ES EL 25 DE MAYO de 2004. El juez lee los cargos; se los acusa de despojar, mediante el uso de la violencia, a la Compañía Tierras del Sur Argentino (CTSA) de parte de su propiedad, delito calificado como "usurpación". En la sala hacen silencio los cerca de 200 mapuche, estudiantes y vecinos que llegaron de todas partes para presenciar el juicio. El tribunal se trasladó al casino de oficiales de la Policía, un salón que generalmente se utiliza para cumpleaños de 15. Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, los acusados, son los primeros que tienen que dar testimonio.

El año pasado, luego que de que el conflicto comenzara a tener repercusión nacional e internacional, representantes de Benetton les habían ofrecido un acuerdo: si renunciaban a la tierra, ellos retiraban los cargos por usurpación, y todo quedaba en el olvido. Pero para el matrimonio mapuche, no había vuelta atrás; ellos hablaban con su verdad, con palabras simples y sinceras, y no iban a aceptar que se los trate como delincuentes. No quisieron el trato, que consideraron otro intento de humillación, y allí estaban ahora, en el banquillo de acusados, señalando a los terratenientes y al estado de no respetar los derechos de los pueblos originarios.

Rosa habló primero, con palabras pausadas y espontáneas; ni ella ni Atilio habían preparado su declaración. "No hace falta -nos dijo ella- yo tengo bien claro lo que tengo que decir: la verdad". Durante los últimos días, los vimos organizar el alojamiento y cocinar para sus hermanos y hermanas que vinieron desde varios puntos de la región para acompañarlos. Ambos fueron los anfitriones de más de un centenar de campesinos, ancianos y niños que bajaron de la cordillera, dejaron sus comunidades y a sus familias para darles fuerzas y solidaridad en un momento definitorio de su lucha.

El martes por la mañana, antes del amanecer, en las afueras de la ciudad de Esquel, los mapuche se habían congregado para hacer un nguillatun, una ceremonia tradicional para conectarse con las fuerzas de la naturaleza de la que se sienten parte. Allí, Rosa y Atilio recibieron el abrazo de sus hermanos, y sobre todo de los ancianos. Con lágrimas de emoción en los ojos, poco después de un amanecer brumoso y radiante recibieron los consejos y la fuerza de los lonko. Doña Celinda los ungió a ambos con muday, una bebida tradicional, y les regaló palabras en la lengua secreta de la tierra. El lonko Segundino, que para acompañarlos regresó después de 72 años a Esquel, les dio su fuerza apoyando el cuchillo que lo acompaña desde hace casi un siglo en el pecho.

Ahora, frente al frío estrado del tribunal, esa fuerza se convertía en palabras. Rosa y Atilio contaron como, al quedar desocupados, decidieron volver a la tierra para trabajarla con el poco capital que representaba su indemnización. En Febrero del 2002 presentaron en el IAC (Instituto Autárquico de Colonización) una nota solicitando ocupar un predio fiscal llamado Santa Rosa, muy cerca del lugar donde había nacido Atilio, en las inmediaciones del casco de la Estancia Leleque, propiedad de la CTSA. Explicaron cómo, seis meses después de ese pedido, y en base a la respuesta oral del organismo, fueron a la comisaría de El Maitén para declarar que iban a ocupar el terreno. Luego se pusieron a trabajar.

"Nosotros no cortamos ningún alambrado. No había nada allí- explicó Atilio-. Yo soy nacido en el lugar y lo conozco muy bien. Entramos de día, no hizo falta violencia…Nunca nadie utilizó ese predio. Esto nos ha sorprendido porque no nos han respetado…es notorio que siempre sea con los humildes, es una prueba de como nos tratan, igual que a nuestros antepasados. Yo con esto me siento tocado moral y materialmente, porque perdí todo y no se si lo voy a poder recuperar". Rosa también dijo que, "me acusan de usurpar mi propia tierra, yo nací en esta tierra, no nací en Italia…no me pueden venir a acusar de usurpadora". Luego de sus declaraciones, comenzaron a desfilar los 17 testigos que habían jurado o prometido decir toda la verdad, y nada más que la verdad.

