| |
 |
|
FOTO DE
ARCHIVO. |
| |
|
|
El sobrevuelo rasante del helicóptero
de Carabineros sobre la comunidad mapuche Mateo Ñiripil, en la comuna de
Lautaro, resultaba un espectáculo imperdible para los niños, hasta que
el grito de sus padres desató la alarma. Los comuneros no sospecharon
que el último atentado incendiario registrado en La Araucanía la
madrugada del sábado 12 de septiembre, que redujo a cenizas la casa
patronal y una bodega del fundo Brasil, a 10 kilómetros de la comunidad,
fijaría la mirada en su territorio.
Luis Penchuleo recuerda cómo aún salía humo del galpón cuando micros,
vehículos lanza agua y helicópteros de las Fuerzas Especiales de
Carabineros allanaron la comunidad. “Entraron sin orden judicial, con la
excusa de que integrantes de la CAM se escondían acá” (…) “al ver la
gente sus casas destrozadas, a vecinos baleados en los patios y a los
niños escapar llorando, se desató un descarnado enfrentamiento. Personas
que ni siquiera simpatizan con el movimiento se sintieron tan pisoteadas
que se defendieron con palos y azadones, pero poco pudimos hacer frente
al armamento de guerra que utiliza Carabineros, que no dispara balines
de goma, comprobado en el peritaje a los cuerpos muertos de Alex, Matías
y Jaime”, acusa el joven comunero, explicando cómo el ambiente se
calentó cuando efectivos encapuchados quisieron arrestar al menor R.M.Ñ
(15) en un camino rural de la comunidad.
“Llegó gritando hasta su casa con los
Carabineros persiguiéndolo. Su tío (Adolfo Ñiripil Morales) salió a
defenderlo. ‘Indio de mierda, no te resistai’, le gritaron los pacos,
para luego dispararle dos tiros en su pierna izquierda mientras su
esposa era golpeada en el rostro por un oficial con la culata del arma”,
relata Luis, quien refugió en su casa a Naldito (3), el que muy serio le
dijo: “cuando sea grande los mataré (Carabineros)”. El allanamiento
terminó la madrugada del domingo, con el arresto del menor y sus tíos en
el retén de Lautaro, dejados horas más tarde en libertad por falta de
méritos por el Tribunal de Garantía. Tras el operativo, sólo se
formalizó a Mario Caniupán Cayupán, por el cargo de agresión a
Carabineros con arma de fuego corta. De los autores materiales del
atentado, la policía no encontró pistas.
¿Quién golpea la puerta?
Desde que el denominado conflicto mapuche se agudizó en Ercilla con la
cuestionada muerte del comunero Jaime Mendoza Collío (24), a quien el
cabo de Carabineros Miguel Jara Muñoz disparó por la espalda, la
recuperación de tierras retornó con violencia en comunas como Lautaro,
Galvarino, Vilcún y Victoria, viéndose extremada la fuerza policial en
el desalojo de predios ocupados como ocurrió el jueves 1 en el fundo “La
Romana” del agricultor René Urban, en Ercilla, atacado once veces por
comuneros de la Comunidad Temucuicui, donde resultó herido en su frente
el menor F.M.M (10) por un supuesto disparo de Carabineros.
En el accionar de las policías, comuneros, abogados querellantes, la
Pastoral Indígena de la Iglesia y organizaciones civiles, entre otros,
denuncian abuso de violencia policial en desalojos y allanamientos. Por
ello, el diputado Jaime Quintana, junto al alcalde de Ercilla, José
Vilugrón, llevó ante la UNICEF y la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso, la situación de vulnerabilidad en que viven niños mapuche de
sus comunidades. Hecho que el Servicio de Salud Araucanía Norte constató
en el 2004, cuando decidió intervenir y diagnosticar a menores de la
Comunidad Cacique José Guiñón de la misma comuna, mediante el informe
elaborado por la psicóloga Rosa Sepúlveda, cuyos resultados comprobaron
daño físico y psicológico como irritabilidad y sentimiento de rabia
producto de presenciar “golpes con puño, con armas, amenazas, disparos
al aire y presencia de alto contingente policial sumado a allanamientos
reiterados con destrozos de sus viviendas”, cita el informe.
“Los jueces dictan una orden de detención contra una determinada persona
que vive en una comunidad indígena, pero ésta no da derecho a que
Carabineros patee todas las puertas de la comunidad. Las principales
víctimas son los niños, a quienes se les genera un daño psicológico
irreparable al ver cómo sus padres son maltratados por efectivos de
Fuerzas Especiales, tal cual lo constatan informes periciales, incluso
de Gobierno”, explica el abogado Jaime Madariaga, representante de la
familia Mendoza Collío y de otras familias afectadas, quien acusa que
los allanamientos efectuados por el GOPE de Carabineros suelen ser
ilegales y abusivos.
