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El
debate acerca de la necesidad de una nueva Constitución para
democratizar realmente las instituciones del país se está haciendo a
medias y en círculos restringidos. La elite política quiere una
Constitución remozada desde arriba. Los “constitucionalistas” están
escamoteando el debate de fondo, ya que no habrá una nueva Constitución
republicana legítima que exprese y codifique nuevas relaciones
políticas, sociales y económicas democráticas sin la elección por
sufragio universal de una Asamblea Constituyente que redacte la nueva
Carta fundamental.
Y para que este escenario se haga realidad, es necesario que en el
proceso mismo se genere un gran movimiento del pueblo ciudadano que
imponga su voluntad sobre el tema en la escena política. Sólo así los
cambios culturales, de mentalidades y la última generación de derechos
civiles y colectivos podrán plasmarse en un texto constitucional a la
altura de los desafíos civilizacionales de los tiempos presentes.
El temor de las elites políticas, e incluso de los tres candidatos
punteros y de sus asesores es que esto ocurra. Que un clamor e impulso
democrático surja desde abajo, les dé vuelta el tablero y los obligue a
ir al fondo de los problemas. Por eso, los tres amigos y sus corifeos se
agitan tanto, apalean nubes y levantan polvo. Pese a las apariencias y a
la escenografía mediática, son los viejos rituales que se repiten. Los
mismos que han llevado al desprestigio de la actividad política. Los
presidenciables que hacen gárgaras con los eslóganes del cambio tendrían
que pronunciarse claramente por el cambio de Constitución… con Asamblea
Constituyente. Y quienes defienden la actual Constitución (entre ellos
connotados analistas políticos sistémicos como Patricio Navia) lo hacen
a sabiendas de que ésta es un muro de contención de las exigencias en
pos de más democracia económica, más derechos colectivos, más igualdad
real y mayor garantías de vida concreta y digna para los chilenos.
La coyuntura electoral es oportuna. Habría que aprovecharla. Sólo un
ejercicio democrático y participativo que movilice a todo el país y
sobretodo a los trabajadores (los del discurso de Salvador Allende
citado el 11 pasado por la Presidenta, ¿de manera oportuna u
oportunista?), a los sectores asalariados medios, a los estudiantes, a
las mujeres, al pueblo mapuche y a los sectores populares podrá dar
impulso a la gestación de una Constitución republicana que esté
atravesada de A a Z por un espíritu de Justicia y de solidaridad de cara
al futuro. La Constitución del 80, (resultado de una correlación de
fuerzas favorable en aquel momento a los sectores económicos dominantes)
además de desprestigiar la política y las instituciones, adolece de un
vicio de forma puesto que es un engendro de la violencia dictatorial y
en su contenido y articulado expresa los intereses de la oligarquía
empresarial y, luego, tras enmiendas, los de la elite política binominal.
La Constitución del 80 tiene el gusano dentro de la fruta. Ella arrastra
—como bien lo diría Jacques Derrida— su “Principio de ruina”.
En el “espíritu” de la Constitución imperante y en filigrana, por
ejemplo, el derecho “liberal” a manifestar está supeditado al principio
autoritario de preservación del “Orden público”; el mismo que permite
reprimir y matar a manifestantes. En su esencia misma, y pese a las
reformas y a la firma de Ricardo Lagos, la Constitución imperante impone
una visión excluyente de los derechos y prerrogativas de las mayorías
ciudadanas. Además, su faceta economicista y neoliberal la desvirtúa y
revela asimismo sus intenciones de clase al supeditar lo político y lo
social a los mecanismos y relaciones capitalistas de producción y
dominación
En la Constitución vigente se sigue anteponiendo y privilegiando la
defensa de la propiedad privada de los medios de producción por encima
del bienestar y goce por las mayorías de bienes públicos fundamentales
como la salud, el agua, la energía, el medioambiente saludable, la
educación y la vivienda. De igual manera, la constitución actual,
favorece la entrega de los recursos naturales a la dinámica depredadora
del capitalismo global. Esta situación debe ser revertida. La nueva
Constitución debe expresar los requerimientos democráticos y las
correlaciones de fuerza del presente. La única manera es volver al
principio original. A la idea democrática fundamental de que el origen
del poder o soberanía constituyente (es lo mismo), en una nación que se
asume como una democracia auténtica, reside en el pueblo, en los
ciudadanos.
El primer paso en pos de este objetivo es que los ciudadanos decidan
constituirse en una “asamblea constituyente amplia” (seamos redundantes
para que quede en claro cual es el origen del poder político en una
democracia) el día mismo y por el acto de elegir democráticamente por
sufragio universal directo a sus representantes en una Asamblea
Constituyente. El segundo paso, inseparable del anterior, es la
redacción por la Asamblea Constituyente electa y legítima, previo
debates y consultas a la ciudadanía, de la Constitución democrática de
la república o comunidad de ciudadanos que se dan (autogobiernan) leyes,
normas y derechos para vivir en condiciones concretas de Justicia e
Igualdad. El último paso es plebiscitarla. No hay otra manera de
reconstruir confianza en las instituciones y en la política.
* B.A. en philosophie, M.A. en Communication publique de l’Université
Laval, Québec, Canadá.
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