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EL PRIMERO EN DECLARAR fue el administrador de la estancia de los Benetton, llamativamente llamado Ronald Mac Donald. Su testimonio era uno de los centrales, porque en base a su denuncia se habían formulado los cargos contra los Curiñanco. Sentado frente al juez, quizás traicionado por los nervios, o simplemente porque la empresa había cambiado de estrategia, se desdijo de lo declarado con anterioridad: que los Curiñanco habían cortado el alambrado para entrar al predio, que habían ingresado a la noche y que se habían instalado frente a los arbustos para no ser descubiertos.

En su nueva declaración ya no había visto alambrados cortados, simplemente una tranquera (puerta) precaria, y había detectado la casa desde arriba de su vehículo, en la ruta. Le siguió un empleado de la CTSA, un puestero (cuidador) de apellido Nahuelquir –el mismo de la acusada- que desde hace 30 años trabaja en la estancia. Su supuesto testimonio había sido citado en varias por Mac Donald y por el abogado de La Compañía para acusar a los Curiñanco de usurpación. Frente al tribunal, nada de lo que se le había adjudicado se repitió.

Con mucha honestidad, el anciano peón declaró que desde su puesto de vigilancia había visto como entraban los Curiñanco al predio. Cuando se le preguntó por los alambres cortados –lo que demostraría que los ocupantes habían utilizado la violencia- dijo que no vio ninguno y que para él "habrían entrado por la tranquera o saltado el alambrado". También explicó que antiguamente, la única función que cumplía ese predio era la de alojar a los caballos de los peones que iban a la CTSA para buscar trabajo. Como no les permitían entrarlos a la compañía –señaló otro testigo-los dejaban ahí.

Ambas declaraciones causaron reacciones muy diferentes. En Rosa Nahuelquir despertó la primera sonrisa del día; a poco de empezar el juicio, ya se comenzaba a caer, en boca de sus principales acusadores, el rosario de mentiras que la habían señalado como usurpadora. Pero afuera de la sala, y del otro lado de la historia, dos jóvenes asesoras de prensa de la CTSA daban vuelas en círculos y no paraban de quejarse en sus comunicaciones por celular que los primeros testigos presentados por ellos habían declarado mal. Los testimonios que siguieron fueron convirtiendo el tribunal en una nebulosa que por momentos parecía montar –¿o revelar?- la puesta en escena en un teatro absurdo.

La discusión del alambre –si lo habían cortado o no- no era una cuestión menor a los efectos de los cargos que se imputaban contra el matrimonio. Y no sólo porque la tierra ocupada por Benetton es una provincia alambrada; sobre todo, porque si se demostraba que la familia mapuche los había cortado se fortalecían los cargos de usurpación. Los agrimensores, cuyos testimonios serán analizados más adelante, demostraron sólo lo que luego señaló la defensa: que ninguno de ellos puede hablar contra los terratenientes porque todos, tarde o temprano, tienen que trabajar para ellos.

También declararon directivos y empleados del IAC, que contaron como la familia se había presentado a averiguar por la tierra en ese organismo, y que su pedido nunca había sido respondido por escrito. Igualmente, deslindaron toda responsabilidad y negaron haberle dado permiso a los Curiñanco para ocupar el predio. Con notable rencor, develado por el tono despectivo de sus palabras, demostraron –ante las preguntas de las partes- desconocer la ley de tierras indígenas, y en especial la que ordena al organismo la participación de los pueblos originarios en las decisiones que atañen a esas tierras. Ricardo Rojas incluso llegó a afirmar –causando risas y comentarios entre el público- que en la provincia no hay tierras fiscales desocupadas. Declaró que si las hubiera "todos tienen que tener la misma oportunidad, porque todos somos argentinos", dejando entrever su adhesión a las teorías racistas que descalifican a los pueblos originarios, negando las leyes que los reconocen preexistentes al Estado argentino.

