"EN UNA SOCIEDAD, LOS ciudadanos renuncian a su derecho de la autodefensa, porque se la entregan al Estado... Sin embargo, cuando éste en el hecho no me la brinda y me deja en una situación de indefensión, indirectamente me está invitando a la justicia por mano propia". Las palabras anteriores no pertenecen al belicoso presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Manuel Riesco. Tampoco a cualquier iletrado dueño de fundo. Pertenecen a Juan Agustín Figueroa, un ex ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, Presidente de la Fundación Pablo Neruda y, además, reconocido concertacionista.

Hace un par de años, en el marco de la reforma procesal penal que impera en la IX Región y en un juicio oral calificado como "histórico", dos líderes mapuches acusados de quemar la hacienda patronal de su fundo, habían sido declarados finalmente inocentes por un trío de jueces en la ciudad de Angol. Según el Ministerio Público, los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, eran responsables del atentado contra el fundo Nancahue de Traiguén. Tras semanas de juicio oral, los jueces decretaron sin embargo su inocencia, en base a la debilidad de las pruebas presentadas por los querellantes. Y Figueroa, abogado influyente y de prestigio entre sus pares, no estaba para diplomacias de ningún tipo.

Sus declaraciones formaban parte de una entrevista publicada por El Mercurio en su edición del 14 de abril del año 2003. En ella, Figueroa desahogaba sus penas respecto de una derrota en tribunales que no dudaba en calificar como un "error" de los jueces. Declaraba además su ferviente apoyo a la aplicación de la Ley Antiterrorista en el marco del conflicto mapuche –una ley a la cual se opuso tenazmente bajo el régimen militar de Pinochet por considerarla "autoritaria"-, calificaba la situación en la zona sur como un verdadero Far West y, además, reconocía abiertamente la legitimidad de los latifundistas sureños de hacer uso de la autodefensa cuando la justicia ordinaria simplemente no funcionaba.

Agustín Figueroa es un amante del derecho y la legalidad. Sin embargo y quizás sin proponérselo, sellaba con sus declaraciones un pacto de agresión que hoy vuelve a resurgir con fuerza en La Araucanía, tras el último atentado incendiario que redujo a escombros el pasado 9 de junio la casa patronal del Fundo Santa Margarita, propiedad del agricultor Jorge Luchsinger y que –según denuncian comunidades y organizaciones mapuche- tendría el sello característico de las acciones del Comando Hernán Trizano. El mismo que surgió el año 2001, conformado por propietarios agrícolas de Traiguén, Victoria y Collipulli, y que el pasado 11 de junio anunció su reaparición en los campos de La Araucanía, por medio de una llamada anónima a la Redacción del Diario Austral de Temuco.

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A COMIENZOS DEL SIGLO XX y tras concluir las campañas militares de ocupación del territorio mapuche, el caos y la anarquía se tomaron por asalto las tierras de La Frontera. Bandoleros chilenos, por un lado, y parcialidades mapuches que se resistían a la invasión de su territorio, por el otro, transformaron los "fértiles" campos del sur recién colonizados en un verdadero y peligroso Far West. Para remediar esta situación, el gobierno encargó al oficial de ejército Hernán Trizano la creación de un cuerpo de policía rural, que años más tarde sólo sería recordado por el apellido de su tristemente célebre progenitor: "Los Trizanos".

Integrado por ex militares, colonos, agricultores y una entusiasta corte de mercenarios sin dios ni ley, el ejército paramilitar de Hernán Trizano azolaría por 15 años los campos de La Araucanía, dejando tras de si una estela de cruentos asesinatos que sólo terminaron cuando las autoridades comprendieron que el remedio había resultado mucho peor que la enfermedad. Actualmente, un monolito levantado en la céntrica Avenida Balmaceda de Angol recuerda para las nuevas generaciones de mallequinos su increíble historia. Sin embargo, también hay quienes gustan de recordarlo más allá de la frialdad de los monumentos oficiales.

