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FOTO DE AGENCIAS. |
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Preguntarnos
si los nacidos en Chile somos todos chilenos plantea una respuesta
compleja. Se aparta de lo establecido y del clima emocional de las
Fiestas Patrias. Sin embargo, es una cuestión pertinente a 199 años de
nuestra Independencia. Si bien existe un Chile profundo y un sentimiento
indudable de chilenidad, enormes sectores de la población ven negada su
ciudadanía por grupos privilegiados que se han adueñado del poder, y que
hacen suyo el nombre de Chile y la condición de chilenos que niegan a
los demás. En realidad, sólo la cédula de identidad es igual para todos
los chilenos.
La desigualdad -somos uno de los países con mayor desigualdad en el
mundo-, ha cavado un abismo entre ricos y pobres, estableciendo
categorías diferentes de ciudadanos. Los estamentos inferiores, en
términos rigurosos, son chilenos sólo de nombre porque no tienen acceso
a los derechos más elementales que la ciudadanía permite alcanzar en un
país democrático. Esta realidad se quiere disfrazar con paliativos que
hacen del ciudadano un consumidor. El mundo evanescente de las tarjetas
de crédito, que agudiza la explotación fomentando un consumismo
irracional -en loca imitación del modo de vida de las clases
adineradas-, no logra esconder las carencias de educación, salud,
vivienda y salarios dignos que sufren las mayorías.
Sin duda ha habido momentos o períodos en que hemos sido plenamente
chilenos en un sentido colectivo. Como en medio de la lucha por la
Independencia de España o en el gobierno del presidente José Manuel
Balmaceda, antes de la conspiración que produjo la guerra civil de 1891.
Después hubo otros todavía más significativos, como la administración
del presidente Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular en 1938, que tuvo
como centro el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y su
acceso a la difusión y a la cultura, así como la industrialización del
país a través de la Corfo. Y sobre todo, en el gobierno del presidente
Salvador Allende que recuperó el cobre para Chile y dio comienzo a un
proceso de cambios estructurales destinado a abrir camino al socialismo
en democracia, pluralismo y libertad.
Fueron también destacables los momentos culminantes de la lucha contra
la dictadura de Pinochet y su pandilla. O el comienzo de la transición a
la democracia, que se vio frustrada por los pactos con la derecha y los
militares. El enorme esfuerzo popular -con derroche de valor cívico y
heroicas acciones de resistencia- fue convertido en sal y agua por los
manipuladores políticos de siempre. Se mantuvo la institucionalidad de
la dictadura militar-empresarial; el modelo económico neoliberal,
levemente retocado, mantuvo su esencia individualista basada en el
lucro; la impunidad debilitó la lucha por la verdad y la justicia, y las
Fuerzas Armadas -culpables de horrendas violaciones de los derechos
humanos- se retiraron del gobierno sin asumir responsabilidades
institucionales, sin depurarse de los oficiales fascistas -que hasta hoy
permanecen en sus filas- ni comprometerse ideológicamente con la
democracia y la defensa efectiva de la soberanía.
La igualdad según O’Higgins
En esos momentos clave ha habido grandes proyectos nacionales capaces de
concitar el compromiso y entusiasmo creativo de la abrumadora mayoría de
la población. En esos momentos el sentimiento nacional pudo convertirse
en patriotismo, que ahora ha sido sustituido por un chovinismo
despectivo hacia pueblos hermanos o un ridículo patrioterismo que emerge
con ocasión del fútbol o de actividades asistencialistas, como la
Teletón.
En 1819 en la Gaceta Ministerial, el periódico oficial del gobierno,
Bernardo O’Higgins estableció los objetivos principales que debía
cumplir el gobierno en su relación con los ciudadanos: “La igualdad es
el derecho de invocar la ley en su favor que tiene lo mismo el rico que
el pobre… La libertad es la facultad de usar como uno quiera los bienes
adquiridos, no vulnerando las acciones de los demás hombres ni leyes
directivas de la sociedad… La seguridad es el derecho de no ser
violentado ni la víctima del capricho del que manda… La propiedad es
aquella prerrogativa concedida al hombre por el Autor de la Naturaleza
de ser dueño de su persona, de su industria, de sus talentos y de los
frutos que logra por su trabajo”. Y al mismo tiempo advertía: “Pero la
misma naturaleza le impone ciertos deberes a que debe ceder el dominio
exclusivo, o más bien, hay casos en que se suspende ese dominio porque
un objetivo de preferencia llama a cierta porción de esas propiedades:
toda aquella que no es indispensablemente necesaria para la vida. Nacido
el hombre para la sociedad y constituido en ella, sería un criminal si
viendo morir de hambre a otro de los asociados lo dejase perecer…”. ¿Se
cumplen hoy esos objetivos? Evidentemente, no.
