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FOTO DE AGENCIAS. |
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Una decena de dirigentes de
organizaciones sociales, estudiantiles y artistas chilenos iniciaron
este martes un “ayuno solidario masivo” por tiempo indefinido en apoyo a
la huelga de hambre que 34 presos políticos mapuches mantienen desde
hace 65 días en diversas cárceles del país.
La acción, impulsada por la
Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de
Hambre, sumó a diversas personalidades y dirigentes del mundo político,
social, estudiantil y cultural. Entre los adherentes están Lorena
Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos; Cristián Cuevas, presidente de la Agrupación de
Trabajadores del Cobre; el escritor Pedro Lemebel; el actor Daniel
Alcaíno; Alicia Lira y Mónica Monsálvez, de la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos.
También representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile
decidieron participar del ayuno “para defender la vida” y hacer un
llamado a “asumir este conflicto como nacional” como Julio Sarmiento,
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile;
Paul Floor (Fedusm); Camilo Ballesteros (Feusach); Eduardo Salazar (Feutem).
Además, anoche religiosos y sacerdotes de la Iglesia Católica realizaron
una jornada de oración y ayuno solidario para promover la acogida de las
demandas de los comuneros. La actividad se realizó en la iglesia San
Francisco, donde luego hubo una velatón que finalizó con la declaración
del sacerdote Alfonso Baeza.
La movilización coincidió con la
petición formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la
Iglesia católica para que sirva como mediadora en el conflicto, labor
que estará a cargo del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien
hoy tuvo una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la
Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la Moneda.
La demanda central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser
tratados bajo la justicia militar y la legislación antiterrorista, lo
que implica severas penas por manifestaciones públicas en demanda del
reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres
millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la región surcentral
conocida como La Araucanía, actualmente en poder de empresas privadas.
El Senado comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a la
Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con la aparente
intención de atenuar los efectos sobre los mapuches, que en sus
protestas han ocupado y dañado propiedades públicas y privadas, pero sin
mayores consecuencias humanas. El mandatario también anunció cambios a
la justicia militar, pero todavía no se inicia el debate legislativo al
respecto.
El presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de urgencia a
los legisladores para analizar la legislación que fue impuesta durante
la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, pero desde el lunes
advirtió que los proyectos de modificación legales serán insuficientes
para superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá solución
con el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes
involucradas, lo que se había convertido en una demanda de los indígenas
y de legisladores de centroizquierda.
“Espero que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito
que todos esperamos”, dijo Ezzati al salir de la reunión con el
representante presidencial. “Nosotros confiamos plenamente en lo que va
a hacer en los próximos días”, dijo Larroulet respecto de la labor del
arzobispo. Aunque Piñera activó el plan de reforma legal, varios
funcionarios del gobierno han señalado que la huelga de hambre no es
instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han conminado a
cancelar la huelga.
Sobre esta polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció
más detalles sobre la reacción del gobierno en una comparecencia ante el
Senado, en Valparaíso. “Hay quienes no han dicho que hemos cometido un
error porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien,
quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando ante una huelga
de hambre”, manifestó. “Un gobierno siempre tiene que estar preparado
para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos
cuando sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario, por un
bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando es en los tiempos,
no en las convicciones”, agregó.
Varios de los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico
irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida de hasta
25 kilos de peso, según fuentes médicas. Las autoridades judiciales
autorizaron hoy la liberación de dos de los huelguistas, Pablo Canio y
Sergio Tralcal, luego que pagaron una fianza equivalente a dos mil
dólares. Canio y Tralcal informaron que a pesar de su liberación
mantendrán la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que la
decisión de las autoridades es una prueba más de que la ley
antiterrorista y la justicia militar se aplican de manera injusta contra
su movimiento reivindicatorio.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante
la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de
Piñera, en el poder desde el 11 de marzo. El sábado pasado, una
funcionaria del anterior gobierno, Carolina Tohá, admitió que “no fue
buena” idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la dictadura a
los mapuches que participaron en actos de protesta.
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OPINIÓN DE JAIME HUENUN