"Estamos dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricultores, las forestales y las empresas hidroeléctricas… En vista que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para detener a los comuneros violentistas ni ha garantizado la seguridad de los agricultores, el movimiento va ha intervenir en los próximos días para contrarrestar los acciones terroristas de ciertos grupos indígenas… Con este anuncio empieza a funcionar el Comando Hernán Trizano y todas las actividades que realice desde hoy en adelante, junto con adjudicárselas, se van a dar a conocer oportunamente a los medios de comunicación", precisaba un escueto comunicado hecho llegar con fecha 10 de junio de 2001 al reportero de la radio Los Colonos de Victoria, Manuel Burgos.

Para gusto de los empresarios sureños, la belicosa pluma de los paramilitares del Trizano no solo disparaba contra los rebeldes mapuche. "El Gobierno ha adoptado la política del avestruz, minimizando o ignorando hechos que todos conocen, pero con un Ministro del Interior con su cabeza escondida, que es sordo a los clamores del sector agrícola, que ve como día a día, aumentan las tropelías y los derechos establecidos en la Constitución son atropellados. Al parecer, 450 ó 500 actos de violencia donde han quemado casas, galpones, maquinaria, no son delito… En virtud de esto, ya comunicamos nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son atropellados, tenemos los medios y la gente en la Octava y Novena Regiones y no trepidaremos en efectuar ajustes de cuentas contra los terroristas mapuche, chilenos y extranjeros, que apoyan esta subversión", señalaban los paras mallequinos.

La aparición de Los Trizano no dejó indiferente a las comunidades mapuche. Sin embargo y a pesar de existir denuncias previas sobre la existencia de guardias armados en algunas zonas de conflicto, la posición del gobierno fue bajarle el perfil al anuncio, desentendiéndose incluso de aquellas denuncias que numerosos parlamentarios –la mayoría miembros de la propia Concertación- comenzaron a realizar de manera pública en torno a estos hechos. "El gobierno no tiene hasta ahora evidencia de que existen grupos terroristas o armados. El tema indígena tiene varias facetas, cultura, tierras y desarrollo, entre otros. Yo, como ministro encargado de los temas de seguridad pública, les puedo asegurar que nosotros no tenemos la evidencia de la existencia de tales grupos".

La declaración, realizada por el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, en momentos en que arreciaban en el sur las amenazas reivindicadas por el Comando Hernán Trizano, caería como un verdadero balde de agua fría en la cabeza de distintos sectores vinculados al conflicto. Si bien desde la aparición del Comando Trizano diversas comunidades, organismos de derechos humanos e incluso parlamentarios habían exigido majaderamente al gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de este tipo de agrupaciones, la medida sería rechazada una y otra vez por las autoridades argumentando que no existían "hechos" ni "evidencias" concretas que confirmaran la existencia real de tal comando paramilitar.

Por cierto, el evidente doble estándar de las autoridades – que ante cualquier solicitud similar de los empresarios forestales o agrícolas en contra de los mapuche destacaban por su rapidez y diligencia- terminó creando divisiones incluso al interior de las propias filas de gobierno. Y una de las primeras bajas frente al discurso oficial de La Moneda serían aquellos parlamentarios cercanos al tema indígena o bien representantes de la zona donde el Comando Trizano comenzaba precisamente a hacer de las suyas con sus operaciones de amedrentamiento colectivo.

"La aparición del movimiento Hernán Trizano no es un rumor, es una realidad en la zona sur del país, tan real como cuando el año 1999 denunciamos junto al diputado Eugenio Tuma la existencia de otros grupos paramilitares aparentando ser guardias forestales y que cometían infinidad de atentados para inculpar luego a comunidades mapuche", señalaría tajante el diputado y presidente del PPD, Guido Girardi, ante las reiteradas negativas del gobierno a encarar de manera responsable el tema.

Roberto Muñoz Barra, senador del PPD, tampoco pudo guardar silencio respecto de una situación a todas luces evidente al menos al interior de su distrito Araucanía Norte. "Luego de 8 años resulta indiscutible que la política frente a los conflictos mapuche ha sido mirada como algo no trascendente. Según mi opinión, no resulta descabellado sino más bien a todas luces posible que en una zona donde han existido en el pasado movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus o importantes personajes de Patria y Libertad, puedan organizarse grupos armados que pretendan responder por la fuerza ante las demandas mapuche, más aun si ya existe un anuncio oficial de la creación de una brigada Hernán Trizano", señalaba el parlamentario a la prensa por aquellos días.

