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FOTO DE
JOSÉ LUIS VARGAS. |
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La jornada en la bahía de Mehuin
comenzó temprano; Alrededor de las diez de la mañana llegaron los
primeros participantes del Trawun convocado por el comité de defensa del
mar, la asociación de comunidades lafquenche de San José de la Mariquina
y la asociación mapuche weichafe lafkenmapu de Missisipi.
Esta reunión tuvo como objetivo la evaluación de lo que ha sido la
defensa territorial que han sostenido por trece años las comunidades
mapuche-lafkenche de la zona costera de Mehuin y el análisis del nuevo
escenario político-jurídico que plantea este conflicto de cara a la
implementación del convenio 169 el próximo 15 de septiembre.
Pese a la alta concurrencia que tuvo la actividad, el gran ausente fue
el estado y los participantes se quedaron esperando la presencia en
terreno del intendente de la región de Los Ríos, Iván Flores, ya que
este no se hizo participe a pesar de que fue notificado con anterioridad
de parte de las comunidades lafkenches.
“Debería ser el estado de Chile quien nos defienda y nos proteja, pero
tenemos que ser nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que se
tienen que defender contra una gran empresa como es celulosa Arauco”
expresó la representante del lof Puringue Rico al comenzar el trawun.
“Este es un gobierno que atropella el medio ambiente y no piensa que
esta empresa nos está envenenando, una muestra de esta falta de
compromiso con la gente es la ausencia de las autoridades locales ”
sostuvo
Convenio 169
Durante la jornada, otro de los invitados presentes fue el Co-director
del Observatorio Ciudadano, José Aylwin quien dio a conocer los alcances
que tiene este convenio para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas en Chile, en particular para que las comunidades enfrenten la
defensa de sus territorios ante proyectos de inversión como el ducto de
Celco en Mehuín. José Aylwin, explicó que el convenio 169 con su entrada
en vigencia el próximo 15 de septiembre, ofrece nuevas posibilidades
para la lucha que los defensores del mar han venido desarrollando contra
la instalación del ducto en Mehuin de la empresa Celco.
El abogado señaló que este tratado internacional obliga a Chile ante la
comunidad internacional e internamente también lo obliga a respetar los
derechos que en él se establecen “tiene un rango superior equivalente a
la constitución reconociendo los derechos colectivos y el carácter de
pueblo que le compete a las habitantes de estos territorios indígenas”
explicó José Aylwin, Co-director del Observatorio Ciudadano. Que además
destacó “una vez que un tratado internacional de derechos humanos es
ratificado, pasa a incorporarse a las leyes de este país en el máximo
nivel” sostuvo.
Refiriéndose a los derechos que establece el convenio 169, indicó en
relación a las definiciones propias en materia de desarrollo para los
pueblos indígenas que “los pueblos indígenas tienen derecho a definir su
propio desarrollo, si las comunidades tienen la claridad que tienen
respecto al ducto, este proyecto no debiera ser materializado” declaró
el abogado
Relativo a la consulta, José Aylwin señaló que por décadas los proyectos
de inversión se imponen consultando a familias, personas y a
organizaciones a las que el estado prefiere consultar “pero no a las
organizaciones de los pueblos indígenas que están siendo afectadas,
estas acciones se realizan sin procedimientos adecuados no basta con que
se transmite información escrita y se socialicen estas iniciativas a
traves de mecanismos que no son pertinentes para los pueblos indígenas”
manifestó José Aylwin
Según establece el convenio 169 estos procesos deben ser una consulta de
buena fe “no ha habido buena fe pues en todos los actos en que ha estado
involucrada la empresa y el gobierno dándole el respaldo no han sido
hechos para generar un diálogo verdadero, sino que para lograr la
imposición de este proyecto, sin posibilidad de llegar a un acuerdo”
sostuvo el co-director del Observatorio Ciudadano. Añadió “Hay que
presionar al estado para que durante este año cumpla con las
disposiciones del convenio 169”
Demandas al Estado
Los defensores del mar anunciaron la realización de una serie de
demandas contra el estado con la implementación del convenio 169 para
continuar con la oposición a la empresa Celco. Eliab Viguera, vocero del
comité de defensa del mar anunció que debido a la violación sistemática
de derechos humanos “el estado ha sido proclive a apoyar a dirigentes
para atacar a la gente que se opone al ducto, los derechos humanos han
sido violentados sistemáticamente”.
Por otro lado, en relación al funcionamiento del sistema de evaluación
de impacto ambiental, el dirigente explicó que “el sistema es peligroso
y tiene muchos vacíos legales porque permite que las empresas hagan sus
propios estudios, sin la necesidad de fiscalizar” manifestó.
Según Viguera, eso es nocivo ya que el gobierno acepta de buena fe que
la empresa Celco hizo de forma correcta sus estudios “Celco no tiene
buena fe” declaró el dirigente, anunciando que con la implementación del
convenio 169 realizarán la ejecución de un sin número de acciones
judiciales, para frenar la arremetida de la empresa Celco.
Por esta razón “vamos a ejercer una batería de acciones judiciales, si
el gobierno no escucha nuestras demandas, ahora con el convenio 169 en
vigencia. Llevaremos un sin número de demandas contra el estado, vamos a
seguir oponiéndonos” anunció el vocero del comité de defensa del mar.
Asimismo, Boris Hualme expresó que el conflicto que mantienen las
comunidades mapuche lafkenche de la zona costera de Mehuin contra la
empresa Celco, representan una buena coyuntura para evaluar la
efectividad de una herramienta como el convenio 169 de la OIT “en
terreno veremos cuanto nos sirve porque el mejor escenario para aplicar
esa legislación está aquí en la zona”, finalizó Boris Hualme.
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