Un corresponsal de Indymedia Argentina y del propio Azkintuwe en Puelmapu, Hernán Scandizzo, contó en su declaración que en la investigación periodística en la región, se descubrió una política de apropiación sistemática de territorios mapuche por parte de la CTSA. Enumeró testimonios actuales e históricos, recogidos en Vuelta del Río, en Leleque –donde se descubrió una reserva mapuche alambrada y con restos de lo que alguna vez fue una casa- y en otras zonas donde se repite la misma situación: mapuche despojados de sus tierras tradicionales por terratenientes como Benetton. También ratificó lo que habían afirmado varios testigos; que el predio estaba abandonado, que los alambrados estaban caídos y que las únicas mejoras visibles pertenecían matrimonio Curiñanco-Nahuelquir. Otro testimonio revelador fue el del oficial de policía Eduardo Quijón, conocido en la zona como un hombre de los terratenientes, presente en cuanto desalojo, apriete o acusación haya contra los pobladores mapuche.

El oficial tuvo problemas para explicar por qué escribió en un acta que Atilio Curiñanco había cortado el alambrado para entrar el predio. Reconoció que no los había visto en el momento en que supuesta-mente lo hacían, y que sólo encontró un hilo cortado de los siete que tiene el alambrado "oxidado, podrido, caído" (así lo calificó otro testimonio) que rodea al lugar. Su testificación fue corta pero aleccionadora; el montaje, la parcialidad en las actas que se labran durante los operativos contra las familias humildes, son prácticas de uso corriente en la región.

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MARTÍN ITURBURU MONEFF es el abogado de Benetton o de la CTSA. La duda corre por su cuenta; siempre sostiene que la CTSA, que todos saben es del grupo italiano, es una empresa nacional y que como se trata de una sociedad anónima, nadie conoce quienes son los dueños. Para demostrarlo, con un dejo de ironía, durante todo el juicio lució una escarapela celeste y blanca. Todos los representantes de Benetton -los que eran simpáticos y los que no- usaban la misma identificación, a pesar de que las fiestas patrias habían terminado el día anterior. Su alegato terminó de demostrar un cambio en la estrategia de los Benetton. Si antes hablaba de clandestinidad y violencia por parte de la familia Curiñanco-Nahuelquir, ahora se trataba de aparente "negligencia". Comenzó su larga alocución diciendo que "aquí hay una cuestión penal y una civil, que es la que a nosotros nos interesa. Somos ajenos a la acción penal, quiero que quede absolutamente claro". En realidad, con esto volvía sobre sus propios pasos; los cargos penales por usurpación, se basaron en los escritos que él mismo presentó y que ahora, a la luz de los testimonios, se volvían insostenibles.

Explicó que cuando uno compra un pullover- ¿ejemplo casual?- primero averigua de que está hecho, quién lo hizo y cuánto sale, para luego decir que en este caso era lo mismo; que los Curiñanco podrían haber tomado recaudos para saber si se trataba de un predio fiscal o no. Si bien reconoció que habían ido a hacer una exposición policial antes de entrar al predio, supuso que "no se habían presentado con eso al IAC porque sabían que les iban a decir que no". Para él, como mínimo se trató de un caso de "negligencia", que había terminado en "un hecho lesivo, un daño para la CTSA". Luego ahondó en el problema de las mensuras y los títulos de propiedad- cuestión que abordaremos en la segunda entrega- concluyendo que los Curiñanco "tenían conocimiento de que era propiedad privada".

Siguió el testimonio del fiscal, representante del Estado y encargado de determinar qué delito se cometió y formular los cargos. Pero esta vez, en forma inédita, su alegato se convirtió en una encendida defensa de la familia mapuche. Señaló que para que exista el delito tipificado como usurpación, tenían que darse por lo menos una de cinco condiciones: la clandestinidad, el engaño, el abuso de confianza, la violencia o la amenaza. Punto por punto demostró que en base a los testimonios y las pruebas aportadas, ninguna de esas características se ajustaban a lo actuado por la familia mapuche, y que, por lo tanto, tenían que ser sobreseídos.

El público recibió su intervención con aplausos, que se multiplicaron cuando el juez señaló que si la fiscalía no presentaba cargos, él no tenía más que dictar el sobreseimiento de la familia. Sólo faltaba definir la cuestión civil; de quién era la tierra. La tensión que reinaba en la sala y la preocupación reflejada en los rostros se disiparon con una dosis de ternura. "Mi cliente –señaló un defensor- quiere ir al baño. Creo que puede ir porque ya no está imputa-do". La ocurrencia generó sonrisas entre el público, gritos de ¡Marriciweu! con los puños en alto, y una explosión de abrazos y lágrimas contenidas a lo largo de más de un año de lucha.

