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FOTO DE ARCHIVO. |
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Como “un problema histórico”
calificaron los investigadores y académicos la situación que afecta al
pueblo mapuche y que gatilló la huelga de hambre de los 32 presos que se
acerca peligrosamente al umbral de los 60 días, acarreando serios
problemas para la salud de los comuneros. Así lo señaló Sergio Grez,
historiador de la Universidad de Chile, para quien la inminencia del
Bicentenario ha evidenciado un conflicto que en un primero momento el
Gobierno intentó ahogar en el silencio.
“Los problemas históricos de largo arrastre que Chile ha tenido desde su
conformación como Estado nacional, en particular la relación con los
pueblos originarios y en general el trato que se le ha dado a los
sectores populares de distinto tipo, son problemas que no han sido
solucionados. Chile vive desde su nacimiento un profundo desgarramiento
estructural y eso está quedando de relieve de manera patética en éste
deslucido Bicentenario”, explicó el profesor.
Para Grez, la estrategia del Gobierno fue, en un comienzo, vencer a
través del cansancio que generan este tipo de movimientos, pero se
encontró con la firmeza de los comuneros, los que hasta el día de hoy
siguen declarando que mantendrán la medida “hasta las últimas
consecuencias”. El académico también criticó la lentitud con la que las
autoridades se han informado al respecto, recordando que el mismo
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a un mes de iniciada la huelga
de hambre, declaró que “no estaba al tanto de la situación”.
“Me parece que el Gobierno ha reaccionado muy lentamente y tengo la
impresión de que está actuando sobre la base de presumir que el
conflicto se va a resolver reprimiendo, criminalizando y aplicando con
toda la dureza posible, las normativas de las cuales dispone el Estado,
como si se tratará de un problema al que se le pueden aplicar esas
normas. Se trata de un conflicto que lleva más de 120 años de naturaleza
distinta”, indicó Jorge Pinto, historiador y especialista de la
Universidad de La Frontera en Temuco.
Si bien se han dado señales a través del anuncio de dos reformas de ley,
los comuneros requieren compromisos firmados para deponer la huelga,
pero el Gobierno llama a detener el movimiento antes de iniciar
cualquier conversación, lo que claramente ha estancado lo que pudo
llegar a ser una expedita vía de solución. Ante esta situación, la
vocera María Tralcal hizo un llamado a los medios de comunicación y al
pueblo chileno a defender con fuerza la vida humana, en lo que sería
“una semana clave” en el conflicto, según palabras del subsecretario del
interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros estamos en un momento histórico y en un momento en que todos
se deben mostrar de acuerdo a defender la vida humana, porque en este
momento tenemos 32 personas que dependen de nosotros y dependen de que
la opinión pública le haga entender al Gobierno que es un tema país que
debe resolver. Decir que el tema de tener presos políticos mapuches que
es una consecuencia de un proceso de demanda social. Si esto ha pasado
es porque los gobiernos no han tenido la capacidad de resolver nuestras
demandas de forma medular, porque solamente lo que han hecho es traer
medidas paliativas”, enfatizo María Tralcal.
Para los historiadores la solución va más allá de un anuncio genérico
desde la cartera del Interior, sino por la necesidad de que el Gobierno
exprese una verdadera voluntad política, brindando pruebas contundentes
de que sus intenciones son sinceras. Mientras el conflicto no tenga una
solución, las movilizaciones continuarán. Para el martes 7 de septiembre
los historiadores convocan a una manifestación a las 12:00 horas en las
puertas del Archivo Histórico Nacional, desde donde marcharán al centro
de Santiago. A partir de este lunes, todos los miércoles se realizarán
jornadas de movilización a favor de los presos políticos mapuche hasta
alcanzar acuerdos concretos que permitan avanzar hacia una solución e
iniciar el tan pendiente diálogo entre el Estado Chileno y los pueblos
originarios.
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OPINIÓN DE JAIME HUENUN