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Edición digital - País Mapuche

 

 

 

 

 

 

 


 COMUNIDAD PEPIÜKELEN DE PARGUA


Acorralados por las salmoneras


Visitamos la comunidad Pepiükelen y compartimos junto a ellos el drama de vivir acorralados por la industria salmonera. En Pargua, los mapuches han decidido resistir y evitar que la empresa Los Fiordos contamine sus tierras y el medioambiente local. Ellos descienden de un antiguo lonko del sector. De allí el orgullo y la dignidad de su porfía.


Por Pedro CAYUQUEO y Hernán SCANDIZZO / Azkintuwe Nº25

 

 

 


 - Planta de salmonera en Pargua. Foto de Pedro Cayuqueo.

 



“Se están levantando aquí unas dos o tres plantas cada cinco años”, señala Vera al referirse al boom de las factorías salmoneras en Pargua.


Encargada a Besalco -que construyó la central Ralco de Endesa- se espera que la planta Pargua de Los Fiordos este operativa este año.


SON LOS DESCENDIENTES del lonko Maricahuín, a quien la corona española reconoció sus tierras en la ribera norte del canal de Chacao a fines del siglo XVII, título “realengo” que el Estado chileno ratificó en 1826, en el histórico tratado de Tantauko. Poco durarían los “gestos”, señala el dirigente y vocero de la comunidad Pepiükelen, Francisco Vera Millaquén, uno de los últimos dirigentes (mapuches del sur) de un territorio hoy en manos ajenas. “El Estado violó los tratados, desconoció acuerdos y todo este sector que provenía del tronco Maricahuín pasó a manos del Fisco a comienzos del siglo XX. De todo el territorio que existía, que era una propiedad de 44 mil hectáreas, ni el 20 por ciento está en poder de los mapuches”, dice el dirigente.

Pargua es una pequeña localidad costera de la parte norte del canal de Chacao y punto obligado de tránsito hacia y desde la isla grande de Chiloé, debido a su embarcadero de transbordadores. Ubicada a menos de una hora de Puerto Montt, su población bordea las tres mil personas, cifra que se ha duplicado en los últimos años. Desde comienzos de los años 90, Pargua ha sido el lugar elegido por empresas salmoneras para instalar allí gigantescas plantas, lo que ha significado el arribo de cientos de trabajadores de empresas subcontratistas. “Se están levantando aquí unas dos o tres plantas cada cinco años”, señala Vera. Un promedio revelador de la situación que los aqueja hoy como comunidad y por lo cual impulsan una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad Pepiükelen está compuesta por ocho familias. Para llegar hasta sus tierras es necesario bordear altos cercos electrificados coronados con alambre de púa levantados por las empresas para delimitar el perímetro de sus plantas. Un escenario propio de bases militares más que de industrias que -según señalan autoridades regionales- sólo traerían “trabajo y bienestar” para la población. Las familias de Pepiükelen se encuentran -literalmente- acorraladas por las salmoneras y sus plantas de alimentos. Gigantes de la industria salmonera como Aqua Chile, Multiexport y Mainstream, más otras prestadoras de servicio como Ecofeed, BioMar, Alitec y Danisco han tomado por asalto el sector debido a su estratégica ubicación geográfica. Punto terminal continental de la Ruta 5, Pargua ofrece una excelente disposición de insumos y buenas alternativas de rutas marítimas. “Y autoridades con manga ancha para hacer y deshacer”, agrega Vera.

Al costado oeste de Pepiükelen se emplaza la planta de alimentos del holding holandés Nutreco. También la planta procesadora de Algas Danisco, de capitales daneses, instalada en la zona a comienzos de los 90, “cuando la legislación ambiental brillaba por su ausencia”, señala Vera Millaquén. Al costado este, en tanto, se yergue imponente la planta de alimentos de BioMar, también de capitales daneses. Como si fuera poco, en agosto de 2006 la empresa Los Fiordos inició la construcción de su propia planta a escasos 50 metros de las viviendas, en tierras demandadas por la comunidad, lo que terminó por colmar la paciencia de todos. “Esa gente empezó a trabajar el 27 de marzo de 2006. En mayo nosotros presentamos un recurso de protección. Una orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones paralizó las obras casi cinco meses. El 25 de octubre reanudaron las faenas, una vez que la Corte rechazó el recurso”, relata Francisco Vera.