Por cierto, sus palabras no eran antojadizas. Conocedor como pocos de La Araucanía y de la idiosincrasia de sus colonizadores, en su retina estaban aún las imágenes de aquel masivo grupo de agricultores llegando armados y a bordo de potentes camionetas 4x4 a un fundo de Malleco, en solidaridad con uno de sus pares víctima reciente de un atentado incendiario. La polémica e improvisada reunión, desarrollada en el mismo predio siniestrado y que contó con la participación de más de 50 productores agrícolas de la región, había tenido lugar el 8 de junio del 2001 –tan sólo cuatro meses antes de la aparición del Comando Trizano en la misma zona- y tenía como supuesto objetivo solidarizar con Daniel Lichtenberg Rilling, propietario del Fundo "El Temo" de Victoria y cuyas tierras estaban siendo reclamadas por miembros de la comunidad mapuche Domingo Trangol.

"Todo parece indicar que a los agricultores de la Provincia de Malleco se les acabó la paciencia, están decididos a armarse para evitar ser atacados por comunidades mapuche aledañas a sus predios" señalaba el Diario Austral de Temuco en una nota publicada el 13 de junio. Razones para pensar aquello no le faltaban al vocero del empresariado agrícola sureño. Gran parte de los asistentes llegaron a la reunión en veloces todo terreno, vestidos con ropas de camuflaje y exhibiendo amenazantes ante la prensa sus escopetas y revólveres con las cuales aseguraban estar dispuestos a defender sus tierras ante cualquier otro ataque similar. "Se acabó la fiesta de los señores indígenas", declararía incluso uno de los asistentes ante un asombrado y joven periodista en práctica que difícilmente podía creer lo que estaba observando aquel día.

No faltaría por cierto en la cita la presencia del Presidente del Consorcio Agrícola del Sur y de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) Manuel Riesco, quien aprovechando la tribuna facilitada por el Diario Austral, enviaría un claro mensaje de advertencia al gobierno. "Por suerte Lichtenberg no disparó, porque andaba armado cuando ocurrió el ataque. Tuvo el tino de no disparar, pero esa cuestión no sé cuántas veces se va a poder contar, se están exacerbando los ánimos y a la larga esto va a complicar más las cosas y va a terminar mal", señalaría Riesco en una polémica declaración que -para muchos entendidos desnudaba como ninguna otra el verdadero objetivo de la reunión convocada en Victoria. Esto es, la realización de una clara demostración de fuerza frente a las autoridades del gobierno. Un verdadero "Ejercicio de Enlace" pero en versión latifundista y patronal.

Sin embargo y a pesa de existir este tipo de hechos, las denuncias realizadas por el diputado Girardi y el senador Muñoz Barra no tuvieron mayor eco en los pasillos de La Moneda. Para el círculo de hierro del presidente Lagos, encabezado por el ministro Insulza, hablar de grupos paramilitares, sean estos de extrema izquierda o de derecha, sólo significaba retrotraer al presente un escenario de confrontación política preferible de olvidar en un país que avanzaba hacia su definitiva "reconciliación" nacional. El surgimiento de grupos paramilitares en La Araucanía debía ser por tanto sólo una fantasía de sujetos "alarmistas" o a lo más informaciones falsas e imprecisas publicadas por pasquines sureños de "dudosa" reputación.

Bajo esta lógica, cualquiera que argumentase lo contrario sólo estaría cayendo en el juego sucio de la derecha y los "poderes fácticos", es decir, en el juego de aquellos sectores políticos interesados en crear un clima ficticio de inestabilidad para perjudicar la gestión del presidente Lagos. Huelga destacar lo rápido que asumieron esta posición oficial tanto Girardi como Muñoz Barra, quienes una vez llamados a terreno por La Moneda desistieron de continuar investigando el tema y optaron por guardar religiosamente sus denuncias para mejores (o peores) tiempos.

Tras el silencio de los parlamentarios, tanto las denuncias por parte de las comunidades mapuche, como las declaraciones de los agricultores de armarse para defender sus predios, continuaron. Pero la percepción de las autoridades sobre la existencia del Comando Trizano no variaría un ápice. Mas tarde y a pesar de ser conocidas públicamente ya no las primeras amenazas sino más bien los primeros atentados en contra de connotados dirigentes mapuche, la posición gubernamental continuó siendo el bajar el perfil de los hechos.