En su visita secreta a Chile, el Relator de la Niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Pinheiro, invitado por la Red
de ONG de Infancia y Juventud Chile, se reunió en privado con el lonko
de la comunidad Huañaco Millao, Juan Curinao, quien contó los graves
abusos de los que son víctimas los menores en Ercilla. “El relator se
sorprendió por la violencia que se ejerce contra los niños en los
allanamientos, donde son baleados y maltratados por Carabineros. Incluso
a mí la policía me disparó en las piernas cuando me acerqué junto a
otros peñis a levantar el cuerpo recién muerto de Jaime”, contó el lonko
a Pinheiro, acompañado por un menor (14) quien relató la tortura
recibida de manos de Carabineros cuando fue apresado por participar
junto a otros 50 estudiantes mapuche en la toma del Liceo Alonso de
Ercilla de la comuna en julio pasado, exigiendo el cese de la
“militarización” en sus comunidades.
En la reunión, Pinheiro confidenció: “la relatoría recibió alegatos de
fuentes confiables sobre problemas que estarían afectando a niños y
adolescentes interrogados en escuelas sin mediar una orden judicial.
Esto, sumado al daño físico y psicológico debido a allanamientos,
detenciones y apuntamiento con arma por parte de personal policial en
las zonas de conflicto. Principalmente, a hijos de dirigentes indígenas
detenidos o condenados”.
Abusos que han sido grabados por las mismas comunidades y subidos a
YouTube, donde es posible ser testigo de sus crudos relatos. Los mismos
que dibujan armas y Carabineros peleando con sus padres en el jardín
infantil de la Comunidad Huañaco Millao, y quienes cambiaron el palín
por las boleadoras para “jugar a los enfrentamientos” en el recreo,
informó el sostenedor Juan Catrío a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles de la región, a principios de septiembre pasado, en un
informe que habla de trastornos del sueño, angustia ante el ruido de
helicópteros y miedo a la presencia policial en los 21 niños menores de
5 años que asisten; situación reconocida por la institución que anunció
acciones.
La zona roja
De los 9 mil habitantes que viven en Ercilla, la mitad se declaró
mapuche (censo 2002), donde los menores alcanzan el 33% de la población
en una comuna considerada como “zona roja”, producto de la cantidad de
enfrentamientos violentos ocurridos. Según los indicadores de
vulnerabilidad que aparecen en el informe Índice Infancia y Adolescencia
elaborado por el Ministerio de Planificación (2009) a partir de las
variables Salud, Educación, Habitabilidad e Ingresos, Ercilla ocupa el
lugar 28 de las 32 comunas de La Araucanía y uno de los últimos a nivel
nacional.
A un costado de esta comuna, a metros de la ruta 5 Sur, la localidad de
Pidima ha sabido de atentados incendiarios y ocupaciones a fundos como
Poluco-Pidenco, La Romana y Alaska, por parte de mapuches violentistas
de comunidades vecinas como la de Temucuicui e Ignacio Quiepul, entre
otras, que los reclaman y han obligado a agricultores como Urban a
excavar zanjas de dos metros de profundidad para frenar las tomas y el
abigeato.
Fue este clima el que llevó a los profesionales del Servicio de
Psiquiatría y Programa de Salud Mapuche del Hospital de Angol, a
intervenir la Comunidad Cacique José Guiñón, para investigar denuncias
por daños físicos y psicológicos que sufrían los niños por hechos de
violencia (allanamientos en especial).
Juan Toro Manquel (35) pertenece a esta comunidad y lo vivió muy de
cerca. Tiene dos hijos y trabaja esporádicamente en carpintería. Según
cuenta, “desde que vino la Rosita (la psicóloga) ya no ha vuelto nadie
más, ni del Sename, ni de ningún lado; si eso acá ni se conoce. Mis
hijos tienen miedo a Carabineros, porque en la madrugada e incluso de
día, pasan por el camino disparando al aire o se ponen afuera de mi casa
a hacer lo mismo. Mis niños se esconden bajo la cama. Mi casa ha sido
allanada varias veces con ellos dentro y no les importó nada, ni que mi
mujer estuviera con mi hijo de 2 años acostada, todo porque frente a mi
sitio quemaron un camión forestal. Ahora él tiene 4 años ¿y sabes lo que
me pidió de regalo? Una pistola para matar a un Carabinero”.
