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FOTO DE AGENCIAS. |
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La
Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir
la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial.
Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta
ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican.
El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con
la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor
justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil
apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.
En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista
“colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o
incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la
integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es
posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se
han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo
los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores
tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que
levantan barricadas y queman bienes públicos.
En todo el mundo hay protestas violentas. Ellas ocurren en forma regular
en las grandes cumbres de los mandatarios de los países ricos, en su
variedad de encuentros G (G-7, G-8 e incluso G-20). Las imágenes
muestran a jóvenes con rostros velados por bufandas, pasamontañas o
kefias que lanzan artefactos incendiarios de “cualquier tipo”, que
pueden afectar la integridad física de personas o causar daño.
Los hechores que transgreden la ley reciben las sanciones establecidas.
Pero no se les aplica la draconiana legislación reservada para el
terrorismo, considerado como una de las mayores amenazas contra la
sociedad. Sería aberrante aplicar la misma legislación a jóvenes que
protestan contra las falencias del sistema y a terroristas suicidas que
detonan bombas sin miramientos por cientos de vidas inocentes. Un
sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aun si
emplea métodos violentos, y un movimiento empeñado en la aplicación del
método terrorista.
La mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones
del pueblo mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado con sus
primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada. En Australia,
Canadá y otros países, diversos gobiernos han pedido perdón por los
abusos cometidos. Ese día también llegará y cuanto antes mejor. Dicho
sea de pasada, las autoridades dicen que es una pequeña minoría de
mapuches la que se moviliza detrás de los actos violentos. Ello puede
ser así en un estricto sentido de militancia. Pero también es claro que
muchos mapuches que no participan en acciones políticas consideran a los
caídos como mártires de su causa.
En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no
carabineros o agricultores. Son ellos los que reciben las palizas, ellos
son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a
menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del
conflicto de la Araucanía.
El Estado chileno tiene una infinita batería de leyes y recursos para
mantener el orden. Aplicar la Ley Antiterrorista, que en forma
automática triplica las penas, representa un acto discriminatorio que
sólo agravará el conflicto. Ante las luchas sociales no es el monto de
la represión, sino su eficacia la que marca la diferencia. Un conflicto
que se arrastra por siglos no se resolverá en algunos meses o años. El
pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas.
Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias.
Frente a la violencia sólo cabe aplicar la ley vigente para todos los
habitantes de este país.
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