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"SABEMOS QUE ERES un socialista recalcitrante y amargado, cuídate y acuérdate que tu tienes familia. Lo que estas publicando en tu pasquín son puras mentiras y dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te estamos vigilando. Cuídate, no toques lo forestal por que te costará muy caro". Cuando Daniel Salinas, periodista y director del diario Renacer de Angol, leyó este correo electrónico no le asignó mayor importancia. La amenazante nota la firmaba una supuesta agrupación paramilitar y Salinas sólo atinó a pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Hacia poco había publicado en su diario de circulación local un extenso reportaje sobre el negativo impacto de las forestales en territorio mapuche, pero nada que ameritara este tipo de sobre reacciones.

Semanas más tarde, cuando notó que automóviles desconocidos le seguían y varias llamadas anónimas eran recibidas en su propia casa, Salinas comprendió que no se trataba de simples bromistas. Con fecha 13 de marzo -y ante la concurrencia de nuevos actos de hostigamiento en su contra-, el periodista decidió hacer finalmente público lo que hasta entonces se ventilaba sólo al nivel de sus más cercanos, los tribunales de justicia y la Policía de Investigaciones. Es decir, las amenazas de muerte contra él y su familia a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, los seguimientos vehiculares y las filmaciones por parte de civiles miembros del recién formado grupo paramilitar mallequino, "Los Cuchillos del Sur".

Aquel año, un fiscal del Ministerio Público de Angol en conjunto con una unidad especial de la Policía civil tuvieron a su cargo la investigación de los hechos, según reconoció entonces el propio Gobernador de Malleco, Mario Venegas. Sin embargo, jamás se logró dar con la identidad de los miembros de dicha agrupación paramilitar y la causa fue finalmente cerrada sin dar con los responsables de las llamadas intimidatorias. Nada raro, en todo caso. Un año antes, durante el transcurso del mes de abril del año 2002, una investigación judicial tendiente a identificar a los autores de sendas amenazas de muerte en contra de varios dirigentes mapuche de la misma zona de Malleco también había finalizado sin ningún tipo de resultados.

Mucho tiempo antes, una petición ante la justicia tendiente a lograr se investigase el surgimiento de grupos paramilitares por parte del abogado y diputado por la VIII Región, Alejandro Navarro, había desembocado en la designación del fiscal de Victoria, Héctor Leiva como primer encargado de dicha tarea. Para la presentación judicial -realizada el 14 de febrero de 2001 ante la Fiscal Regional, Esmirna Vidal-, el parlamentario se había basado en el artículo "La Intifada Mapuche" aparecido con fecha 4 de febrero en El Mercurio y que consignaba polémicas declaraciones de dueños de fundos en las que aseguraban estarse armando para hacer frente a los "hostigamientos" de comunidades mapuche.

"Creemos que las declaraciones hechas por agricultores de la IX, en las que se menciona que están creando grupos de autodefensa y que sólo por un milago no han muerto indígenas a consecuencia de disparos con armas de fuego, constituyen suficientes argumentos para presentar una denuncia de este tipo", explicaría Navarro. Para más adelante agregar, "acá hay asociación ilícita, amenazas y porte y tenencia ilegal de armas. Incluso, se han organizado grupos al margen de la ley, y la ley de Seguridad del Estado es clara y penaliza a quienes se asociaren para sustituir las facultades de las fuerzas de orden público. La propiedad privada la resguarda Carabineros e Investigaciones de Chile, no hay otra institución o grupo que pueda hacerlo. Los que lo hacen actúan al margen de la ley".

Pero no solo eso. En el documento judicial también se mencionaba a personas, autoridades políticas y del sector agrícola en la IX Región con nombre y apellido como los verdaderos responsables del clima de beligerancia existente al interior de las filas del agro sureño. "Manuel Riesco, Andrés Santa Cruz, Francisco Prat y Federico Rioseco, todos ellos dirigentes de asociaciones agrícolas, han coincidido en la necesidad de que los agricultores se organicen. Este llamado a la autodefensa, consideramos, ha pasado a hechos concretos y no se queda sólo en el plano del discurso", añadía el diputado del PS.