Tal reacción se repite en menores mapuche de la comunidad, como en los
que asisten a la Escuela Básica San Ramón, donde según el profesor
Gabriel Anríquez, en mayo pasado Carabineros irrumpió sin previo aviso
en la sala de clases argumentando que era para marcar presencia. “Quizá
por esto, es que en la escuela no se celebra el Día del Carabinero, con
un acto y la canción institucional. Acá no pasa de una simple efeméride;
se menciona y listo. Es como un día normal de clases”, relata Anríquez.
Cuando estalló el caso Poluco-Pidenco, esta comunidad fue allanada
sistemáticamente por la policía que persiguió la cabeza del lonko José
Cariqueo, condenado a 6 años de presidio por incendio terrorista.
“Carabineros entraba sin orden judicial, destrozando la casa, buscando
supuestas armas que eran hachas y azadones. A la Machi Adriana
Loncomilla -mi actual esposa- le rompieron su kultrún y se reían”,
cuenta el lonko. El hecho más violento ocurrió para el We Tripantu del
año pasado, cuando el silencio de la noche se rompió por la entrada de
los efectivos. “Le fracturaron la mandíbula a mi hijastro (J.M.L. 15
años) con un golpe de culata y lo balearon, llevándoselo detenido por
daño a armamento fiscal. Al ver cómo sufrían mis niños, decidí emprender
una lucha por la vía judicial y hoy exijo la devolución de 15 mil
hectáreas de terreno para mi comunidad”, relata Cariqueo.
Frente a este escenario, el Mideplan coordina programas que buscan
establecer redes con diferentes sectores e instituciones, explica la
Seremi de La Araucanía, María Teresa Aqueveque, quien asegura estar
conciente de la problemática que viven los menores expuestos a la
violencia. “Creo que negar el tema es ponerse ciego, pues cualquier
situación de violencia afecta a los niños, al igual como cuando un niño
ve a su hermano o algún pariente encapuchado tirando piedras”. La Seremi
cuenta que se realizó una alianza con UNICEF para que junto a los
servicios del Estado presentes en Ercilla se establezcan espacios de
paz, “y así proveer con regularidad una oferta protectora de los
derechos de los niños”, sostiene.
Al tanto de la violencia ejercida en los allanamientos policiales,
Aqueveque explica: “desde el año pasado hay un convenio entre UNICEF y
la Subsecretaría de Carabineros para capacitar con más de 34 talleres a
los efectivos encargados de los allanamientos, de manera que tengan
presente en su actuar -como directriz de la Subsecretaría- preservar los
derechos de los niños”. Ante las acusaciones sobre el violento accionar
del GOPE en los allanamientos, principalmente, la Novena Zona Policial
de Carabineros a cargo del recién removido general Cristián Llévenes,
declinó referirse al tema, argumentando que los antecedentes están en
manos de los tribunales. Mientras que el General Director de
Carabineros, Eduardo Gordon, a raíz de los últimos acontecimientos, ha
dicho a la prensa que no aceptará situaciones que vayan en contra de la
normativa de la legalidad.
Miedo a denunciar
“En los allanamientos, las personas son víctimas de agentes del Estado
(Carabineros), ante los cuales deben denunciar los abusos, pero no se
atreven a hacerlo. Además se da que las autoridades regionales son
cómplices silenciosos frente a esto, lo que provoca desconfianza”,
explica el abogado Madariaga.
Desconfianza que siente Waikilaf Cadín (27), hijo de la emblemática
lonko Juana Calfunao, quien creció en medio de abusos y violencia
luchando junto a su madre por la recuperación del territorio ancestral.
“Frente a la acción violentista de ciertos grupos mapuche por la
reivindicación de tierras, es justificable la represión de Carabineros,
pero no la persecución judicial que debemos enfrentar los mapuche al ser
procesados en tribunales de la fiscalía militar, en un proceso irregular
que no llega a nada y termina siempre por sobreseerse”, dijo Cadín,
quien se encuentra recluido en la cárcel de Angol por agresión a un
fiscal.
En libertad, mientras se discutía su condena, Waikilaf dice haber sido
allanado ilegalmente en reiteradas ocasiones en su casa de la población
Amanecer de Temuco, “reventaban puertas y ventanas sólo para saber qué
hacía, si me estaba comunicando con grupos en el extranjero”, contó, lo
que trajo a su mente recuerdos de su violenta infancia en la Comunidad
Juan Paillalef de Cunco. “Cuando iba Carabineros a allanarnos, yo fingía
jugar con ellos para que mi hermanita no se diera cuenta de lo que
ocurría, pero después la violencia fue tan grave que no pude hacerlo,
entonces escondíamos a la Relmutray en un hoyo en el patio trasero para
que no la dañaran. Al final, optamos por mandarla asilada a Suiza,
porque la situación se hizo insoportable”, dice.
