patrocinador de la causa señaló que “esto nos da la confianza que la CIDH nos ha creído, porque hemos planteado una situación de derechos humanos que afecta a la Comunidad, y lo hemos hecho en forma seria y con mucha responsabilidad”. Francisco Vera se expresó en duros términos ante este informe que, según señaló, “no solo ofende con mentira tan graves, sino que avergüenza en circunstancias como esta ser parte de un país en el que sus autoridades han perdido la honestidad y no les preocupa mentir con el fin de proteger intereses económicos que poco o nada aportan al desarrollo de la región”.

Entre las afirmaciones contenidas en el informe del Estado chileno y que carecen de efectividad, se señala que: “De conformidad con la normativa medioambiental vigente, previo a la instalación de la empresa Los Fiordos, las instancias administrativas competentes, en este caso la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) y la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), encargadas de verificar que cualquier proyecto de inversión y producción que pretenda desarrollarse en el país cumpla con las exigencias medioambientales que exige la ley chilena, efectuó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, en la oportunidad correspondiente se dicto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que permitió dar inicio a las faenas propias de la empresa”.

Luego el mismo informe agrega: “Tanto el EIA como la RCA, son elaborados tomando como base y antecedentes una serie de estudios técnicos... Una característica fundamental del sistema de evaluación de impacto ambiental que contempla la ley interna, dice relación con la participación ciudadana, que tiene por objeto que la comunidad que pueda verse afectada por un determinado proyecto productivo en su hábitat, formule las observaciones que estime pertinentes, a fin que sean éstas acogidas por los órganos competentes, y se traduzcan en definitiva, en exigencias adicionales para los titulares del proyecto.”

Para Vera Millaquén esto no pasa de ser “una burda mentira, ya que sólo basta con hojear la propia RCA Nº 187 del 22 de marzo de 2006 emitida por la COREMA de la Xª Región donde establece que el proyecto de Los Fiordos se somete a la evaluación ambiental a través de una Declaración de Impacto ambiental, para darse cuenta de la falsedad de tal afirmación. Otro hecho en el que según Vera Millaquén “el Estado miente a la CIDH”, dice relación con las tierras indígenas, pues señala respecto a las tierras que la empresa Long-Beach adquirió el año 2002, “hasta entonces, ninguna de estas tierras tenía la calidad de indígena de acuerdo a las disposiciones de la Ley Indígena 19.253, y en consecuencia podían ser enajenadas indistintamente”.

De acuerdo a la respuesta que la Comunidad Indígena “Pepiukëlen” envió a la CIDH, “el Estado chileno en su informe niega la efectividad de la propia Ley Indígena Nº 19.253, la que en su Art. 12 Nº 1 señala ‘Son tierra indígenas aquellas que las personas o comunidades actualmente ocupan en propiedad o posición proveniente de los siguientes títulos.’ y en la letra c del mismo Nº agrega “c) Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la… Ley Nº 14.511 de 1961…y sus modificaciones posteriores”.

Ciertamente estas tierras, pese a que fueron de propiedad de nuestros bisabuelos, fueron usurpadas por el Estado chileno a mi bisabuelo Desiderio Millaquén Navarro, y en el año 1964 fueron “Cedidas a Título Gratuito” a mi abuelo José Lindor Millaquén Maricahuín y su hermano José Cayetano, por lo que desde el 5 de octubre de 1993, fecha en que es promulgada la actual Ley Indígena Nº 19.253, estas tierras tienen la calidad de TIERRAS INDÍGENAS, y por lo tanto ‘por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.’ según señala el Artículo 13 del mismo cuerpo legal”.

Según la respuesta que la Comunidad envió a la CIDH, estas afirmaciones tienen por objeto justificar las actuaciones de CONADI, organismo que “tanto el año 2002 como en la actualidad sigue traspasando tierras indígenas a empresas privadas, mediante permutas que es la forma elegante que el Estado chileno ha ideado para seguir usurpando tierras indígenas en la actualidad, y con resoluciones muy dudosa, lo que ocurre hoy en todo el Wallmapu, o Nación Mapuche” señaló, finalmente el werken de la comunidad / Azkintuwe

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