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FOTO DE AGENCIAS. |
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Un urgente llamado al diálogo en la
prolongada huelga de hambre que protagonizan presos políticos mapuches y
la disposición de la Iglesia Católica a facilitar ese entendimiento,
planteará hoy jueves el presidente de la Conferencia Episcopal,
Alejandro Goic, desde sus oficinas de calle Echaurren, ante la
preocupación por un desenlace fatal de una huelga que se prolonga ya por
60 días.
La vía será una declaración -que será firmada además por los obispos
Ricardo Ezzati, de Concepción, y Manuel Camilo Vial, de Temuko-, y que
marca la toma oficial de un rol de la Iglesia Católica en el conflicto,
tras la pública convocatoria a "interceder" que le hizo el martes el
Presidente, Sebastián Piñera -algo que reiteró ayer, "para que podamos
celebrar el Bicentenario sin lamentar muertes que pueden ser
evitables"-, y la suma urgencia puesta por el Gobierno a la Ley
Antiterrorista.
Además, la decisión coincide con la toma de postura de las iglesias
evangélicas, cuyos representantes se reunieron el martes con el ministro
Cristián Larroulet y visitarán hoy a las 9:30 a los huelguistas en
Temuko. En fuentes eclesiásticas se descarta, sin embargo, una
mediación: se hace ver que un mediador debe estar facultado para
elaborar una fórmula de entendimiento -como se hizo en el caso del
Beagle-, para que las partes la aprueben. Sí se sostiene que la Iglesia
está en condiciones de facilitar el diálogo entre las partes y ser
garante.
De plano rechazan las suspicacias políticas de que la Iglesia se ha
restado por supuestas fricciones con la administración Piñera, tras el
rechazo a la propuesta de indulto. "Los obispos no se mueven bajo esos
parámetros", afirman en el Episcopado. Para comprobar que no hay dos
vías de acción, mencionan que en 2008, monseñor Goic fue garante para
que Patricia Troncoso, "La Chepa", depusiera su huelga de hambre; en
2007 facilitó el diálogo en el conflicto con los subcontratistas del
cobre, y ese mismo año, monseñor Ezzati fue garante en el conflicto
forestal.
Monseñor Goic -quien encabezó ayer en Rancagua el consejo del
presbiterio- redactó el documento, en comunicación directa con los
obispos Ezzati y Vial. Ezzati, quien cumplió ayer 14 años desde que fue
ordenado obispo, estuvo en Santiago. Y refrendó la idea de ser puente,
pero no mediador. "Si buscan un jurista -dijo-, yo no soy idóneo, no soy
un jurista. Si buscan a un político, yo no soy idóneo, no soy político.
Mi idoneidad se funda en mi vocación de pastor y, por consiguiente,
vocación de hacer de puente entre todos para que en esta sociedad se
refleje el ideal de sociedad que Dios quiere, donde cada uno tenga un
lugar, tenga una dignidad, tenga un reconocimiento acorde a su alta
vocación".
Debate en el Congreso
Este escenario coincide con la intensificación de las gestiones a nivel
político. De hecho, ayer el Gobierno ingresó al Congreso la propuesta de
modificación de la Ley Antiterrorista colocándole suma urgencia, pese a
que la iniciativa despierta recelos entre algunos parlamentarios
oficialistas. De hecho, diputados como el RN René Manuel García y los
UDI Gustavo Hasbún, María Angélica Cristi y Enrique Estay cuestionaron
la fórmula, poniendo hincapié en que no se puede legislar "bajo
presión", en alusión a la huelga de hambre de los comuneros. Pese a
ello, el senador UDI Andrés Chadwick garantizó el respaldo del partido,
señalando que "vamos a votar favorablemente" el proyecto.
Al mismo tiempo, el senador Andrés Zaldívar, a nombre de la
Concertación, repuso como moción el proyecto presentado durante 2006 por
la administración Bachelet, que excluye los delitos contra la propiedad
de la Ley Antiterrorista, algo no contemplado en las modificaciones
impulsadas por el Ejecutivo. Pero en el Gobierno está tomada la decisión
de apurar al máximo el trámite de los cambios. En ello pesó también un
nuevo factor: la decisión del fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic,
de aplicar la Ley Antiterrorista a 30 comuneros mapuches. Algo que
-dicen en Interior- puede complicar la línea de negociaciones con los
huelguistas.
De todas formas, ayer Piñera endureció sus declaraciones de días
previos, señalando durante una visita a la Región de O'Higgins que "la
huelga de hambre no es un instrumento legítimo de presión en una
democracia y en un Estado de Derecho. Y un gobierno tiene que saber
soportar esa presión, porque si no lo hiciere, estaría sentando un muy
mal precedente".
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OPINIÓN DE PEDRO CAYUQUEO