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Wiñomüleiñ taiñ mapu meu
significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una
práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos
originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la
última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial,
el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie
de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras
ancestrales. Respaldados por tratados internacionales, que tienen rango
superior a las leyes locales, la recuperación implica mucho más que
hectáreas, instala una concepción diferente de la tierra, que interpela
el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo
suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”,
imprescindible para el desarrollo como pueblo originario. “Nuestra
visión choca de frente con los intereses del capital, que pretende
apropiación del territorio, y con los gobiernos, que permiten, facilitan
e instrumentan las nuevas formas del despojo”, explican desde el Consejo
Asesor Indígena (CAI), organización de base de las comunidades indígenas
de Río Negro.
Lucinda Quintupuray tenía 79 años. Toda su vida permaneció en el mismo
lugar, paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, tierras
preciadas por negociantes inmobiliarios. Fue encontrada con dos
disparos. Nada robaron, sólo la asesinaron. Un año después, Victoriano
Quintupuray, hijo de Lucinda y heredero de las 2500 hectáreas fue
encontrado ahogado. La policía lo caratuló como “accidente”. Era agosto
de 1994 y comenzaba una larga batalla administrativa por el territorio
ancestral. La Comunidad Quintupuray de un lado, el gobierno de Río Negro
y operadores inmobiliarios del otro. Luego de quince años de reclamo
administrativo y judicial, el 5 de mayo de 2008, la Comunidad
Quintupuray recuperó el territorio: ingresó a las parcelas, construyó
una vivienda y comenzó a utilizar el territorio.
“El gobierno provincial no sólo no toma en cuenta el crimen impune sino
que avanza en completar el despojo, desconociendo nuestra existencia”,
explicó la Comunidad el día que volvió a su lugar. El Consejo Asesor
Indígena (CAI) acompañó a la comunidad y apuntó a la Dirección de
Tierras y al Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci),
dependientes del Gobierno. “Sus actuaciones son funcionales a quienes
quieren apropiarse de nuestro territorio. No sólo defenderemos nuestros
derechos colectivos sino que seguiremos avanzando en la recuperación de
nuestro territorio”, afirmó el CAI, que en la última década acompañó a
comunidades mapuches en la recuperación de 160 mil hectáreas. El
presidente del Codeci, Florentino Huircapan, deslindó responsabilidades
en las acusaciones, pero aseguró apoyar las recuperaciones como “un acto
de justicia”. También aceptó que el Estado provincial está en deuda con
los pueblos indígenas y reconoció que ninguna de las 126 comunidades de
Río Negro cuenta con título comunitario.
El CAI es una de las organizaciones
referentes de la lucha indígena. Su conformación se remonta a mediados
de la década del ’80, cuando a fuerza de movilizaciones y debates
lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Dos de los
puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las
comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con la
posterior restitución. Luego de diez años de insistir por vía
administrativa, con exiguos resultados y marañas burocráticas, en 1997
una trawün (asamblea) en Ingeniero Jacobacci decidió avanzar con
recuperaciones territoriales. “Durante años se creyó que el Estado
devolvería la tierra despojada. Pero se dio por agotada la etapa
administrativa, el poder político no tiene voluntad alguna de cumplir la
ley, el Estado no tiene voluntad de devolver lo que sacó”, explicó
Chacho Liempe, del CAI.
Duplicaron las acciones directas y fueron blanco de jueces corruptos,
funcionarios con doble discurso y policías de gatillo fácil. A cada
atropello sobrevenía un avance en los campos, en la Línea Sur (el
inhóspito desierto provincial) o en la cordillera, hectáreas recuperadas
de manos de grandes propietarios, Estados (provincial y nacional) y
empresas forestales. Nunca afectaron metros de tierra de puesteros,
campesinos o pequeños productores. Entre 1987 y 1989 realizaron
reafirmaciones territoriales de más de 30 mil hectáreas. En 2000 se
produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, 8000
hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. La
Justicia negó durante siete años el derecho a esas parcelas, pero la
Corte Suprema de la Nación certificó que la comunidad había cumplido
todos los pasos administrativos, confirmó que la provincia no respondió
al reclamo e instó al Juzgado de Bariloche a ocuparse del caso. Entre
2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas. Hasta mayo pasado, y
con una veintena de casos, el pueblo mapuche de Río Negro lleva
recuperadas 160 mil hectáreas. La mayor parte en cercanías de Ingeniero
Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón.