“Ellos volvieron a las faenas estando pendiente una apelación en la Corte Suprema. Hicimos presente esta situación pero la Suprema ni se pronunció. Simplemente rechazó el recurso por extemporáneo”, señala el dirigente. Por ello y por los atropellos acumulados en más de un siglo de continuo despojo, el 6 de febrero la comunidad denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no frenar el avance de la industria salmonera sobre su territorio y los graves impactos socioambientales que esa actividad provoca en su entorno. La presentación fue realizada por el abogado Diego Carrasco y patrocinada por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuco. La denuncia es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo con potestad para dictar sentencia condenatoria.

“La demanda se justifica porque en Chile no hemos sido escuchados ni por los organismos públicos con competencia ambiental, que fueron los que aprobaron el proyecto de Los Fiordos, ni tampoco por los tribunales, donde hemos llegado a lo más alto, la Corte Suprema”, argumenta Vera. “Lo que estamos reclamando es el derecho a la vida por cuanto esta empresa no solamente genera ruidos y olores a metros de nuestras viviendas, sino que además estamos viendo cómo se están secando nuestras tierras producto de las excavaciones que hizo la empresa y los desvíos de los cauces naturales de agua provocados con la venia de las autoridades”, subraya el dirigente.

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FUE A COMIENZOS DE LOS ochenta cuando se descubrió que las temperaturas del mar en los golfos de Puerto Montt y Corcovado eran ideales para la industria salmonera. Desde entonces, el explosivo crecimiento de la industria ha impactado la zona. Desde hace veinte años -al igual como sucede con el verde de las forestales más al norte- progresivamente las costas, el paisaje, la cultura y, sobre todo la economía, se han tornado cada vez más color salmón. La industria se focaliza prioritariamente en la X Región, con ganancias por concepto de exportaciones cercanas a los tres mil millones de pesos anuales. Las empresas productoras y sus balsas de criadero, ubicadas principalmente en Chiloé, arribaron a Pargua con sus contaminantes plantas de alimentos o “recicladoras de desechos”, como prefiere llamarlas Vera Millaquén.

Destacan en esta industria los capitales noruegos y daneses que arriban en su mayoría escapando de las leyes ambientales y laborales que limitan su accionar en Europa. Stolt Sea Farm, Fjord Seafoof y la gigante Marine Harvest -la salmonera más grande del mundo- encabezan esta legión extranjera en la X Región. Le siguen la estatal noruega Mainstream Chile y capitales locales agrupados en la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, más conocida como SalmonChile. Los Fiordos, empresa hoy en conflicto con los mapuches de Pepiükelen, per- tenece al grupo noruego Agrosuper, que elabora productos a base de salmón -SuperSalmón- y tiene fuerte presencia en la industria alimenticia a través de SuperCerdo, SuperPollo, Sopraval, SuperFruti y La Crianza.

Antes del arribo de estas empresas, Pargua estuvo ligada a la pesca artesanal y a la extracción de mariscos. Hacia 1975, el entonces pequeño caserío adquirió importancia debido a la comercialización del erizo. Fue este recurso el que posibilitó el arribo de un importante número de personas desde la zona norte, que se dedicaron a la extracción de este recurso, cuenta Vera, dos de cuyos hermanos aún hoy se dedican a la pesca artesanal lejos de Pargua. “Ellos tuvieron que emigrar, aquí las empresas han destruido la pesca artesanal. Al colocar las jaulas de salmones, el otro pescado natural empezó a desaparecer y la gente que trabajaba en la pesca también”, sentencia. Y no sólo en la pesca. “También se ha afectado la agricultura y el cultivo de papa, que era tradicional de nuestras familias”, agrega Manuel Vera, hermano del dirigente y quien reconoce “sobrevivir” con lo poco que produce su parcela.

“Las jaulas de criadero en el mar mataron la pesca y las plantas de alimentos y procesadoras han destruido la agricultura. Ya es muy difícil producir, hay contaminación, la tierra se está secando, muriendo… Los Fiordos significa la muerte de mi campo”, subraya el comunero. “Lo que está generándose con las salmoneras es que de aquí a diez o quince años habrá un desequilibrio ecológico enorme, un daño ambiental irreparable”, subraya su hermano Francisco.