El juez no pudo más que dictar un cuarto intermedio de unos minutos. Afuera, al ritmo del kultrun y un canto hermoso y profundo de Doña Celinda, las ancianas que estaban presenciando el juicio comenzaron a bailar con pasos cortos, tomadas de la mano y contestando los gritos y sonidos de los hombres que tocaban instrumentos de viento propios de la cultura mapuche. En sus bocas se dibujaban sonrisas y no pocas lágrimas; era un baile de alegría, de lucha y de dignidad. Juntos habían cuestionado, de cara al país y al mundo, un mecanismo típico en la región; desalojar por las dudas a las familias humildes, para luego discutir judicialmente si son o no dueños de la tierra. Una práctica de conquista y rapiña que se viene repitiendo desde la "Conquista del Desierto", y que escribió no pocas páginas de sangre y resistencia en esta región. Luego de los últimos 10 años de lucha, hace menos de un mes, el juez Collabelli –el mismo que había actuado en esta causa- fue destituido por procedimientos como éste. En sus fallos, los desalojados son siempre las familias mapuche, a las que se les niega el derecho a defenderse y se condena al despojo antes de ser sentenciados (Ver página 17).

Los Benetton, con su denuncia, se habían amparado en ese procedimiento para desalojar a la familia Curiñanco, e incluso el vocero de la compañía, Federico Sartor, se había jactado en una respuesta a nuestros artículos que la sentencia ya estaba dictada. El pasado 25 de mayo, los mapuche terminaron de poner sobre la mesa esa práctica, dejando claro también que la Constitución, que dice que los pueblos originarios deben tener tierras aptas y suficientes para su desarrollo, hasta ahora es sólo papel mojado. Quizás hayamos sido testigos del comienzo del fin de muchas cosas, entre ellas la doctrina Benetton-Collabelli. Esa que dice que los poderosos siempre tienen la razón.

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DICEN QUE APRENDIERON de los pájaros, los ríos y el viento. Y por más que nosotros -extranjeros de su lengua- no entendemos las palabras, la melodía que endulza nuestros oídos parece darles la razón. Allí están, al pie de la montaña, Doña Celinda y sus compañeras, todas tan ancianas como ella, cantando con un alma tan antigua como las piedras, los árboles o el cielo. La ceremonia comienza cuando las últimas estrellas se diluyen sobre la cordillera. Todo transcurre mirando al este, esperando a un sol que está por asomarse y será recibido con los puños en alto. Un kulltrun lleva el ritmo, y el ñorkin y la pifilka exhalan sonidos firmes pero suaves y húmedos, como latidos del corazón del mundo.

Las mujeres cantan en mapudungun, la lengua de la tierra, y parece haber una continuidad, una especie de armónica complicidad - difícil de entender y de contar- entre sus voces, el sonido de los instrumentos, y las montañas que nos rodean, todavía cargadas de una bruma espesa que pronto descenderá sobre nosotros. Ellas son mapuche; la gente de la tierra. Y mapuche, la palabra que los nombra como pueblo, significa no que son dueños, sino parte de la tierra que pisan. En su cosmovisión, la lengua en la que cantan, la naturaleza que los rodea, y hasta su propia existencia son diferentes manifestaciones de una misma realidad.

Durante el juicio de Benetton contra el matrimonio Curiñanco-Nahuelquir, la primera fila de la platea estuvo ocupada por esas mismas ancianas que un día antes escuchamos cantar al amanecer. Para ellas, no se trataba simplemente de un juicio contra dos de sus hermanos, sino de ser testigos de como un juzgado decide si una rama es parte del árbol, o si la nieve tiene permiso de posarse sobre la cumbre de las montañas y reflejar los rayos del sol.