Invasión que critica el también abanderado del partido mapuche
Wallmapuwen por Lautaro en las pasadas elecciones municipales, Luis
Penchuleo. “En los allanamientos Carabineros actúa en la impunidad,
porque por lo inesperado de la acción no hay prensa que cubra el
allanamiento y luego se entra en el juego de contrastar su “versión
oficial” versus la nuestra, en que la ley les favorece. Lo que no ocurre
cuando se allana el Hogar Estudiantil Mapuche en Temuco, donde los
vecinos son testigos claves que intimidan a la policía”.
En Ercilla no hay juzgados, y en comunas aledañas como en el de Garantía
de Victoria, de Collipulli o en el de Lautaro, no hay denuncias por
vulneración de derechos de los niños mapuche a raíz del conflicto.
La coordinadora de la Oficina de Protección de los Derechos del Niño (OPD
Malleco Sur, emplazada en Collipulli y a cargo de Ercilla y Victoria),
Helen Ortega, explica que en un clima de tensión se hace difícil
protegerles, pues se requiere de “la disposición de las familias a
participar en los procesos de intervención”. Las mismas que por la
lejanía de las comunidades donde viven y los costos del pasaje, no
acuden a denunciar, acción que la OPD tampoco ha realizado “ya que los
Tribunales de Familia acogen las Medidas de Protección sólo si existe
vulneración grave de derechos”, dice Ortega, quien alega que desde que
el conflicto se agudizó, “las comunidades han cerrado los caminos y por
seguridad ya no entramos”.
En un reciente estudio (2009) elaborado por el Sename junto con el
Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, sobre
la realidad de los menores indígenas en centros de la mencionada
institución, el antropólogo Rodrigo Contreras, encargado en el instituto
de la Unidad de Salud Intercultural, cuenta que no detectaron a menores
internados en el Sename por motivos de violencia por allanamientos.
A juicio de Contreras, “el Gobierno no ha dado señal alguna de que esté
interesado o que le importe el problema de la infancia indígena de las
comunidades en conflicto”. El profesional sostiene que al no tener
políticas interculturales, Sename no puede manejar esta temática y sí
Mideplan, como coordinador junto a UNICEF, lo que para él “es una manera
de limpiar la imagen de Chile para que no se vea en la región como un
país que vulnera los derechos de los niños”, dice.
Cuna de weichafe
Tanto autoridades como los propios comuneros coinciden en que el saldo
de la violencia en los enfrentamientos y allanamientos, sólo contribuye
a crear más violencia. En especial en los niños, quienes ven con malos
ojos la que fuese la institución más querida de Chile. Voces como la del
sacerdote Fernando Díaz, de la Pastoral Indígena, advierten que la nueva
generación de jóvenes mapuche que revindicarán las tierras en disputa,
más que dialogadores, serán weichafe (guerreros), los que podrían
radicalizar aun más el conflicto. Contreras los exculpa. “Los weichafe
que hoy existen también fueron niños y los lonkos que lideran la lucha
son weichafe hace 30, 50 u 80 años, por lo tanto el proceso de
renovación de weichafe en realidad es un apelativo que quizás está a
punto de que se satanice. Lo que están haciendo es defenderse, como uno
lo haría si alguien salta la reja de tu casa, en un acto de legítima
defensa en que los niños ven que tienen que cuidar lo poco que les
queda”, opina el profesional del Instituto de Estudios Indígena.
Este tema que no ha estado en la agenda del Ministro Coordinador de
Temas Indígenas del Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, en sus visitas a
la región. “Viera Gallo cree que puede venir a la región y sentarse a
golpear la mesa. El Gobierno subestima el poder que tienen los jóvenes
que ya lideran las demandas mapuche, los mismos que por siglos han
aprendido a utilizar la violencia con inteligencia para que los
escuchen. La represión de la que son víctimas los niños sólo
incrementará la violencia, por eso es necesario sentarse en la mesa a
discutir este tema para no lamentar serias consecuencias”, piensa el
representante de la Pastoral Indígena.
“El Gobierno mete al saco a todos los mapuche sindicándonos como
violentistas, aplicándonos un terrorismo de Estado, sin entender que
esta represión ilegal ha causado que como pueblo nos levantemos, porque
al cerrarnos el diálogo y las vías políticas, no nos dejan otro camino
que revindicar nuestra lucha con la violencia”, remata Luis Penchuleo, a
quien no deja de sonarle el celular y se disculpa de no seguir
conversando “pues Carabineros sigue rondando su comunidad” y los niños
vuelven a asustarse.
* Gentileza
www.elperiodista.cl
VOLVER
|
