CRONICA

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A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres) en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Etica Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año.

Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3 están afectadas por medidas cautelares.

Este fue uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.

Una victoria de los DD-HH

Hay una victoria que pueden contabilizar a su haber los presos políticos mapuche en favor de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas. El gobierno debió retroceder en su intento de dispersión territorial del grupo más compacto, los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y de otros comuneros detenidos a quienes se acusa de asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado, entre otros cargos. Judicialmente la medida de traslado, apelada por la defensa, había salvado todas las vallas pero fue resistida por los presos de la cárcel El Manzano con una prolongada huelga de hambre que sólo se levantó cuando oficialmente el gobierno informó la no vigencia de esos cambios.

La denuncia de los familiares, que permanecieron días y noches en vigilia permanente a la espera de los traslados anunciados, y la sólida argumentación de los abogados de derechos humanos que veían en ello la adopción de prácticas de la dictadura de Augusto Pinochet, sumados al impacto que a nivel nacional e internacional tuvo el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío por carabineros, impidieron la materialización del plan de Gendarmería. La medida consistía en trasladar los presos a ciudades como Puerto Montt, Rancagua y Valdivia, ubicadas a centenares de km de sus comunidades de origen, en desmedro de sus derechos humanos y de su defensa. Un recurso presentado por los hijos de Héctor Llaitul defendiendo su derecho a mantener el contacto con su padre fue rechazado a destiempo por la Corte de Apelaciones, cuando ya la medida no estaba vigente.

Permanecen otras irregularidades que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista de tiempos de Augusto Pinochet (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar. Hay detenidos que habían sido trasladados lejos de sus familias anteriormente cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito. Muchos mapuche sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de “prisión preventiva” operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales.

Por otra parte, se discrimina a los imputados mapuche forzándolos –sin éxito muchas veces- a entregar muestras de su ADN, práctica rechazada por los presos que temen por su experiencia anterior con montajes político judiciales, que ello sea utilizado en su contra en situaciones futuras de conflictos. Además, la persecución y búsqueda de comuneros con órdenes de detención, justifica para la policía la realización de allanamientos de extrema violencia con uso de fuerzas combinadas, que incluyen carabineros y civiles armados, y el empleo de balas y gases lacrimógenos afectando crecientemente a los niños, mujeres y ancianos. Los insultos de carácter racista y la tortura son práctica común al momento de la detención así como en los cuarteles y centros de detención, con aplicación deliberada de golpes en los oídos y en la zona abdominal, para no dejar huellas y obstaculizar las denuncias. A medida que se extiende la movilización por el territorio en que hoy viven los mapuche del campo y los mapuche que viven en las ciudades, el brazo represivo acoge también a los menores de edad que se manifiestan en marchas o mitines.

Pero para el gobierno de la Presidenta Bachelet, estos temas considerados “delictuales” no revisten importancia. Su llamado público al diálogo y la producción del inconsulto “reglamento” del Convenio 169, va paralelo a la negación tanto de la existencia de la prisión política mapuche, como la criminalización de sus luchas por la recuperación de las tierras, y la militarización del territorio de las comunidades en conflicto. El gobierno no logra reconocer políticamente que estas luchas ya se extienden no sólo a Arauco y Malleco sino también a zonas de la Región de la Araucanía y la Región de los Lagos, acompañadas de nuevas organizaciones territoriales más vinculadas a los liderazgos tradicionales. La parafernalia del bicentenario no da cuenta de estas complejidades. Pero esa fiesta recién comienza y los invitados no son los de siempre.

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