Benetton, actualmente el principal terrateniente del país, es dueño de una provincia de alambre. Son 900.000 hectáreas, 630.000 en la provincia de Chubut, abarcando llanuras, horizontes, montañas y ríos. El predio en disputa, llamado Santa Rosa, mide poco más de 500 hectáreas, está sobre la vera de la ruta nacional 40 y frente a la estancia Leleque, una de las principales estancias del grupo italiano en la Argentina. Hasta allí llegaron en el 2002 Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, con el objetivo de montar un emprendimiento familiar que les permitiese volver a la tierra. Cultivaron frutillas, hortalizas, construyeron una pequeña casa y hasta un canal de riego, utilizando como único capital la indemnización que Rosa había cobrado al ser despedida de una empresa textil en quiebra.

Para varios pobladores de la zona, incluyendo al propio Atilio Curiñanco, se trataba de un predio que estuvo desde siempre abandonado, salvo cuando fue habitado por una familia mapuche de apellido Tureo. El testigo Courtenay, antiguo empleado de la CTSA, explicó que esa zona siempre fue conocida como reserva, y que la única utilización que tuvo alguna vez fue la de alojar a los caballos llamados "marca pobre", de los peones que se acercaban a la estancia para buscar trabajo. Algo similar dijo Don Nahuelquir, trabajador de la compañía durante los últimos 30 años, y testigo central de sus empleadores.

Santa Rosa no fue siempre como ahora, un triángulo de poco más de 500 hectáreas al pie de la cordillera. Antes de los años 70 en su borde no existía la ruta, y a su alrededor había sólo colonizadores vecinos a la CTSA. La llegada del asfalto fue la que modificó todos los límites; ese y varios de los campos vecinos que la rodean, perdieron un pedazo de terreno en manos de La Compañía. Algunos de los propietarios, también terratenientes, hicieron juicios y hoy tienen una cuña de campo que atraviesa el asfalto y se interna en los campos de Benetton. Pero claro, la recuperación no cuenta a los pobladores más humildes, como Pichón Llancaqueo; ellos no pueden pagar abogados y agrimensores, y entonces se resignan a que la Compañía les saque un pedazo del terreno donde nacieron sus abuelos.

Esos alambrados movidos por el asfalto encierran algunas cientos de hectáreas, pero convierten a los límites entre vecinos en un polígono irregular, una confesión gráfica caracterizada en el testimonio del periodista Hernán Scandizzo como "una política sistemática de apropiación de tierras indígenas". En su declaración frente al tribunal, el cronista contó como durante la investigación que hicimos en la zona, se descubrieron otros predios que habían sufrido el mismo destino que Santa Rosa. Nombró, entre otros, a la Reserva Rayel, Laguna Seca y una parcela de la comunidad Vuelta del Río, todas tierras alambradas ilegalmente por la CTSA.

Pero si la ruta transformó la geografía del lugar, y la voracidad de la compañía se tragó tierras mapuche, en cambio no modificó para nada el abandono del predio ahora en disputa. Desde que se tiene memoria, y hasta que fuera ocupado por la familia Curiñanco en el 2002, nunca hubo allí más que viento y silencio. El alambrado, contó Ariel Yañez en su declaración, estuvo siempre "caído, podrido, oxidado". Contradiciendo esta versión, uno de los pocos testigos que declaró que la tierra era usada por la CTSA fue Ronald Mac Donald, administrador de la estancia y principal denunciante en la causa. Para él, como parte de una prueba agronómica, antes de que los Curiñanco ocuparan el predio, la compañía habría plantado dos pinos dentro del terreno.

Martín Iturburu Monef, el abogado de Benetton, centró su estrategia en varios elementos. El primero, que parte del alambrado perimetral del predio era del mismo tipo que solía construir la CTSA, y que además está dentro de los límites de las tierras de la Compañía, ya que "coinciden los títulos de propiedad con las mensuras y los alambres". También señaló que los títulos de propiedad de la empresa, que datan de 1896, son perfectamente legítimos, y que "es mentira que se traten de tierras donadas por el Estado" a particulares, sino que fueron compradas por la CTSA.

