Conmoción es la palabra que puede describir el ambiente que se vive por estos días en Bolivia. Mientras se van conociendo los detalles de la masacre de “El Porvenir” ubicado en el oriental Departamento de Pando, la indignación se ha tomado la capital del país andino, donde miles de personas recorren sus calles exigiendo justicia. La cantidad de muertos ha variado mientras siguen llegando detalles de la masacre. Los cuerpos encontrados hasta el momento suman 20 y presentan señales de tortura, descuartizamiento y estrangulamiento. De acuerdo a datos oficiales se calcula en 100 los desaparecidos al interior del monte, entre ellos niños y mujeres. Los informes hablan además de fosas comunes que fueron hechas para ocultar los crímenes.

Decenas de heridos no han podido acceder además a los centros de salud por el temor de ser agredidos por los “cívicos”. Los sobrevivientes aterrorizados relataron a los medios que muchos niños fueron lanzados al río y no será posible encontrarlos por la presencia de pirañas. Un detalle macabro de lo acontecido en “El Porvenir” el pasado 11 de septiembre es que la mayoría de los muertos son dirigentes indígenas, rematados en su gran mayoría con un disparo a quemarropa en el corazón. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dueño del 70 por ciento de las tierras del departamento, es el principal inculpado. Su accionar fue más el de un terrateniente defendiendo sus bienes que de una autoridad.

Fernández es lejos el principal opositor al proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Evo Morales. Está acusado de financiar, apoyar y promover escuadrones de la muerte, entre los cuales se encuentran ciudadanos brasileños, peruanos y colombianos, llevados a la zona para luchar en contra de campesinos indígenas que reivindican sus territorios históricos. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. Aun así, se le han brindado todas las garantías de un debido proceso. La televisión lo muestra hablando ante la prensa con la confianza de que saldrá victorioso de esta acusación; lo ha visitado incluso una Comisión de la ONU para conocer su estado de salud. La Iglesia de Santa Cruz se dispone a realizar una misa a su favor y también para orar por los otros inculpados. Frente a ello, resulta inconcebible para un observador externo el abandono que estas mismas instancias hacen de las víctimas.

A esta situación se suma la persecución general a las organizaciones indígenas del oriente boliviano, quienes se han declarado en clandestinidad. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) denunció la constante agresión y amenazas de muerte a mujeres e hijos e hijas de dirigentes. Pero a pesar de la situación de agresión que han sufrido, la organización reiteró su “vocación de vivir con paz y dignidad”. Actualmente se mantienen tomadas las instituciones públicas de varios departamentos de la media luna y paulatinamente se liberan los aeropuertos. Sin embargo, la situación se mantiene en tensión a pesar de los esfuerzos por posicionar una mesa de dialogo. Sobre 20 mil campesinos indígenas mantienen bloqueados los accesos a Santa Cruz exigiendo se entreguen las dependencias oficiales. Muchas de las instituciones tomadas son aquellas que catastran las tierras usurpadas y cuyos documentos han ido paulatinamente desapareciendo.

Si bien en un comienzo la oposición había condicionamiento el diálogo a la liberación del prefecto Fernández, la presión nacional e internacional, incluido el potente respaldo de UNASUR al gobierno constitucional de Morales, pudo crear las condiciones para que el diálogo se iniciara finalmente en Cochabamba. La actitud de la oposición molestó de sobremanera a las organizaciones sociales, quienes en los últimos días se han volcado a las calles dejando en claro que una cosa es el diálogo político y otra la responsabilidad criminal de Fernández. El propio Evo Morales instó este sábado al Poder Judicial a cumplir su rol constitucional sancionando a los responsables de las actos terroristas contra las entidades del Estado y de la masacre en el departamento de Pando. “Lo que pasó en Pando es algo totalmente inhumano, imperdonable. Yo quiero pedir a la justicia boliviana realmente hacer justicia, que escuchen lo que pide el pueblo”, instó el Mandatario.

