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FOTO DE AGENCIAS. |
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“No existe un interés real por parte
del gobierno de generar y propiciar el diálogo con los mapuches, sino
que el objetivo es reducir la acción especialmente policial, en ciertas
comunidades para luego no dar cuenta del problema que es mucho más
global” afirmó Alejandro Herrera, docente de la Universidad de la
Frontera y miembro de su Instituto de Estudios Indígenas.
Para el especialista, la respuesta del Ejecutivo es equívoca, ya que
provoca daños en los integrantes de las comunidades al actuar sólo a
través de la represión y no atacando el conflicto de fondo, que es la
demanda territorial y política que hace el pueblo mapuche.
“El conflicto se ha trasladado hacia las comunidades. Ya no son
organizaciones de alcance nacional, sino que son comunidades
específicas, lo cual es grave desde el punto de vista de los efectos
sobre los miembros de las mismas, a propósito del accionar policial. Es
lamentable que nos encontremos en esta situación. Por eso es que algunas
instituciones están haciendo un esfuerzo para tratar de recuperar alguna
instancia de diálogo o para tratar de construir bases para la generación
de espacios de diálogo”, indicó el académico.
El docente hace hincapié en este aspecto, que ya ha sido invocado de
parte de todas las comunidades, como por ejemplo las que están reunidas
en torno a la Asamblea Territorial que encabeza el lonko Juan
Catrillanca de la comunidad de Temucuicui Histórica. Pero, para el
werkén de la misma comunidad, Mijael Carbone Queipul, la respuesta a
este emplazamiento ha sido el despliegue de policías en la zona, cuando
el interés de ellos es una demanda histórica y no provocar terror en la
zona como aparece constantemente en los medios, subrayó.
“El gobierno está acostumbrado a justificarse y a realizar actos en los
que después, con sus recursos, arman montajes. Dicen ‘aquí hay actos de
terrorismo y los culpables son los mapuches y ellos son los que tienen
que ser encarcelados’. Nosotros como pueblo-nación nos estamos
organizando en lo más interior de las comunidades para decirle al Estado
de Chile ‘ya basta’”, expresó Carbone Queipul. El dirigente comentó que
están en un proceso de diálogo con otras comunidades de la zona, para
evaluar el camino que adoptarán, porque, según él, ya no están
dispuestos a tener más represión como respuesta.
Mientras, en el Tribunal de Victoria se acusó de asociación ilícita,
robo con intimidación, homicidio frustrado e incendio, todo bajo la
legislación antiterrorista contra los comuneros de Temucuicui Autónomo
acusados de los ataques contra dos camiones y un peaje hace casi dos
semanas, cargos que fueron calificados como un montaje por el werkén
Jorge Huenchullán.
“Para nosotros este es un montaje bien preparado y coordinado por ambas
policías y por el Ministerio Público que sólo busca condenar a nuestros
hermanos. Aquí hay un descontrol y desproporcionalidad en la aplicación
de la ley hacia nuestros hermanos. Es incoherente que se puedan aplicar
a mapuches humildes dentro de una comunidad y que se invoque la Ley
Antiterrorista para sancionarlos de esa manera. Hay una persecución
constante, brutal y genocida por parte del Estado”, aseguró el
representante mapuche. De continuar la represión, Huenchullán advirtió
que va a haber un levantamiento generalizado de las comunidades, ya que
están cansados de no encontrar el diálogo que tanto han convocado.
Huenchullán subrayó que el gobierno
chileno está actuando con una “una política equivocada y errada”, y
señaló que Pérez Yoma - quien trató de delincuentes a los mapuches
movilizados- “con sus dichos no hace más que levantar a las comunidades
mapuches”. Es más, el werkén advirtió que los mapuches “van a reaccionar
y poner en jaque al Estado”. “Si no se van a tomar medidas de compras de
tierras y desarrollo para las comunidades mapuches, aquí se va a seguir
con un nivel más alto y organizacional más comprometido en la lucha”.
En tanto, en el tribunal de Victoria, la jueza del tribunal de garantía
de esta ciudad, Caroline Muñoz, decretó la prisión preventiva y la
incomunicación por otros siete días de los cuatro mapuches acusados este
lunes de cuatro delitos -dos de ellos de carácter terrorista- en su
calidad de autores de atentados armados e incendiarios cometidos la
noche del sábado 10 y domingo 11 de octubre en la ruta 5 Sur y en el
camino internacional Victoria-Curacautín. Carabineros desplegó un amplio
operativo de seguridad en torno al perímetro del tribunal, cerrando las
calles de acceso con "rejas papales" para impedir el acceso al recinto
de comuneros mapuches.
Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Hugo
Queipul Millanao y José Millanao Millape fueran dejados en prisión en la
cárcel de Angol mientras dura la investigación. En tanto, José Queipul
Hueiquil y Camilo Tori Millanao, fueron llevados a la cárcel de Temuko
en lugar de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago como pidió en su
momento la fiscalía.
Cabe destacar que el fiscal especial,
Miguel Velásquez, señaló en la audiencia de formalización que el grupo
"empleó escopetas convencionales y hechizas, pistolas y revólveres y un
fusil M-16", lo que fue desmentido por los dirigentes mapuches, que
acusan un nuevo montaje judicial para aplacar el movimiento de las
comunidades. Velásquez encabezó personalmente el arresto de los primeros
cuatro comuneros y el posterior allanamiento de sus viviendas en la
comunidad Autónoma Temucuicui, ejecutados en virtud de órdenes
despachadas por la Fiscalía de Victoria, y coordinadas por el jefe (s)
de la IX Zona de Carabineros, coronel Iván Bezmalinovic.
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