En realidad, los títulos adjuntados a la causa son fotocopias de documentos que superan el siglo de antigüedad. En uno de ellos se puede leer, si se tiene la paciencia suficiente para descifrarlos, que el 13 de diciembre de 1891, con la firma de "A. Bermejo", el Estado argentino dictó un decreto que dice: "en relación al capital introducido en el terreno al que se ha hecho referencia, dona a la sociedad denominada Compañía Tierras del Sud Argentino Limitada un terreno compuesto de una superficie de 85.638 has. Esta situado en la gobernación de Chubut.… en la confluencia entre el Río Chubut y el Río Letatimen".

La donación de tierras a capitales ingleses era muy común en aquella época. El Estado daba en concesión lotes de 80.000 has. que, para "no perder los accidentes geográficos", se agrandaban notablemente al momento de hacer las mensuras. Luego, "en virtud de las mejoras introducidas", eran donadas a los concesionarios, a cambio de la devolución de la cuarta parte de lo recibido. Este proceso, que se profundizó con la matanza de pueblos originarios conocida como La Campaña al Desierto, permitió que en 1891 se unieran en una sociedad 10 de esos beneficiarios, formando la Compañía Tierras del Sud Argentino Limitada. La empresa que un siglo después, pagando 50 millones de dólares, compró Benetton.

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PARA LA DEFENSA DE LA familia mapuche, a cargo de los doctores Eduardo Hualpa y Gustavo Manuel Macayo, poco de lo que dijo el abogado patrocinante de la CTSA es cierto. En su alegato, el Dr. Macayo partió de cuestionar la existencia misma de La Compañía, señalando que hay "enormes dudas de que hayan existido alguna vez" los títulos de propiedad originales. Según el abogado, las donaciones de tierra que dieron vida a la CTSA fueron totalmente ilegales. En primer lugar, porque se hicieron frente a un escribano público, y no con el Escribano General de la Nación, como exigía la Ley de Tierras de aquel entonces.

En segundo termino porque "las donaciones de tierras estaban limitadas a superficies de lo que nosotros conocemos como un cuarto de legua o 625 hectáreas como máximo, que es la ley 1501 que se llamó la ley del hogar". También alegó que por más que hubiesen sido compradas, igualmente se habría tratado de una operación ilegal. La ley de aquel entonces decía que "una persona o una sociedad no podía comprar una superficie mayor a 40 mil hectáreas, y una persona tampoco podía adquirir dos lotes...", además de que la venta de tierras fiscales debía hacerse "en remates públicos, con una base mínima, donde el mejor postor era el que compraba”.

La línea argumental del Dr. Macayo apuntó a que esta situación indefinida se mantiene en la actualidad. La CTSA, dijo, "no está registrada en el Chubut, no tiene ni siquiera registrada la Inspección de Personas Jurídicas o en el registro público de comercio, (a pesar de) que realiza permanentes y continuos actos de comercio aquí en el Chubut". También, que "la nacionalización de la sociedad en 1982, además de constituir domicilio en el país tiene que justificar la constitución de un directorio en el cual el 60 % de sus miembros sean argentinos", ya que "la continuidad de ese directorio en 1982 esta dibujado".

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HAY UNA BROMA TRISTE que suelen hacer los pobladores en la zona de la Estancia Leleque. Dicen que el viento patagónico es tan fuerte, que a veces suele correr los alambrados, aunque siempre para el mismo lado. Para el Dr. Macayo, algo de eso sucedió en este caso. En su intervención señaló que los tres planos de la CTSA adjuntados a la causa, muestran como el perímetro de la compañía fue creciendo sin razón lógica a lo largo del tiempo. Y agregó el ejemplo de un mapa más antiguo, publicado por el propio Benetton en un libro sobre la Patagonia, donde la superficie de las estancias era todavía mucho más chicas. En ese terreno movedizo se centró otro de los puntos que atravesaron todo el debate: si las tierras de la CTSA están mensuradas o no.

Para la empresa, las mensuras presentadas -que datan de 1892- son suficiente documentación. Sus representantes declararon que sólo tendrían la obligación de volver a mensurar si decidían vender las tierras y que hasta entonces el centenario documento era suficiente para demostrar cuales son las fronteras de la CTSA. Para Gustavo Macayo, en cambio, los certificados de registro de propiedad demuestran que esto no es verdad. Allí figura una leyenda que dice: "Propiedad: corresponde a la compañía Tierras del Sur Argentina, observaciones: sujeto a la obligación de mensurar". Siempre según el Dr. Macayo, esto se refiere "a la mensura sobre el alambre, la mensura perimetral que no tienen ni la Estancia Leleque, ni la estancia Lepa (…) ni ninguna de las estancias de la CTSA".