Sin embargo y a pesar de la contundencia de los antecedentes presentados por el parlamentario junto al dirigente Aucán Huilcamán y el abogado Rodrigo Lillo, el fiscal Héctor Leiva no logró finalmente mayores avances en su investigación. Esto a pesar de contar con un equipo especial de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) asignados al caso y de haber citado a declarar a su despacho a decenas de agricultores de las comunas de Victoria y Traiguén.

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POCO TIEMPO DESPUÉS de realizada la insólita reunión de agricultores en el fundo de Lichtenberg y a través de nuevas misivas hechas llegar al matutino local, los miembros del Comando Hernán Trizano pasaban de los dichos a los hechos, reivindicando como de su autoría sendas amenazas de muerte en contra de reconocidos dirigentes como Víctor Ancalaf y Aucan Huilcaman, este último werken del Consejo de Todas las Tierras y a quién en un comunicado emitido con fecha 9 de marzo de 2001 calificaban incluso como "un fresco sinvergüenza, que ha hecho de la causa mapuche un negocio y lucro personal".

"Frente a todas las tropelías que no son del Pueblo Mapuche, sino de estos seudos dirigentes que justifican así el poder continuar recibiendo dinero del extranjero, desafiamos a Huilcamán y a sus dirigentes que encabecen las próximas tomas, ya que ahí nos veremos las caras", declaraban en un comunicado que sería legitimado a los pocos días por el propio Presidente de la Cámara de Comercio de Temuco, Max Henzi. Este, tras ser consultado por su opinión al respecto legitimó la autodefensa de los agricultores ante las acciones de violencia. "Creo que es lógico que tú te quieras defender si entran a tu casa y te destruyen tus cosas, es natural que uno defienda lo que ha costado con tanto esfuerzo construir", declararía al Diario Austral el empresario.

Otra de las acciones atribuidas al Comando Trizano ocurriría en las inmediaciones del Fundo El Temo de Victoria, el mismo lugar donde meses antes se había realizado la insólita reunión de los belicosos dirigentes del agro. En dicho lugar, un atentado incendiario redujo a escombros la noche del día 22 de julio de 2002 un galpón del lonko Juan Segundo Trangol Yancamán, dirigente de la comunidad Domingo Trangol, miembro del Consejo de Todas las Tierras y uno de los principales impulsores del reclamo territorial de la comunidad contra Lichtenberg y la empresa Forestal Mininco. Según recuerda el dirigente, el fuego arrasó en cuestión de minutos con 40 fardos de pasto, herramientas de trabajo agrícola y dos animales vacuno que allí se resguardaban del frío de la noche.

"Nosotros estábamos en la comunidad ese día, todo estaba tranquilo cuando nos avisan por la noche que nuestro galpón se estaba incendiando. No pudimos hacer nada, llamamos a bomberos pero nunca llegaron. En poco tiempo habíamos perdido todo, nuestra producción de pasto para los animales, herramientas de trabajo, madera y dos animales", relató. Para el dirigente, los responsables detrás del atentado resultaban más que obvios.

"Gente de mi propia comunidad no fue. Yo jamás tuve problemas con ellos. Se trato de terceras personas, gente civil que intentaba amedrentarnos, los Trizanos de Victoria se comenta, gente que trataba de enviar un mensaje a la comunidad", recuerda. Semanas antes del atentado, diversas amenazas de muerte habían llegado a oídos del dirigente mapuche a través de diversos medios, en las cuales sujetos desconocidos le advertían de las consecuencias que tendría para el y su familia el seguir apoyando las recuperaciones de tierras en la zona. A más de dos años de ocurrido el atentado incendiario que afectó la propiedad del lonko Trangol Yancamán, la justicia chilena ha sido incapaz de determinar la identidad de los responsables.

