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Cuando Chile negó ante el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
jueves pasado en Ginebra, que hubiera utilizado la Ley Antiterrorista en
perjuicio del Pueblo Mapuche, el gobierno - a través del Coordinador de
Políticas Indígenas, ministro José Antonio Viera-Gallo - dejó ver la
posibilidad de enviar esta semana al Congreso un proyecto de ley que
propone crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, en el marco de la
reestructuración de la actual Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi).
Se trataría de una indicación del Ejecutivo a una iniciativa en trámite,
que desde el año pasado consideraba una subsecretaría como el máximo
organismo que se encargaría de estas materias. La Conadi ha sido
cuestionada por varias irregularidades en la entrega de tierras a los
pueblos originarios. Controversias que han pasado la frontera nacional,
ya que producto de la reivindicación de territorios es que continúa el
conflicto mapuche.
Sin embargo, para el Premio Nacional
de Historia y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, es
poco probable que un ministerio signifique reales cambios o mejorías en
materias indígenas.
“No cambia nada en el fondo, como quiera que sea la composición de la
nueva institución, con mayor o menor presencia indígena, aquí lo que
hace falta es una voluntad histórica y una voluntad política. Creo que
las elites dominantes en Chile, la elites políticas, menos las
empresariales, no están en condiciones de articular una voluntad
política como para resolver el problema de fondo, porque la única manera
de resolverlo es reconocer la existencia en Chile de un pueblo indígena,
de una nación indígena y de reconocerle un territorio significativo”,
afirmó.
Gabriel Salazar agregó que los gobiernos de la Concertación han tenido
la idea de mejorar las políticas indígenas, pero no lo ha llevado a la
práctica por intereses propios.
“Los gobiernos de la Concertación tuvieron la intención de abrir una
nueva política a los pueblos indígenas chilenos, pero en la práctica, no
la han implementado y no han sabido implementarla, porque en rigor
cualquiera política indígena que sea destinada para resolver el problema
de fondo, pasa por una cantidad de intereses creados que se han venido
acumulando desde el siglo XIX en Chile y no creo que la Concertación ni
ningún otro gobierno que no tenga una voluntad política definida vaya a
animarse de pasar por encima de esos intereses”, concluyó.
Idea que comparte la experta en políticas indígenas y perteneciente a la
etnia mapuche, Elba Soto, quien además presentará el texto "Los mapuche
de Chile: nuevos significados a partir de su discurso", resumen del
libro: "Sueños y luchas de los mapuche de Chile", en la VIII reunión de
Antropología del Mercado Común del Sur (Mercosur), el próximo 29 de
septiembre.
Para Elba Soto, es imposible que se comprenda el mundo de los pueblos
originarios si no se les escucha. “La forma en que las cosas se hacen
acá, en general cuando ha habido consulta, nunca se ha hecho, nunca se
ha buscado la manera correcta de hacerlo. Cuando se hizo la Ley
Indígena, las comunidades fueron llamadas, muchos foros dentro de la
comunidades y hubo una postura que era primero que la Ley Indígena
aceptara que nosotros somos pueblos o naciones indígenas”, afirmó Soto.
Lonko Catrillanca
Desde Wallmapu, los dirigentes
mapuches volvieron a cuestionar la efectividad de las medidas anunciadas
y las visitas del secretario de Estado. El lonko de Temucuicui, Juan
Catrillanca, explicó que las relaciones con el Ejecutivo siguen
descompuestas y que la confianza en las autoridades es nula, por lo que
difícilmente se podría avanzar en acuerdos si continúan sucediendo
hechos de violencia contra las comunidades.
”Hoy día ellos dicen que nosotros los mapuches somos violentos, no es
así, la violencia la está creando ellos, el gobierno, usando la fuerza,
carabineros sigue matando, sigue hiriendo, sigue tomando presos ¿Para
qué ella manda a torturar a los mapuches? Aquí hay una preocupación que
no es confiable con el gobierno presente, menos con el que va a venir a
futuro”, afirmó. Para la autoridad mapuche la reciente visita de Viera
Gallo generó más malestar al conocerse que el ministro prometió analizar
el conflicto y volver a la zona el próximo 7 de octubre. “Esta venida de
los señores no es la solución de este pueblo”, sentenció.
Por eso, Juan Catrillanca tampoco ve con buenos ojos la eventual
creación de un ministerio de Asuntos Indígenas, “La solución no pasa por
que se cree una institución, son cientos los empleados que se asalarian
ahí”. Coincide con esto el diputado de la bancada PRI-independiente,
Eduardo Díaz, quien aseguró que “la burocracia más grande de un
ministerio de Asuntos Indígenas no hace más que engrosar la cantidad de
operadores políticos, pero no pone sanciones a quienes han estado
abusando de los recursos que deben estar destinados a los más pobres
entre los pobres, que son las comunidades mapuches, y no resuelve el
problema, lo que hace es agrandarlo”.
Modificaciones
El actual Consejo de la Conadi es
integrado por 17 miembros, los cuales serían reemplazados por un Consejo
de Pueblos Indígenas, de carácter consultivo y resolutivo, que estaría
compuesto por 44 personas de ocho etnias, elegidos por votación popular.
Esta reestructuración obedece a la evaluación y a las propuestas hechas
por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio
Viera-Gallo, quien en su condición de coordinador de Asuntos Indígenas
sostuvo reuniones y diálogos con diversos sectores gubernamentales,
religiosos, empresariales, gremiales e indígenas.
Cabe destacar que, según el Censo del año 2002, las comunidades mapuches
suman 604.309 personas, alrededor del cuatro por ciento de la población
chilena. Por lo que según los expertos, económicamente es perfectamente
posible dar una solución a este sector de nuestra población. En tanto,
en el País Mapuche se mantienen un conflicto con empresas agrícolas y
forestales y con las autoridades chilenas por la propiedad de tierras
que consideran ancestrales. El enfrentamiento se recrudeció el pasado
doce de agosto con la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío,
quien fue abatido por la espalda por disparos de la policía.
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