Hay una justicia para ricos que les asegura que no llegarán a la cárcel
o que quedarán en la más irritante impunidad, y hay una justicia para
pobres, que significa o indefensión ante los poderosos, que les den
migajas en vez de lo que realmente deben recibir o que los condenen a la
cárcel en condiciones inhumanas en las que pasan, casi siempre, mucho
más tiempo que el que finalmente les asigna la sentencia. Hay una salud
para pobres -con hospitales públicos que trabajan en condiciones
paupérrimas- y una salud al nivel de países del primer mundo, para los
ricos. Sus clínicas de lujo han crecido vertiginosamente mediante las
transferencias de recursos públicos del Plan Auge. Hasta en la leche y
los medicamentos impera la discriminación entre ricos y pobres. Lo mismo
sucede con casi todos los alimentos. Los de peor calidad y menor valor
nutritivo, son para los pobres.
Existe, asimismo, una educación para pobres y otra para ricos, que
asegura a los hijos de éstos ventajas escandalosas para su desarrollo
profesional y cultural y que los prepara para que hereden el poder
económico y político. La educación se ha convertido en un enorme negocio
-en que participan empresarios, organizaciones religiosas, FF.AA.,
partidos y dirigentes políticos, incluso de Izquierda- y está siendo
absorbida por corporaciones extranjeras en el proceso de
transnacionalización de la economía y colonización cultural que sufre el
país. ¿Existe libertad plena? Tampoco. No hay, por ejemplo, verdadera
libertad de expresión y pluralismo informativo. Un par de conglomerados
-que actúan como monopolio ideológico- controlan los medios de
comunicación escritos que actúan sistemáticamente sobre los ciudadanos
concientizándolos sobre las ventajas del modelo de dominación.
Tampoco existe libertad en el plano laboral, porque los trabajadores no
pueden sindicalizarse sin correr graves riesgos, incluyendo la cesantía,
y porque los sindicatos están bajo permanente presión de los patrones.
En el caso de los grandes consorcios, éstos manejan -mediante dádivas y
contribuciones a cajas electorales- a las autoridades de gobierno,
parlamentarios y magistrados. Ni siquiera existe con plenitud la
libertad de elegir y ser elegidos, porque los dirigentes sindicales y
sociales están inhabilitados para ser parlamentarios, alcaldes y
concejales. En cambio, no lo están los directivos de empresas ni de
organizaciones patronales. En cuanto a la libertad de elegir, tanto el
sistema binominal como los quórums de las leyes orgánicas
constitucionales la convierten en una caricatura.
La propiedad es sacralizada por el modelo y ni siquiera es posible
afectarla con expropiaciones ni devolverla al patrimonio nacional, al
que pertenecen las riquezas básicas y los recursos naturales como el
agua de los ríos y lagos, los glaciares y espacios marinos. Muchas veces
la injusticia ha sido la vencedora en la historia de los chilenos.
Muchas veces se ha impuesto la desesperanza. No es primera vez que la
República experimenta el estado de ánimo derrotista que vive en estos
tiempos, herencia de desmoralización que dejó la dictadura, y del
pragmatismo e hipocresía descarados que se adueñaron del país.
Recabarren y la emancipación del pueblo
Después de grandes masacres obreras, Luis Emilio Recabarren escribía, en
1909, con motivo de las Fiestas Patrias de aquel año: “¿Qué es, pues, lo
que hemos ganado con la llamada independencia nacional? ¿Acaso el pueblo
de Chile no es ametrallado, asesinado, encarcelado y perseguido cuando
pretende hacer uso de sus derechos constitucionales? El pueblo en
realidad nada tiene que celebrar. La verdadera emancipación del pueblo
no ha sonado aún, ni sonará hasta tanto el pueblo mismo se organice y se
emancipe de la tiranía burguesa y capitalista que hoy lo oprime, social,
política y económicamente, como lo ha oprimido toda la vida”. Lo que se
ha avanzado en derechos lo ha conseguido la lucha del pueblo, actor
determinante en la búsqueda de la justicia, de la dignidad y en el
anhelo de un Chile que sea la Patria de todos sus hijos.