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VÍCTOR ANCALAF, werken de las comunidades de Collipulli y lider en ese tiempo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se transformaría desde su aparición pública como dirigente el año 1999 en uno de los principales objetivos de varios grupos paramilitares, entre ellos el Comando Trizano y el Frente Común de Defensa de las Tierras, este último conformado por agricultores y empresarios forestales asentados en la comuna de Collipulli. "Una noche, un grupo de sujetos disparó más de 400 tiros de escopeta contra mi casa, yo salí a enfrentarlos, los desafié a que cruzaran los límites de mi propiedad y huyeron... Más tarde supe que le habían pagado a un sujeto que ni siquiera posee tierras, para que efectuara una serie de amenazas a través de los medios de comunicación contra los mapuche y mi persona", recuerda Ancalaf.

Por esos días, el principal blanco mapuche de las acciones de hostigamiento policial y paramilitar era la comunidad Choin Lafkenche, hogar del dirigente. "En aquel tiempo nadie andaba tranquilo en la comunidad. A cualquier hora ingresaban por los caminos las camionetas con los guardias armados de la forestal, todas a gran velocidad y disparando al aire sus armas. Cuando no eran los forestales, eran civiles, hombres de Freddy Molina quienes ingresaban a la comunidad, filmaban nuestras casas y luego se iban. Por la noche los disparos no nos dejaban dormir. Un día en Collipulli se me acercaron unos tipos y me dijeron que si seguía movilizando a las comunidades, me matarían a mí y a toda mi familia. El mensaje me lo envió Freddy Molina y sólo fue el primero de muchos otros que vinieron después", relata Ancalaf.

Estos hechos motivaron que el día 26 de julio, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, fuera presentado un recurso de amparo preventivo y otro de protección en favor del dirigente y el conjunto de su comunidad por parte del abogado Pablo Ortega.

"El recurso de protección tiene por objeto proteger la integridad física de Víctor Ancalaf y su familia, ya que han recibido varias amenazas de muerte y hasta la fecha se han detec-tado dos ataques nocturnos con armas de fuego en contra de su vivienda. Nosotros sabemos que las personas involucradas en estos hechos son guardias armados. Son ellos los autores de las últimas amenazas y de los disparos y chequeos fotográficos que afectan a diario a la comunidad. Tenemos también antecedentes de que esos guardias pertenecieron en el pasado a organismos de seguridad de la dictadura militar", señaló en dicha oportunidad a la prensa el abogado.

Con respecto a una supuesta coordinación represiva que existiría entre agentes del Estado y personal de seguridad de las empresas forestales, el jurista fue enfático en señalar su convencimiento de aquello. "Aquí es claro el accionar conjunto entre agentes del Estado chileno y guardias paramilitares de la empresa forestal. Al parecer, la autoridad olvida en Collipulli que la función de Carabineros es precaver la paz social de toda la población y no sólo la de las empresas transnacionales", señaló.

La investigación judicial iniciada tras la aparición pública del Comando Trizano recayó en el fiscal de Victoria Héctor Leiva, el mismo que desde febrero del año 2001 y tras una petición del Diputado Alejandro Navarro mantenía a su cargo una investigación contra grupos de guardias armados forestales. Han pasado 4 años y hasta la fecha, no existen personas detenidas ni procesadas por el fiscal como responsables de estos graves actos de amedrentamiento. Ancalaf, por su parte, se encuentra recluido desde hace dos años en la cárcel El Manzano de Concepción. El dirigente fue condenado por el delito de "atentado terrorista" contra maquinarias de la multinacional Endesa España, en un proceso plagado de irregularidades y que fue presentado este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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EN ESTA HISTORIA DE guerra sucia, un lugar destacado ocupan las empresas forestales y sus relaciones con empresas privadas de seguridad de dudosa procedencia en la zona sur. En este sentido, quizás el caso más bullado en lo que va corrido del conflicto mapuche haya sido el de Forestal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente por comunidades de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado desde hacía más de 18 años por miembros de la familia Fren, quienes conforman la comunidad Pablo Quintriqueo.

En aquella ocasión, varios ex guardias de la forestal, molestos por el abandono de sus superiores a uno de sus compañeros detenido en el marco del conflicto y que posteriormente se suicidó, declararon públicamente haber recibido instrucciones de atacar a personas mapuche y cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido por causas de violaciones de derechos humanos.