Las familias de Pepiükelen saben que la industria salmonera, todavía en expansión, no será eterna. “Todas estas plantas y sus proyectos tienen un período de vida útil de treinta años. La pregunta que hemos hecho a las autoridades es si ellos se han puesto a pensar qué va a pasar después, de qué va a vivir la gente. Porque las tierras colindantes con estas industrias quedan prácticamente estériles, no aptas para el cultivo”, señala Francisco Vera. “Acá llegaron muchas balsas, muchos criaderos de salmón, hoy ya está tan contaminado que se están retirando hacia Aysén. Mucha gente está notificada: si quiere seguir en su pega, va a tener que irse a Aysén. Lo mismo ocurrirá con las plantas de alimentos. Aquí sólo dejarán contaminación y pobreza”, indica el dirigente.

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ENCARGADA A LA EMPRESA Besalco -que construyó la central Ralco de Endesa-España en el Alto Bío Bío- se espera que la planta Pargua de la empresa Los Fiordos comience sus operaciones en septiembre de este año, produciendo 185 mil toneladas anuales de alimento para salmones. De concretarse su emplazamiento, Besalco ostentaría el triste récord de ser la constructora con mayor historial de conflictos con mapuches. Las tierras donde se construye la planta son reclamadas por las familias de Pepiükelen desde hace décadas. “La Ley de Propiedad Austral, del año 30, dejó este pedazo de tierra como fiscal; son 4,6 hectáreas que el año 54, a título gratuito, pasaron a manos de un winka que vivió pacíficamente con nuestros antepasados. Cuando él murió los hijos fueron los que empezaron a hacer negocios con las salmoneras”, dice Francisco Vera.

En 1994 comenzaron los litigios de las familias con la empresa Long Beach que había adquirido el terreno para produ- cir harina y aceite de pescado. “Era un terreno que no tenía comunicación con el camino porque estaba encerrado por tres costados por la comunidad y el otro lado daba a la playa. Ellos negociaron una servidumbre de paso y finalmente la familia Millaquén Cares les dio la pasada. Primero a Long Beach y luego, a la empresa Los Fiordos”. Francisco Vera lo recuerda con indignación. Se trató de miembros de su propia familia, “hoy encumbrados algunos en altas esferas de la burocracia indígena estatal”, según señala. Así se refiere a su primo Jorge Millaquén Mercado, quien fuera jefe de gabinete de Jaime Andrade, ex subsecretario de Mideplan. Hoy es jefe de gabinete de Alberto Parra Salinas, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

No está claro el traspaso a la empresa Los Fiordos. Como las tierras indígenas no pueden ser vendidas a no indígenas, este traspaso se habría concretado a través de una permuta viciada, denuncia el dirigente. “Tenemos antecedentes de que en agosto ellos iniciaron trámites en Conadi para la permuta de esos terrenos indígenas por terrenos que Los Fiordos compraron para ellos. Hemos pedido a la Conadi que nos aclare este asunto que sería de suma gravedad, pero no hemos tenido respuesta. Si así fuera, el procedimiento sería inmoral porque dos miembros de esa familia trabajan en la Conadi, que es el organismo de gobierno que debe proteger las tierras indígenas y no actuar como corredora de propiedades de las salmoneras”, afirma.

“Hace poco hablamos con el nuevo director, Alberto Parra, quien dijo que él no conocía el caso porque llevaba sólo dos meses en el cargo. Para nosotros no tiene excusa, la información ha estado en Conadi desde hace mucho tiempo”, afirma Vera. Los miembros de la comunidad esperan que la justicia internacional pueda reparar lo que tribunales chilenos han pasado por alto. “La Contraloría dijo el año pasado que la aprobación del proyecto Los Fiordos no se ajustó a la ley y normativa ambientales. Lo mismo ocurre con la ley indígena, que dice que los pueblos indígenas son patrimonio de la nación y que por tanto sus derechos deben ser resguardados y protegidos”, enfatiza Vera Millaquén.

“Esperamos que se puedan cumplir las leyes. No confiamos en la justicia chilena. Tampoco en el gobierno, porque están coludidos con las empresas. Es cosa de ver cómo algunas autoridades han pasado del sector público a ejecutivos de las salmoneras”, ironiza el dirigente, recordando el caso de Raúl Arteaga, ex jefe del departamento de recursos naturales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Arteaga era jefe del organismo encargado de velar por la biodiversidad. Hoy es parte del staff de SalmonChile / Azkintuwe

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