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FOTO DE OBSERVATORIO CIUDADANO. |
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Con una amplia participación de
representantes de comunidades y organizaciones indígenas del norte,
centro y sur del país, invitados internacionales, expertos de diversas
disciplinas, académicos, miembros de ONGs, de organizaciones sociales y
de público en general, se desarrolló los días 5 y 6 de octubre el
Seminario Internacional “Los desafíos de la implementación del Convenio
169 de la OIT en Chile”, organizado por el Observatorio Ciudadano, el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Consejo
de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche, el Grupo de
Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos y la Oficina Regional de
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
En el masivo encuentro, que además incluyó la realización de dos
simposios, diez paneles temáticos de discusión y que destinó un tiempo
especial para el encuentro de los dirigentes indígenas asistentes, se
reflexionó acerca de este convenio que tras cerca de dos décadas de
tramitación parlamentaria, entró en plena vigencia en el país el pasado
15 de septiembre, reconociendo derechos individuales y colectivos a los
pueblos indígenas, como la consulta, autogestión y administración de
tierras, territorios y recursos naturales.
El primer día, tras las palabras introductorias del rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos Peña; el codirector del Observatorio
Ciudadano, José Aylwin; y el representante del Grupo de Trabajo Mapuche
por los Derechos Colectivos, Ronny Leiva, se dio paso a la clase
magistral dictada por el primer vicepresidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y Relator para Pueblos Indígenas de
la CIDH, Víctor Abramovich, sobre “Los derechos de los pueblos indígenas
en el sistema interamericano de derechos humanos”.
Abramovich subrayó la relevancia del convenio, advirtiendo que “es muy
importante pensar en estos instrumentos para su aplicación en Chile, más
que pensar en la responsabilización internacional de un estado hay que
pensar en como esos tratados se hacen efectivos a nivel nacional cuando
hay que discutir una política pública”, indicó. La mayoría de los
participantes coincidieron en que la reciente implementación del
Convenio 169 es un logro de los pueblos indígenas, como afirmó Alfredo
Seguel y del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, al
afirmar que ello “no es gracias a la buena voluntad del gobierno ni del
sistema de las Naciones Unidas, ha sido por el triunfo en la
movilización que han tenido los movimientos indígenas”.
Otro de los puntos de gran preocupación durante los días en que se
desarrolló el seminario, fue el cómo hacer para operativizar de la mejor
manera los derechos que se establecen en el convenio. Para ello los
representantes indígenas analizaron en profundidad los desafíos que
existen para llevar a la práctica esta normativa internacional,
afirmando que es necesario, en primer término, empoderarse de los
mismos. “No tenemos que esperar a que el convenio 169 sea implementado
por el estado, sino que hay adueñarnos de él y echarlo a andar desde las
mismas comunidades para presionar al estado”, expresó un representante
del pueblo Lickanantay.
Por su parte Nancy Yáñez, abogada y co-directora del Observatorio
Ciudadano, agregó que “es relevante recurrir a los principios
fundamentales del convenio 169 para que sus decretos sean realizados de
acuerdo a instancias representativas y pertinentes a la realidad de las
comunidades indígenas”.
Experiencias comparadas en América Latina
Otro de los temas abordados, esta vez por los expositores extranjeros,
fue la revisión de experiencias comparadas de aplicación del Convenio en
los ordenamientos jurídicos de América Latina. A juicio de los expertos,
esto se ha manifestado en muchos textos legislativos que han dado pie a
reformas legales tras la implementación del 169 en sus respectivos
países. Desde Perú, Raquel Yrigoyen declaró que uno de los grandes
desafíos del convenio es pasar de la dimensión tutelar al reconocimiento
del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Irigoyen
explicó que los antecedentes para llegar a la ratificación de este
convenio son grandes políticas y tratados internacionales que Chile no
aplicó antes, experimentando un retraso en sus políticas hacía los
pueblos indígenas.
“El punto de quiebre parte con el convenio 169, pues rompe con el
integracionismo y propugna el control indígena de sus propias
instituciones y modelo de desarrollo, y su participación de las
políticas estatales”, explicó, añadiendo luego que “la Declaración de
Naciones Unidas, profundiza la idea de que los pueblos indígenas pueden
controlar sus instituciones, reconociendo la igual dignidad de todos los
pueblos”.
Fernado García, de Flacso-Ecuador, presentó la experiencia en este país
después de la aprobación del convenio, contando que “para avanzar en
este tema, se hizo una alianza entre el mundo académico, organizaciones
indígenas y ONGs, hablando desde la sociedad civil, para hacer un
monitoreo intenso sobre el estado”, explicó. García detalló que en
Ecuador se elaboraron diversos informes desde la sociedad civil para
echar a andar el seguimiento sobre los logros obtenidos a partir de su
implementación, por lo que “es necesario, desde la sociedad civil, crear
un sistema que permita hacer un seguimiento del convenio y así medir
tanto los logros como los no logros que han obtenido los pueblos
indígenas y los sectores de la sociedad civil”, sostuvo.
Carlos Mamani, Miembro del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la
ONU, explicó la experiencia de cambios en materia indígena en Bolivia,
señalando que la implementación plena del convenio 169 ha seguido un
largo proceso. “Vivimos todavía sendos casos de genocidio y
colonización, el que defiende sus territorios y recursos es
criminalizado, en ese marco hay que entender la adopción del convenio
169 OIT”, detalló.
Agregando además que para los pueblos indígenas en Bolivia ha sido muy
importante el convenio 169 de la OIT, pues “vimos por primera vez que
teníamos derechos y que éstos tenían aplicación internacional, lo que ha
dado lugar a un proceso muy interesante de cambios en la nueva
constitución política del estado”. “Se reconoce que los pueblos
indígenas son pre-existentes al estado-nación; se han reconocido valores
fundamentales como el vivir bien, y esto ahora tiene una proyección a
nivel mundial muy importante, porque antes no teníamos espacio en el
contexto internacional”, finalizó.
Los desafíos en Chile
Uno de los momentos más interesantes, fue el análisis de los desafíos de
la implementación política del convenio en Chile. En ese marco, se
analizaron estrategias y las proyecciones que tiene esta nueva
herramienta jurídica para la defensa y protección de los territorios
afectados por la intervención del estado y las empresas, y los recursos
naturales allí existentes.
Eliab Viguera explicó que en Mehuin, zona donde la empresa Celco en
colusión con el estado buscan instalar su ducto hacia la costa, el
Convenio 169 de la OIT lo han ejecutado en la práctica con miras a la
autodeterminación. “Eso lo hemos hecho de forma concreta, hemos
aprendido a utilizar las herramientas que ofrece este sistema, en ese
sentido el convenio 169 es una buena herramienta para ejercer la
autonomía legal en el marco del control territorial”, destacó el
representante del Comité de defensa del mar.
En relación al mismo tema, Francisco Rivera Bustos, representante del
Consejo de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, afirmó que “hace
falta una profundización y aplicación del convenio 169”. Si bien para
las comunidades del norte no ha sido fácil hablar de la aplicación del
convenio 169, “lo hemos entendido como una nueva situación política para
los pueblos indígenas en Chile”, agregó. El dirigente aymara señaló que
las normativas públicas y las leyes de este país están en profunda
contradicción con los usos y costumbres de los pueblos originarios, por
lo que “se debe levantar un movimiento que permita la participación
política de los pueblos originarios en todos sus niveles” concluyó.
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