Toda sociedad supone una base mínima de entendimiento -un pacto social
que interprete a los integrantes de la misma-. Ese pacto social está en
crisis en Chile. Hay un sector privilegiado, de no más del 10% de la
población, que maneja los grandes negocios, ligado al capital extranjero
y a los verdaderos centros de poder. Los miembros de esa minoría
plutocrática son considerados chilenos -ciudadanos con todos los
derechos- y así lo hacen notar, apoderándose de los elementos simbólicos
que los convierten en intérpretes de la esencialidad nacional. Junto con
ellos, son privilegiados los militares que tienen hasta seguridad social
propia y atención médica superior a la del resto de los chilenos. Además
disponen de bolsa abierta -con oscuras comisiones por medio- para
comprar armamentos; Chile se ha convertido en uno de los países que más
gasta en armas, casi tanto como el gigantesco Brasil y más que Colombia,
que vive un prolongado conflicto armado. Las armas se llevan casi el 4%
del PIB, mientras el Fisco niega recursos que podrían mejorar
sustancialmente la educación y la salud.
También la jerarquía de la Iglesia Católica juega su papel en defensa de
lo establecido, que es decir la injusticia, la desigualdad y las
restricciones conservadoras, ahogando las manifestaciones disidentes.
Sus denuncias sobre el “escándalo social” de la desigualdad se quedan en
la retórica, sin identificar el sistema que genera la injusticia y sin
presionar a los empresarios y políticos católicos, responsables de esa
situación.
“Apartheid” a la chilena
Los partidos políticos y la llamada “clase política”, que incluye
parlamentarios, voceros y dirigentes -de derecha, centro y de la
Izquierda convertida al neoliberalismo-, también son privilegiados;
pertenecen a la clase de los ricos y se sienten, por lo mismo,
plenamente chilenos, ciudadanos de verdad. Se han convertido en un grupo
cuya función es conservar el sistema mediante retoques y un maquillaje
ocasional. La trenza política y social se amalgama en intereses comunes,
alianzas familiares y de negocios, soslayando diferencias ideológicas
que para ellos han perdido toda significación. Toman vacaciones en los
mismos balnearios, viajan a los mismos países -donde muchos tienen
propiedades-, sus hijos estudian en los mismos colegios y universidades,
se atienden en las mismas clínicas, visten en las mismas tiendas, viven
en los mismos barrios, etc. La Dehesa, en los faldeos cordilleranos, es
el lugar con más alta densidad de políticos por metro cuadrado de todo
el país. Lo mismo ocurre con Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes,
comunas que -por su nivel de riqueza- pertenecen al primer mundo.
Frente a la riqueza de la oligarquía que controla Chile, está la pobreza
que grita su dolor sin ser escuchada. Sus demandas caen en el vacío o
retumban entre muros de indiferencia. Un ejemplo dramático es el hermano
pueblo mapuche, el más pobre entre los pobres, cuya lucha tenaz por la
tierra y por su identidad le han ganado el respeto y admiración de los
chilenos de corazón bien puesto y de amplios sectores internacionales.
La desigualdad ha marcado a fuego fronteras inviolables en las grandes
ciudades. Las reglas de este apartheid han instaurado formas diversas y
odiosas de discriminación. Desde luego la exclusión por el aspecto
físico y color de piel. Pero también la discriminación por el domicilio,
que impide a los pobres acceder a determinados trabajos por vivir en
poblaciones criminalizadas por la prensa. Sólo unos cuantos pobres
-nanas, jardineros, choferes, guardianes, obreros municipales,
trabajadores de supermercados- son admitidos cada mañana en los barrios
de los ricos. Un pobre no puede caminar por los barrios de los
ricachones sin ser denunciado como sospechoso. Pero los ricos, a su vez,
no se atreven a pisar el territorio de los pobres. Temen entrar a
poblaciones donde imperan las leyes que dictan los miserables. Conocen
mejor París, Roma o Nueva York que los barrios de Santiago donde viven
aquellos que han perdido hasta las esperanzas de una vida digna, que
sólo conocen a través de la televisión.
Los pobres, sin duda, quisieran sentirse también chilenos. Los
rechazados, los oprimidos de siempre, los explotados, son la mayoría en
este país. Ellos son los verdaderos patriotas porque aman a Chile sin
intereses subalternos de por medio. Han vinculado su suerte al destino
del país. Ellos levantan la bandera chilena en la lucha social, la
clavan en tierra cuando demandan una vivienda, la agitan en los estadios
deportivos y caen con ella cuando son reprimidos y masacrados. Los
pobres son chilenos a toda hora, todo el año y todos los años de su
vida. No como esos ricos que se disfrazan de huasos para el 18 de
septiembre pero que han demostrado -una y otra vez- que son capaces de
entregar la Dulce Patria a la intervención extranjera o venderla a
pedazos como una mercancía cualquiera. A los pobres -a los chilenos de
verdad-, debe dedicarse el próximo Bicentenario de la Independencia.
Porque a ellos -y a su capacidad de organizarse- pertenece el futuro de
una Patria sin privilegiados y libre de toda forma de opresión.
* Editorial de “Punto Final”, edición Nº 694, 17 de septiembre, 2009.
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