Morales señaló que el tercer Poder del Estado tiene que proteger el Estado de derecho, pues afirmó que existen pruebas sobre el crimen de lesa humanidad por el que se inició una investigación al ex prefecto pandino. Dijo que basta escuchar los testimonios de las decenas de heridos y familiares de las víctimas de esa matanza. “El poder en base a la plata y las armas no es la solución para los pueblos de esa región y del país en general”, remarcó en alusión a la anterior administración en Pando. También pidió a las autoridades judiciales abrir procesos contra las personas involucradas en la toma de instituciones públicas y sabotajes a plantas distribuidoras de energéticos en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

La guerra comunicacional

Los medios de comunicación, manejados en su mayoría por la oposición, se han volcado a defender los derechos del prefecto de Pando, dando espacios a líderes de la oposición blanca para que denosten e injurien sin contrastar ninguna de las afirmaciones que estos realizan. Declaraciones que en otros regímenes democráticos podrían significar sendas querellas por injurias, en Bolivia no generan la menor preocupación en los editores de medios. La consigna pareciera ser “mentir, mentir que algo queda”. En la prensa escrita, por citar un caso, no hay mención alguna a los derechos de los masacrados, no se realizan coberturas desde el lugar de los hechos, no se publican los listados oficiales de heridos, desaparecidos y muertos, menos aun posible encontrar galerías de imágenes de lo acontecido. ¿Puede avanzar la refundación de Bolivia sin plantearse Morales disputar la hegemonía de la prensa opositora? La pregunta ronda en el ambiente.

Los nudos de argumentación de los grandes medios denuncian una manipulación manifiesta de los hechos y datos entregados por el gobierno. Se afirma desde la oposición que el prefecto no podría haber sido detenido, pues fue elegido “por el voto popular”. ¿Desde cuándo ser electo democráticamente garantiza a las autoridades impunidad para cometer crímenes? Por otro lado se deja en entredicho la responsabilidad del estado nacional para prevenir y cautelar el derecho de las personas que estaban siendo masacradas, una acusación a todas luces surrealista. La oposición a transformado al prefecto Fernández en su arma de lucha, esgrimiendo argumentos jurídicos que distan mucho de instrumentos internacionales que castigan el genocidio. Apoyados por instituciones como el Colegio de Abogados, de marcado sesgo ideológico anti Evo Morales, argumentan hoy una serie de supuestos delitos cometidos por el gobierno en la pasada crisis. El diablo vendiendo cruces.

En Bolivia se está en presencia de una abierta lucha ideológica por el poder. En este escenario, por parte de los prefectos opositores, se blanden los métodos más siniestros de la guerra sucia, donde los medios cumplen un rol destacado, obviando realidades, negando hechos y generando ambientes de ingobernabilidad, algo conocido por todos quienes vivimos en Wallmapu. Otro actor y en absoluto secundario en la crisis lo constituye el gobierno de George Bush. Por ello, en los últimos días, un grupo de 90 líderes académicos de todo Estados Unidos demandó que Washington revele los nombres de los grupos de oposición que financia en Bolivia. Y que corte ese apoyo económico a aquellos que fomenten la violencia en contra del Gobierno constitucional. La misiva fue entregada este sábado a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, con copia al embajador Philip Goldberg, declarado "persona non grata" y expulsado de Bolivia hace ocho días. También se remitió a los candidatos presidenciales Barack Obama (Demócrata) y John McCain (Republicano).

En la misiva, los académicos pidieron que Estados Unidos “condene sin equívoco los métodos violentos, destructivos y antidemocráticos empleados por miembros de la oposición 'pro-autonomía' en Bolivia” y cese cualquier tipo de apoyo a grupos que fomenten la violencia en ese país. Los académicos señalan que tanto los contribuyentes estadounidenses, como el Gobierno y el pueblo de Bolivia, “tienen derecho a saber qué fondos estadounidenses están ayudando a Bolivia”. Destacaron en particular que los recientes actos de violencia parecen ser una respuesta organizada de grupos de oposición que intentan lograr lo que no pudieron en las urnas durante el referendo nacional del pasado 10 de agosto. La carta incluye firmas de 90 académicos de universidades como Harvard University, American University, Duke University, Johns Hopkins University, University of California-Davis, Queens College, New York University, y Purdue, entre otras / AZ

* Antropólogo, subdirector de Azkintuwe.

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