En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado más tarde en conferencia de prensa por el diputado Eugenio Tuma (PPD), los ex sicarios de la empresa forestal confesaron entre otras cosas su participación en incendios de campamentos forestales, ataque a vehículos policiales, cortes de caminos e incluso quema de bosques de la propia maderera. Todo con el objetivo de inculpar y llevar a prisión a dirigentes mapuche del sector a través de sendas querellas interpuestas luego por los abogados del imperio forestal de Anacleto Angelini en los tribunales del Lebu y Concepción.

"Yo llegue el año 1997 a trabajar al Fundo Cuyinco y de inmediato me sacaron a conocer el bosque y la casa de la familia Fren. Yo no tenía idea de quienes eran los Fren. Al otro día los jefes se enteraron que venían de Talcahuano más personas a apoyar la toma del fundo y nos dijeron a varios guardias: 'vamos a destruir sus casas, a tirarles sus cosas al agua, todo'. Recuerdo que fuimos como diez guardias. Era simple para ellos, como nosotros trabajábamos sin contrato, nos decían: 'tu tienes que hacer esto o te vas'”, relataría uno de los guardias a la misma Radio Bio-Bio. Entre los muchos hechos en que reconocieron su participaron los ex guardias de Forestal Bosques Arauco, destacó la golpiza propinada al profesor del Liceo Politécnico de Lebu, Bernardo Ramos, una fría noche de octubre de 1999.

"Regresaba yo a mi casa por la noche cuando recibí por detrás un fuerte golpe en la cabeza. Inmediatamente se me tiraron encima como cuatro tipos encapuchados, golpeándome por todos lados mientras me decían, ¡esto es por ayudar a los mapuche!. En minutos perdí el conocimiento y los doctores dijeron que debieron pegarme con un laque o algo así", recuerda el profesor, quién agrega que tras el ataque debió permanecer más de una semana hospitalizado producto de un TEC cerrado y contusiones múltiples. Al otro día de la golpiza, el malogrado profesor debía presentarse ante la justicia como testigo en favor del dirigente de la CAM, José Huenchunao, quien se encontraba encarcelado en Lebu acusado de cometer un atentado contra la forestal en el Fundo Cuyinco.

Un año antes, el 13 de octubre de 1998, guardias de OSEPAR habían quemado las casas que los comuneros habían levantado en Cuyinco para explotar el bosque. Como resultado la agresión hubo al menos siete heridos graves, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales del área. Carlos Domínguez sufrió una fractura de cráneo y María del Carmen Fren, una fractura de clavícula. El mismo día, emboscaron a la lamngen María Ercilia Vásquez (Ver imagen), cuando intentaba recuperar vacas que deambulaban atemorizadas por los continuos enfrentamientos. Trece guardias le propinaron una golpiza a palos que la mantuvo varios días en cama y con el rostro hinchado de golpes. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente, produciéndose más lesionados, como Fernando Fren, quien sufrió contusiones múltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser llevado de urgencia al Hospital de Concepción.

Si bien las confesiones de los guardias forestales causaron un gran revuelo e incluso llevaron a parlamentarios oficialistas a solicitar en enero del 2000 –tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno a través del entonces ministro del interior, Raúl Troncoso- la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de la empresa de seguridad implicada en los hechos, ninguna investigación se formalizó al respecto. Por cierto, la acción judicial interpuesta no sólo tenía como norte la empresa fachada del ex CNI y esto lo sabían Forestal Bosques Arauco y Forestal Mininco, que a través de un influyente lobby –Grupos Angelini y Matte, respectivamente- lograron que la petición fuera finalmente archivada por el gobierno. Hasta la fecha, ninguna investigación judicial se ha formalizado en la Octava región a raíz de estos graves hechos.

Tanto Bosques Arauco como Mininco niegan hoy cualquier vinculación con la empresa OSEPAR de Temuco. Tras romper sus relaciones con OSEPAR, Forestal Mininco contrató en la zona de Malleco los servicios de la empresa de Seguridad ASS de Los Ángeles, también vinculada a ex militares y conformada -según han denunciado las comunidades en conflicto de Collipulli- por un selecto grupo de "mercenarios, lumpen callejero y fanáticos antimapuches". Forestal Bosques Arauco, por su parte, no admite –al menos públicamente- relaciones de trabajo con ninguna empresa de seguridad en particular, aun cuando es posible encontrar, al interior de aquellos fundos reclamados por comunidades, fortificados campamentos con sensores electrónicos, guardias uniformados e incluso perros de ataque.

