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FOTO DE AGENCIAS. |
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Pausada, mide sus palabras con
precisión quirúrgica. La codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy
Yáñez Fuenzalida, es abogada con una maestría en derechos humanos en
Estados Unidos y una década dedicada al estudio de los temas indígenas,
en especial de sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales.
Sentada en un banco de la sala en que impartirá la clase de antropología
jurídica en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entrega
una visión de largo plazo sobre el conflicto que tensiona a los pueblos
originarios con el Estado, grandes empresarios y terratenientes.
- La sociedad chilena tiene una
relación ambigua con los pueblos originarios. Por un lado los enaltece y
por otro, los niega. ¿Cuál es su visión?
“Los pueblos indígenas son considerados en la epopeya del mito
fundacional del imaginario nacional mestizo-criollo; pero esa misma
construcción niega lo indígena y, finalmente, a lo largo de la historia
de Chile, su presencia se diluye para asegurar una homogeneidad cultural
en que se sustenta la gobernabilidad del Estado-Nación. A los indígenas,
que son entre el 8 y 10 por ciento de la población, el Estado no los
considera sujetos de derechos políticos, culturales y territoriales,
porque el proyecto nacional está hoy asociado a un modelo económico
neoliberal que, en el contexto de la globalización, busca poner los
recursos naturales de todos los chilenos al servicio de la inversión
extranjera como base del crecimiento económico”.
- En Chile se reconocen en el papel los derechos indígenas, pero
¿cuán efectivas han sido las políticas de Estado?
“En teoría se reconocen, pero se niegan en la práctica. Siempre prima
una actitud de negación de derechos. Algo emblemático de esta realidad
es que desde 1990 sigue pendiente el reconocimiento constitucional de
los pueblos originarios. A partir de la aprobación de la Ley Indígena,
en 1993, hubo un avance; aunque esa normativa no innovó en el
reconocimientos de los derechos políticos de esos pueblos. La Comisión
de Verdad Histórica y Nuevo Trato confirmó la legitimidad de los
derechos territoriales de los indígenas y aclaró que las tierras que
están en poder de terceros deben ser expropiadas y a ese tercero debe
pagarse una justa compensación. También señaló que se debe otorgar
preeminencia a los pueblos indígenas por su preexistencia en el
territorio y porque su cultura está indisolublemente asociada a la
relación con esas tierras. Si embargo, se instauró un mecanismo que se
ha demostrado ineficaz, puesto que entrega la compra de tierras al
mercado. La creciente demanda genera un impacto especulativo que ha
hecho inviable la restitución. Hoy se pagan precios que exceden 7 u 8
veces su valor de mercado.
Paralelamente, las tierras que ya están en poder de los pueblos
originarios son amenazadas por proyectos extractivos de recursos
naturales y los distintos gobiernos han optado por defender los
intereses del propietario latifundista o de las empresas que tienen
derechos constituidos por la vía de concesiones mineras, eléctricas,
forestales o acuícolas en perjuicio de los intereses indígenas. En la
práctica la Ley Indígena queda situada por debajo de estas normas
sectoriales, pretextando el supuesto bien público que genera el
crecimiento económico.
De la misma manera como se debe acoger la demanda mapuche en La
Araucanía, deben resolverse las de otros pueblos originarios que habitan
tierras fiscales. El Estado ha postergado la restitución de esas tierras
para mantener el control sobre concesiones mineras o derechos reales de
aprovechamiento de aguas, como sucede en el territorio aymara. En zonas
mineras, forestales y acuícolas se condena a los pueblos indígenas a
vivir en la extrema pobreza y cuando éstos usan vías de hecho para
presionar a las autoridades en función de sus demandas, el Estado no
duda en aplicar el mayor poder punitivo. Aylwin y Frei aplicaron la Ley
de Seguridad Interior del Estado; Lagos y Bachelet la Ley
Antiterrorista”.
- ¿Peligra la subsistencia de los pueblos indígenas?
“Sí. Los grandes proyectos extractivos de recursos naturales tienen
sobre las comunidades originarias efectos homologables al impacto de la
Conquista. Estamos hablando de explotaciones cuya dimensión hace
inviables prácticas económicas como las que realizan estos pueblos. El
modelo minero está generando tal presión sobre los recursos hídricos que
al año 2025 no habrá agua para seguir generando minería y ello significa
que no existiría forma alguna de vida posible asociada a esos
territorios. Lo más probable es que se extingan todos los oasis y
consecuencialmente los ayllus a través de los cuales se organiza el
pueblo aymara. En el territorio mapuche es creciente el estrés hídrico
generado por el uso de monocultivos de pino y eucaliptus, con efectos
devastadores sobre la biodiversidad.
La amenaza sobre el ecosistema se extiende también sobre la cultura de
pueblos que están asociados a otros espacios naturales. El caso rapanui
no es excepción. La expansión del turismo también puede destruir la
integridad de esa cultura. El propio pueblo rapanui ha alertado al pedir
que se controle el flujo de turistas a la isla. Si bien el Estado
reaccionó positivamente permitiendo aprobar un reglamento que
controlaría el flujo turístico, un particular de Valparaíso interpuso un
recurso de protección argumentando que ese reglamento vulneraba su
derecho al libre tránsito en el territorio nacional. La Corte de
Valparaíso acogió el recurso y declaró inconstitucional el reglamento,
dejando en la indefensión a los habitantes de la isla. Los rapanui
quieren seguir desarrollando turismo, pero controlado y sostenible,
manteniendo su defensa de la cultura y ecosistema”.