Caso paradigmático es la comunidad José Manuel Pichún, a quince
kilómetros de El Bolsón. A pesar de habitar el mismo lugar desde fines
del siglo XIX, el Estado provincial (a través de la Dirección de
Bosques) ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y sembró
monocultivo de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron
decenas de reclamos administrativos sin respuesta. En mayo último,
cuando un integrante de la comunidad extraía leña, fue denunciado por
“robo” en su propia tierra. “Ante esta situación, y cansados de soportar
tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la
posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó en un comunicado el 18
de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la
construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más:
exigieron que la estatal Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) se retire
definitivamente. El Estado, contradiciendo toda la normativa vigente
(incluida la misma Constitución provincial), solicitó el desalojo de los
ocupantes tradicionales.
La Confederación Mapuche de Neuquén tiene casi cuatro décadas de
historia, es protagonista de la resistencia y los avances en la región.
Aunque en la actualidad los mayores conflictos se producen por intentos
de desalojos y criminalización, lleva recuperadas 73 mil hectáreas,
principalmente en el departamento de Aluminé, y gran parte son campos de
invernada y veranada. En 1995 comenzaron con la mayor acción de
recuperación, en el predio Pulmarí, departamento de Aluminé, 350
kilómetros de la capital provincial. Un cementerio indígena y arte
ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. Fueron
apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiados
por el primer gobierno peronista y, una de las mayores estancias,
transferida al Ejército.
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) había sido creada en 1987 con
el objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con
una gradual restitución al pueblo mapuche. Pero la Confederación Mapuche
comenzó a denunciar que la CIP funcionaba como “un quiosco
inmobiliario”, donde había entrega de tierras a “amigos del poder”.
Luego de reiteradas denuncias y reclamos, comenzaron con las
recuperaciones. En catorce años recuperaron 70 mil hectáreas, incluidas
diez mil que son reclamadas por el Ejército. Nueve comunidades, 900
familias, 3500 personas que ya recuperaron territorio ancestral. “El
concepto de recuperación se complementa con el de restitución, que es el
acto legal de reconocimiento que esperamos sobre esas recuperaciones.
Para afirmar que esas tierras las ocupamos como acto de estricta
legitimidad histórica, ante la pasividad política y jurídica, y ante la
amenaza inminente de pasar a manos de los especuladores de la zona”,
advierte Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.
Hace dos meses, el CAI tomó la iniciativa en el frente judicial. En un
hecho inédito, planteó una demanda colectiva contra el Estado.
“Demandamos judicialmente al Estado de Río Negro para que disponga el
reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio
tradicional que ocupamos. A la vez, para que conforme la comisión
investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los
espacios”, señalaron once comunidades mapuches. En base a la
Constitución Provincial y la legislación internacional, el objetivo de
fondo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la
nulidad de todos los actos administrativos “que blanquearon el despojo”
de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades. La línea
argumental de la denuncia es extrapolable a los demás pueblos
originarios: “El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra
el pueblo mapuche. El mecanismo de despojo y omisión que lleva adelante
el Estado es en perjuicio de las comunidades y en beneficio de terceros,
incluido el propio Estado”.
Insólitas acusaciones
“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de
ETA.” Fue la inverosímil y aplaudida acusación del empresario Carlos
“Nuno” Sapag (hermano del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag),
referente de la Sociedad Rural, el viernes 4 de septiembre, ante un
auditorio de estancieros, empresarios y familias tradicionales. Una
semana antes, cien policías habían reprimido ferozmente a la comunidad
mapuche Currumil–Quillén, quemado sus rucas (casas) y destruido sus
herramientas. El “crimen” de la comunidad había sido recuperar un campo
de invernada. La Sociedad Rural, insatisfecha por lo que entendió un
endeble accionar policial, exigió una reacción más enérgica. En la misma
sintonía, tres reconocidos abogados de Buenos Aires pidieron a la
Justicia de Neuquén que accione contra el pueblo mapuche, que leyó el
pedido como la antesala de “represión y mano dura”. Los letrados cuentan
con un currículum acorde: defensor de represores de la dictadura,
planificador del desguace del Estado durante el menemismo y ministro de
Justicia durante la Masacre de Puente Pueyrredón.
Las relaciones entre el pueblo mapuche y las corporaciones empresarias
nunca fueron buenas. Y el último año tuvieron una escalada. Las
comunidades indígenas de Neuquén comprobaron que sus tradicionales
campos de veranada habían sido alambrados por estancieros y alertaron
que el gobierno provincial, mediante la Corporación Forestal Neuquina (Corfone),
había avanzado con monocultivo de pino sobre territorio indígena. En ese
contexto, la Confederación Mapuche explicó en un comunicado que las
recuperaciones son “actos de estricta justicia” en el marco de décadas
de ser testigos pasivos y donde padecieron robos de tierras ancestrales.
“Un sector privilegiado de la región y ligado al poder político se
apropió de tierras, desalojó a nuestra sociedad preexistente y consolidó
un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde
el rol de peones de estancia”, denunció la organización.
El Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la provincia desde hace 47
años (1962), donde siempre tuvo como protagonismo el clan Sapag. El MPN
es aliado incondicional de empresas petroleras, mineras y forestales,
todas industrias que chocan de lleno con el desarrollo de pueblos
indígenas. “Son 32 las causas penales en proceso en las que se
encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del pueblo
mapuche. En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas
que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos”, denuncia una
carta de la Confederación Mapuche al relator especial de la ONU sobre
asuntos indígenas, James Anaya, en agosto de 2009.
Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para
las Cuestiones Indígenas y, por sobre todo, es un referente
internacional en jurisprudencia aborigen. Expolio del pueblo mapuche en
el Neuquén es el título de su reciente trabajo, donde repasa el accionar
político, policial y judicial en la provincia. “Existen evidencias de
políticas provinciales sistemáticamente lesivas de los derechos
reconocidos a las comunidades indígenas. El acoso se acentúa y el
despojo prolifera”, afirmó el catedrático y fue más allá: “El gobernador
Jorge Augusto Sapag, miembro de una familia hoy dominante en la
provincia, se ha convertido en el motor de la ofensiva contra las
comunidades indígenas. La Justicia no le va a la zaga, produciendo una
verdadera retorsión del Derecho. En los antípodas de los reconocimientos
constitucionales, haciendo alarde de ignorancia supina de la ley”.
“Se está ignorando la legislación internacional de los derechos humanos
en general y el Derecho internacional de los pueblos indígenas en
particular. El Movimiento Popular Neuquino y el gobernador de Neuquén
encabezan políticas verdaderamente genocidas, respaldadas en diverso
modo por la Legislatura y la Justicia de la provincia”, denuncia el
reconocido especialista de la ONU. En el gobierno neuquino no
respondieron los llamados de este diario para referirse a esas
acusaciones.
El 4 de septiembre, la Sociedad Rural convocó a una reunión para trazar
una estrategia frente a los pueblos indígenas. “Unidos en la defensa de
la Constitución y la soberanía nacional”, rezaba la convocatoria, que
también invitaba a concurrir con una bandera argentina y contó con la
adhesión de empresas mineras. “Quienes encabezan este tipo de maniobras
(las recuperaciones) son respaldados por miembros de las FARC y
terroristas de ETA. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”,
afirmó Carlos Sapag, sin aportar evidencia alguna. En diálogo con
Página/12, el jefe de Prensa de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Pablo
Thourte, respaldó los dichos de Sapag, aportó como prueba un artículo
del diario chileno El Mercurio (reconocido sustento mediático del
dictador Augusto Pinochet), denunció que al menos 50 miembros de la
tradicional entidad mantienen conflictos con comunidades originarias y
complementó con una reciente presentación al el Tribunal Superior de
Justicia de Neuquén. En esa presentación de 35 carillas se denomina
“delincuencia rural” al accionar indígena, se solicita terminar con “la
pasividad policial” y pide juzgar a los autores de las recuperaciones.
También denuncia que el Estado tiene “renuencia a ejercer el atributo de
la fuerza legal y legítima”. No se oficializó quiénes son los
denunciantes, pero se confirmó que adhirieron numerosos integrantes de
la Sociedad Rural.
Los abogados patrocinantes son Juan Carlos Cassagne (el ideólogo, junto
con Roberto Dromi, de las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez
Herrera (defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ, general retirado y
procesado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura.
Sánchez Herrera fue acusado de ser uno de los lobbystas del Ejército que
diseñaron la estrategia de los militares al finalizar la dictadura
militar) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia durante la presidencia de
Eduardo Duhalde, denunciado como el ideólogo de la Masacre de
Avellaneda, con un centenar de heridos y los asesinatos de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki).
La ley escrita
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho
de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las
causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también
apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su
artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos
forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la
reparación, por medios que pueden incluir la restitución (...) por los
territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado
o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo
sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, secretario de Derechos
Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal
del país. Al analizar la acción de la CIDH, aborda la posesión
ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas
legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a
obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
Gustavo Macayo vive en Esquel y trabaja junto a comunidades indígenas.
“A través de la Constitución y los tratados internacionales, los pueblos
originarios cuentan con un marco legal que los protege especialmente.
Esas legislaciones, que son producto de la lucha incansable de los
pueblos originarios, muchas veces no se aplican de manera efectiva por
parte del Estado y del Poder Judicial, que pretende hacer valer,
erróneamente, el Código Civil o Penal. Eso motiva que las poblaciones
originarias ya no estén esperando acciones del Estado, y estén
ejerciendo cada vez más sus derechos en forma directa a través de lo que
se ha dado en llamar recuperaciones”.
* Gentileza
www.pagina12.com.ar
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