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FOTO DE AGENCIAS. |
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Cuatro diputados de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara Baja se sumaron hoy jueves a la huelga de
hambre que realizan 34 prisioneros políticos mapuches en distintos
penales del sur de Chile y que ya se prolonga por 60 días.
Los parlamentarios Hugo Gutiérrez
(PC), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalves (PS)
llegaron este jueves hasta la cárcel de Temuko, donde advirtieron que
permanecerán en huelga hasta que el gobierno de Sebastian Piñera
establezca una mesa de diálogo que solucione la crisis.
Los diputados se suman a la huelga horas después que la Iglesia Católica
hiciera un llamado urgente a los poderes del Estado para solucionar el
conflicto mapuche y solicitara a los propios comuneros deponer el ayuno
y “continuar su lucha por otros medios legítimos”.
La decisión también se produce luego que el Presidente Sebastián Piñera
endureciera sus declaraciones, señalando que “la huelga de hambre no es
un instrumento legítimo de presión en una democracia y en un Estado de
Derecho. Y un gobierno tiene que saber soportar esa presión, porque si
no lo hiciere, estaría sentando un muy mal precedente”.
El dirigente regional del Partido
Comunista (PC) en la Novena Región, Gustavo Carrasco, reveló detalles
del ingreso de los parlamentarios. “Estuvimos con los presos comuneros
en huelga de hambre conversando de la situación. Ellos están muy mal de
salud, han bajado entre 15 y 20 kilos de peso”, señaló en conversación
con radio Universidad de Chile.
“Luego de la conversación y viendo la situación de los presos, los
diputados tomaron la decisión de plegarse a la huelga de hambre en las
mismas condiciones, hasta que el Gobierno instale una mesa de diálogo
con los familiares de los presos, porque hasta el momento no ha habido
ninguna conversación para negociar la situación”, indicó.
Carrasco aclaró que el objetivo es apoyar la movilización y no
convertirse en intermediarios en una eventual negociación: “Tajantemente
no, solo se ofrecen como facilitadores de una mesa de diálogo, pero no
como interlocutores directos. Lo que nos ha dicho Hugo (Gutiérrez) es
que quien debe sentarse a discutir en la mesa son los familiares y el
Gobierno”, explicó. Además, aseguró que los mapuches recluidos en Temuko
recibieron en forma positiva la decisión de los diputados y dijo
desconocer si Gendarmería, el Ministerio del Interior o el Gobierno
había tenido comunicación con ellos.
“Depende del Gobierno la pronta salida a este conflicto. Creemos que es
una muy buena medida la que han tomado los diputados para ayudar a la
solución de este conflicto. Instalar una mesa de diálogo es lo que se
está esperando y si el Gobierno lo asume así, esta situación no se
prolongaría por más tiempo”, finalizó.
Quien no se manifestó para nada
contento con la medida de presión de los parlamentarios fue el diputado
regional José Manuel Edwards, de la UDI, para quien la medida
correspondería a un “aprovechamiento descarado de la problemática
mapuche”, asegurando que ellos perfectamente pudieron haber intervenido
cuando la Concertación gobernó el país por 20 años.
“¿Por qué no hicieron lo mismo en la
huelga de hambre anterior? y tampoco dijeron nada cuando se modificó la
ley antiterrorista a comienzos de los ‘90 y cuando los presidentes Lagos
y Bachelet la invocaron en contra de los huelguistas”, señaló el
parlamentario oficialista, quien indicó que la solución a la
problemática indígena no pasa por presionar mediante huelgas, sino más
bien en la correcta aplicación de políticas de Estado que beneficien
verdaderamente a los pueblos originarios.
Polémica reforma
El Gobierno ingresó ayer al Congreso la propuesta de modificación de la
Ley Antiterrorista colocándole suma urgencia, pese a que la iniciativa
despierta recelos entre algunos parlamentarios oficialistas,
precisamente en quienes aplicaron dicho cuerpo legal contra mapuches en
los gobiernos de la Concertación. Se trata de los diputados Jorge Burgos
(DC) y Felipe Harboe (PPD), ex subsecretarios del Interior.
Ambos parlamentarios advirtieron
sobre el riesgo de “desarticular” este instrumento legal. Burgos expresó
que existe un espacio legislativo para el cual está disponible, que dice
relación con la configuración de los tipos penales, o con que la
facultad de invocar esta ley sea exclusiva de los fiscales y el
Gobierno, excluyendo a los particulares. “Ese espacio no puede ser
sinónimo de desarticular el estatuto especial de combate a grupos
terroristas”, señaló.
El diputado Harboe fue más allá. A su juicio, no es conveniente hacer
modificaciones legales al amparo de conflictos particulares, pues la
normativa no se aplica exclusivamente en el tema mapuche. Incluso,
aseguró que no es partidario de que los delitos contra la propiedad sean
apartados de la ley antiterrorista, punto que fue tema de discusión
entre el Gobierno y la Alianza en la afinación del proyecto de ley que
ingresaría hoy. “Eliminar la posibilidad de considerar estos delitos
dentro de esta ley puede debilitar peligrosamente este instrumento”,
concluyó.
En las filas del gobierno, también existen divisiones al respecto.
Diputados como el RN René Manuel García y los UDI Gustavo Hasbún, María
Angélica Cristi y Enrique Estay cuestionaron la fórmula elegida por el
Ejecutivo, poniendo hincapié en que no se puede legislar “bajo presión”,
en alusión a la huelga de hambre de los comuneros. Pese a ello, el
senador UDI Andrés Chadwick garantizó el respaldo del partido, señalando
que “vamos a votar favorablemente” el proyecto presentado por La Moneda.
Al mismo tiempo, el senador Andrés Zaldívar, a nombre de la
Concertación, repuso como moción el proyecto presentado durante 2006 por
la administración Bachelet, que excluye los delitos contra la propiedad
de la Ley Antiterrorista, algo no contemplado en las modificaciones
impulsadas por el Ejecutivo.
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OPINIÓN DE JAIME HUENUN