- ¿Qué es la deuda histórica?
“Alude a la pérdida de territorio sin compensación y a los crímenes
cometidos contra los pueblos originarios. Los mapuches habían pactado un
estatuto de autonomía y generado relaciones de convivencia relativamente
pacíficas con los conquistadores. Pero la ocupación militar de su
territorio en tiempos de la República colocó la intervención del Estado
en el contexto de los crímenes de lesa humanidad, porque se apostó al
exterminio. La llamada ‘pacificación de La Araucanía’ (1882) fue una
ocupación sangrienta que tuvo como víctimas a chilenos de origen
mapuche. Lo mismo ocurrió luego con los kawashkar y selknam, sometidos a
la cacería de empresas concesionarias del Estado de Chile en Magallanes.
En Rapa Nui ocurrió algo parecido y el pueblo aymara también sufrió una
ocupación militar de su territorio, que derivó en un proceso de
‘chilenización’ de sus comunidades.
La deuda histórica chilena con los pueblos indígenas es muy reciente y
se refiere a hechos ocurridos en el período de la República, como la
matanza de la escuela Santa María de Iquique o la represión de la
dictadura de Pinochet. Es la agresión de unos chilenos contra otros y
tenemos que asumir la responsabilidad correspondiente, si queremos que
esos otros también se sientan chilenos”.
- ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el
silenciamiento de esta deuda histórica?
“Básicamente estigmatizan las demandas indígenas, como quedó de
manifiesto con la reciente huelga de hambre. Los medios de comunicación
no se han dado el trabajo de informar sobre estos temas, salvo cuando se
presentan situaciones de conflicto. Cuando cumplieron 70 días en ayuno,
recién comenzaron a preocuparse. Con excepción de algunas radios y un
par de periódicos, como Punto Final y El Ciudadano, los medios se han
prestado para demostrar que el movimiento mapuche es violentista y que
está asociado a grupos subversivos nacionales o internacionales”.
- ¿Cuántas hectáreas demandan los pueblos originarios?
“En el caso aymara están comprometidas un millón 200 mil hectáreas en la
zona de Arica y Parinacota, sobre las que existen títulos inscritos a
nombre de las comunidades. El pueblo atacameño demarcó tres millones de
hectáreas en un trabajo conjunto realizado con la Conadi, que le pidió
restringir la demanda a unas 900 mil hectáreas. Están demarcadas las
tierras coya de 400 mil hectáreas; el pueblo diaguita tiene dominio
sobre 300 mil hectáreas que hoy están en peligro con la ejecución de
proyectos mineros. El pueblo rapanui posee 16 mil 600 hectáreas, de la
cuales hay aproximadamente cuatro mil en poder de indígenas, las
restantes las posee el Estado. Las tierras usurpadas a los mapuches y
reivindicadas durante el período de la reforma agraria eran
aproximadamente 160 mil hectáreas que corresponden a conflictos con
predios limítrofes. También hay comunidades que han demandado tierras
más allá de esta superposición de títulos, sobre la base del derecho
consuetudinario. Las comunidades huilliches tienen disputas con
latifundistas en la zona de San Juan de la Costa, Osorno y Chiloé. Una
de estas contiendas es con el presidente de la República, en el predio
Tantauco”.
- ¿Hay conflicto de interés del presidente Piñera en este caso?
“El conflicto de interés se va a producir porque el demandado es el
Estado, y el particular que ejerce el derecho que el Estado no ha
cautelado respecto de estos pueblos indígenas, es el presidente de la
República. Es un caso complejo y de antigua data. Cuando el señor Piñera
compró esas tierras, era de conocimiento público la existencia de
conflictos territoriales con comunidades indígenas que demandaban
derechos sobre éstas, argumentando títulos coloniales”.
- La autonomía es un tema que ronda las demandas indígenas.
“En el caso de los rapanui la autonomía incluso se puede ligar con el
proceso de descolonización. ONU estableció un marco jurídico para la
descolonización de aquellos pueblos que dependían de una potencia
extranjera situada fuera de sus aguas territoriales. Esto ocurrió en un
período en que los rapanui estaban sometidos a un régimen de esclavitud,
porque no tenían carta de ciudadanía. La isla era explotada como una
estancia lanar por la empresa Williamson Balfour y a partir de 1953, por
la Armada de Chile. Los rapanui proveían entonces servicios gratuitos a
la Armada, a través de los llamados ‘lunes fiscales’. Ellos han
demandado autonomía interna, que les daría control político y económico
sobre las decisiones que se tomen en su territorio. Por este motivo el
Congreso discute un Estatuto de Autonomía, que tiene muchos reparos
porque no les reconoce facultades deliberativas.
Los pueblos indígenas que han quedado dentro de las fronteras de Estados
republicanos constituidos en el marco de un proceso de independencia de
poderes coloniales, como los mapuches en Chile, aspiran a un estatus
denominado de derechos indígenas y a un estatuto específico de autonomía
en su dimensión interna. Tienen derecho al control de los recursos
naturales necesarios para asegurar su subsistencia y con base en ello,
pueden definir sus prioridades en materia de desarrollo. Este derecho lo
ejercen sobre las tierras que están bajo su control, y además por la vía
de participar en las decisiones políticas que los afectan. Eso se
cautela con una representación supernumeraria en el Congreso Nacional y
con el derecho a participar en la toma de decisiones respecto a las
políticas públicas que les competen”.
* Gentileza
www.puntofinal.cl
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