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DURANTE LA DÉCADA DE los ochenta, el gobierno español de Felipe Gonzáles debió enfrentar una de las más duras ofensivas por parte del nacionalismo vasco y su expresión de lucha armada, ETA. Para enfrentar esta oleada de movilizaciones, la administración del socialista Gonzáles decidió recurrir a la guerra sucia, autorizando la creación de los Grupos Antiterroristasde Liberación (GAL) por parte de afiebrados asesores de seguridad participes de su gobierno. Estos grupos, integrados por miembros de la Policía Civil Española y mercenarios de la derecha política, protagonizarían a partir de entonces una serie de secuestros, atentados y asesinatos de dirigentes etarras que –al ser descubierto- terminaría costándole a Gonzáles su reelección para un nuevo periodo de gobierno.

En Chile, mucho se comenta la similitud existente entre el gobierno de Ricardo Lagos y aquel desempeñado por su colega socialista en España entre los años 1982 y 1996. Se comenta que Lagos al igual que Gonzáles ha abrazado entusiasta en su gobierno los postulados del modelo económico neoliberal. Sin embargo, nada se habla de sus métodos cada vez más similares a la hora de enfrentar aquello que ambos denominan como "actos de subversión interna". Puede que Lagos –otro amante del derecho y la legalidad, al igual que Agustín Figueroa- no este pensando precisamente en conformar unos GAL para enfrentar en La Araucanía el conflicto mapuche. Sin embargo, ya surgen las primeras dudas respecto de organismos policiales y de inteligencia del estado, que estarían impulsando en la zona sur dicho trabajo sucio.

Extraños robos a sedes de organizaciones mapuche, seguimientos a sus dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro ya se han registrado al interior de territorio mapuche. Específicamente en Temuco, capital regional y epicentro del conflicto territorial, diversas organizaciones mapuche, eclesiásticas e incluso académicas, como el desaparecido Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO), dieron la voz de alerta el año 2002 respecto del accionar impune de un grupo no identificado, vinculado posiblemente con organismos de inteligencia gubernamental, y responsable del doble secuestro en julio y agosto de ese año de la niña mapuche Daniela Ñancupil, hija de un lonko vinculado a la CAM.

Daniela, de 13 años, fue secuestrada por primera vez el 31 de julio de 2002 por civiles no identificados en las inmediaciones de su hogar. Durante varias horas, la menor fue interrogada sobre su participación en las movilizaciones mapuche y sobre su posible conocimiento de los dirigentes y voceros de la CAM en la zona de Chol-Chol. Finalmente, tras varias horas de terror y bajo amenaza de muerte, fue dejada en libertad por los civiles, tres hombres y una mujer, reconocidos por ella como agentes de la policía civil. Cinco días más tarde y emulando el trabajo sucio desarrollado por organismos represores durante la dictadura militar, los mismos civiles no identificados intentaron por segunda vez secuestrar a la menor, acción que fue evitada gracias a la oportuna intervención de terceros alertados por la situación.

Tan sólo días antes del extraño secuestro, un incendio intencional había destruido completamente el vehículo del abogado Jaime Madariaga, estacionado en una calle de la capital regional. El profesional, en representación de la menor Daniela Ñancupil, patrocinaba en los tribunales una querella en contra de funcionarios policiales responsables de haber baleado a la menor en enero del año 2001, en el marco de un violento operativo realizado por Carabineros para desalojar a familias mapuche que ocupaban el Fundo El Carmen de Forestal Mininco.

Tanto el incendio del vehículo del abogado Madariaga, como el doble secuestro sufrido por Daniela, serían denunciados el 7 de agosto de 2002 en Temuco, por medio de una concurrida conferencia de prensa realizada en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera. En dicha ocasión, los familiares de la menor fueron acompañados por los abogados José Aylwin y Rodrigo Lillo, en representación del Programa de Derechos Indígenas de dicha casa de estudios superiores. Hasta la fecha, la justicia ha sido incapaz de identificar o detener a los civiles responsables de estos graves delitos, encontrándose archivadas gran parte de las denuncias presentadas por la familia de la menor y sus abogados ante los tribunales / Azkintuwe

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