¿Que significa esto?. La mensura perimetral, explica Macayo, es "certificar que lo que está adentro del alambre es igual que lo que está en el título". De no hacerse, "además de no poder venderlo, puede causar perjuicios a terceros". Igual-mente, su visión es que es difícil que ese trabajo se haga alguna vez, "porque no hay un sólo organismo aquí en la provincia que le exija a la CTSA". Resumiendo: para la defensa de la familia mapuche, el nudo del problema no es sólo que el predio conocido como Santa Rosa estaba abandonado, con los alambrados caídos y fuera del perímetro de la CTSA. También cuestiona la legitimidad misma de la CTSA, quizás el ejemplo más crudo de como se ha constituido el latifundio en la Argentina.

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LUNES 31 DE MAYO. Tras leer catorce fundamentos, basados en las pruebas que incluso, fueron tenidas en cuenta en el debate del pasado miércoles, el Juez Jorge Eyo, dio a conocer el fallo por el cual restituyó las 535 Has. del lote Santa Rosa, a la Compañía Tierras del Sud Argentino S.A., empresa propietaria de Estancia Leleque. En este marco, rechazó la demanda contra el Estado Provincial y específicamente contra el I.A.C. (Instituto Autárquico de Colonización) y no impuso las costas al matrimonio Curiñanco, al cual se le deben restituir todos los elementos incautados en el desalojo de octubre del 2002. El juez Jorge Eyo ha dictaminado que la tierra que se disputaban Benetton y la familia Mapuche Curiñanco-Nahuelquir pertenecen a la polémica firma italiana, a pesar de que cinco días antes había aceptado que el delito de usurpación no existía.

Rosa y Atilio llegaron poco después de las 7 de la tarde hasta la sala del tribunal, acompañados por un centenar de personas que se congregó espontáneamente para seguir el juicio. Pocas horas antes de la lectura del fallo, Rosa Nahuelquir nos decía que "si no nos devuelven la tierra, la lucha que comenzamos no va a quedar acá. No solamente por nosotros sino por el resto de nuestros hermanos que están en la misma situación y no se animan a seguir este camino". A su lado, Atilio ratificaba sus palabras diciendo que "esto es una herida muy grande para mí como ser humano, por la denuncia que este personaje nos hizo a nosotros. Porque nos destruyó parte de la vida, nos dañó moral y materialmente, pero no hemos perdido la fuerza para seguir luchando. Que esto sea un ejemplo para nuestro pueblo, para nuestros hermanos. La lucha no va a terminar acá, porque hoy esta lucha no es nuestra, es de todos".

Si bien Benetton ganó una porción de tierra -mínima comparada con el total de su propiedad- perdió en cambio una batalla en la que se sentía campeón: su legitimidad ante la opinión pública. En Esquel, en el país y en el mundo, miles saben ahora que hay un monopolio que es dueño de una provincia alambrada y que está construido sobre la sangre y el sudor de un pueblo perseguido y expulsado, pero que todavía mantiene la suprema rebeldía de querer vivir. Atilio y Rosa, y el Pueblo Mapuche en general, no sólo recibieron el afecto y la solidaridad de miles de personas en el mundo; también pusieron sobre la mesa los mecanismos con los que se construyen los latifundios en nuestro país; con un Estado que es capaz de regalar un pedazo de mundo al capital extranjero, expulsando de la tierra a sus legítimos hijos.

Definitivamente, Benetton tiene un gran problema en el Puelmapu. Hoy vimos como la historia sobrevolaba la sala del tribunal; parecía un pájaro golpeando las alas contra el techo, horrorizado de repetirse a si mismo. Pero también escuchamos un grito; Marici Weu!. Y dicen algunos que en la lengua de castilla significa "diez veces estamos vivos, diez veces venceremos" / Azkintuwe

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